Los apoderados de las víctimas denunciaron en conjunto a la institución y a los menores responsables, su caso llegó a juicio donde fallarían a su favor y se les debería de pagar en compensación $13.000.000 de pesos chilenos por parte de la institución hacia las personas vulneradas.

La Superintendencia estableció que no reaccionaron de manera oportuna frente al caso y que el hecho de que hayan activado el “Protocolo de Maltrato o Acoso Escolar” no los exime de responsabilidad alguna.

“Las disposiciones infringidas se refieren a actos de connotación sexual entre alumnos, cuyo propósito es garantizar la integridad física y psicológica de los estudiantes mediante el cumplimiento adecuado del protocolo de actuación. Es importante destacar que esta responsabilidad no queda a discreción de la entidad sostenedora, contradiciendo así la afirmación realizada en sus descargos de que la elección del protocolo no afectaría las medidas sancionatorias o de resguardo. Por el contrario, una elección correcta y una aplicación efectiva del protocolo habrían brindado mayor protección a las alumnas afectadas y a toda la comunidad educativa en general”, declararía el documento.

En el informe presentado a la corte, el colegio Saint George’s expresó que lamentaba profundamente lo sucedido y afirmó haber abordado la situación de manera “responsable, diligente y oportuna”, siguiendo así el Reglamento Interno y protocolos. Según el informe, el colegio se enteró de los hechos el 1 de Marzo y activó de inmediato un “protocolo de actuación por esta situación de maltrato o acoso escolar”. Este protocolo, que considera estas conductas como una “falta gravísima” o "faltas extremas".

Este colegio al ser de élite, los apoderados de las menores podrían haber tenido una red de contactos los cuales podían ejercer justicia ante este caso tal y cómo vimos que el colegio tendrá que pagar una multa.

Debido a su alto prestigio y nivel socio-económico, el frágil compromiso y casi nulo apoyo y protección del centro educacional con respecto a las consecuencias de sus alumnas involucradas menores de edad al verse gravemente afectadas y atacadas tanto moral como social e integralmente, ya que a consecuencia de los niveles y estatus sociales (los principales involucrados son hijos o familiares de figuras conocidas y relevantes en el país) la escuela no consideraba utilizar ningun recurso para corregir y enseñar a los culpables del incidente para no debilitar ni dañar su imagen o prestigio a nivel nacional.

Tanto las redes sociales como los medios de comunicación han cumplido de forma ética, adecuada, correcta, respetuosa, al momento de redactar e investigar el caso. Excepto, por las reiteradas entrevistas innecesarias a las víctimas sobre su acoso y delito sexual, que según el protocolo y leyes contra la agresión sexual, está prohibido.