INTRODUCCIÓN

El cardenal Juan Luis Cipriani propuso un referéndum sobre la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo y la distribución gratuita del anticonceptivo oral de emergencia (AOE), conocido como la píldora del día siguiente. En su programa en RPP, Cipriani sugirió consultar a toda la población, incluyendo a las personas más sencillas, sobre estos temas. Aunque no mencionó proyectos específicos del Congreso anterior, su propuesta ha reavivado el debate sobre las iniciativas de unión civil presentadas por Carlos Bruce y Martha Chávez.

Sin embargo, el titular de la Defensoría del Pueblo, Walter Gutiérrez, declaró que la propuesta es inviable constitucionalmente. El artículo 32 de la Constitución establece que un referéndum solo es posible en ciertos escenarios, y no se puede utilizar para suprimir o disminuir derechos fundamentales. Además, Samuel Abad, constitucionalista, afirmó que la igualdad es un derecho fundamental y no puede ser sometido a votación popular. También, una medida judicial ya ordena la distribución gratuita del AOE, lo que un referéndum no puede cambiar. La propuesta de Cipriani ha generado un amplio debate sobre los límites constitucionales de los referéndums y la protección de los derechos fundamentales.

CASUISTICA

En mayo de 2015, Irlanda llevó a cabo un referéndum para decidir si se debía permitir el matrimonio entre personas del mismo sexo. Esta fue la primera ocasión en que un país sometió a votación pública la legalización del matrimonio igualitario. La enmienda propuesta al artículo 41 de la Constitución irlandesa establecía que "el matrimonio puede ser contraído de acuerdo con la ley por dos personas sin distinción de su sexo".El resultado del referéndum fue un claro "sí", con el 62% de los votantes apoyando la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo. Esto llevó a la implementación de la legislación correspondiente, permitiendo que las parejas del mismo sexo contrajeran matrimonio legalmente en Irlanda.

INFORMACIÓN TEMÁTICA

El cardenal Juan Luis Cipriani propuso someter a referéndum la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo y la distribución gratuita de la píldora del día siguiente (AOE). Durante su programa en RPP, Cipriani sugirió consultar al pueblo sobre estos temas. Aunque no mencionó proyectos específicos del Congreso anterior, su propuesta ha reavivado el debate sobre la unión civil y la unión solidaria.

Sin embargo, esta propuesta es inviable constitucionalmente, según el titular de la Defensoría del Pueblo, Walter Gutiérrez. El artículo 32 de la Constitución limita el referéndum a ciertas situaciones y prohíbe consultas que afecten derechos fundamentales. Samuel Abad, constitucionalista, afirmó que la unión civil no puede ser votada, ya que la igualdad es un derecho fundamental. Respecto al AOE, existe una medida judicial que ordena su distribución gratuita, y un referéndum no puede cambiar esto.

El ex presidente del Tribunal Constitucional, Víctor García Toma, coincidió en que los derechos básicos no pueden ser votados, aunque sugirió determinar si la unión civil es un derecho fundamental. Mencionó que la minoría gay enfrenta problemas legales que el Congreso debería resolver, no un referéndum.

En Perú, los referéndums son raros; solo se han realizado seis en 195 años. Requieren una solicitud al Jurado Nacional de Elecciones, el apoyo del 10% del electorado y la verificación de firmas. Tras validarlas, el Jurado tiene cuatro meses para convocar el referéndum. Los referéndums anteriores han abordado reformas constitucionales, incorporación de departamentos y devoluciones de fondos.

CONCLUSIONES

La propuesta de referéndum del cardenal Juan Luis Cipriani sobre la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo y la distribución gratuita de la píldora del día siguiente ha reavivado el debate sobre los límites constitucionales de los referéndums en Perú. Según el artículo 32 de la Constitución, no se pueden realizar referéndums que afecten derechos fundamentales. La igualdad y el acceso a la salud son derechos que no pueden ser sometidos a votación popular. La experiencia de Irlanda, aunque positiva en su contexto, demuestra que dejar que la mayoría decida sobre derechos de las minorías puede ser riesgoso y potencialmente perjudicial. En Perú, la protección de los derechos fundamentales debe ser asegurada por el Congreso y las resoluciones judiciales, garantizando que los principios de igualdad y dignidad se mantengan inviolables.

El debate suscitado por la propuesta de Cipriani pone en evidencia la necesidad de respetar el marco constitucional al abordar cuestiones de derechos fundamentales. La Constitución peruana establece claramente que los referéndums no pueden utilizarse para suprimir o disminuir derechos fundamentales, como la igualdad y el acceso a la salud. Aunque el caso de Irlanda muestra que un referéndum puede ampliar derechos, también subraya el peligro de que una votación popular pueda restringir derechos esenciales en otros contextos. En Perú, es imperativo que el Congreso y el sistema judicial sean los garantes de los derechos de las minorías, asegurando que cualquier modificación legal respete los principios constitucionales y de derechos humanos, evitando así que los derechos de las minorías dependan de la voluntad de la mayoría.

RECOMENDACIONES

Para abordar adecuadamente las cuestiones de derechos fundamentales como la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo y la distribución del anticonceptivo oral de emergencia, es esencial fortalecer el debate legislativo y judicial en lugar de depender exclusivamente de referéndums. El Congreso peruano debe asumir un papel proactivo en la protección y promoción de los derechos humanos, asegurando que las leyes y políticas reflejen los principios de igualdad y no discriminación. Esto incluye la revisión y posible reforma de leyes existentes para garantizar la igualdad de derechos para todos los ciudadanos, independientemente de su orientación sexual o identidad de género. Además, es crucial que el sistema judicial mantenga su independencia y capacidad para garantizar que los derechos fundamentales sean protegidos frente a cualquier intento de reducirlos mediante medidas populares. La educación y sensibilización sobre estos temas son fundamentales para construir una sociedad más inclusiva y respetuosa de los derechos humanos.

Promover un diálogo inclusivo y constructivo entre diferentes sectores de la sociedad, incluidos líderes religiosos, activistas de derechos humanos, académicos y legisladores, puede facilitar el consenso sobre la protección de derechos fundamentales. Esto podría incluir la organización de debates públicos, mesas redondas y consultas ciudadanas para abordar las preocupaciones y perspectivas diversas sobre la igualdad y la salud sexual y reproductiva. Es esencial que este diálogo se base en evidencia científica, principios constitucionales y estándares internacionales de derechos humanos. Además, es crucial fortalecer los mecanismos de monitoreo y rendición de cuentas para garantizar que las políticas adoptadas sean efectivas y respeten los derechos de todas las personas, especialmente de las minorías. Al promover un enfoque basado en derechos y participativo, Perú puede avanzar hacia una sociedad más justa y equitativa, donde todos los ciudadanos gocen de los mismos derechos y oportunidades.

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Venta libre y requisitos en Costa Rica: En Costa Rica, la pastilla del día siguiente se puede comprar sin receta médica, pero con la asesoría obligatoria de un farmacéutico. Este debe informar sobre el uso adecuado de la píldora, que es efectiva hasta 72 horas después de una relación sexual sin protección y que no es abortiva ya que inhibe la ovulación. Se advierte a los usuarios sobre los efectos secundarios leves como dolor de cabeza y náuseas, y se verifica si hay alguna contraindicación como intolerancia a la lactosa. El acceso al medicamento es garantizado para todos, incluyendo menores de edad y hombres. Fuente: La República.

Una publicación reciente sobre el matrimonio homosexual es la aprobación de una ley en el Senado de Estados Unidos para proteger el matrimonio entre personas del mismo sexo. Esta legislación fue vista como un paso crucial para garantizar los derechos de las parejas homosexuales frente a posibles decisiones adversas del Tribunal Supremo. La ley pretende blindar estos derechos y ha sido celebrada por defensores de los derechos LGBTQ+ como un avance significativo en la igualdad matrimonial en Estados Unidos​ (El País)​.

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