Además, una población sana puede contribuir activamente a la economía y al sistema educativo. Cuando las personas acceden a controles regulares, medicamentos y atención oportuna, disminuyen el ausentismo laboral y escolar. Esto demuestra que la salud no debe ser vista como un gasto, sino como una inversión con efectos concretos en el desarrollo sostenible de un país.

El acceso a la salud es una cuestión de dignidad. Si el Estado no garantiza ese derecho, perpetúa las condiciones de exclusión que afectan especialmente a quienes nacieron en contextos de pobreza. La justicia social implica que el acceso a la vida no se compre, sino que se garantice para todos por igual.

La pandemia evidenció esta brecha: mientras algunos alumnos estudiaban por Zoom, otros caminaban kilómetros buscando señal. Como en su momento se declaró obligatoria la educación primaria, hoy el acceso digital debería tener el mismo nivel de prioridad. No se trata de una comodidad, sino de una necesidad social y política.

Esta práctica no solo atenta contra el principio de presunción de inocencia, sino que afecta de manera desproporcionada a los sectores más vulnerables. Organismos como la ONU y Amnistía Internacional insisten en que el uso abusivo de esta medida erosiona el derecho a un juicio justo y agrava el hacinamiento carcelario. La voz de estas instituciones es clave para señalar la urgencia de una reforma judicial con perspectiva de derechos humanos.

Además, un estudio de CIPPEC muestra que el salario promedio de quienes completaron la secundaria es un 35% más alto que el de quienes no lo hicieron. Esto demuestra que no se trata solo de un papel: es una herramienta concreta para acceder a mejores condiciones de vida. La política pública debe enfocarse en garantizar trayectorias educativas completas y sostenidas.

Una sociedad que acepta esta realidad como algo inevitable está anestesiada. Ver a una persona viviendo en la calle debería generarnos vergüenza colectiva, no resignación. La respuesta no puede ser caridad ocasional: se necesita una política pública integral que garantice vivienda, salud y acompañamiento. Nadie elige vivir en la calle: es la calle la que les cae encima cuando todo lo demás falla.