con este movimiento se logró la Ley Agraria de 1915 y el pacto social que le da forma al Estado mexicano, expresado básicamente en el artículo 27 de la Constitución de 1917,

y creó con ello la posibilidad de un reparto agrario para las colectividades con referencia a los pueblos y al temprano reconocimiento del derecho histórico de los pueblos que

eran originarios, aspecto recogido en su perspectiva restitutoria, lo cual generó la llamada “propiedad social” compuesta por ejidos y comunidades agrarias.

cuatro países con mayor diversidad biológica del mundo, pero con una correspondiente diversidad cultural (después de la India es el país que cuenta con el mayor número de

grupos étnicos del orbe)–. En síntesis, el campo mexicano es imprescindible para el desarrollo sostenible de la nación, pero sobre todo compatible, culturalmente hablando.

Los 196.7 millones de hectáreas que componen el territorio nacional se distribuyen de la siguiente manera: 35.7% corresponde a 1.6 millones de propietarios privados, con

una extensión media de 43.6 hectáreas por propietario; 54.1% corresponde a la propiedad social y se reparte entre 5.6 millones de ejidatarios y comuneros, con una extensión media por sujeto de 18.7 hectáreas.

comunidad agraria y la identidad étnica de los originarios, además de tácticas convencionales puede emplear recursos mítico-simbólicos” (Bartra, 2010:39). Estas construcciones sociales autonómicas se resignifican sobre la base de una memoria del pasado-presente, de un pasado “profundo”, que carga como entonces con una doble liberación: la colonial en sus nuevas versiones y la lucha inmediata contra el capital.

concibió como un complemento; sin embargo, ésta fue la vía preferente para acceder a la tierra por las dificultades para demostrar la propiedad y la fecha y condiciones del

despojo. Como no todos los pueblos podían cumplir con esas condiciones, la legislación consideró que al iniciar el proceso de restitución también se abriera un expediente

de dotación. Esta consideración permite concluir que al no proceder los expedientes de restitución de muchos de los pueblos, éstos siguieron la vía de la dotación, por ello, la

forma de propiedad que predominó después fue la ejidal frente a la comunal.

La reforma agraria modificó la importancia de los regímenes de propiedad de la tierra. En 1905, existían 8431 hacendados que poseían 114 millones de hectáreas, con

87% de la propiedad rústica del país (Reyes Osorio et al., 1974). De acuerdo con los anuarios estadísticos de la época, en 1930 la propiedad privada todavía comprendía

123 millones de hectáreas, para 1950 había disminuido a 86.7 millones de hectáreas, en 1970 se reportaron 70 millones de hectáreas, y en 2007 se mantuvo esta misma superficie.

en la importancia de los regímenes de propiedad, generó una mayor producción que permitió proporcionar más alimentos y fibras a precios relativamente bajos; estableció

las bases para una mayor demanda de productos industriales y de servicios; proporcionó capitales para la industrialización, y transfirió mano de obra barata a la industria.

En síntesis, fue el pilar para la transformación económica del país (Reyes et al., 1974).

El proceso de la reforma agraria también se caracterizó por sus errores y limitaciones.

Las tierras que se entregaron a los campesinos en su gran mayoría no eran aptas para la agricultura; en los ejidos y comunidades, de los casi 106 millones de hectáreas, 18.6%

eran tierras de agostadero de buena calidad y 39.2% monte o agostadero en terrenos áridos.

su falta de profesionalismo dio lugar a ejecuciones de las resoluciones presidenciales de manera incorrecta. Todo lo anterior condujo a una significativa imprecisión en los cál-

culos y planos; una misma tierra fue dotada por dos o más resoluciones presidenciales; se entregó tierra diferente a la concedida por las resoluciones presidenciales; posesiones

precarias o irregulares de la tierra, entre otros fenómenos (Robles, 2005).

Asimismo, el reparto de tierras ocurrió por lo general de manera aislada, sin otro tipo de políticas de apoyo, salvo en el periodo de Lázaro Cárdenas (1934-1940) cuando

la entrega de tierras estuvo acompañada de financiamiento y asistencia técnica. Esto demuestra que el proceso de reforma agraria en México se implementó bajo concepciones diferentes y, lo más importante, en distintos escenarios de alianzas de clase.

de la Revolución Mexicana. Este proceso tuvo un carácter continental, como línea del Banco Mundial (bm) para la integración de mercados de tierra en América Latina,

ejemplo de ello fue la contrarreforma agraria chilena y un intento similar en Bolivia

(Concheiro, 1994).

Para el gobierno y sus aliados, las reformas eran necesarias porque había que propiciar un ambiente de “certidumbre”, fomentar la capitalización, “otorgar la mayoría

de edad a ejidatarios y comuneros”, lo que les daría libertad para tomar sus propias decisiones al romper con el corporativismo. En la perspectiva de los opositores, las re-

formas de 1992 al artículo 27 constitucional significaban mayor desigualdad, cerraban el acceso a la tierra a los campesinos, eran una nueva forma de promover el latifundio, y que la posibilidad de privatizar la propiedad social conduciría a la liquidación del ejido y la

comunidad agraria.

la exposición de motivos aludía a dos aspectos: el fortalecimiento de la pequeña propiedad y las nuevas formas de asociación. La pequeña propiedad se planteaba como consustancial a la reforma agraria ya que la propia constitución la protegía. Éste es uno de los puntos más contradictorios de las reformas: se argumenta que debemos dar protección a la pequeña propiedad, pero nunca se plantean las disposiciones legales; en este sentido, ni siquiera se propuso proteger a los propietarios privados con menos de 10 hectáreas, que eran la gran mayoría (alrededor de un millón de propietarios), ni se

definió con claridad que una instancia de gobierno atendiera su problemática agraria y tampoco se les propuso regularizar sus tierras, en donde se reconocía que existía mayor irregularidad.

Otro problema es que el sector no está generando empleo para los jóvenes. En los últimos 50 años, se observa una pérdida de empleo; en 1960 se ocupaban en actividades agrícolas, ganaderas o forestales 6.1 millones de personas; para la década de 19902000 había disminuido a 5.3 millones, y para 2010 el censo registró 4.5 millones de

trabajadores ocupados en actividades agropecuarias o forestales. Asimismo, los ingresos obtenidos por desempeñar estas actividades fueron de los más bajos: 36.2% percibía dos o menos salarios mínimos y 43.2% reportó no percibir ingresos. Los jóvenes no se están incorporando a este sector de la economía tanto por los bajos ingresos como por los pocos empleos que se generan (inegi, 2011).

Social y políticamente, en la relación con la tenencia de la tierra, los núcleos agrarios con población indígena tienen una mayor presencia a nivel nacional, y en la actualidad

representan uno de los contingentes con mayor capacidad de movilización, además de que son el referente básico de una nación que se define constitucionalmente como pluriétnica y plurilingüe.

Es muy común hablar sobre territorialidad, sin embargo, es muy difícil expresarla en la realidad. En los 1115 municipios en donde se localizan los núcleos agrarios con

población indígena existen 15430 ejidos y comunidades, y de ellos 6830 tienen población indígena,4 lo que representa 44.2% del total. Asimismo, en 4 de cada 10 núcleos

agrarios con población indígena, éstos representan menos de la mitad de los sujetos con derecho a la tierra.

En este sentido, se observa el predominio de una composición étnica diversa que requiere necesariamente del reconocimiento de los otros, los diferentes, y también de una fuerte proporción de indígenas sin tierra que viven en el medio rural. Sin embargo, vale la pena subrayar que cada lengua expresa cosmovisiones específicas, representa referentes simbólicos, formas de gobernar bajo usos y costumbres, comunidad de valores, y todo ello en el marco de una de las civilizaciones agrarias del mundo.

Con base en la teoría neoclásica del comercio internacional y la integración económica, se supuso que la apertura de la economía permitiría que la competencia de las importaciones se encargara de eliminar a los sectores ineficientes y de obligar a los sobrevivientes a modernizarse. El país, se suponía, iba a especializarse en los sectores que contaran con ventajas comparativas y se generaría así un sector exportador dinámico que lograría un

crecimiento mayor de la inversión, la producción, el empleo y las remuneraciones. En el caso de México, la apertura tuvo un ritmo vertiginoso con la entrada del país al Acuerdo

General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (gatt, por sus siglas en inglés): mientras que entre 1980-1985, el grado de apertura de la economía mexicana era de 20%, para 1986-1993 era ya de 30%, y con la firma del tlcan en 1994 este índice alcanzó 50% (Villareal, 2004:42).

balanza comercial de productos agroalimentarios, que pasó de un saldo promedio anual negativo de 579 millones de dólares en el periodo 1982-1986, a uno de 1388.8 millones

de dólares en 1987-1990 (Zermeño, 1996:60-61). A pesar de las evidencias anteriores, los negociadores no estuvieron dispuestos a excluir por lo menos los productos más sensibles para la economía mexicana. El gobierno sólo alcanzó a negociar salvaguardas para carne y productos del cerdo, papas, manzanas frescas y extractos de café, pero no para los granos básicos y las oleaginosas, a pesar de ser el subsector más débil dentro del sector

agropecuario mexicano. Por su parte, Estados Unidos brindó protección a sus agricultores hortícolas y frutícolas, con el establecimiento de licencias de importación temporal

y tarifas cuota para una gran cantidad de productos en épocas consideradas clave para la venta de sus cosechas. Canadá hizo lo propio al determinar la exclusión de sus sectores avícola y de lácteos para protegerlos de posibles riesgos de la apertura comercial (Zermeño, 1996:63).

tista en el estado de Chiapas, les echó a perder la fiesta. Su memorable “¡Ya basta!” constituyó una denuncia abierta a la reforma del artículo 27 constitucional, pero también

al carácter excluyente del tlcan, dos de los pilares fundamentales sobre los que se erige la modernización neoliberal del campo mexicano. Esta marejada profunda proviene de “los sin nombre... los sin rostro”, entre ellos destaca el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (ezln) en la lucha por la tierra, por la democracia, la libertad, la dignidad y una fraternidad que busca abrir los ojos al mundo para frenar la barbarie del capital, al

ejercer e imaginar prácticas de una sociedad diversa, en donde “los muchos mundos” quepan en un mundo con sus diferencias, donde los “nosotros”, los “todos somos indios”,

puedan regirse por sus usos y costumbres, de forma autónoma, tomando como referentes los territorios agrarios producto del reparto y el espacio también construido por los

pueblos que representa el “municipio libre”.

Las comunidades indígenas zapatistas chiapanecas y un movimiento que se reconoce a sí mismo como indígena, el cual de manera vertiginosa se hizo nacional y global, han

seguido presentes en el escenario político, primero con su voz y después con el silencio; evidenciaron con su lucha la falta de compromiso del Estado con los acuerdos que fueron

firmados en el poblado de San Andrés sobre autogobierno, municipio libre y cultura indígenas. Para Armando Bartra (2005), los zapatistas y el movimiento indígena agrupado

en el Congreso Nacional Indígena (cni).

Han tomado como estrategia esencialmente de

resistencia en la coyuntura actual –producto de 500 años de traiciones y engaños– andar

el camino de la autonomía frente a las instituciones del Estado, para “fortalecer la independencia relativa de las comunidades y las regiones mediante la autoprovisión de bienes y servicios y a través de autogobiernos fincados en usos y costumbres” (Bartra, 2005:86-87).

También, en un ensayo de nuevos pactos entre los actores sociales, en este caso los pueblos indígenas y la Nación, las cosas, por culpa directa de la llamada “clase política”,

llegaron a un callejón que por el momento no parece tener una salida.

de las actividades productivas es escaso o nulo y la concurrencia de los programas de gobierno es muy baja; en tanto, en los municipios con mejores condiciones de vida

se distribuyen mayores recursos por unidad productiva, hay una mayor concurrencia y los recursos de las distintas vertientes, incluido el financiamiento, se complementan

(Robles, 2009).

2002, la degradación del suelo. El problema de salud de los suelos en México es grave y en síntesis, los resultados del ins arrojaron las siguientes cifras: “superficie nacional con

degradación de suelos equivalente al 45% del territorio (89 millones de hectáreas). Los procesos de degradación de los suelos dominantes son: la degradación química en 18%

(36 millones de hectáreas), la erosión hídrica en 12% (24 millones), la erosión eólica en 9% (18 millones) y la degradación física en 6% (12 millones)”.

Además, de acuerdo con la misma fuente de información, los estados presentan una extensión territorial de suelos degradados de 48%, las regiones hidrológicas de 52% y

las regiones ecológicas básicas en 38% de su área de influencia. Como puede apreciarse, la principal causa de la degradación es la deforestación (24%), seguida del cambio

de uso de suelo (25%), el sobrepastoreo (25%) –pastizales naturales o inducidos–, que principalmente son zonas de ganadería extensiva. Estas tres actividades generaban, en

1999, 74% de la degradación de los suelos en el país.