Rousseau plantea que la autoridad legítima no proviene de los reyes, sino del pueblo. Propone el contrato social, un acuerdo mediante el cual los ciudadanos aceptan leyes que buscan el bien común. La soberanía reside en el pueblo, que debe participar en la toma de decisiones. En una comunidad, las personas acuerdan ciertas normas para convivir, pero no todas las decisiones benefician a todos por igual. Algunas veces, lo que parece conveniente para unos pocos no coincide con lo que necesita la mayoría. En ese contexto, surge la idea de que las leyes deben representar algo más que intereses individuales: deben reflejar una voluntad colectiva orientada al bienestar común. Sin embargo, no siempre es fácil reconocer esa voluntad general. Puede haber conflictos, desacuerdos e incluso decisiones que, aunque parezcan justas, terminan limitando la libertad de algunos.

Referencia: Rousseau, J. J. (1762). El contrato social.

Montesquieu propone dividir el poder del Estado en tres: ejecutivo, legislativo y judicial, para evitar abusos y garantizar la libertad de los ciudadanos. En algunos gobiernos, las decisiones se concentran en pocas manos. Cuando esto ocurre, quienes tienen el poder pueden imponer normas sin considerar otras opiniones. Para evitar esto, se planteó la necesidad de distribuir las funciones: unos crean las leyes, otros las aplican y otros evalúan si se cumplen correctamente.

Referencia: Montesquieu, C. (1748). El espíritu de las leyes.