En el artículo 21 se inicia con  el procedimiento para la solicitud del evalúo, en el cual se indica , “Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 4 de esta ley, cuando se requiera adquirir bienes o afectar derechos para fines de interés público, la Administración deberá solicitar a la dependencia especializada respectiva o, si esta no existiera, a la Dirección General de Tributación, que practique el avalúo administrativo correspondiente por medio de su propio personal o con la ayuda del personal necesario, según la especialidad requerida. El avalúo deberá rendirse en un plazo máximo de un mes, contado a partir del recibo de la solicitud.”

Además, en el artículo 22 se indica que, para determinar el justo precio, aparte de los criterios estipulados en el inciso 2) del artículo 39, los criterios para la determinación del justo precio, entre lo más importante se menciona que el avalúo administrativo deberá indicar todos los datos necesarios para valorar el bien que se expropia y describirá, en forma amplia y detallada, el método empleado.

En los artículos siguientes se habla sobre Revisión del avalúo administrativo, Fijación de valores. Notificación del avalúo y Arbitraje.

Además, según la legislación española se dan tres sistemas para llevar a cabo la expropiación y fijar el justiprecio.

 · por mutuo acuerdo: se establece que la Administración y el expropiado convienen en la adquisición de los bienes o derechos objeto de la expropiación libremente, y ahí concluye.

· por hojas de aprecio contradictorias: se abrirá un expediente individual a cada propietario de los bienes expropiados en los cuales la Administración requerirá que en el plazo de 20 días presenten la hoja de aprecio en la que concreten el valor en que estimen del objeto que se les está expropiando. 

· determinación por un Jurado de Expropiación: si el propietario rechazara el precio ofrecido, se pasará el expediente de justiprecio al Jurado de Expropiación, para que éste lo determine.

Entonces, el precio justo no podrá ni deberá ser pagado sino se han seguido y cumplido las formalidades presupuestarias correspondientes y establecidas

· el justiprecio será pagado en dinero efectivo, salvo que el expropiado lo acepte en títulos valores. En este caso, los títulos se tomarán por su valor real, que la Bolsa Nacional de Valores certificará por medio de sus agentes o, en su defecto, un corredor jurado. Firme la sentencia, el pago de la indemnización o de la diferencia con el avalúo administrativo aceptado, depositado y retirado por el propietario, se realizará mediante el trámite establecido en la Ley de Administración Financiera de la República, para el caso del Gobierno central. Los demás entes públicos efectuarán el acuerdo de pago. Transcurridos tres meses desde que el fallo es ejecutorio sin que se haya pagado al expropiado, la Oficina de Presupuesto del Ministerio de Hacienda y la Contraloría General de la República ordenarán una reserva, en el presupuesto ordinario o extraordinario de la Administración obligada al pago, hasta por el monto del justiprecio, para garantizar el cumplimiento de la sentencia. (reformado por el artículo 1º de la ley No.7757 de 10 de marzo de 1998) 

· y cuando el expropiado no retire el justiprecio, éste permanecerá depositado a la orden del juzgado que conoció de la expropiación. Los propietarios del justiprecio o sus representantes legales podrán solicitar su giro en cualquier tiempo

Con respecto al tema de los intereses, se indica en el artículo 11 de esta misma ley, el cual establece que:

· la administración estará obligada a reconocer intereses al expropiado, de oficio y a la tasa legal vigente, a partir de la desposesión del bien y hasta el pago efectivo. Cuando exista un depósito del avalúo administrativo, los intereses se calcularán sobre la diferencia entre este y el justiprecio”

58  ley de expropiaciones, Ley de Planificación Urbana, Reglamento de construcciones, Reglamento de fraccionamiento y urbanización