El proyecto de la refinería de Balboa en Extremadura, impulsado en 2005 por el gobierno regional y el Grupo Alfonso Gallardo, pretendía construir una refinería y un oleoducto de 200 km hasta Huelva. Sin embargo, por su impacto en áreas protegidas, surgió una fuerte oposición local e internacional, que incluyó demandas y manifestaciones. En 2013, tras un EIA negativo y una victoria judicial en 2009, el proyecto fue cancelado.

En septiembre de 2005, la compañía Centro Minero de Santander SA recibió permisos de exploración para la minería de carbón en el municipio de El Carmen de Chucurí. En ese momento, los lugareños apoyaron el proyecto debido a la promesa de desarrollo económico. Sin embargo, 5 años después, los residentes comenzaron a darse cuenta y movilizarse contra la degradación ambiental y social resultante de las actividades extractivas. Ya que esta amenazaba los medios de vida agrícolas y ganaderos al contaminar las aguas y causando la deforestación desenfrenada. Los miembros de la comunidad presentaron un caso contra la mina por no cumplir con las regulaciones ambientales causando una suspensión temporal de la Compañía. 

Sin embargo la mina San Luis reabrió en 2014 después de que el CAS determinó que mejoraron sus violaciones ambientales y les otorgaron la nueva concesión en circunstancias dudosas. Los residentes expresaron su rechazo movilizandose a través de distintos medios. En 2017, el Consejo Municipal de El Carmen de Chucurí se reunió para debatir si deberían aceptar o no una petición para que los lugareños realizaran una consulta popular, y los concejales votaron por unanimidad a favor de la iniciativa. Sin embargo, la consulta popular fue suspendida. A partir de allí, muchos residentes fueron amenazados por su activismo, incluso hubo desapariciones y muertes por el conflicto.

En noviembre de 2019 un reporte identificó a un barco griego que transportaba crudo venezolano como la fuente de un derrame de petróleo que ha manchado más de 2500 km de costa, según anunciaron los investigadores brasileños. La policía indicó que el petrolero derramó el crudo a aproximadamente unos 700 km (420 millas) de la costa de Brasil entre el 28 y 29 de julio, en su camino hacia Singapur. El procurador general de Brasil afirmó que el país buscaría daños en el caso, el cual ha dejado una vasta variedad de playas tropicales ensuciadas por esta materia prima, afectando al turismo y a las comunidades pesqueras del empobrecido noreste brasileño. La población afectada principalmente fue la costera, incluyendo todo tipo de pescadores, recolectores de moluscos, trabajadores de playas, bañistas, turistas, vendedores y consumidores de pescado y mariscos, voluntarios que trabajaron en la remoción del petróleo del mar, y trabajadores voluntarios en la causa. A partir del 23 de octubre de 2019, la contaminación había alcanzado más de 200 localidades de los nueve estados del noreste de Brasil y se habían recolectado más de 1000 toneladas de petróleo de las playas a los largo de los 2500 km de costa afectada. Otra fuente indicó que alrededor de 4000 toneladas de residuos de petróleo crudo provenientes de una fuente desconocida llegaron a la costa noreste del país desde finales de agosto, contribuyendo a la contaminación de muchas playas, estuarios, arrecifes y manglares. El culpable parecía ser el Bouboulina, un petrolero griego que pasó por el noreste brasileño a finales de julio de 2019, aunque, según informó Hellenic Shipping News en un comunicado enviado a Reuters, Delta Tankers Ltd, indicó que mediante una búsqueda profunda del material de las cámaras y sensores con los que todos sus barcos cuentan, llegaron a la conclusión de que la embarcación no detuvo su marcha en ningún momento. 

El contexto histórico incluye una gestión medioambiental y respuesta gubernamental cuestionadas, ya que las medidas iniciales para contener el desastre fueron lentas e ineficaces. Entre los actores involucrados destacan las comunidades locales, especialmente los pescadores, las organizaciones medioambientales y las autoridades brasileñas. Estas partes desempeñaron papeles conflictivos en la gestión, evaluación y remediación de los daños.

El caso elegido es sobre la contaminación por químicos PFAS (forever chemicals) en Bangladesh y se debe a que en ciertas zonas industriales como el Dhaka Export Processing Zone (DEPZ) y el Adamjee Export Processing Zone (Adamjee EPZ) donde producen mercadería para marcas como H&M, Zara y Marks y Spencer (todas marcas y tiendas muy reconocidas en la actualidad, de consumo masivo y que probablemente en nuestras casas tengamos alguna prenda proveniente de allí), se detectaron niveles muy altos de PFAS en el agua. Por ejemplo, el caso mencionado en el artículo, habla de que en 2019, en el río Karnatali se presentaron concentraciones de químicos 300 veces superiores al límite propuesto por la UE, mientras que otros lugares, como el río Tongi, también sufrio consecuencias debido a estas prácticas. Esta contaminación, originada por las fábricas textiles en áreas como Savar y Gazipur, representa una amenaza grave para la biodiversidad y la salud humana, ya que los PFAS, están vinculados a problemas inmunológicos, de desarrollo, fertilidad, daño hepático, enfermedades tiroideas y cáncer, además de que el uso de estas aguas contaminadas para riego, agricultura y consumo humano agrava la crisis. De igual forma se sabe que existen alternativas libres de PFAS para la industria textil y organizaciones como la ESDO y la IPEN están incitando a las marcas globales a eliminarlos mediante un enfoque que prohíba totalmente y en general, esta clase de químicos, en lugar de prohibirles a cada una de las marcas que los usen.

Este derrame de petróleo fue claro ejemplo de cómo la industria del petróleo puede generar un conflicto ambiental masivo con consecuencias a largo plazo. Este evento no solo dejó secuelas ecológicas, sino que también planteó preguntas sobre la sostenibilidad de las operaciones petroleras en zonas sensibles y las medidas que deben tomarse para evitar tales desastres en el futuro.

La contaminación fue descubierta en la década de 1980, pero la información sobre su magnitud y consecuencias se dio a conocer de manera más amplia posteriormente. Estudios epidemiológicos han vinculado esta exposición con enfermedades graves, como varios tipos de cáncer (leucemia, linfoma), enfermedades renales, problemas reproductivos y trastornos neurológicos. El Cuerpo de Marines de los Estados Unidos eran los administradores de Camp Lejeune, responsables de las operaciones junto con otras empresas industriales.

Gracias a la intervención de agencias gubernamentales y grupos de defensa en 2012 se aprobó una ley que ofrecía asistencia a los damnificados y en 2022 se permitió que demanden por daños y perjuicios.