Desde el punto de vista jurídico, la tortura es una violación grave del derecho internacional de los derechos humanos y de las leyes nacionales en la mayoría de los países. Es una práctica que debe ser absolutamente cordenada y erradicada en todo el mundo, y aquellos que la perpetran deben ser responsabilizados ante la justicia. La comunidad internacional ha establecido una firme oposición a la tortura y ha adoptado tratados y convenciones que prohíben su uso en todas las circunstancias

internacionales, garantizando el estado derecho en el país. Debido a que somos conocedores de derecho y como se sabe la tortura viola derechos fundamentales.

Asimismo, la tortura es inmoral en cualquier circunstancia no hay razón alguna para creer que pueda estar justificada, es por esa razón que la conducta de los abogados

debe ser coherente a las normas ahora de estudiar casos sobre torturas.

Por otro lado, los abogados deben garantizar el derecho de defensa de sus clientes, incluso en casos de tortura. Esto implica que deben actuar con independencia y objetividad, y no dejarse influir por presiones externas. También deben respetar la confidencialidad de la información que les proporcionen sus clientes, salvo en los casos en que la ley les obligue a revelarla.

En definitiva, la deontología exige a los abogados que actúen con ética y responsabilidad en todos los casos, y que en los casos de tortura, actúen con especial sensibilidad y compromiso ético, garantizando el derecho de defensa de sus clientes y respetando los derechos humanos y la dignidad de las personas.