No obstante en la normatividad existente, persisten problemas como los hábitos y prácticas en el uso del agua, la insuficiente capacidad de los municipios para satisfacer los servicios de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales, la falta de coordinación interinstitucional y de claridad en la competencia de los tres niveles de gobierno, el rezago de tarifas y los subsidios que fomentan el desperdicio, las malas condiciones de la infraestructura, la gestión centralizada que impide una visión integral de cuenca en la que se fomente la participación ciudadana, la concesión de volúmenes superiores a la disponibilidad y las extracciones ilegales, los trasvases de una cuenca a otra con serias consecuencias ambientales y alto consumo energético, y la contaminación de los cuerpos de agua por descargas legales, ilegales o no tratadas