Este fenómeno obedecía a los intereses de los nacientes Estados modernos, que comenzaron a pensar la humanidad en términos de cuerpo social, donde los individuos son las células de un organismo mayor. Los descubrimientos biológicos influyeron entonces en el pensamiento político: así como el médico busca controlar el cuerpo humano, el Estado debía controlar la población y cada uno de sus cuerpos. Las promesas de progreso técnico y económico exigían disponer de individuos funcionales, lo que justificó un mayor control sobre la vida. De este modo, figuras como el médico, el psiquiatra o el profesor adquirieron relevancia política: eran los nuevos encargados de vigilar, disciplinar y mantener “sano” al sujeto.

Esta lectura foucaultiana permite analizar las sociedades actuales, habituadas a las instituciones como si fuesen algo “natural”. Vivimos rodeados de ellas: colegio, universidad, hospital, cárcel, cada una definiendo lo normal y lo permitido. Durante la pandemia de 2019, fuimos testigos de la fuerza del biopoder: Estados que impusieron medidas coercitivas, pérdida de empleos, restricciones y sanciones al disidente, todo bajo la promesa de proteger la vida colectiva. Surgen entonces preguntas inevitables: ¿cuál es el límite de la intervención institucional? ¿Hasta qué punto debemos ceder nuestra autonomía en nombre del bienestar general?

En definitiva, la biopolítica no actúa sólo como poder externo, sino como una lógica que atraviesa nuestra manera de vivir y relacionarnos con los demás. Comprender estas redes implica reconocer que también participamos en su reproducción. La pregunta por los límites del poder sobre la vida es hoy un problema ético y político central: ¿cómo garantizar la salud y la seguridad sin sacrificar la libertad? Pensar críticamente sobre ello es, quizá, el primer paso para no aceptar el poder como algo natural e incuestionable.