Una política pública con perspectiva de igualdad de género es el Consultorio trans del Hospital Provincial Dr. Castro Rendón, opera a escala provincial desde el año 2013, y está localizado en la ciudad capital. Ha sido planeado con una dimensión plurianual, a largo plazo, abordando el problema de hormonización de hombres y mujeres trans. Reconoce La Ley Nacional N°26743 de Identidad de Género, particularmente el Artículo 11. Es el único en la provincia, con proyección de habilitar más en otras localidades y perfeccionar el sistema estadístico vigente.  Benjamín Génova, hombre trans, padre de familia, y primer usuario de este servicio de salud pública: “La ley de género me impactó profundamente, marcó un antes y un después en mi vida, ya que igualó mis derechos ante el resto de la sociedad, y significó que el Estado los reconociera, siendo que nunca antes había aplicado políticas de este tipo”

Tres instrumentos  para su concreción: i) política de Estado ii) declaratoria de  emergencia al sistema de prevención de las discapacidades y rehabilitación integral iii) Ley Orgánica de Discapacidades, 2012.

Su dimensión temporal ha tenido dos momentos: Del 2008 al 2013 con el Programa Ecuador sin Barreras y luego del 2014 al 2017 con la Agenda Nacional de Discapacidades, ANID. 

LOGROS
Del Programa “Ecuador sin Barreras”, menciono entre lo más importantes, a mi criterio, la visibilización de la realidad de la discapacidad,  el cambio de la valoración de las personas con discapacidad y también la comprensión de que los recursos públicos deben tener una priorización de uso para las personas en situación de desventaja.

Otros logros: los  estudios que permitieron la georeferenciación de más  de 230.000 personas con discapacidad, la entrega de medio millón de ayudas técnicas, 12.000 viviendas equipadas y accesibles. Así como la entrega del Bono Joaquín Gallegos Lara, bono para el cuidado a personas con discapacidad severa, a  20.000  personas mensualmente. Aquí critico la conceptualización del bono asume el tiempo amoroso y altruista disponible 24 x7 de las madres.

El Plan Mundial de Discapacidades, aprobado por la Organización de la Salud, fue propuesto por el Ecuador.

Considero relevante mencionar la réplica de la iniciativa ecuatoriana en el programa “Uruguay sin Barreras”.

Resumiendo hemos tenido logros importantes en cuando a  salud, educación, trabajo, bienestar y participación ciudadana.

Los objetivos de estos talleres son poder concientizar a los más jóvenes sobre la violencia de género y así poder, a futuro, disminuir el índice de violencia, ésta dependencia local, que no cuenta con los recursos financieros del municipio, su única labor posible consta de la ayuda psicológica tanto a mujeres como hombres.

Dichas PP (nivel local) no tienen el alcance para lograr la igualdad, se debe trabajar con todas las instituciones involucradas en la temática, por ejemplo Seguridad y Salud, además de fomentar mayor participación y preocupación de un Estado que no es generador de derechos. Esto es primordial para poder empezar a trabajar con metas que generen igualdad de género.
http://tiemporionegrino.com.ar/?p=5430

Aunque discursivamente vemos un interés estatal por incorporar un enfoque de género en las políticas migratorias, incorporando iniciativas dentro de la nueva Ley de Extranjería, lo cierto es que ninguno de sus Planes operativos, ni su Manual de Operaciones ni ningún documento interno que delinee las políticas de trabajo menciona siquiera el género como un marco de trabajo (https://www.migraciones.gob.pe/index.php/normatividad/marco-legal/). Las necesidades que abordan las políticas migratorias del Estado peruano se enfocan, fundamentalmente, en la modernización de la atención y del servicio que se brinda (velocidad de atención, eficacia y eficiencia), sin considerar el enfoque de género en esos procesos (https://www.migraciones.gob.pe/index.php/quienes-somos/mision-y-vision/). La política migratoria peruana es de alcance nacional, y sus planes operativos tienen una duración anual.

Respondiendo a una organización plurianual, los eventos que se organizan procuran atender no sólo a las problemáticas de violencia y sexualidad de la comunidad educativa de los diversos colegios y contextos de la ciudad sino además a las de toda la sociedad de la ciudad, invitando, por ejemplo, al Pre Encuentro de Mujeres y Sexualidades Disidentes, con comisiones de debate que invitaban a reflexionar en torno a temas como la educación, la violencia y el aborto, que tendrían continuidad en el Encuentro Nacional de Mujeres en Rosario. También se organizan charlas y debates en conjunto con la comunidad educativa del Centro de Estudiantes de Humanidades (CEHUM) de la Universidad Nacional del Sur.

El problema que aborda es la situación de violencia y opresión por las que están atravesadas muchas mujeres de la localidad; que se encuentran en situaciones de profunda agresividad física y psicológica, y también –en muchos de los casos- en una dependencia económica y afectiva. De esta forma se visualiza un contexto desigual con respecto a los roles y prácticas que sostienen hombres y mujeres.

Las necesidades que atiende el programa están relacionadas con las carencias económicas y afectivas que atraviesan esas mujeres. Pero no desde una perspectiva asistencialista, sino desde el empoderamiento de las mismas.

Las metas de igualdad están orientadas a reflexionar acerca del rol –o los roles- que ocupan mujeres y hombres en la sociedad; derribando la idea de que las mujeres están reservadas sólo para el espacio doméstico y el cuidado de niños y niñas. 

Después de casi un año de trabajo, se ha logrado que muchas de las mujeres puedan insertarse laboralmente o estén en proceso de hacerlo. 

El Programa Ella Hacen fue creado en 2014 y pertenece al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Su alcance es nacional. Está destinado a jefas de familia en situación de vulnerabilidad por ser madres de familias numerosas, con hijos con discapacidad o víctimas de violencia, travestis o trans. Fomenta el acceso al sistema educativo, sea con programas de alfabetización o acceso a cursos terciarios o universitarios, y provee cursos de formación en oficios para que cada mujer se apropie de herramientas laborales en pos de su empoderamiento económico. Tiene como finalidad que las mujeres accedan a puestos de trabajo. Por estar inscriptas en el Plan y asistir a los talles reciben un ingreso económico mensual. En la actualidad el programa se encuentra cerrado a nuevas inscripciones pero los cursos de capacitación continúan

Aborda necesidades estratégicas, referidas a la búsqueda del ejercicio de los derechos específicos de las mujeres, con un planteamiento de interseccionalidad y transversalidad, hacia la participación de las mujeres en el mercado laboral con igualdad de oportunidades, conciliación de la vida familiar y laboral (referida a la reorganización de los roles en los cuidados del hogar), protección de los derechos de las mujeres en el marco del conflicto armado, fomento a la participación de las mujeres en instancias de poder y escenarios de construcción de paz, garantías para el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, educación con enfoque diferencial, movilización y transformación cultural, fortalecimiento institucional de la agenda de género, entre otras medidas que pretenden adentrarse en toda la gestión pública del Estado y no sólo en la entidad que trabaja por la equidad entre hombres y mujeres.

Esta política tiene grandes desafíos para la internalización de la perspectiva de género en todas las entidades del Estado encargadas de implementar las políticas públicas, no sólo en los planes sino en la fase de implementación de los proyectos. Sin embargo, se resaltan logros importantes en materia de avances legislativos para temas como el feminicidio, ley de cuotas, fomento de vinculación de mujeres al mercado laboral, entre otros.

Busca mejorar el acceso y la atención que reciben las mujeres, sus hijos y sus familias en las maternidades, con un enfoque de derechos en salud y una perspectiva intercultural. En este sentido busca modificar la cultura organizacional de las maternidades centrándose en la familia y en la seguridad de la atención. 

Objetivos: respeto de los derechos de las mujeres durante el trabajo de parto, el parto y/o la cesárea; reducción de la frecuencia del uso de prácticas no recomendadas durante el trabajo de parto y el parto, así como la frecuencia de complicaciones asociadas; aumento del uso de prácticas recomendadas; actividades de promoción y mantenimiento de la lactancia materna; facilitar la internación conjunta; facilitar el ingreso de los padres y otros familiares. 

Dentro de los principales logros en la ciudad de Rosario, se encuentran la modificación de las estructuras edilicias para garantizar la privacidad de las mujeres en trabajo de parto (abandonando las “salas de internación conjunta”) y el acompañamiento de las mismas por parte de un familiar. Otro logro es el descenso del “índice de cesáreas” en las maternidades públicas, lo cual demuestra la reducción del uso de prácticas no recomendadas. 

 

La Escala de intervención de esta Política Pública es Nacional, de dimensión plurianual, pues comenzó en el año 2013 con una proyección hasta el 2022. El problema abordado es la vulnerabilidad en la que se encuentran las personas con discapacidad, sus familias y cuidadores.  Las necesidades que se busca atender, entre otras son: eliminar las brechas de exclusión, pobreza e inequidad de las personas con discapacidad, con un enfoque de derechos y diferencial cuyo propósito es la inclusión social. Lo anterior, a partir del desarrollo socioeconómico e inclusión social que permite satisfacer necesidades básicas, crear oportunidades, desarrollar capacidades, apoyar y trabajar con las Organizaciones de Personas con Discapacidad y Grupos de Apoyo, involucrar la participación intersectorial, promover el liderazgo y la participación de los gobiernos locales y aprovechar los sistemas legislativos, jurídicos y sociales del país. Logros: la implementación de un soporte legal–Ley Estatuaria 1618 de 2013-; la creación del Sistema Nacional de Discapacidad, integrado por el Ministerio de la Protección Social, el Consejo Nacional de Discapacidad, los comité Departamentales y Municipales; participación activa del observatorio; censo actualizado del Registro para la localización y caracterización de personas con Discapacidad.  
No obstante, lo anterior, en e único apartado en el que se observa un índice de trabajo frente a metas de género es para aquellas mujeres que se encuentran en situación de discapacidad con ocasión al conflicto armado interno, el cual tiene muchas falencias en su desarrollo. 

El objetivo de la política es direccionar el desarrollo de la sexualidad como dimensión prioritaria definida en el Plan Decenal de Salud Pública, que incluye el disfrute de la sexualidad y el ejercicio de los derechos sexuales y los derechos reproductivos en forma digna, libre, e igualitaria y la transformación de los lugares, conceptos e imaginarios desde donde se piensa y vive la sexualidad. La escala de intervención es nacional, su dimensión es plurianual pues se trata de una política que responde al Plan Decenal de Salud Pública.

En sus componentes y temáticas busca la promoción de los derechos sexuales y reproductivos y equidad de género, cuyo objetivo es garantizar los derechos sexuales y los derechos reproductivos y la reproducción libre de violencia en el marco de igualdad, libertad, autonomía y no discriminación por motivos de sexo, edad, étnica, orientación sexual o identidad de género, discapacidad, religión o ser víctima de conflicto armado. Para lo anterior se desarrollan una serie de indicaciones que buscan no sólo la promoción sino la aplicación de acciones con enfoque de género en la política.

 

La pensión alimentaria es un derecho universal, por lo tanto exigible, de 502,002 personas adultas mayores de 68 años, residentes en 2016 de la Ciudad de México (escala de intervención estatal). Consiste en una transferencia monetaria mensual que se ajusta con la operación anual al monto del salario mínimo (1,075.20 pesos), de la que pueden disponer lxs beneficiarixs mediante una tarjeta electrónica (no transferible), para usarse en establecimientos afiliados. Incluye además, la promoción y atención de la salud, mediante visitas domiciliarias de seguimiento y la atención en 16 módulos delegacionales y vía telefónica. 

El problema identificado en este Programa es la limitación que tienen los adultos mayores para atender sus necesidades básicas de alimentación y salud, debido a la disminución de sus capacidades físicas e intelectuales, ingresos laborales insuficientes y la escasa cobertura de los sistemas de pensión y jubilación. 

Se considera que el Programa integra los principios de universalidad, igualdad, equidad de género, equidad social y de justicia distributiva. 

De manera especial, este Programa ha beneficiado a las mujeres, quienes por sus responsabilidades de cuidados familiares, en muchos casos nunca habían percibido ingresos ni pensiones de jubilación, excepto la que reciben como dependiente por viudez. En general tiene una valoración positiva entre lo que se cuenta mejorar la alimentación de lxs adultxs mayores (70% de encuestadas), sentirse más independientes (52%), mejorar la relación familiar (73%).

Bajo este antecedente el diagnóstico sobre la equidad de género, que se realizó desde finales del 2009 hasta inicios del 2010, demostró que se carece de políticas institucionales eficaces sobre igualdad de oportunidades y se desconoce la importancia de implementar la aplicación de acciones afirmativas con enfoque de género para contribuir con la erradicación de prácticas inequitativas y la percepción de discriminación. Lo que demanda en gran medida un cambio de visión y comportamiento en los hombres y las mujeres que laboran en el Ministerio del Interior y en la Policía Nacional.

Tiene el objetivo de lograr la Igualdad de Género en la Administración Pública, eliminando la discriminación basada en el sexo o en el género. 

Todas las servidoras y servidores públicos del Ministerio del Interior y de la Policía Nacional son responsables  en la implementación de esta estrategia, en su seguimiento y evaluación. Las acciones deben cumplirse desde las máximas autoridades, expresando mediante instrumentos jurídicos la voluntad y decisión política para transversalizar el enfoque de género

Logros: Garantía del derecho a ejercer la ciudadanía, el Derecho a la participación política y el Derecho a la gobernabilidad democrática

Igualdad de oportunidades para garantizar el derecho al trabajo para hombres y mujeres.

Disminución de las  prácticas inequitativas para ejercer el Derecho a una Vida Libre de Violencia al interior de la institución.

1.       En noviembre de 2007,  mediante Decreto Presidencial,  Ecuador declara como política de Estado la Erradicación de la Violencia de Género.

2.       Su escala es a nivel nacional y está integrada por varios ministerios e instituciones del Estado (Ministerio de Gobierno, Ministerio de Salud Pública, Ministerio de Inclusión Económica y Social, Ministerio de Educación, Ministerio de Justicia y DDHH, Consejo Nacional de las Mujeres, y otras instituciones del área de la niñez y adolescencia)

3.        Para su implementación se elaboró un   Plan Nacional de Erradicación de la Violencia de Género e Intrafamiliar. Este instrumento, como se menciona dentro del decreto, debe generar e implementar medidas y acciones para erradicar la violencia contra las mujeres. Este  plan fue delineado  en el 2008 y con una  planificación actual del 2010  al 2017.  Contiene 5 ejes estratégicos: 1) Transformación de patrones socioculturales, 2) fortalecimiento el sistema de protección integral, 3) acceso a la justicia, 4) sistema de registro e información y, 5) institucionalidad.  Cada eje cuenta con plan de acciones estratégicas y metas establecidas al 2017

Ecuador ha vivido un  contexto de avance en las políticas públicas relacionados con la violencia de género, esto ante ante las altas cifras de incidencia de la  problemática de la violencia hacia las mujeres, 6 de cada 10 mujeres han sufrido algún tipo de violencia; ante lo cual el Estado, empujado por ONGS e instancias internacionales ha intentado frenar esta crisis a través de estas dos impulsos, la política y el plan mencionados. 
Las metas están definidas por cada eje y son medibles al 2017. No se conoce, pero, un avance de las mismas, aunque se está trabajando en un sistema de seguimiento a las instituciones parte.