La extradición en tránsito es la autorización que un Estado otorga para que una persona reclamada por otro país pueda atravesar temporalmente su territorio mientras es trasladada hacia el Estado solicitante.

Aunque no implica un juicio ni una entrega directa, refleja el principio de solidaridad internacional en materia penal, al facilitar la cooperación sin vulnerar la soberanía estatal.

Caso: Ricardo Martinelli Berrocal (2017–2018)

Órgano: Corte Suprema de Justicia, Pleno

Referencia: Auto de 25 de mayo de 2018.

Hechos:

La Corte Suprema de Justicia de Panamá, en ejercicio de su competencia constitucional y procesal penal, solicitó formalmente a los Estados Unidos de América la extradición activa del ciudadano panameño Ricardo Martinelli Berrocal, expresidente de la República, quien era requerido por las autoridades judiciales nacionales por la presunta comisión de los delitos de interceptación ilegal de comunicaciones y peculado. Dicha solicitud se enmarcó en el procedimiento de extradición activa, mediante el cual el Estado panameño, como Estado requirente, pide a otro Estado la entrega de una persona procesada o condenada para ser sometida a la jurisdicción nacional.

Fundamento doctrinal:

 “La extradición activa es un instrumento legítimo de cooperación judicial internacional, en el cual Panamá, como Estado requirente, debe demostrar el cumplimiento de los principios de legalidad, especialidad y reciprocidad.”

Análisis e importancia jurídica:

Este caso representa uno de los precedentes más relevantes en la historia reciente del Derecho Procesal Penal panameño en materia de extradición activa, al evidenciar la aplicación práctica del marco normativo nacional e internacional sobre la cooperación penal.

El fallo de la Corte Suprema consolidó la doctrina panameña sobre la extradición activa como manifestación del principio de soberanía judicial, reafirmando el compromiso del Estado con la lucha contra la impunidad y el cumplimiento efectivo de las decisiones judiciales. Además, contribuyó a la delimitación entre los límites constitucionales (prohibición de extraditar a nacionales) y las facultades internacionales del Estado panameño para solicitar la entrega de extranjeros que deben rendir cuentas ante la justicia nacional.

Desde una perspectiva procesal, el fallo también marcó un precedente en cuanto a la relación entre el derecho interno y los tratados internacionales, reafirmando que la cooperación penal debe interpretarse de forma armónica con el principio de respeto a los derechos humanos, la reciprocidad entre los Estados y la efectividad de la justicia.

Caso: David Murcia Guzmán (2010)

Referencia: Sentencia de 12 de diciembre de 2010

Hechos: El ciudadano colombiano David Murcia Guzmán fue detenido en territorio panameño tras ser requerido por las autoridades judiciales de Colombia y posteriormente por los Estados Unidos de América, bajo acusaciones relacionadas con los delitos de lavado de dinero y captación ilegal de fondos. Ante dicha situación, se inició el procedimiento de extradición pasiva, conforme a lo dispuesto en la legislación procesal penal panameña y en los tratados internacionales vigentes.

Fundamento doctrinal:

 “La extradición pasiva solo puede proceder cuando se acrediten las garantías procesales y la equivalencia penal entre el Estado requirente y el requerido, en protección del debido proceso.”

Análisis e importancia jurídica:

Este fallo reviste gran trascendencia en el Derecho Procesal Penal panameño, al consolidar la práctica de cooperación judicial internacional y precisar los límites constitucionales aplicables en materia de extradición. La decisión reafirma el papel del Estado panameño como garante de la legalidad y de los derechos fundamentales dentro de los

procedimientos internacionales, evitando que la cooperación penal se convierta en un medio de vulneración de garantías procesales. Además, este precedente fortaleció el criterio jurisprudencial según el cual la extradición pasiva debe ser un instrumento de justicia internacional, no de arbitrariedad política, y debe fundarse en la reciprocidad jurídica y en el respeto a la dignidad humana del requerido. De esta manera, se consolida la responsabilidad del Estado panameño de armonizar su legislación interna con los compromisos internacionales asumidos, bajo la observancia del principio de soberanía y del respeto irrestricto a los derechos humanos

Órgano: Ministerio de Relaciones Exteriores – Dirección General de Asuntos Jurídicos y Tratados

Referencia: Dictamen Jurídico No. AJT-029-2020

Año: 2020

Hechos:

En el año 2020, un Estado extranjero solicitó al Gobierno de Panamá la autorización para el tránsito aéreo de un ciudadano extraditado hacia un tercer país, utilizando el espacio aéreo y, potencialmente, el territorio panameño como punto de conexión internacional. La solicitud fue evaluada por la Dirección General de Asuntos Jurídicos y Tratados del Ministerio de Relaciones Exteriores, órgano competente para emitir dictámenes sobre este tipo de cooperación penal internacional.

Criterio jurídico:

El Dictamen Jurídico No. AJT-029-2020 determinó que la extradición en tránsito no constituye un proceso judicial propiamente dicho, sino que reviste la naturaleza de un acto administrativo-diplomático, cuya autorización recae exclusivamente en el Órgano Ejecutivo, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Análisis e importancia jurídica:

Este mecanismo refleja la colaboración solidaria entre los Estados en la lucha contra la criminalidad transnacional, garantizando al mismo tiempo la preservación de la soberanía panameña y la protección de los derechos del individuo sometido a traslado.

Doctrinalmente, esta figura reafirma que el tránsito de extraditados es una manifestación de la potestad soberana del Estado, ejercida con base en los principios de reciprocidad internacional, legalidad administrativa y control de convencionalidad. La intervención del Órgano Ejecutivo, y no del Poder Judicial, responde a la naturaleza político-administrativa de esta cooperación, al no implicar juzgamiento ni ejecución penal dentro del territorio panameño.

Asimismo, la aplicación del principio de humanidad en la extradición obliga al Estado de tránsito a garantizar que la persona no sea sometida a tratos crueles, inhumanos o degradantes durante su paso por el territorio nacional, en cumplimiento de las normas internacionales de derechos humanos.

Referencia internacional complementaria:

Caso: In re Sison, Corte Suprema de Justicia de Filipinas (2006).

Aunque no se trata de jurisprudencia panameña, este fallo ha sido referenciado en la doctrina interamericana como un precedente ilustrativo sobre la figura de la extradición en tránsito, destacando la obligación del Estado de tránsito de preservar la custodia, la seguridad y la integridad física del extraditado mientras atraviesa su territorio.

Su análisis resulta relevante para Panamá, en tanto complementa la interpretación del artículo 553 del Código Procesal Penal y refuerza la necesidad de que los Estados que autorizan el tránsito actúen con base en los principios de respeto mutuo, soberanía y garantías procesales internacionales.

el gobierno colombiano extraditó a 14 jefes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) a Estados Unidos. Fueron extraditados por cargos de narcotráfico

noviembre 8 Ricardo Alberto Martinelli Linares acepta voluntariamente su extradición a Estados Unidos ante la Justicia guatemalteca.

noviembre 15 Luis Enrique Martinelli Linares es extraditado a Estados Unidos.

diciembre 10 Ricardo Alberto Martinelli Linares es extraditado a Estados Unidos.

el convenio celebrado entre Carlos III de España y Luis XV de Francia, el 29 de Septiembre de 1765

el Tratado de Paz de Amiens de 1802, celebrado entre España, Francia e Inglaterra

la ley Belga sobre extradición, del 1º de octubre de 1883

la Convención de Extradición de Montevideo de 1933

La extradición y la deportación son dos procedimientos legales muy distintos, aunque ambos implican el traslado forzoso de una persona fuera de un país.

la Constitución panameña prohíbe extraditar a sus nacionales

Definición:

Extradición activa. Las autoridades jurisdiccionales panameñas podrán hacer una solicitud a un Estado extranjero para la extradición de una persona, con el propósito de su procesamiento penal o imposición o cumplimiento de condenas con respecto a un delito sobre el cual la República de Panamá tenga jurisdicción. (Código Procesal Penal - Capítulo III -Artículo 545).

La extradición activa en Panamá está regulada por diversas disposiciones legales:

• Constitución Política de la República de Panamá: En su artículo 24 establece que ningún panameño podrá ser extraditado, lo que limita la extradición activa a personas extranjeras.

• Código Procesal Penal (CPP): El Libro Tercero regula el procedimiento de extradición. El artículo 516 establece que la extradición se concede para procesamiento judicial o cumplimiento de condena respecto de delitos extraditables.

• Artículo 545 del CPP: Detalla que la solicitud de extradición debe ser gestionada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, a petición del juez que dictó el auto de enjuiciamiento o sentencia.

• Tratados internacionales: Panamá debe tener un tratado bilateral o multilateral vigente con el Estado requerido. La solicitud debe ajustarse tanto al tratado como a la legislación del país requerido.

El procedimiento de extradición activa en Panamá se inicia cuando una autoridad judicial competente (juez de garantías o tribunal de juicio) solicita al Ministerio de Relaciones Exteriores que tramite la entrega de una persona ubicada en otro país. El proceso incluye:

1. Auto de enjuiciamiento o sentencia firme: Debe existir una resolución judicial que justifique la solicitud.

2. Documentación formal: Se debe presentar la solicitud de extradición con los documentos que acrediten el delito, la identidad del requerido y la base legal.

3. Canal diplomático: El Ministerio de Relaciones Exteriores remite la solicitud al Estado requerido por vía diplomática.

4. Evaluación del Estado requerido: El país receptor analiza si la solicitud cumple con los requisitos legales y tratados vigentes.

5. Entrega del requerido: Si se concede la extradición, el individuo es entregado a las autoridades panameñas para ser procesado o cumplir condena.

Incidente de Objeciones:
Permite impugnar la resolución del MIRE.
Causales (art. 533 CPP):  a) Error de identidad.
  b) Defectos formales.
  c) Improcedencia del pedido.
  d) Contradicción con la ley o tratados.
Si la objeción prospera: se revoca la resolución y se libera al requerido.
Si no prospera: el Ejecutivo decide si concede o no la extradición.

• Incorporar una regulación expresa en la ley panameña sobre extradición en tránsito.

• Establecer plazos y protocolos de seguridad claros.

• Capacitar a funcionarios diplomáticos y judiciales en cooperación penal.

• Promover transparencia y comunicación entre los Estados.

Aunque se trate de un individuo acusado de un delito grave, sigue siendo titular del derecho a la presunción de inocencia y a la dignidad humana.

Estas normas reflejan la confianza mutua entre los Estados y su compromiso de combatir la criminalidad transnacional.

En la práctica, el tránsito puede ser aéreo, marítimo o terrestre, dependiendo de las rutas establecidas y de las condiciones diplomáticas acordadas.

1. Identidad del extraditado.

2. Delito que motiva la solicitud.

3. Itinerario o ruta de traslado.

4. Medidas de custodia y seguridad.

   
   

El Estado panameño evalúa la solicitud considerando aspectos jurídicos y humanitarios.

Puede negar la autorización si el delito es político, si se pone en riesgo el orden público o si el traslado puede vulnerar los derechos humanos.

En Panamá, la extradición en tránsito está reconocida en el Código Judicial y en diversos tratados bilaterales y multilaterales, como el Tratado de Extradición Panamá–México.

Dicho tratado establece que cuando una persona es trasladada de un Estado a otro, puede pasar por territorio panameño siempre que el Gobierno autorice el tránsito y no existan impedimentos relacionados con el orden público o la seguridad nacional.

El Ministerio de Relaciones Exteriores, actuando en nombre del Órgano Ejecutivo, gestiona las solicitudes diplomáticas que contienen la identidad del extraditado, el delito imputado y las medidas de custodia.