Ahora bien, podemos decir que, la imposición de la medida cautelar de prision preventiva de manera oficiosa se justifica en la necesidad de promover la justicia en contra del imputado, aunado al hecho de que México como sujeto internacional, tiene que modificar su legislación interna, con tal de satisfacer los tratados internacionales en donde forma parte, de manera que buscando garantizar el derecho a la presunción de inocencia. Haciendo así que, la prisión preventiva se única y exclusivamente de manera justificada, al tenor de que, se aplique cuando en realidad haya un riesgo inminente de obstrucción de la justicia por parte del imputado.

De esta figura jurídica se desprende el carácter de la medida cautelar, que puede ser de manera oficiosa o de manera justificada. La prisión preventiva justificada se determina con base al tipo penal que se investigue, si el delito forma parte del catálogo establecido en el artículo 19 de la Constitución Mexicana de manera automática amerita la privación de la libertad hasta en cuanto se determine si el imputado es realmente responsable de los hechos que se la imputan.

Por tales motivos privar de la libertad a una

persona con probable participación en alguno de los delitos mencionados me parece muy acertado por parte de la autoridad jurisdiccional, siempre y cuando la situación jurídica del imputado se resuelva de manera inmediata.

Por otro lado en el artículo primero constitucional se establece que los Derechos Humanos y sus garantías, se podrán restringir o suspender en los casos y bajo las condiciones que la Constitución establece, por lo tanto la libertad de las personas se restringe con base a lo previsto en el precepto legal número 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con la aplicación de la prisión preventiva oficiosa.

Con esta medida cautelar, se detiene al presunto culpable mientras se le investiga por el hecho que se le acusa y así obtener datos de prueba que servirán para decidir su situación legal.

Aunque también cabe mencionar que la jusiticia en México no es inmediata, por lo que es controversial esta decisión, ya que la prisión preventiva se le ha aplicado a gente que resulta inocente pero que ha pasado mucho tiempo privado de su libertad por el caso omiso que hace la autoridad.

Dicha Convención establece que el derecho a la libertad, a la presunción de inocencia, al debido proceso, a la integridad personal, etc. Son de los tantos derechos que se le restringen a los sujetos que se le impone la prisión preventiva oficiosa.

Aunque por otra parte, el Estado Mexicano implementa este tipo de medida con la finalidad de tener al sujeto a la mira y así evitar que ocasione más daño a la víctima o a la sociedad.

Sin embargo la prisión preventiva oficiosa se debe de imponer cuando exista la certeza de que realmente resulta como presunto culpable y de acuerdo a los requisitos que establece la ley sin vulnerar los derechos del sujeto.

Esta figura ha sido muy criticada porque puede vulnerar el principio de presunción de inocencia y el derecho a la libertad personal. En contraste, la prisión preventiva justificada sí requiere que el Ministerio Público demuestre ante el juez que es necesaria para evitar la fuga del acusado, la obstrucción de la justicia o el riesgo para la víctima o la sociedad.

Desde una perspectiva de derechos humanos, es problemática porque obliga a los jueces a encarcelar automáticamente a las personas acusadas de ciertos delitos, sin considerar si realmente representan un riesgo de fuga o de obstrucción de la justicia. Esto puede llevar a que personas inocentes pasen meses o años en prisión sin una sentencia, algo contrario a los estándares internacionales.

Por otro lado, quienes la defienden argumentan que es necesaria en un país con altos niveles de impunidad y corrupción, donde existe el riesgo de que los acusados de delitos graves evadan la justicia si quedan en libertad.

En mi opinión, lo ideal sería fortalecer la prisión preventiva justificada, donde el Ministerio Público deba demostrar ante un juez que la medida es realmente necesaria en cada caso. Esto permitiría un equilibrio entre la seguridad y el respeto a los derechos fundamentales.

En México existen problemas en su aplicación pues en la práctica, la prisión preventiva oficiosa ha resultado en el encarcelamiento de personas que después son absueltas o cuyos casos tardan años en resolverse. Esto contribuye al uso excesivo de la prisión y a la crisis de sobrepoblación carcelaria. Además, en un sistema de justicia con deficiencias y corrupción, esta medida se ha aplicado de manera desigual, afectando más a personas en situación de vulnerabilidad.

La prisión preventiva oficiosa debe ser eliminada o reformada para cumplir con estándares internacionales y garantizar que solo se prive de la libertad a quienes realmente representen un peligro, sin que esto se haga de forma automática y arbitraria.

Y no personal, entró en contradicción, debido que hay personas que son inocentes y tienen Que pasar en prisión preventiva durante su proceso, y siento que el principio de presunción de inocencia no se lleva a cabo debido a que la persona le imponen esa medida cautelar, sin antes, tener lo suficientes, medios y datos de pruebas .

He leído de casos sobre personas que resultan ser inocentes y perdieron ese tiempo dentro de prisión . de igual forma, hay personas que realmente es más que evidente que cometieron el delito y tienen esta medida cautelar, lo cual ayuda que las víctimas se sientan más protegidas con las leyes mexicanas gracias a esa medida cautelar , supuesto, donde las leyes mexicanas no tuvieran la presión preventiva y la persona. Realmente cometiera ese delito estaría libre y existiría el riesgo de qué esta persona vuelva a violentar a la víctima e incluso volviera a cometer el delito para que no encontraran pruebas en su contra.

Mi punto se queda en medio debido a lo anterior expuesto

Considero que existen delitos y circunstancias en su comisión en donde verdaderamente es la única forma de garantizar una eficacia en la investigación y en la administración de justicia, pero esto debe ser estudiado con detenimiento y no solicitarla solo porque la ley la contempla, si no, porque realmente es necesaria y no puede garantizar la seguridad de la victima, la investigación y que este no se sustraiga de la acción de la justicia, con otra medida cautelar

La corte interamericana de derechos humanos determinó que México debe eliminar la figura de prisión preventiva oficiosa por ser violatoria de derechos humanos, pero, en México se hizo caso omiso de dicha determinación y en su lugar ampliaron el catálogo de delitos "graves" que ameritan prisión preventiva oficiosa, esto genera ciertos problemas ya que en primer lugar estamos contradiciendo y desacatando a una autoridad internacional y en segundo lugar esto significa que más personas estarán en centros de reinserción social para llevar su proceso penal privados de la libertad lo cual es grave debido a que actualmente existe una sobrepoblación en dichos centros y esto genera que las personas privadas de su libertad tengan una calidad de vida deplorable.

considero que es un medio empleado de forma favorable pero en delitos que realmente se tenga certeza que son cometidos de forma dolosa

de justicia.

Pero considero que debería de emplearse dentro de las distintas etapas de su proceso pues si bien es cierto la prisión preventiva es empleada generando un daño menor(restricción temporal de la libertad del imputado) para proteger bien mayor (protección de la integridad de la victima o testigos, así como una investigación correcta y justa)

Los tratados internacionales buscan proteger los derechos de las personas.

que comprueben su culpabilidad para culminar, en este caso, en una pena privativa, no antes de esto se le puede violar el principio de inocencia.

Además, es una medida desproporcionada por ser general, sin valorar las particularidades (resulta relevante ponderar en cada caso, pues quien se restringe es la libertad personal del individuo) pero también ésta ha resultado ineficaz, ya que no mejora los niveles de investigación, ni disminuye la inseguridad o disuade la comisión de delitos, inclusive es onerosa para el estado.

Para culminar, la CoIDH se ha pronunciado respecto esta medida cautelar. Calificandola de inconvencional

Debido a que se ah dado la ocasión en la que el detenido es inocente y la persona responsable es liberada

En lo personal , sirve para proteger a la victima y de algún modo a el detenido , debido a que puede que como venganza atente contra la victima o en un escenario al revés, el detenido le quieran hacer daño siendo este tal ves inocente

De esta manera se podrá proteger diversos aspectos dentro del mismo proceso, esté lo solicitará el ministerio público.

Su objetivo es garantizar la comparecencia del imputado en el juicio y evitar que se fugue o entorpezca la investigación.

Porque muchos impuestos llevan años en prisión preventiva y si situación jurídica no ha sido resuelta.

Y también lo considero que está violentando a nuestro principio de presunción de inocencia):

México ha sido sujeto a controversias frente a este organo jurisdiccional internacional y sentenciado en casos como Garcia Rodriguez y otros vs México, asi como Tzompaxtle Tecpile y otros vs Mexico.

Por las que se resolvio y determino, la responsabilidad del estado mexicano por violar los derechos humanos de la libertad personal y de la presuncion de inocencia, por la imposicion per se de la PRISION PREVENTIVA OFICIOSA y del arraigo, en el marco del proceso penal del que fueron sujetos los anterior citados.

Sin embargo, existe una disyuntiva en la que nuestro tribunal constitucional se pronuncio respecto las resoluciones de ese alto tribunal internacional, a traves del pleno, al resolver la contradiccion de tesis 293/2011 y 20/2014. En la que de forma generica se puede decir, que se declararon las normas convencionales de rango constitucional; y por otro lado, se establecio que si en el marco del texto constitucional se establece una restriccion expresa al ejercicio de los derechos, el juzgador debe apegarse a lo recogido en la propia constitucion.

Por lo que una vez, dicho lo anterior, personalmente denoto problematica la relacion que guarda el sistema interamericano de derechos humanos y lo que establece nuestra constitucion.

Tarde o temprano se desarrollaran consecuencias por la omision del estado mexicano frente a las imposiciones de la CoIDH. Como resultado del reconocimiento de su jurisdicción.

Organismos como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la ONU han dicho que esta medida viola la presunción de inocencia y que la prisión preventiva debe usarse solo en casos excepcionales, después de que un juez evalúe si hay riesgo de fuga o de que el acusado obstruya la justicia.

El problema es que, aunque México ha firmado tratados internacionales que establecen esto, su Constitución aún mantiene la prisión preventiva oficiosa para ciertos delitos. Esto crea una contradicción legal: las normas internacionales dicen que debe eliminarse, pero las leyes mexicanas siguen aplicándola.

1.- que la victima u testigos corran peligro.

2.- que exista riesgo de fuga.

3.- entorpezca el procedimiento en su contra.

Si no hay alguno de estos supuestos, no veo la necesidad de que el imputado este en cautela.

Protegen derechos clave como la presunción de inocencia y el derecho a la libertad personal. La prisión preventiva, según estos instrumentos, debe ser una medida excepcional, no la regla, y debe ser aplicada solo cuando exista un riesgo real y fundamentado de que la persona afectada podría eludir la justicia, obstaculizar la investigación o representar un peligro para la sociedad.

Ventajas

1. Protección de la sociedad: La prisión preventiva oficiosa puede ser necesaria para proteger a la sociedad de un imputado que pueda representar un peligro para la comunidad, especialmente en casos de delitos graves o violentos.

2. Garantía de la investigación: La prisión preventiva oficiosa puede ser necesaria para garantizar que el imputado no obstaculice la investigación o no se fugue del país.

3. Precaución ante la gravedad del delito: En casos de delitos graves, la prisión preventiva oficiosa puede ser una medida necesaria para evitar que el imputado se beneficie de su libertad mientras se desarrolla el proceso penal.

Desventajas

1. Restricción de la libertad: La prisión preventiva oficiosa implica la restricción de la libertad del imputado, lo que puede ser una medida drástica y potencialmente injusta si no se fundamenta en pruebas sólidas.

2. Riesgo de abuso: La prisión preventiva oficiosa puede ser utilizada de manera abusiva por los jueces o fiscales, especialmente si no se cumplen los requisitos legales para su aplicación.

3. Impacto en la presunción de inocencia: La prisión preventiva oficiosa puede afectar la presunción de inocencia del imputado, ya que puede ser percibida como una medida que anticipa su culpabilidad.

Conclusión

La prisión preventiva oficiosa es una medida cautelar que debe ser utilizada con precaución y solo en casos en los que se cumplan los requisitos legales y se fundamenten en pruebas sólidas. Es importante garantizar que la medida se utilice de manera proporcional y no abusiva, y que se respete la presunción de inocencia del imputado. Además, es fundamental que los jueces y fiscales sean conscientes de las posibles consecuencias negativas de la prisión preventiva oficiosa y la utilicen solo cuando sea estrictamente necesario.

Argumentos a favor de la aplicación de prisión preventiva oficiosa

1. Protección de la sociedad: La prisión preventiva oficiosa puede ser necesaria para proteger a la sociedad de un imputado que pueda representar un peligro para la comunidad.

2. Garantía de la investigación: La prisión preventiva oficiosa puede ser necesaria para garantizar que el imputado no obstaculice la investigación o no se fugue del país.

3. Precaución ante la gravedad del delito: En casos de delitos graves, la prisión preventiva oficiosa puede ser una medida necesaria para evitar que el imputado se beneficie de su libertad mientras se desarrolla el proceso penal.

Argumentos en contra de la aplicación de prisión preventiva oficiosa

1. Restricción de la libertad: La prisión preventiva oficiosa implica la restricción de la libertad del imputado, lo que puede ser una medida drástica y potencialmente injusta si no se fundamenta en pruebas sólidas.

2. Riesgo de abuso: La prisión preventiva oficiosa puede ser utilizada de manera abusiva por los jueces o fiscales, especialmente si no se cumplen los requisitos legales para su aplicación.

3. Impacto en la presunción de inocencia: La prisión preventiva oficiosa puede afectar la presunción de inocencia del imputado, ya que puede ser percibida como una medida que anticipa su culpabilidad.

Normas internacionales relevantes

1. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP): El artículo 9 del PIDCP establece que "nadie podrá ser sometido a detención o prisión arbitrarias".

2. Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH): El artículo 7 de la CADH establece que "nadie puede ser sometido a detención o prisión arbitrarias".

3. Principios de las Naciones Unidas para la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión: Estos principios establecen que la detención o prisión preventiva debe ser utilizada solo en casos excepcionales y con estricta observancia de los derechos humanos.

Conclusión

En resumen, considero que la aplicación de prisión preventiva oficiosa debe ser utilizada con precaución y solo en casos en los que se cumplan los requisitos legales y se fundamenten en pruebas sólidas. Es importante garantizar que la medida se utilice de manera proporcional y no abusiva, y que se respete la presunción de inocencia del imputado.

Además, es fundamental que los jueces y fiscales sean conscientes de las normas internacionales relevantes y las apliquen de manera estricta para garantizar la protección de los derechos humanos. En caso de conflicto entre las normas internacionales y la legislación nacional, debe prevalecer la norma más favorable a la persona sometida a detención o prisión.