El descontento de vecinos por las presuntas inconsistencias los llevó a presentar recursos para frenar definitivamente el proyecto. Entre ellos una demanda de nulidad con medida cautelar (ante un Juzgado de Medellín) contra la Alcaldía de El Peñol, en cabeza de la Secretaría de Planeación, que revisa el cumplimiento de requisitos y da autorizaciones y licencias.

Aunque en esta región bañada por el embalse Peñol-Guatapé, de paisaje privilegiado y adornada por la emblemática piedra, es evidente la expansión de proyectos turísticos, la preocupación radica en que Yúniko contempla 223 unidades hoteleras con zonas comunes que incluyen spa, gimnasio, juegos infantiles, playa, muelle náutico y hasta cinema al aire libre.

El hecho de que todo se proyecta en un área de 7,8 hectáreas, según los representantes del proyecto, es una de las grandes discusiones. Las partes difieren en si el espacio es idóneo para el número de edificaciones y si la capacidad de la angosta vía de acceso a la vereda soportará el alto flujo de visitantes que se esperan. 

Los demandantes también aducen inconsistencias en la adquisición de la licencia de parcelación, que ya fue otorgada, así como en los trámites que adelantan para obtener la de construcción. Pero la historia tiene varias partes.

Puntos de desencuentro

Una de las pretensiones de los vecinos es que se revoque la licencia de parcelación entregada por la Alcaldía pasada, con el argumento de que esta se habría otorgado sin el cumplimiento total de los requisitos y con base en una normativa de ordenamiento territorial que no era la vigente en el momento.

En el documento de la demanda, conocido por EL COLOMBIANO, aseguran que la licencia de parcelación fue expedida el 16 de diciembre de 2019, bajo la reglamentación del Esquema de Ordenamiento Territorial (EOT) de 2005, seis días antes de que se aprobara la adopción de un nuevo EOT bajo el cual consideran que se debió acoger la licencia.

Sin embargo, Liliana López, directora administrativa de Planeación de El Peñol, explicó que sí los acogía el anterior EOT, que autoriza un mayor porcentaje de ocupación de tierra para iniciativas hoteleras (30%, frente al 15% que permite el nuevo). 

En todo caso, anotó Ignacio Suescún, gerente general de la empresa del proyecto, la construcción no alcanzará una ocupación mayor al 16,5% y aunque tienen permitidas unidades de hasta cinco pisos, ninguna superará los dos.

En la demanda de nulidad también argumentan que la licencia de parcelación se entregó sin cumplir requisitos como “la disponibilidad de servicios públicos y la notificación a vecinos como una garantía del derecho de contradicción y de defensa de toda la comunidad”.

Esto lo basan en una revisión del expediente que hizo el abogado apoderado del caso y coincidiría con lo dicho por Cornare a este diario: “Yúniko cuenta con permiso de vertimiento desde el 14 de diciembre de 2020 y con concesión de aguas desde el 15 de diciembre de 2021”. Pero la licencia de parcelación fue otorgada en 2019.

Por su lado, Suescún aseguró que inicialmente la entidad de acueducto veredal les dio viabilidad para usar su capacidad, pero que luego se habría echado para atrás, por lo cual recurrieron a otra forma de garantizar el servicio y obtuvieron permisos para captar agua de la represa, autorización ambiental para el vertimiento y un sistema de tratamiento y purificación para devolver el líquido en condiciones iguales después de usarlo. 

No obstante, los informes de resultados también dan cuenta de los llamados pasivos contingentes que abarcan posibles cuentas por pagar relacionadas con procedimientos judiciales, regulatorios y de arbitraje, impuestos y otras reclamaciones derivadas de la realización de actividades normales de las empresas.

Una revisión a los reportes de conglomerados como Bancolombia, Argos, Nutresa, EPM, ISA, Isagén, Une EPM Telecomunicaciones o Éxito, y a sociedades como Fabricato, Enka o Coltejer muestran partidas por más de $1,4 billones para atender estas eventualidades (ver gráfico).

Las administraciones de las compañías aseguran que estas contingencias son evaluadas teniendo en cuenta las mejores estimaciones, y para responderlas se establecen las provisiones necesarias para todo ese tipo de reclamaciones, validando la probabilidad de ocurrencia, e incluso calificando si esta es probable, posible o remota.

Las contingencias son provisionadas y registradas cuando toda la información disponible indique que es factible su ocurrencia, y que las empresas estarían obligadas en el futuro a realizar desembolsos para cubrir este tipo de eventos que sucedieron en el pasado, y los montos pueden ser razonablemente estimados.

Por lo general, para hacer una adecuada evaluación de la probabilidad y estimación de los montos involucrados, las compañías tienen en cuenta las opiniones de expertos internos y externos.

En la mayoría de casos, las empresas estiman que dichos litigios no afectarán de manera significativa su situación financiera o su solvencia, incluso en el supuesto de una conclusión desfavorable.

 
Cabezas de lista 

El escalafón de compañías con mayor volumen de provisiones para atender los litigios es EPM que contabilizó al cierre del año anterior $543.480 millones, cifra superior en 81,1% a la reportada en 2020, de $300.056 millones.

El aumento por $243.424 millones fue originado principalmente por siete acciones de grupo contra EPM y la futura central hidroeléctrica Ituango. Esta cuenta no incluye otra partida por $27.601 millones originada por la actualización de la provisión, la cual contempla el incumplimiento de noviembre de 2021 hasta septiembre 2023, al transportador de energía Intercolombia por los meses posteriores a la entrada en operación de la infraestructura de conexión de Hidroituango (ver Dicen de...).

El listado lo sigue Une EPM Telecomunicaciones (Tigo) que señala que el total de las reclamaciones suma los $447.854 millones, derivados de demandas interpuestas por Emcali, el Departamento de Antioquia, Comcel, y de algunos requerimientos hechos por la Dian.

 
Otros conglomerados 

El Grupo Argos explica que sus filiales hacen parte de procesos judiciales de diferente naturaleza, actuando tanto en calidad de demandante como demandada, y que dichos procesos por $256.036 millones vienen siendo atendidos diligentemente por parte de abogados calificados que han sido contratados.

Para estos conflictos que pueden ser de orden civil, administrativo, penal y fiscal la holding de infraestructura considera que el tiempo estimado de terminación oscila entre tres y ocho años aproximadamente.

Por su parte, ISA también reconoce que está inmersa en litigios y demandas en Brasil, Colombia y Chile, del orden de $135.744 millones.

Una de ellas corresponde a una acción de cobro interpuesta por Eletrobras contra ISA Cteep, en Brasil, en la que se solicita la devolución del valor cobrado en exceso de un contrato, y para lo que ISA dispone de una provisión por $27.993 millones.

A su turno, la generadora Isagén estableció provisiones por valor de $19.151 millones al cierre de 2021, para cubrir acciones legales en su contra. Entre ellas, dos asociadas a supuestas afectaciones causadas con la construcción del proyecto hidroeléctrico Sogamoso, en Santander.

Tampoco escapa a este tipo de contingencias el Grupo Bancolombia, que provisionó $51.155 millones. En ese contexto, la entidad financiera está involucrada en una Acción Popular en la que se considera que con la reestructuración de las obligaciones financieras del Departamento del Valle y el plan de desempeño suscrito por el ente territorial, supuestamente se violaron los derechos colectivos de la moralidad pública y del patrimonio del Departamento.

Las filiales de Bancolombia en Panamá (Banistmo), El Salvador (Banco Agrícola) y Guatemala (Banco Agromercantil) también atienden los requerimientos de las diversas autoridades que adelantan diversos procesos.

Otra sociedad del denominado Grupo Empresarial Antioqueño, Nutresa, dispone de una provisión por $1.453 millones para contingencias legales, aunque en su reporte anual no las precisa ni detalla.

El año pasado Ecuador obtuvo 706 millones de dólares por la exportación de plátanos al gigante euroasiático; 142 millones de dólares por camarones; 99 millones en flores; 28 millones por pescado y 17 millones por café.

Paraguay tenía a Rusia como su segundo comprador de carne bovina y en 2021 envió 79 213 toneladas que le representó una entrada de 314 millones de dólares y ahora con la desconexión de Moscú del sistema bancario internacional (swift) no sabe cómo cobrar ni enviar el producto. .

Con Brasil ocurre algo parecido. Este país vendió a Rusia en el período anterior, soja por 343 millones de dólares; 167 millones por carne de ave; 133 millones por café y 117 millones por carne bovina.

En cuanto a México, enviaba a esa nación autos, ordenadores, cerveza, tequila entre otros productos y compraba fertilizantes. Si le falta este suministro,  la agricultura tendrá pérdidas y se encarecerán los alimentos.

Esta situación provocará el acrecentamiento de la crisis económica en esas naciones con los consecuentes recortes salariales, despido de trabajadores, alza de los precios.

Las enormes presiones que ejerce Estados Unidos para que las naciones latinoamericanas se unan a la política de rusofobia que ha impuesto en el planeta al controlar los principales medios de comunicación, pueden agrandar esos problemas.

Por ejemplo, se detendría un acuerdo Intergubernamental de cooperación entre Rusia y Argentina para el uso de la energía nuclear con fines pacíficos, en particular en áreas de la investigación básica y aplicada, la construcción y la explotación de centrales y reactores nucleares.

Además, Moscú ha expresado su interés en participar en una licitación para la construcción de una instalación de almacenamiento en seco para combustible nuclear gastado en la central nuclear Atucha II en la nación sudamericana. 

Washington instrumenta todo tipo de extorsiones con ese fin: influencia política, promesas económicas y el chantaje, como ocurrió durante la reciente votación en la Asamblea General de Naciones Unidas para lograr la suspensión de Rusia del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Tras el sufragio, varios delegados expresaron que por diversos motivos se les había obligado a votar de esa manera.

Por el impacto de la guerra de “sanciones” de Occidente, el suministro de fertilizantes se ha visto afectado lo cual representa una amenaza para los agricultores  latinoamericanos, pero contrariamente resulta ventajoso para Estados Unidos que fabrica grandes cantidades de abono. Ya los productores norteamericanos están en busca de aumentar exportaciones a países de la región. 

Actualmente los precios de los fertilizantes se encuentran en su máximo histórico y en el primer trimestre de 2022 crecieron en un 30 % lo que supera los alcanzados en 2008 durante la crisis financiera mundial.

Con motivo de las “sanciones” los envíos desde Rusia se han interrumpido y este país es uno de los principales productores y exportadores a nivel global.

Moscú es el mayor exportador de fertilizantes nitrogenados y el segundo de fertilizantes potásicos y fosforados.

En 2021 el gigante euroasiático despachó abonos por valor de 12 500 millones de dólares. Entre sus principales compradores estuvieron Brasil y la Unión Europea con 25 % respectivamente, y Estados Unidos con 14 %.

Como es de esperar, si no llegan los fertilizantes, la producción agrícola en esos países se afectará en grado sumo.

Este complejo panorama aparece en momentos en que la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (ONUAA) informó que el índice de precios de alimentos alcanzó en marzo, 159,3 puntos, el máximo histórico, mientras que en febrero ya había batido el récord desde la creación del índice de costos en 1990.

El organismo agregó que entre las cinco categorías que componen el índice, cuatro nunca han registrado unos precios tan altos: aceites vegetales (248,6 puntos), cereales (170,1), productos lácteos (145,2) y carne (120,0). 

Dos de las categorías incrementaron en febrero los precios motivado por el conflicto ruso-ucraniano: los cereales en 17 % y los aceites vegetales en 23 %. Estos países en conjunto, exportan el 30 % del trigo y el 20 % del maíz que se consume en el mundo. 

Las perspectivas presentes y futuras para las economías latinoamericanas se consideran difíciles pues tendrán que enfrentar los altos costos de los productos alimenticios, sin aun reponerse de las enormes pérdidas provocadas por la pandemia de covid-19.

Como corolario se puede afirmar que la sarta de extorsiones impuestas por Estados Unidos, no solo a Rusia sino a más de 30 países en el orbe, están llevando a un abismo a varias naciones de América Latina.

Duque, tras firmar la orden para que el poderoso líder del Clan del Golfo, recluido en una cárcel de Bogotá, comparezca ante una corte del Distrito Sur de Nueva York, intentó calmar a las víctimas. “Una vez cumpla su pena por narcotráfico, tendrá que venir a Colombia a cumplir las condenas por los crímenes que también ha cometido en nuestro país”, sostuvo el mandatario. Pero las víctimas creen que se les va a escapar una oportunidad para saber la verdad sobre los asesinatos de sus familiares, los desplazamientos forzados y las violaciones a mujeres y niñas, entre otros muchos crímenes que se le acusan. “Nosotros creemos que allá se va a quedar la historia. En Estados Unidos solo lo juzgarán por narcotráfico, y qué va a pasar con todos los otros casos, con los asesinatos o con los jóvenes reclutados”, cuestiona la líder.