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Publicado el viernes 20 de mayo de 2022

En el marco del lanzamiento de la Campaña Federal INADI de Ushuaia a La Quiaca, la Jefa de Gabinete del INADI, Lorena González, participó junto a Néstor Jérez, responsable del área de Pueblos Indígenas del INADI, y Carolina Pérez de una reunión en el Colegio de Abogados de Jujuy sobre el “Protocolo para el abordaje en conflictividades de tierras y las comunidades aborígenes”, vigente a través de Resolución 2261/2021 MPA.

El mismo establece un procedimiento adecuado de intervención en Comunidades Indígenas Preexistentes en conflictos territoriales y con amenaza de despojo; es obligatorio para todos los Fiscales y Ayudantes Fiscales del Ministerio Publico de la Acusación.

El Protocolo se basa en legislación vigente, tanto en el art. 75 inciso 17 de la Constitución Nacional como el Convenio 169 de la OIT y ley 26160; y sistematiza e incorpora los criterios definidos por los Organismos Internacionales con competencia para establecer el alcance de los Instrumentos de Derechos Humanos.

El “Protocolo para el abordaje en conflictividades de tierras y las comunidades aborígenes” ya cuenta con antecedentes en el caso Comunidad Aborigen Las Capillas y Normenta Pacha del Pueblo Okloya y en el caso de la Inmobiliaria Remax en las Comunidades del Pueblo Kolla de la quebrada en la provincia de Jujuy; como así también las Adhesiones del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas y el Colegio de Abogados de la Provincia de Jujuy.

Se trata de una serie de criterios de ingresos y patrimonio que reducen el universo de potenciales beneficiarios de la medida. La novedad aparece en medio de una renovada presión del Fondo Monetario Internacional (FMI) para que el país prosiga con su plan de baja del déficit fiscal a pesar del deterioro en el crecimiento y en las exportaciones a causa de la sequía. Para lograr ese objetivo, el Fondo directamente apuntó a achicar el impacto de la moratoria, junto a otras medidas del orden fiscal.

No se trata de la primera vez que se aplican restricciones sobre las moratorias. Las primeras datan de 2014 y luego bajo el gobierno de Mauricio Macri se endurecieron. En el actual contexto, sin embargo, toman un carácter peculiar. 

El último informe del staff del FMI sobre la Argentina adelantó que "se están realizando esfuerzos para emitir un decreto y reglamentaciones que orienten el ingreso a la moratoria a quienes tengan mayor necesidad. Estas medidas, que podrían resultar en ahorros de alrededor del 0,2 por ciento del PBI, buscarían garantizar una fuerte verificación de recursos de los solicitantes basada en ingresos y riqueza y permitir el acceso solo a quienes hayan realizado algunos aportes al sistema de pensiones, no estén recibiendo otros beneficios y renuncien al acceso al tipo de cambio oficial”.

De acuerdo a la resolución general conjunta 3545/2023, publicada este lunes en el Boletín Oficial, para poder ingresar a la moratoria previsional la persona debe contar con un ingreso bruto mensual promedio en los últimos doce meses que no supere el límite vigente para acceder a la Asignación Universal por Hijo (AUH), que en la actualidad es de 316.731 pesos.

Asimismo, el gasto y consumo promedio mensual de los últimos doce meses anteriores a la fecha de la evaluación no podrá superar el 80 por ciento de ese límite de ingresos, es decir 253.384,80 pesos.

Por el lado patrimonial, la declaración jurada del Impuesto sobre los Bienes Personales no podrá ser superior a 2,4 veces anualizado el importe previsto para acceder a la AUH, esto es algo más de 9 millones de pesos. Tampoco podrá tener un automotor cuyo valor supere el importe anualizado de ese ingreso, que en el presente es equivalente a 3.800.772 pesos.

La reglamentación también precisó que las personas que quieran ingresar en la moratoria no podrán acceder al mercado de cambios para obtener divisas por un plazo de 12 meses a partir de la fecha de solicitud.

La ley 27.705 de Moratoria Previsional fue sancionada el 28 de febrero y establece un plan de pago para las personas que tienen la edad para acceder la jubilación, pero no poseen 30 años de aportes.

Se estima que unas 800 mil personas que tienen la edad pero no los 30 años de aportes podrían acceder a una jubilación. Los períodos a incluir en el plan comprenderán lapsos que sean anteriores a diciembre de 2008 inclusive.

Entre los requisitos previstos está cumplir con la edad jubilatoria (60 años para mujeres y 65 para hombres) o que se llegue a ella dentro del plazo de dos años desde la entrada en vigencia de la norma. El valor de la Unidad de Pago, es decir, de cada mes de aporte que se quiera saldar, es equivalente al 29 por ciento de la base mínima imponible de la remuneración, que podrán cancelarse en un máximo de 120 cuotas mensuales.

La base mínima actual es de 19.758,21 pesos, por lo que las cuotas mínimas rondarán los 5.729,88 pesos mensuales. A su vez, las cuotas no podrán ser superiores al 30 por ciento de la jubilación mínima, de 58.665 pesos actualmente, por lo que no excederán los 17.599 pesos.
Judith Elizabeth Arias

11 de agosto de 1994: un cambio de paradigma en derechos indígenas.
link: https://www.argentina.gob.ar/noticias/la-constitucion-nacional-incorpora-el-articulo-75-inc-17

Publicado el sábado 11 de agosto de 2018

Llegaban de distintos lugares, cargados con la memoria ancestral de sus pueblos, con luchas de cinco siglos, y con un mandato impostergable: volver a sus territorios con una victoria.

Los años previos a la reforma fueron de un arduo trabajo de las organizaciones indígenas para consensuar una propuesta que incluyera los principales derechos en el nuevo texto. Y, a su vez, para convencer a los convencionales constituyentes de que aprobaran la reforma.

Es que hasta ese momento, en materia indígena regía el artículo 67 inciso 15 de la Constitución Nacional de 1853, que establecía que le correspondía al Congreso Nacional “Proveer a la seguridad de las fronteras; conservar el trato pacífico con los indios, y promover la conversión de ellos al catolicismo”.

Ese jueves 11 de agosto, ya había caído la noche cuando la asamblea comenzó a tratar el tema de los derechos indígenas, en el Paraninfo (sala de celebración de actos públicos) de la Universidad Nacional del Litoral, en la ciudad de Santa Fe. Los referentes de las comunidades permanecían en silencio, expectantes, en los palcos.

A partir de ese día, el artículo 75 inciso 17 de la Constitución Nacional establece que corresponde al Congreso:

Por último, el nuevo marco supone asegurar la participación de los pueblos en la gestión referida a sus recursos naturales y demás intereses que los afecten, más allá de las provincias pueden ejercer concurrentemente estas atribuciones.

Moises Andrade

La Constitución de 1853 ubicaba a los indios en las fronteras, y recomendaba mantener un trato pacífico y procurar su conversión al catolicismo. En el programa nacional que la animaba, “los indios” representaban un problema de seguridad, al ocupar espacios destinados a anexar al territorio nacional. Con fuerte sentido reparatorio, la Constitución de 1994 les prometió derechos colectivos, pero estos derechos, enumerados en el art. 75 inc. 17, tardan en llegar o en efectivizarse.

Una de las normativas que reglamentan estos derechos es la ley 26.160, sancionada en 2006, que declara la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias del país con personería jurídica inscripta en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas, en organismo provincial competente o las preexistentes. El problema es que desde el momento de su sanción hasta la fecha, el Ejecutivo Nacional a través del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) no completó los relevamientos territoriales y por ese motivo la ley tuvo que prorrogarse tres veces. El año pasado, el Congreso directamente miró para otro lado, la prórroga tuvo media sanción en senadores pero no se trató en Diputados y el gobierno nacional tuvo que prorrogarla a través de un decreto de necesidad y urgencia, para evitar que se ejecuten desalojos suspendidos en todo el país.

Los pueblos originarios, con sus prácticas tradicionales y su especial relación con la tierra, cumplen una función vital para todos los habitantes de nuestra patria: evitar que el fin de lucro y la insensatez de una producción deshumanizada, termine con nuestras riquezas y degrade nuestro ambiente por completo. Los pueblos indígenas en Argentina están sufriendo el constante ataque de distintas formas de relación con los espacios que habitan, completamente distintas de las que ellos profesan. El modelo agroexportador, con su constante expansión sojera, la minería a cielo abierto y el petróleo, los proyectos de desarrollo inmobiliario, maderero, turístico, etc. amenazan todos los días y en todos los confines de nuestro país a los más de cuarenta pueblos que aún sobreviven en lo que hoy es Argentina.

Samantha Oreyano.

La iniciativa tendrá una duración de 18 meses y prevé poner foco en la producción de materiales fílmicos de las comunidades seleccionadas a partir de un diálogo permanente con talleristas con abundante experiencia en cine comunitario e indígena. Asimismo, a partir del convenio firmado con el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) capacitadores técnicos pertenecientes a la Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica (ENERC) brindarán cursos que fortalecerán los conocimientos técnicos de los grupos de cineastas indígenas.

Además se buscará promover la realización autónoma de producciones audiovisuales dotando a las comunidades con conocimientos en gestión de proyectos y equipamiento técnico. Para el cierre de las capacitaciones se organizará un festival con la participación de los jóvenes cineastas, quienes tendrán la oportunidad de proyectar sus producciones e intercambiar experiencias con los otros grupos.

Cabe destacar que este año UNESCO financiará con su Fondo Internacional para la Diversidad Cultural (FIDC) a 11 proyectos que impulsan la economía creativa global. La decisión fue aprobada durante la 16ª reunión del Comité Intergubernamental de la UNESCO para la Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales, organizada del 7 al 10 de febrero en la sede de la Organización.

Durante 2023, los proyectos del FIDC abarcan una amplia gama de actividades: desde la amplificación de la voz de cineastas indígenas en Argentina hasta la revisión de la actual política cultural nacional de Ghana, pasando por la recopilación de datos y estadísticas sobre las industrias culturales y creativas de Pakistán. La decisión del Comité de apoyar a 11 proyectos en 2023 -5 más que en 2021- se inscribe en el compromiso renovado de la UNESCO de fortalecer el apoyo al sector creativo y cultural, que todavía está recuperándose del impacto de la pandemia de la COVID-19.
Pablo Gelardi.

La crisis sanitaria agravó problemas históricos de discriminación y pobreza y trajo nuevas dificultades. Las comunidades sufrieron desde falta de agua potable a represión y desalojos de sus tierras. Un grupo de organizaciones alertamos sobre la situación y pedimos una respuesta urgente de parte del Estado federal y los provinciales.

La pandemia impactó sobre la vida de todas las personas, pero quienes ya estaban en situaciones de mayor vulnerabilidad fueron aún más afectades. Es el caso de las comunidades indígenas de nuestro país, y en particular, de las del noreste y noroeste, por el agravamiento de problemas históricos como la falta de acceso al agua potable, a los servicios de salud y a los medicamentos y la persistencia de los desalojos. Además, tuvieron que enfrentar nuevas dificultades, como la exigencia de cumplir protocolos que entraban en contradicción con sus modos de vida y prácticas culturales.

Frente a esta situación, las autoridades ignoraron la necesaria participación de las comunidades en los asuntos que las afectan e, incluso, permitieron los desalojos, la represión, el hostigamiento, la detención de sus referentes, su criminalización y estigmatización.

La falta de acceso al agua potable que afecta a muchas comunidades, y que es un reclamo histórico y persistente en el NEA y en el NOA, provocó problemas serios de subsistencia, debido a la postergación de las obras y la ausencia de alternativas para el acceso. Sin este bien indispensable es imposible cumplir con los protocolos sanitarios básicos recomendados por las autoridades.

Por mencionar sólo algunos ejemplos: la comunidad wichí de Pocitos, en Formosa, reclama desde 2015 mejoras para el acceso al agua potable. En noviembre de 2020 se organizaron para exigir respuestas ante la falta de agua para lavarse las manos y preparar sus alimentos, y la insuficiente cantidad de piletones que comparten con sus animales. La respuesta estatal fue una violenta represión a la protesta, la detención de integrantes de la comunidad y su criminalización con distintas figuras penales. Antes de su liberación, fueron trasladados a un centro de aislamiento a más de 400 kilómetros, para cumplir con las medidas de prevención del Covid.

La comunidad Cueva del Inca en Tucumán sigue sin poder acceder al agua potable y tampoco tiene luz por una medida judicial de no innovar que favorece el reclamo de un interés privado. Estas condiciones se sostuvieron a pesar de la pandemia.

Con frecuencia, los centros de servicios de salud pública de los territorios comunitarios no tienen los recursos e insumos suficientes. La mayoría de las comunidades del Pueblo Diaguita y Lule de Tucumán, por ejemplo, sólo tienen acceso a servicios de salud primarios o de baja complejidad (CAPs), con recursos limitados para hacer frente a la pandemia.

Al mismo tiempo algunos sistemas de salud pública provinciales no brindan un servicio con adecuación cultural de la atención médica para las poblaciones indígenas ni desarrollan estrategias para respetar sus cosmovisiones. Además, genera dificultades en la atención la falta de personal que hable lenguas indígenas.

Un informe de instituciones académicas de todo el país demostró que el diseño de políticas públicas para la prevención y tratamiento del Covid desconoce la realidad de las comunidades.

Por citar algunos ejemplos, en distintas provincias se restringió la circulación en rutas, sin tener en cuenta que de este modo las comunidades quedaban aisladas, sin acceso a bienes básicos, entre ellos la comida y los medicamentos. El gobierno de Tucumán abrió la circulación al turismo interno sin un acuerdo básico con las comunidades de Amaicha y Quilmes, del Valle Calchaquí, que tuvieron que autoaislarse.

La falta de conectividad a internet también excluyó a las comunidades de los programas de ayuda económica a los que sólo se podía acceder online. En Formosa, las comunidades wichí de María Cristina y Santa Teresa reclamaron por un cajero móvil para el acceso a haberes, pensiones y otros programas de transferencia de ingresos. Sin respuesta, en enero realizaron una manifestación. La policía provincial reprimió el corte de ruta, detuvo a 16 personas y luego las criminalizó bajo las figuras de resistencia a la autoridad y daños. Al igual que en Pocitos, antes de ser liberadas tuvieron que cumplir con el aislamiento obligatorio provincial en centros muy distantes de sus comunidades.

Durante 2020, decenas de comunidades fueron desalojadas, en clara violación a la normativa federal que suspendió los desalojos de comunidades indígenas.

En el norte, hubo desalojos en Salta, Tucumán, Jujuy, Chaco y Santa Fe. En julio, la comunidad guaraní Cheru Tumpa, de Colonia Santa Rosa, Salta, vivió un proceso de desalojo con heridos, incluyendo niñes y un bebé con un perdigón en la frente. En septiembre, algunas de las familias de esa misma comunidad, que habían permanecido en un sector del terreno, también fueron desalojadas. Noventa familias quedaron sin un lugar donde vivir. En octubre, la policía desalojó a cinco familias de la comunidad indígena de Tusca Pacha, en Palpalá, Jujuy. Las tierras, reclamadas por una inmobiliaria, estaban habitadas desde hace décadas. Durante el operativo destrozaron las viviendas e hirieron a miembros de la comunidad, incluyendo un niño. Estos son sólo algunos ejemplos de los despojos que vivieron las comunidades en plena pandemia.

En un informe presentado al Comité DESC de Naciones Unidas sobre el nivel de cumplimiento de la ley 26.160, organizaciones sociales denunciamos estos desalojos o sus amenazas, y señalamos preocupación por el escaso nivel de avance de los instrumentos de protección de la ley, como el relevamiento territorial y la marcada disparidad en su aplicación en todo el territorio nacional.

La policía reprimió manifestaciones, cortes de ruta y todo tipo de protestas de las comunidades indígenas por el acceso al agua potable y a servicios esenciales o en contra de políticas públicas implementadas de manera inconsulta por sobre sus culturas y sus costumbres. En algunos casos, supuestas faltas de cumplimiento de las medidas de aislamiento fueron utilizadas por las fuerzas de seguridad como justificación para el hostigamiento y persecución a comunidades indígenas.

En Formosa, el 28 de octubre de 2020 la comunidad wichí de Pozo del Oso reclamó la liberación de dos de sus integrantes que habían sido acusados de intentar cruzar el límite interprovincial entre Formosa y Salta. La respuesta fue una violenta represión con balas de goma y el arresto de 20 integrantes de la comunidad bajo la figura de atentado y resistencia a la autoridad. Los detenidos fueron trasladados a la ciudad de Las Lomitas y allí, como consecuencia de la detención, debieron realizar el aislamiento obligatorio. En la misma provincia, el 18 de enero la policía reprimió el reclamo de comunidades wichí en Ingeniero Juárez, quienes habían solicitado al Interventor del Hospital de la Ciudad información sobre los resultados de reiterados hisopados a integrantes de la comunidad. El operativo se desplegó con la policía montada y cuerpos de infantería. De los 4 detenidos bajo el cargo de amenazas a funcionarios del hospital, 3 eran mujeres. Al día siguiente, el reclamo por un banco móvil fue reprimido con violencia y con un despliegue policial inusitado que incluyó la presencia de 8 camiones, patrulleros y un camión celular previsto para el traslado de los 16 detenidos como consecuencia del reclamo.

En Fontana, efectivos de la Policía de Chaco, varios de ellos sin uniforme, irrumpieron durante la madrugada en la casa de una familia qom, sin orden de allanamiento, y les torturaron, golpearon y humillaron. También se conocieron otros hechos de violencia policial contra comunidades indígenas de esa provincia, como el ataque con balas de plomo contra la comunidad Washek a principios de abril y las denuncias de malos tratos contra los habitantes del barrio Toba en el marco del control de cumplimiento del aislamiento obligatorio. Si bien el gobierno provincial estableció canales de diálogo para intervenir en muchos de estos conflictos, condenó el gravísimo episodio y suspendió a los efectivos involucrados, resulta particularmente relevante poner en el centro de atención estas prácticas policiales sumamente violentas sobre comunidades indígenas.

Las condiciones históricas de discriminación y pobreza de las comunidades indígenas obligan a los gobiernos a establecer políticas específicas para atender su situación agravada en pandemia.

Es indispensable que haya mecanismos de participación y consulta en la toma de decisiones e información suficiente y adecuada para que esos mecanismos sean efectivos. El gobierno federal podría desarrollarlos dentro de los ámbitos de gestión que tiene con los gobiernos provinciales. También podría poner en funcionamiento canales para que las comunidades realicen sus reclamos y se agilicen las respuestas a sus necesidades.

A principios de 2020, el gobierno federal promovió en el marco del Consejo de Seguridad Interior un acta acuerdo para crear una “Mesa de Resolución Alternativa de Conflictos Territoriales con los Pueblos Originarios”, que intervenga en conflictos territoriales en la búsqueda de soluciones consensuadas. Hasta el momento, sólo tomamos conocimiento de la intervención de esta mesa en Río Negro. Es necesario que amplíe su intervención en otras provincias y conflictos y que las provincias comprometan su participación.

También resulta urgente organizar dispositivos e instrumentos efectivos para la eliminación de prácticas discriminatorias y estigmatizantes por parte de la policía y en el ámbito de la salud, la educación y la justicia. A la vez, tienen que desarrollarse instrumentos que aseguren una participación auténtica de las comunidades, con información clara, formulada de manera sencilla y desde un abordaje intercultural para el desarrollo de medidas de autocuidado y cuidado mutuo.

Los estados nacional y provinciales tienen que tomar medidas para garantizarles a las comunidades la seguridad en la tenencia de la tierra. Esto incluye avanzar en el proceso de relevamiento de los territorios de las comunidades exigido por la ley 26160 y adoptar las medidas necesarias para garantizar que nadie más pueda reclamar esas tierras. Además, el Congreso nacional tiene que sancionar las leyes demandadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos para fortalecer el marco normativo de protección de las comunidades: una ley de propiedad comunitaria indígena y una ley para la consulta libre, previa e informada de los pueblos indígenas ante cualquier decisión que afecte sus territorios ancestrales.

La SDH, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) y el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) llaman la atención sobre el proyecto de ley aprobado por la Cámara de Diputados de la provincia de Mendoza, en el cual se define que “los mapuches no deben ser considerados pueblos originarios argentinos en los términos del artículo 75 inciso 17 de la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales”.

Publicado el viernes 31 de marzo de 2023

El artículo 75 inciso 22 de la Constitución Nacional, a la cual todas las provincias están sometidas, otorga jerarquía constitucional a la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, por el cual Argentina está obligada a evitar “toda distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en motivos de raza, color, linaje u origen nacional o étnico que tenga por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos humanos y libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural o en cualquier otra esfera de la vida pública”.

Preocupa observar que, en ocasión de estar cumpliéndose 40 años ininterrumpidos de democracia, algunos sectores de nuestro país intentan hacernos retroceder con cuestiones ya saldadas en materia de respeto a los derechos humanos, como el hecho de que puedan ser cuestionados derechos reconocidos formalmente, por motivos raciales o de origen étnico. Agrava la situación que esta discriminación inconstitucional provenga de una institución de gobierno, como es una cámara legislativa provincial.

Debemos reflexionar seriamente sobre estas cuestiones y no dejarlas pasar. Este tipo de normas fomentan la reproducción de discursos de odio y legitiman prácticas muy peligrosas que ponen en jaque la garantía del Estado de derecho, la solidez de la democracia y de las instituciones.

Desde la SDH, el INAI y el INADI, solicitamos a la Cámara de Diputados de la provincia de Mendoza que revea la decisión tomada y dé una clara señal de que los derechos son iguales para todos y todas, sin distinción étnico racial.
Moises Andrade II

“El fallo marca un punto de inflexión respecto a la jurisprudencia federal y provincial que siempre ha sido muy reticente en reconocer el derecho a la participación política colectiva de los pueblos indígenas mediante sus instituciones”, explicó el director del Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas (Odhpi), Juan Manuel Salgado, quien llevó adelante la demanda.

El conflicto se inició en 2003, cuando la Legislatura de Neuquén sancionó la Ley 2439 de creación de la Municipalidad de Villa Pehuenia (en el noroeste provincial) dentro del territorio de las comunidades mapuches Catalán, Puel y Plácido Puel, sin haber realizado el procedimiento de consulta al que el Estado está obligado.

Luego de un largo proceso judicial, y sin haber tenido respuesta en los juzgados provinciales, el máximo tribunal del país sentenció a favor de la Confederación Mapuche y las comunidades indígenas.

La Corte Suprema condenó a la Provincia de Neuquén a que, en un plazo razonable, establezca una mesa de diálogo con las instituciones del Pueblo Mapuche para que implementen la consulta que fuera omitida al crear la figura administrativa-política municipal.

El fallo también ordena que se diseñen mecanismos permanentes de comunicación y consulta para que los pueblos originarios puedan participar en la determinación de las políticas y decisiones municipales que los involucren. Establece que el Tribunal Superior de Justicia de Neuquén será el encargado de controlar la ejecución de la sentencia y de recibir los informes con los avances logrados en la mesa de diálogo.

Jorge Nahuel, vocero de la Confederación Mapuche, celebró la decisión de la Corte Suprema y llamó a que jueces y fiscales tomen nota: “El Poder Judicial tiene una enorme tarea para ponerse al día con todos los avances de derechos del Pueblo Mapuche, derechos que el poder político de Neuquén pretende convertir en letra muerta. El pueblo preexistente Mapuche no permitirá un solo abuso de poder y ejercerá sus derechos”.

El Odhpi explicó que la Corte declaró la validez de la creación del Municipio sólo por los graves efectos que tendría declarar la nulidad después de tanto tiempo de funcionamiento, pero al mismo tiempo instó a que Provincia y Municipio subsanen las inconstitucionalidades y adecúen sus normativas y procedimientos que se cumplan los derechos de participación indígena vigentes en la Constitución Nacional y en los tratados internacionales de Derechos Humanos.

La Confederación Mapuche de Neuquén resaltó que es imprescindible recordar que la consulta previa es un derecho de los pueblos indígenas que está vinculada con el derecho a la identidad, a la integridad cultural y a las propias instituciones y costumbres. “Es una obligación del Estado desde el momento en que se modificó la Constitución Nacional en 1994 y se ratificó el Convenio 169 de la OIT”, afirmó la organización indígena.

El dictamen de la Procuración General (al que la Corte Suprema adhirió en sus fundamentos) también es innovador en cuanto a su enfoque respecto de entender la realidad indígena: “En el seno del Pueblo Mapuche las decisiones son tomadas a través de mecanismos e instituciones propias tales como los parlamentos comunitarios y los lonkos, que representan la autoridad moral e histórica de las comunidades. En estas condiciones, la creación de un municipio implica adoptar una estructura y un modelo de organización del poder que es ajeno a la cosmovisión y a las instituciones políticas de las comunidades indígenas”.

PREEXISTENCIA Cuando las palabras nos comprometen.

Esta no debe ser tomada como una frase retórica que sirva para cubrir apariencias, maquillando las políticas estatales de un supuesto indigenismo. Es lo que los indígenas que asistieron a la Asamblea reformadora de la Constitución Nacional en 1994 lograron; hicieron que los constituyentes miraran hacia atrás, vieran las raíces y reconocieran la legitimidad del reclamo indígena por su incorporación y la de sus derechos en el plexo constitucional.

Preexistencia es, según el diccionario de la Real Academia Española: “Existencia anterior, con alguna de las prioridades de naturaleza u origen” y desde este precepto toma la Constitución Nacional la noción de la palabra obligando a los estamentos del Estado nacional y a los provinciales a respetar los derechos que ella reconoce.

Es de considerar que la Constitución de 1853/1860 con sus reformas, siempre consideró a los indígenas como seres inferiores que debían asimilarse por su voluntad o contra ella, dejando de lado sus costumbres y espiritualidad. Reconocer la “Preexistencia” es aceptar, valorar y respetar las diferencias.

Es una contradicción hablar de preexistencia a la conformación de la Nación y a la vez calificarlos como “argentinos”, una maniobra  para legitimar las fronteras que no forman  parte de la visión geopolítica de los Pueblos Originarios.

Cuando el primer europeo pisó oficialmente el suelo de este continente, ya otros lo habían hecho extraoficialmente, hubo gente que lo recibió. Baste para esto leer la primera carta de  Cristóbal Colón  sobre su histórico encuentro.

Señor, porque sé que habréis placer de la gran victoria que Nuestro Señor me ha dado en mi viaje, os escribo ésta, por la cual sabréis cómo en 33 días pasé de las islas de Canaria a las Indias con la armada que los ilustrísimos rey y reina nuestros señores me dieron, donde yo hallé muy muchas islas pobladas con gente sin número; y de ellas todas he tomado posesión por Sus Altezas con pregón y bandera real extendida, y no me fue contradicho. A la primera que yo hallé puse nombre San Salvador a conmemoración de Su Alta Majestad, el cual maravillosamente todo esto ha dado; los Indios la llaman Guanahaní; a la segunda puse nombre la isla de Santa María de Concepción; a la tercera Fernandina; a la cuarta la Isabela; a la quinta la isla Juana, y así a cada una nombre nuevo.

Este texto muestra el supuesto derecho de conquista aplicado por Colón y que siguiera siendo utilizado durante siglos en los países americanos, incluso después de las independencias, y en nuestro país hasta 1994. Europa pasa por encima de culturas y civilizaciones para imponer  la  suya  como única, así se  propone una Argentina mono étnica que aún suena en la voz de algunos gobernantes, funcionarios y referentes políticos.

Lo cierto es que esa frase constitucional nos muestra, si no la ilegalidad sí la inmoralidad de los Estados al vender -o regalar- tierras que no le pertenecen, que fueron y son territorios indígenas. “Todos los títulos de propiedad otorgados por los Estados nacionales en América son inmorales” decía con voz clara y firme el Dr. B. Melià.

En 1816 las Provincias Unidas del Rio de la Plata declararon su independencia de la Corona Española y de toda otra potencia, gracias Dr. Belgrano, pero decidió no renunciar a  los  derechos de conquista heredados sobre los Pueblos Originarios y sus territorios, la propiedad territorial Comunitaria no fue devuelta, por eso no reconoció su preexistencia. Ni siquiera en el excelente artículo -para la época-  dedicado a ellos en la constitución de 1819.

Si se reconoce la preexistencia de los Pueblo Indígenas, y sabemos que todo cuerpo ocupa un lugar en el espacio, debe reconocerse que esos Pueblos habitaban, comían, sembraban, en algún lugar físico y que hoy sus descendientes, porque a pesar de las matanzas los hay, merecen y deben vivir en sus territorios.

Si usamos el Principio de Impenetrabilidad de los Cuerpos diremos que: “El espacio ocupado por un cuerpo no puede ser ocupado por otro cuerpo a la vez”, en consecuencia si la conquista significó desplazar a los indígenas lo más al sur posible en unos casos -paradójicamente tierras de altísimo valor mineral hoy-, en otros casos a las montañas y en otros más drásticos a las tumbas. Al reconocer la preexistencia indefectiblemente se debe reconocer el territorio.

Una nueva prórroga y cumplimiento de la ley 26160 (hoy 27400) y el dictado paralelo de una Ley de Territorios Comunitarios Indígenas sería acercar un poco a la Argentina a hacer justicia.

https://www.youtube.com/watch?v=6dgTdleFxTE&t=27s&ab_channel=PrensaATEMisiones

Dirigida a Luis de Santángel, financista de Colón y Escribano de Ración (prestamista), la carta fue publicada en abril de 1493 Fuente: http://aix1.uottawa.ca/~jmruano/colon.pdf


YEFE, ANALÍA

El derecho de los pueblos indígenas sobre las tierras que tradicionalmente ocupan no debería estar en discusión, ya que está expresamente reconocido en la Constitución Nacional y en el Código Civil. Sin embargo, los distintos gobiernos que se sucedieron desde 1983 no avanzaron en hacer realidad la letra de la ley. Al mismo tiempo, fuertes intereses privados han tenido éxito en despojar a las comunidades indígenas de sus territorios ancestrales. Esta vulneración de derechos llevó a que la Corte Interamericana de Derechos Humanos condene al Estado argentino en un caso presentado por la Asociación de Comunidades Indígenas Lakha Honhat de la provincia de Salta.

Testimonio de Cristina Pérez (Lakha Honhat, Salta)
https://youtu.be/a4Dj6V6STM4
La sentencia de la Corte IDH, entre otras cosas, dice que el Estado argentino debe aprobar e implementar una ley de propiedad comunitaria indígena. Pero los modos de ocupar el territorio de las comunidades indígenas no implican sólo alguna forma de seguridad jurídica en la tenencia (que es fundamental), sino también la posibilidad de llevar adelante las propias formas de vida en esos territorios. En este sentido, el avance de los desmontes y otras formas de afectación del medio ambiente es una preocupación central de muchos pueblos.
Marisol Andrade