El proyecto asegura acceso a la justicia ambiental, reduciendo conflictos socioambientales y promoviendo el respeto a los derechos colectivos de los pueblos originarios. Además, fomenta la paz y la convivencia pacífica a través de la gestión sostenible de recursos, como la pesca artesanal y el turismo ecológico. La transparencia y la lucha contra la corrupción son claves en la gestión de la reserva, garantizando que los fondos para su conservación beneficien directamente a las comunidades locales.