Según documentó el Centro de Memoria Histórica en el informe Silenciar la democracia, las víctimas, entre las que había una mujer que fue violada públicamente, fueron acusadas por los ‘paras’ de ser supuestas auxiliadoras de las Farc. Esta masacre hizo parte de una saga de crímenes que tuvo su punto más crítico en agosto de 1983 en el vecino municipio de Remedios, cuando por orden de Fidel Castaño fueron asesinadas en las veredas Cañaveral y Altos de Manila un número indeterminado de personas, de las cuales solo pudieron reconocerse 20 cuerpos.

Las víctimas pertenecían a una misma familia y una de ellas era menor de edad. Estas personas formaban parte de la comunidad que dirigía el sacerdote Bernardo López Arroyave. Este religioso salió huyendo de Santa Rita el día de la masacre porque había sido víctima de un atentado y acusado de comunista por su trabajo social. En 1987, el sacerdote López fue asesinado por ‘paras’ en Sucre. Luego de la masacre, familiares de las víctimas se desplazaron forzosamente de Santa Rita.

Estos hechos ocasionaron que algunos jóvenes y líderes campesinos de la zona se unieran al Eln, y crearan los frentes Bernardo López Arroyave y Carlos Alirio Buitrago, nombres que corresponden al del párroco y los hermanos Carlos y Alirio, asesinados en la masacre.

Los ‘paras’ mataron  a sus víctimas con machetes y varios tiros de pistola. Dos días después de esta masacre, los mismos paramilitares perpetraron la matanza de Honduras y La Negra, en zona rural de Turbo, Antioquia, en la que mataron a 20 trabajadores bananeros. En el mes y medio después de estas masacres, alrededor de 50 personas fueron asesinadas en hechos parecidos.

Desde mediados de los años ochenta, los hermanos Castaño organizaron grupos de paramilitares que asesinaron a cientos civiles en Antioquia. Su objetivo fue quitar parte de la influencia que las guerrillas de las Farc y el Epl habían alcanzado desde los años sesenta. Durante esos años, los ‘paras’ de Fidel Castaño mataron a un gran número de sindicalistas de fincas bananeras, militantes de la Unión Patriótica y de la Juventud Comunista Colombiana, así como asesinaron campesinos para apoderarse de sus tierras.

El M-19 tuvo aproximadamente 350 retenidos, entre magistrados, servidores judiciales, consejeros de Estado, visitantes y empleados del Palacio de Justicia, luego del ingreso de este grupo, la Policía Nacional y el Ejército Colombiano comenzaron una operación para retomar el Palacio que se prolongó hasta el 7 de noviembre. 

En total fueron 28 horas en las que el M-19, la Policía Nacional y el Ejército se enfrentaron, en total hubo 98 muertos, entre los cuales 11 eran magistrados, otros 11 fueron considerados como desaparecidos.

Según los datos del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), durante el transcurso del operativo, 12 personas fueron desaparecidas forzosamente, 4 fueron torturadas y un magistrado auxiliar fue desaparecido y luego ejecutado extrajudicialmente por agentes de la fuerza pública.

El motivo por el que el M-19 ingresó al Palacio de Justicia es porque denunciaban que meses atrás el ejército había incumplido el cese al fuego, luego de que según ellos, el gobierno de Belisario Betancur Cuartas incumpliera los Acuerdos de Corinto firmados el 24 de agosto de 1984.

“Las de Henry Pérez no fueron las únicas autodefensas del Magdalena Medio que incentivó el Ejército. Desde fines de los años setenta, un finquero mediano que cultivaba la tierra de su familia y criaba cerdos y gallinas, originario de Sonsón, Antioquia, y llamado Ramón Isaza, había ya formado su propio grupo armado para defenderse de la guerrilla”. Este grupo se llamó Los Escopeteros, pero había más grupos en esa región, que a mediados de los 80 operaban bajo las órdenes de Henry Pérez en lo que se denominó Autodefensas de Puerto Boyacá.

“En efecto, el periodo entre 1994 y 1997 fue de un intenso trabajo organizativo interno para darle un perfil político y militar más definido a lo que hasta el momento eran diferentes grupos dispersos en distintas regiones del país, sin un distintivo claro, uniforme reconocible, estatutos, propósitos públicos y una estructura de mando identificable” ( Romero, 2006).
Según el relato de Romero, crear una federación nacional, como se propuso Carlos Castaño, partiendo de una diversidad de intereses locales y particulares, la mayoría ligados a negocios ilegales, parecía imposible.

“Las condiciones para poder hacer parte del proyecto de federación era comprometerse a fondo con la lucha antisubversiva y adoptar los distintivos de las AUC. Cada frente era autónomo para desarrollar sus finanzas y relaciones locales, pero cualquier acuerdo con la guerrilla era considerado una traición. La ventaja para los jefes regionales de los aparatos ilegales era la participación en una organización nacional que podía negociar con mayor nivel de tolerancia para sus actividades, incluidas las ilegales. Además, la vinculación a la federación ofrecía la posibilidad de hacer parte de una negociación futura con el gobierno, y tener una puerta para un potencial regreso a la legalidad”.

Al momento de la masacre, las víctimas, entre las que había un capitán del Gaula del Ejército, un fiscal y un abogado, estaban acompañadas de Jhon Edison Giraldo Hincapié, un militar destituido que quedó herido en los hechos, y que en septiembre de 2010 fue condenado por orden del Tribunal Superior de Medellín a pagar 17 años de prisión por su participación en 2006 en un secuestro en el municipio de Girardota, Antioquia.

Fuentes oficiales aseguraron que la masacre fue perpetrada por una banda criminal. En la zona han delinquido bandas vinculadas al narcotráfico y el sicariato como la llamada ‘Oficina de Envigado’ y la que se hizo llamar ‘Águilas Negras’, nombre usado en diferentes zonas del país por varios grupos criminales que no tienen relación entre sí. Estas estructuras se caracterizan por estar conformadas por ex paramilitares y mantener un bajo perfil.

Orientar, diseñar y capacitar a los miembros del Sistema, en los procedimientos para obtener la declaración de que trata el numeral 1 del artículo 32 de la Ley 387 de 1997 y establecer, alimentar y mantener actualizado el Registro Unico de Población Desplazada;

Promover entre las entidades estatales que integran el Sistema Nacional de Atención para la Población Desplazada, el diseño y la elaboración de programas y proyectos encaminados a prevenir y brindar atención integral a los afectados por el desplazamiento;

Entre los derechos que la Corte observa mayormente vulnerados, están el derecho a la vida digna, a la integridad personal, a la igualdad, de petición, al trabajo, a la salud, a la seguridad social, a la educación, al mínimo vital y a la protección especial debida a las personas de la tercera edad, a mujeres cabeza de familia y a los niños. 

La Corte Constitucional declara el estado de cosas inconstitucionales frente a la situación de la población en situación de desplazamiento. 

Las víctimas incluidas en el Registro, según las circunstancias particulares de cada caso, podrán tener derecho a las cinco medidas de reparación contempladas en la ley. 

 Igualmente, fija los criterios técnicos para evaluar la superación de la situación de vulnerabilidad derivada del hecho victimizante de desplazamiento forzado, dentro de un proceso de retorno, reubicación en un lugar distinto al de recepción, o permaneciendo en el lugar de recepción.

En su accionar armado contra el movimiento campesino y la izquierda, la estructura armada de Fidel Castaño expresaba materialmente el rechazo de los ganaderos de la región de Córdoba las negociaciones de paz de la guerrilla con los presidentes Betancur y Barco. Asimismo, la defensa de las jerarquías locales rurales que sentían amenazadas por la presencia de las fuerzas guerrilleras. Los adversarios y víctimas fueron el movimiento campesino, sindical y las expresiones políticas de izquierda como el Partido Comunista, la Unión Patriótica, el Frente Popular y A Luchar ( Romero, 2003)

En este período apareció el modus operandi propio del paramilitarismo en el conflicto armado: la masacre como una modalidad de exterminar posibles redes de apoyo a la guerrilla y sobre todo para aterrorizar a la población civil, obligándola al desplazamiento para así arrebatarles la tierra ( García, 2016)

Allí se logró instalar un campamento permanente donde las Mujeres Caminando por la Verdad hacen veeduría al proceso de búsqueda de las víctimas de desaparición forzada. A este proceso se suman los componentes de atención psicosocial a las mujeres, que coordina la Unidad Municipal de Atención a Víctimas con acompañamiento de un equipo independiente de sicólogos -, y el de memoria, liderado por el Museo Casa de la Memoria y organizaciones sociales agrupadas en el Comité de Impulso de Acciones de Memoria para la Comuna 13.

La experiencia ha definido dos líneas importantes para el colectivo: la siembra y el arte, que se alimentan a través de procesos de formación, producción -agraria y musical-, comunicación y resistencia simbólica. Mediante una metodología del soñar haciendo, la filosofía de resistencia y cambio, y la pedagogía de lo cotidiano creando procesos de empoderamiento comunitario y de participación crítica. 

Es el cuidado y acompañamiento que se hace con el crecimiento de la semilla. El riego, el aporcar, abonar se hace desde Agroarte en la formación desde los sentires y haceres de las y los NNAJ (Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes).

Entendimos que la construcción no se hace solo, es necesario la unión comunal intergeneracional. Se inicio desde un proceso que agrupaba 50 niños y niñas que recibían formación artística y proyección de saberes barriales. A la fecha se ha esparcido la semilla y han sido más de 300 NNAJ que han multiplicado la metodología de Agroarte en su cotidianidad.

Plantas de memoria y rituales vivos: es una iniciativa de Agroarte para recordar el dolor por medio de la vida que da la naturaleza. Cada planta tiene el nombre de una persona asesinada o desparecida acompañada por una frase que es escrita por un familiar. Las plantas están sembradas en materas de barro o recipientes de plástico reciclados que son pintados, decorados y con una frase que su familia escribe como: su ausencia nos duele, ellos son el silencio del tiempo porque nadie los ha visto, júrame que no me olvidarás porque si lo haces ellos ganan, vivos se los llevaron, vivos los queremos. Entre otras. 

El Partido de las Doñas afianza los principios de Agroarte desde la analogía de planta-personas, territorio-cuerpo, campo-ciudad. Nos plantamos como aquellas plantas callejeras que se niegan aceptar la desaparición de nuestros hijos e hijas. Nos unimos al clamor de las mujeres latinoamericanas en la búsqueda de la verdad, justicia y no repetición de los hechos que aún no olvidamos. Somos plantas que renacen pues necesitamos florecer.

¡Multiplicando la Vida en huertas, balcones y terrazas!
ampaña para el intercambio de conocimientos, saberes y "piecitos" (esquejes) de plantas y semillas, entre personas que coleccionan y custodian distintas variedades de plantas y  semillas nativas, rememorando una práctica aprendida de las doñas de los distintos territorios. 

Reaprendiendo a sembrar desde el corazón, no con la técnica pero sí con la palabra tejida.

Existe una creencia popular que  se ha difundido por todo Antioquia acerca de la multiplicación de plantas por esqueje.

Las Doñas dicen en voz baja, "mañana me voy a robar un piecito", y la comadre responde, "¿pero por qué no lo pide? y ella dice, "porque si la pido no me prende". Caminan silenciosas y sigilosas   en las noches o madrugadas entre jardines y huertas, cortando esquejes, multiplicando la vida en balcones y terrazas.

Su proceso comienza a plasmarse en diciembre del 2013 en un espacio físico ubicado en la Carrera 97 # 43 – 41, el punto de encuentro donde las ideas y la creatividad convergen en pro de proyectos artísticos y culturales, con miras a un lugar para la visibilización, competitividad, referentes y cooperación.

Es un sueño inspirado por un ser de amor que habitó la tierra de raperos en la Comuna 13 de Medellín, Héctor Pacheco “Kolacho” quien lideró la causa por el arte y la cultura desde el Hip Hop para generar ámbitos sanos donde cada uno bajo un mismo credo luchara por su felicidad.

Este centro cultural es liderado por el colectivo C15 y Camaleón producciones, parches que a lo largo de su historia han aportado al proceso de formación y fortalecimiento del movimiento en Medellín.