''Los mayores avances en materia de armonización se han suscitado en el ámbito de la propiedad intelectual, dada la adhesión de una amplia mayoría de los países de la región a los convenios administrados por la OMPI” -Jorge Navarro Isla -Consultor. (UNCTAD).

Se menciona que en el ámbito de los delitos informáticos y de la seguridad de la información, hay importantes áreas de oportunidad en las leyes sustantivas y procesales de los países de la región. Las leyes de algunos países cuentan con medidas sustantivas o procesales, se encuentran incompletas respecto de este instrumento que constituye la herramienta de cooperación internacional más sólida para combatir la ciberdelincuencia como un fenómeno multijurisdiccional.

Vemos que la protección de datos personales es un tema que ha cobrado gran relevancia a raíz de una publicación de las leyes de la materia en México y Uruguay, así como de los avances en el proceso legislativo de Brasil y Colombia, sin embargo justo en Colombia aun la ley General de Protección de Datos que se encuentra en proceso de revisión por parte de la Corte Constitucional y que dará como resultado, una ley de protección de datos de aplicación general.

Mediante un informe elaborado por la empresa Norton, se dio a conocer que las actividades informáticas delictivas están en crecimiento a nivel global, incluyendo por supuesto a América Latina. En las estadísticas indican que las víctimas de los delitos informáticos aumentaron de un 10% a un 13% sólo entre el año 2011 a 2012. ( Esto sin tomar en cuenta el auge que han tenido las redes sociales y demás los últimos años, mencionar esto elevaría la cifra a un 50%).

Más allá de la estadística, y en relación a la propia problemática de la recolección seria de datos que permitan analizar el estado de situación, el estudio afirma que “obviamente, los incidentes cibernéticos incluidos en los informes de los gobiernos de los Estados miembros de la OEA representan solamente una fracción del número total de incidentes y otras formas de delincuencia cibernética que se llevan a cabo en la región. Pero sigue siendo sencillamente imposible en este momento recopilar datos que permitan obtener una imagen verdaderamente exhaus- tiva y detallada de la extensión de todos estos incidentes y actividades en las Améric- as y el Caribe, o en cualquier otro sitio. Como ya dijimos, el intercambio de infor- mación dentro de los gobiernos —incluso aquellos con la capacidad más avanzada en materia de seguridad cibernética— sigue quedando corto, en gran parte debido a las realidades prácticas de que múltiples organizaciones tengan que responder si- multáneamente a una gama de amenazas y blancos en constante evolución. Y muchas empresas privadas y otras entidades no gubernamentales siguen mostrándose reacias a reportar ataques o violaciones. Contabilizar el número de incidentes que afectan a los ciudadanos individuales plantea un desafío incluso mayor, en vista del porcentaje incluso más alto de ellos que pasan desapercibidos y no se reportan. Por último, la falta de colaboración generalizada y persistente entre las partes interesadas en todos los niveles dificulta todavía más recoger información sobre violaciones de datos.”

Menciona el abogado Marcelo en su articulo, que en cuanto a la metodología, se trabajo inicialmente en la recolección de la legislación aplicable en cada uno de los países pertenecientes a Latinoamérica, más precisamente de los siguientes países que se detallan a continuación por orden alfabético: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico República Dominicana, Uruguay y Venezuela.

Entre los diferentes límites fijados en los alcances de la investigación, se debe destacar que la misma recoge solamente la normativa vigente en países latinoamericanos en los aspectos de derecho sustantivo, no considerando dentro de los objetivos aquellos referidos al ámbito del derecho procesal penal. A modo general, se ha utilizado como recurso de normativas la biblioteca digital del Departamento de Cooperación Jurídica, dependiente de la Secretaría de Asuntos Jurídicos, de la Organización de los Estados Americanos, en la cuál existe una sección dedicada exclusivamente al estudio de los Delitos Cibernéticos.

En cada uno de los países se ha consultado y analizado la normativa específica (en caso de existir) y en sus códigos penales vigentes, ya que variadas ocasiones, aún no existiendo una legislación especial o reforma dedicada a la materia, se encontraron que algunos de los delitos analizados pueden ser sancionados a través de la aplicación de los tipos penales “clásicos”.

A partir del análisis de cada una de esas normativas, se ha configurado la realización de un cuadro comparativo que permite identificar a los países que poseen sanción penal para determinados delitos informáticos.

Los resultados publicados en dicho articulo expresan con claridad la falta de homogeneización legislativa en la materia, un desafío que necesita ser atendido por todos los Estados. Es prioritario que los países adopten decisiones políticas serias a mediano o largo plazo que permitan mejorar los niveles de coordinación, ar- monización y actualización normativa a fin de mitigar la existencia de paraísos legales en la región que favorezcan la ciberdelincuencia. Por otro lado, destacamos la necesi- dad de adopción de decisiones que destinen recursos necesarios para gestionar una estructura adecuada para la detección, investigación, persecución eficaz de los delitos informáticos.

Se ha analizado un panorama completo de la ciberseguridad en la región y, en este artículo, te presentamos las tendencias que consideramos que tendrán impacto en el escenario de la región durante 2024. Con el avance de ChatGPT y otras aplicaciones que incorporan tecnologías de inteligencia artificial generativa, se abre una ventana de oportunidad para fortalecer la ciberseguridad.

Recalcamos que un aspecto positivo es que la implementación de modelos de lenguaje avanzados podría potenciar significativamente la capacidad de la ciberseguridad: la inteligencia artificial permitiría mejorar la detección de amenazas, mediante sistemas que aprendan patrones de comportamiento y logren identificar anomalías de forma más precisa.

Sin embargo esta pagina web cita que, la misma tecnología podría ser aprovechada por actores malintencionados para orquestar ataques basados en la ingeniería social aún más sofisticados. Con los algoritmos de inteligencia artificial generativa se ha demostrado lo sencillo que puede ser generar correos electrónicos, mensajes o llamadas automatizadas que imiten de manera convincente a usuarios legítimos, por lo que se podría esperar para 2024 un incremento en este tipo de ataques. Se espera que la monitorización de actividades sospechosas se intensifique en aplicaciones de mensajería como Telegram y plataformas similares, ya que el cibercrimen ha ampliado su alcance desde la dark web hasta aplicaciones de mensajería de uso generalizado. Esta expansión subraya la necesidad de ajustar las estrategias de seguridad para abordar el dinámico panorama del cibercrimen.

Estamos desacuerdo con que el principal reto radicará en encontrar un enfoque que logre armonizar la seguridad digital con la preservación de la libertad individual. La búsqueda de este equilibrio se convierte en un elemento central para las estrategias de ciberseguridad, donde se busca garantizar la protección contra amenazas cibernéticas emergentes sin comprometer la privacidad y libertad de los usuarios.

Hay una enorme necesidad de implementar medidas preventivas se vuelve imperativa a lo largo de toda la cadena de suministro en la región, desde las grandes corporaciones hasta los proveedores más pequeños. La adopción de prácticas y tecnologías de seguridad sólidas en cada etapa se vuelve esencial para fortalecer la resiliencia frente a posibles ataques.

Las empresas deberán verificar la seguridad de los proveedores de servicios tecnológicos, especialmente en aquellas asociadas con infraestructuras críticas en Latinoamérica. Concentrarse en consolidar la confianza en toda la cadena de suministro, reconocer la interdependencia entre cada eslabón y proteger la integridad del sistema en su conjunto.

Este enfoque se convierte en un elemento clave para salvaguardar la continuidad y seguridad de las operaciones en la región frente a las complejidades y riesgos asociados con los ataques a la cadena de suministro.