aproximadamente, Panamá se obligaba a adoptar un plan para el manejo de las finanzas del sector público; a identificar las primeras (de todas las) empresas públicas que serían privatizadas; a presentar un plan para rebajar los aranceles de importación, eliminar las restricciones comerciales y reducir el número de productos sujetos al control de precios; a adoptar un programa de recuperación económica; a acordar con Estados Unidos el intercambio de registro de transacciones internacionales vinculadas al narcotráfico y un Tratado de Asistencia Legal Mutua. 

Estados Unidos, el país panameño quedo ocupado por los norteamericanos, los cuales

aprovecharon la posición de Panamá para firmar diferentes acuerdos y tratados. Entre

dichos acuerdos están: Entre dichos acuerdos se destacan dos Convenios de Donación, el

de julio de 1990, conforme a los cuales, a cambio de unos $350 millones

aproximadamente, Panamá se obligaba a adoptar un plan para el manejo de las finanzas

del sector público; a identificar las primeras (de todas las) empresas públicas que serían

privatizadas; a presentar un plan para rebajar los aranceles de importación, eliminar las

restricciones comerciales y reducir el número de productos sujetos al control de precios; a

adoptar un programa de recuperación económica; a acordar con Estados Unidos el

intercambio de registro de transacciones internacionales vinculadas al narcotráfico y un

Tratado de Asistencia Legal Mutua. Además de los Convenios de Donación, Panamá y

Estados Unidos suscribieron un "Arreglo entre el Gobierno de Panamá y el Gobierno de los

Estados Unidos de América sobre el apoyo y asistencia del Servicio de Guardacostas de los

Estados Unidos al Servicio Marítimo Nacional", el 18 de marzo de 1991, para realizar

operaciones policiales marítimas bilaterales dentro de las aguas territoriales de Panamá.

Todos estos tratados estaban lleno

de vanidad, ya que se habían firmado sin el consentimiento de los panameños.

agresión hacia nuestro estado por lo cual la comunidad internacional tiene la obligación

de no reconocer los hechos o beneficios que de ella derive la Potencia Ocupante, incluidos

los tratados suscritos en el marco de la ocupación militar. De allí que los tratados firmados

entre Panamá y Estados Unidos entre 1990 y 1993 realmente carecían y carecen de

validez jurídica ante el Derecho Internacional.

•Otra razón es la que nos señalan que dichos tratados eran y son nulos nace del hecho de

que todo tratado es suscrito entre Estados, que son entidades soberanas, y en el ejercicio

de su libre consentimiento. Pero, si bien Panamá no perdía sus derechos soberanos,

inconciliables por demás, la invasión le arrebató toda posibilidad de ejercerlos cuando

Estados Unidos destruyó al gobierno existente.

Ahora bien, el Tratado Salas-Becker de 5 de febrero de 2002, tiene el propósito confeso de

complementar o desarrollar el Arreglo de 1991, por lo que este último es considerado

como el Arreglo principal y fundamento del Tratado Salas-Becker. Dicho tratado da

seguimiento, actualiza o moderniza el Arreglo de 1991. Al margen de que el acuerdo más

reciente y contrario a lo que afirma el gobierno panameño sí incorpora nuevas normas y  

obligaciones no contempladas en el Arreglo de 1991.

  Panamá entra nuevamente en   acción   con   los   Estados   Unidos   por   este   acuerdo   que   afecta nuevamente su soberanía, en este caso es porque Estados Unidos al momento de encontrar un tránsito ilícito estos juzgaban con sus fuerzas y sus propias leyes; obviamente Panamá no hace caso omiso a esta situación ya que toda la población panameña estaba bastante cansada de que no se respetara las acciones internas en el país hiriendo una vez más nuestra soberanía que venía ya desde 1821 siendo golpeada, por eso Panamá hace un llamado de atención con lo que se planteó en un inicio para dicho Acuerdo a los Estados Unidos, que se cumpla lo establecido como lo es por ejemplo, que todo iba a ser sometido a la jurisdicción panameña, entre otros temas que se tocaron en ese momento.