Para la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), uno de los grandes temas que se debe trabajar en Latino américa es la mal nutrición, que es la combinación entre el hambre y la obesidad.
Colombia tiene la gran ventaja de ser un país diverso con altísimo potencial, podría ser parte de la despensa mundial de alimentos.
Comer bien se trata de tener tres alimentos balanceados en el día. En Colombia el hambre tiene rostro y paisaje.
 
El rostro es étnico, son indígenas y afrodescendientes. El paisaje es rural, la gran mayoría de estas personas están en zonas dispersas. Hay población urbana en esas condiciones, pero a ellos es más fácil para cumplir la tares, pues hay fuentes que permiten abastecerlos. El reto es en zonas rurales dispersas. Se debe solucionar por dos vías, primero con infraestructura, pues el hambre y la muerte por desnutrición van de la mano con la carencia de bienes y servicios.  La otra apuesta debe ser generar medios de vida dignos en las zonas rurales a partir de alternativas legales y asociativas que le den estabilidad a la gente, para que decidan quedarse en sus territorios en vez de llegar a las ciudades. 
Un tercio de los alimentos que se producen a nivel mundial se pierden o se desperdician y en Colombia la proporción es muy similar.

La Ley Monsanto se refiere a la empresa transnacional Monsanto, líder en la fabricación de productos químicos para la producción de alimentos, incluso, químicos que han sido utilizados para exterminar poblaciones como lo es el agente naranja. Esta ley beneficiará a todas aquellas empresas como Bayer, Sygenta, y otras, que controlan mucha de la producción de alimentos en el mundo. Igualmente busca legalizar la patente de la vida, organismos vivos, específicamente plantas de todo tipo, y sobre todo productos alimenticios, ya que da paso a que únicamente las “dueñas” de las patentes pueden utilizar libremente las semillas.

 

Esta ley atenta contra nuestra alimentación pues permite la entrada a organismos genéticamente modificados, es decir, transgénicos, que hasta el día de hoy están restringidos en el país; además, el control lo tendrá la empresa que vende la semilla, pues únicamente podremos sembrar semillas compradas en una agro veterinaria, es decir, se crea una dependencia hacia las empresas productoras de las semillas, así como se haría dependientes a las tierras de los productos químicos que facilitan la productividad de estas semillas, consolidando las ganancias económicas para las empresas y el empobrecimiento del resto de la población

Para mi está es una ley es  innecesaria, ya que los pequeños productores rurales dependen del mercado y organismos públicos como Indap, Prodesal y los PDTI (Programas de Desarrollo Territorial Indígena) que les entregan con créditos y subsidios semilla “mejorada”. Sin embargo, las empresas no toleran que haya campesinos que aún guarden la semilla. 

Durante el mes pasado el gobierno nacional de Macri, con la firma del ministro Buryaile, presentó la propuesta de modificación de la ley de semillas. Con esta nueva ley el actual INASE (Instituto Nacional de Semillas), pasará a ser un organismo con poder policial (similar al SENASA), con el objeto de controlar todas las plantas del país y sus semillas. Esto le permitirá un acceso liberado a cualquier campo u producto de la cosecha, producto elaborado o cultivo del país en cualquier momento, para controlar si el productor pagó efectivamente por los derechos de uso de su material genético. Si un productor agropecuario no cumple con la ley sembrando semilla guardada del año anterior, el INASE exigirá los derechos de uso de ese material genético, denominándose a las regalías de los mismos como “propiedad intelectual”. Así, solo mediante la firma de un funcionario del INASE, el estado podrá entrar sin orden judicial a los campos para verificar si los productores y campesinos están en regla. Los pagos de derechos de propiedad intelectual invocados son por las semillas o por las plantas utilizadas en los cultivos que fueran originados por las semillas (u otras formas de propagación) que estarían, virtualmente, “patentadas”. El INASE podrá poner multas millonarias y, mediante las fuerzas de seguridad (gendarmería, ejército, fuerzas policiales tanto federales como provinciales), podrá decomisar las semillas y/o destruir las plantas, incautar cosechas y hasta clausurar los campos. Esta reforma de la ley se acerca mucho a las exigencias de los tratados de libre comercio que, por ejemplo, suscribió Colombia con EEUU lo que, luego de los decomisos de semillas a campesinos, provocó en 2013 un paro nacional agrario histórico en ese país.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió al Gobierno colombiano en diciembre pasado que adoptara "las medidas necesarias para preservar la vida y la integridad" de niños y adolescentes ante la cifra de muertes por desnutrición en las comunidades Wayuu. E igualmente en febrero de este año, la Defensoría del Pueblo de Colombia anunció la ampliación de su alerta por desnutrición infantil en el departamento de Arauca (este), luego de que un niño muriera por falta de alimentos. El organismo criticó que en el país, especialmente en las zonas rurales de Arauca la situación del sistema de salud es muy precaria. “La preocupación que nos extiende es que ya nosotros como Defensoría habíamos anunciado los problemas que se estaban presentando en la Guajira y que ahora esto salga de la península y se convierta en un problema endémico de otras regiones del país es altamente preocupante .Por ello debemos tener en cuenta que los departamentos colombianos con más casos son Magdalena, con 17,2 por ciento, La Guajira y Tolima, con el 10,3 por ciento cada uno. Bogotá, César, Meta, Santa Marta y Valle, con dos casos por ciudad y Antioquia, Bolívar, Boyacá, Chocó y Cundinamarca, con un solo caso de desnutrición.

Para concluir, podemos decir, que Pese a que el Gobierno colombiano ha pretendido hacer alarde de supuestas políticas públicas aplicadas en la lucha contra el hambre y la pobreza, la realidad es otra, debido a que los organismos de salud no se ocupan de las regiones con menos recursos y la falta de alimentos también juega un papel fundamental. El último Protocolo de Vigilancia Pública reveló que el 86,2 por ciento de las madres de los niños que mueren registran bajo o ningún nivel educativo y pertenecen al estrato socioeconómico bajo.