En 2024, el Congreso peruano aprobó la Ley 32107, que permite la prescripción de delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra, incluso los cometidos durante el conflicto armado interno (1980–2000). Esto abre la puerta a la impunidad para casos graves como desapariciones forzadas, torturas y ejecuciones extrajudiciales.

• Permite que crímenes graves queden sin sanción judicial.

• Afecta el derecho de las víctimas a la justicia y la verdad.

• Contradice el derecho internacional y los tratados firmados por Perú.

• La Fiscalía y jueces han declarado que inaplicarán la ley por ser inconstitucional.

• Viola el principio de legalidad: contradice normas supranacionales.

• Debilita la independencia judicial, al imponer criterios que buscan cerrar procesos.

• Fomenta la impunidad, lo que pone en riesgo la democracia y la justicia.

• Derecho al debido proceso.

• Derecho a la tutela judicial efectiva.

• Derecho a la verdad, justicia y reparación.

• Igualdad ante la ley.

La Ley 32107 representa una grave amenaza para el Estado de Derecho y las garantías constitucionales en el Perú. Legalizar la impunidad en crímenes de lesa humanidad no solo afecta a las víctimas, sino que debilita el sistema democrático y el respeto a los derechos fundamentales.