La Convertibilidad establecía un vínculo cambiario fijo entre la nueva moneda argentina, el peso, y el dólar estadounidense. Popularmente se lo denominó “uno a uno″, y se consideraba que atando el peso a una moneda más estable como la utilizada en Estados Unidos, la volátil economía de nuestro país podía estabilizarse.

Pero tenía una condición: esa paridad obligaba al Estado argentino a tener un respaldo en reservas de la moneda circulante. Eso derivó en que se atase la emisión monetaria al aumento de los fondos en el Tesoro Nacional.

Inicialmente, la medida fue efectiva, tanto que el Gobierno calificó de éxito esa fórmula. No era para menos: en apenas un año la inflación se redujo del 1344% al 25%. Además, con esa receta se logró la estabilidad en los precios y aumentó la cantidad de capitales extranjeros no productivos.

Al mismo tiempo, la apertura de importaciones le permitió a la población acceder a productos internacionales a muy bajo precio, y también la posibilidad de que cientos de miles de argentinos pudieran viajar al exterior. Sucedió que al mismo tiempo, de manera silenciosa se estaba edificando la peor crisis de la historia argentina.

La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires contiene una parte dogmática en la que declara una serie de derechos y garantías para los ciudadanos, tales como la igualdad ante la ley, identidad de las personas, privacidad, libertad de expresión, libertad religiosa, propiedad privada y acceso a la justicia, entre otros. 

El título segundo comprende 20 capítulos que establecen las políticas especiales que la Ciudad debe desarrollar en distintas áreas de interés público, en ellos se formalizan los principios generales, los objetivos y las competencias que corresponden al Gobierno de la Ciudad en tales áreas. 

Las políticas son sobre: salud, educación, ambiente, hábitat, cultura, deporte, seguridad, igualdad entre varones y mujeres, niños, niñas y adolescentes, juventud, personas mayores, personas con necesidades especiales, trabajo y seguridad social, consumidores y usuarios, comunicación, economía, finanzas y presupuesto, función pública, ciencia y tecnología y turismo.

En cuanto a la organización de su gobierno, el poder está dividido en tres órganos: 

• El Poder Legislativo: ejercido por la Legislatura (unicameral) compuesto por 60 diputados/as, electos de forma directa con asignación de escaños según el sistema proporcional. 
   

• El Poder Ejecutivo: ejercido por un/a Jefe/a de Gobierno elegido de forma directa.
   

• El Poder Judicial: el Tribunal Superior de Justicia está compuesto por cinco (5) magistrados designados por el/la Jefe/a de Gobierno con acuerdo de los dos tercios del total de los miembros de la Legislatura. A su vez, crea el Consejo de la Magistratura con competencia en la selección de candidatos a la magistratura y Ministerio Público. 

También crea organismos de control como la Auditoría General, la Defensoría del Pueblo y el Ente Único Regulador De Servicios Públicos. 

Menem no pudo presentarse a las elecciones presidenciales del año 99 porque había sido reelecto en 1995, por lo que el candidato del Partido Justicialista fue Eduardo Duhalde. La crisis económica desatada a partir del fracaso del Plan de Convertibilidad condicionó el segundo mandato del ex gobernador riojano, y al difícil contexto socioeconómico se sumó una fuerte caída de la imagen pública de su administración tras varios casos de corrupción. La Alianza para el Trabajo, la Justicia y la Educación que había sido impulsada por el ex presidente y líder radical Raúl Alfonsín, entonces, logró imponerse por amplio margen en las elecciones generales con Fernando De la Rúa como candidato.

El 22 de diciembre de ese año, Videla, Menéndez y otros 28 represores fueron condenados a prisión perpetua por ser considerados responsables del fusilamiento de 31 presos políticos entre marzo y octubre de 1976. En el caso del ex presidente de facto, la condena apuntó específicamente a la “imposición de tormentos agravada por la condición de perseguido político de la víctima” en 31 casos y por 29 homicidios calificados por alevosía.

El proyecto fue presentado por el presidente en ejercicio, el peronista Alberto Fernández del Frente de Todos. Fue aprobado en la Cámara de Diputados por 131 votos afirmativos y 117 negativos, y en la Cámara de Senadores por 38 votos a favor y 29 en contra. Finalmente en diciembre de 2020 el Congreso Nacional aprobó la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, con el voto mayoritario de los parlamentarios del Frente de Todos, aunque también se registraron votos positivos en la mayoría de los otros bloques, en una votación calificada como transversal.​ La Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, fue aprobada simultáneamente con la llamada Ley de los Mil Días, estableciendo un sistema nacional de atención y cuidado integral de la salud durante el embarazo y la primera infancia.