El artículo 4˚ reconoce que toda persona tiene derecho al acceso, la disposición y el saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible.
El artículo 27 señala que las aguas son propiedad de la Nación y sienta las bases para que el Estado regule su aprovechamiento sostenible, con la participación de la ciudadanía y de los tres niveles de gobierno.
El artículo 115, por su parte, especifica que los municipios tienen a su cargo los servicios públicos de agua potable, derenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales.