- Principio de separación de poderes: La remoción de miembros de la JNJ por parte del Congreso atenta contra la independencia judicial, un pilar fundamental del Estado de Derecho.

- Artículo 146 de la Constitución del Perú: Este artículo establece la autonomía de los jueces y fiscales, y su nombramiento debe estar libre de presiones políticas. Al destituir a miembros de la JNJ, el Congreso vulnera esta norma, que busca proteger la independencia de las instituciones encargadas de administrar justicia.

- Causa grave para remoción: Según la Constitución, la remoción de los miembros de la JNJ solo puede darse por "causa grave", un criterio que no parece haberse cumplido en este caso.

Garantía constitucional defendida:

- Independencia judicial: La JNJ garantiza la imparcialidad y autonomía de los jueces y fiscales, protegiendo a la justicia de influencias políticas.

- Derecho al debido proceso: Se protege la independencia de las instituciones que deben asegurar la equidad en el proceso judicial, que es clave para los derechos fundamentales de los ciudadanos.

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CASO 2: Estado de emergencia en Lima y suspensión de derechos constitucionales

Leyes violadas:

- Artículo 2 de la Constitución del Perú: Este artículo garantiza derechos fundamentales, como la inviolabilidad del domicilio (inciso 9), la libertad de tránsito (inciso 11) y la libertad de reunión (inciso 12). La declaración del estado de emergencia en Lima ha suspendido temporalmente estos derechos, lo que genera preocupación por un abuso de poder.

- Principio de proporcionalidad: Las medidas excepcionales que limitan derechos fundamentales deben ser proporcionales a la situación de emergencia. Aunque se justifica con el argumento de seguridad ciudadana, la proporcionalidad de estas restricciones ha sido cuestionada.

Garantía constitucional defendida:

- Protección frente a abusos del poder: La inviolabilidad del domicilio, el derecho a la libre circulación y el derecho a la reunión son garantías que protegen a los ciudadanos de intervenciones arbitrarias del Estado.

- Estado de Derecho en situaciones de excepción: Se defiende el equilibrio entre las medidas de seguridad pública y el respeto a los derechos fundamentales, evitando que las restricciones se conviertan en un pretexto para violaciones más amplias de derechos humanos.

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CASO 3: Nombramiento de jueces del Tribunal Constitucional

Leyes violadas:

- Artículo 201 de la Constitución del Perú: Establece que el Tribunal Constitucional debe garantizar la constitucionalidad de las normas, y su composición no debe ser manipulada por intereses políticos. La interferencia del Congreso en los nombramientos del Tribunal compromete este principio.

-Convención Americana sobre Derechos Humanos: Perú está obligado a garantizar la independencia de los magistrados conforme a estándares internacionales. El proceso expeditivo y sin transparencia que se ha utilizado para nombrar a jueces del Tribunal Constitucional viola estos estándares, socavando el Estado de Derecho.

Garantía constitucional defendida:

- Control constitucional de las leyes: El Tribunal Constitucional es el guardián de la constitucionalidad, y su independencia es crucial para el respeto a los derechos fundamentales y el equilibrio de poderes.

- Acceso a la justicia y el debido proceso: Asegura que los ciudadanos tengan un recurso final para defender sus derechos frente a violaciones por parte de las autoridades.

- Artículo 2 de la Constitución del Perú: Este artículo garantiza derechos fundamentales, como la inviolabilidad del domicilio (inciso 9), la libertad de tránsito (inciso 11) y la libertad de reunión (inciso 12). La declaración del estado de emergencia en Lima ha suspendido temporalmente estos derechos, lo que genera preocupación por un abuso de poder.

- Principio de proporcionalidad: Las medidas excepcionales que limitan derechos fundamentales deben ser proporcionales a la situación de emergencia. Aunque se justifica con el argumento de seguridad ciudadana, la proporcionalidad de estas restricciones ha sido cuestionada.

Garantía constitucional defendida:

- Protección frente a abusos del poder: La inviolabilidad del domicilio, el derecho a la libre circulación y el derecho a la reunión son garantías que protegen a los ciudadanos de intervenciones arbitrarias del Estado.

- Estado de Derecho en situaciones de excepción: Se defiende el equilibrio entre las medidas de seguridad pública y el respeto a los derechos fundamentales, evitando que las restricciones se conviertan en un pretexto para violaciones más amplias de derechos humanos.

La publicación actual es de color Blanco.

La sección de la publicación actual es Sección 2.

- Artículo 201 de la Constitución del Perú: Establece que el Tribunal Constitucional debe garantizar la constitucionalidad de las normas, y su composición no debe ser manipulada por intereses políticos. La interferencia del Congreso en los nombramientos del Tribunal compromete este principio.

-Convención Americana sobre Derechos Humanos: Perú está obligado a garantizar la independencia de los magistrados conforme a estándares internacionales. El proceso expeditivo y sin transparencia que se ha utilizado para nombrar a jueces del Tribunal Constitucional viola estos estándares, socavando el Estado de Derecho.

Garantía constitucional defendida:

- Control constitucional de las leyes: El Tribunal Constitucional es el guardián de la constitucionalidad, y su independencia es crucial para el respeto a los derechos fundamentales y el equilibrio de poderes.

- Acceso a la justicia y el debido proceso: Asegura que los ciudadanos tengan un recurso final para defender sus derechos frente a violaciones por parte de las autoridades.