En la presente casación interpuesta por los acusados contra la sentencia la cual se resolvió condenando a los referidos como coautores responsables del delito de entorpecimiento al funcionamiento de los servicios públicos fueron detenidos por participar en una manifestación que bloqueó la carretera hacia la mina de Las Bambas ubicada en Apurímac la cual impidió el paso de camiones que transportaban cobre. Por esta razón, en marzo de 2019 fueron condenados a una pena suspendida de dos años de reglas de conducta y a pagar una reparación civil de 2 mil soles por el delito de entorpecimiento al funcionamiento de los servicios públicos. (Art. 283 Código Penal).

 

A la presentación del caso, contra el procesado Javier Arturo Ramirez Vera, se le imputa el delito de peculado por extensión. Este caso ocurrido se deriva de un convenio realizado entre FONCODES, quien se compromete a financiar el proyecto, y el Núcleo Ejecutor del Proyecto “Red Secundario San José JBIC III”, representado por Segundo Israel Delgado Barboza y Héctor Arévalo Burga; del cual se firma un Contrato de Locación de Servicios con el procesado a raíz de desempeñarse como residente en el ejercicio de dicho proyecto.  Al término de la obra la jefatura de FONCODES en su capacidad financiadora solicita la liquidación final de la obra, sin embargo, los investigados hasta la fecha no han entregado la Liquidación Final, a pesar de los innumerables notificaciones y requerimientos notariales.  Cabe resaltar que, en la Liquidación Final deberán ser sustentadas cada uno de los gastos realizados con documentos fehacientes de que el dinero otorgado haya sido utilizado en su totalidad en el proyecto. Asimismo, se describe en la demanda que el supuesto importe apropiado, siendo ésta no justificado con un documento contable, del cual se le imputa, es de S/ 197 soles.

 

El principio de "lesividad" se centra en proteger bienes jurídicos relevantes en el ámbito económico, como el patrimonio público y privado, la confianza en el sistema financiero, la libre competencia, la estabilidad económica, entre otros.

 

Para que una conducta sea considerada delictiva en el ámbito económico, debe provocar un daño efectivo o generar un riesgo real y concreto sobre un bien jurídico protegido. No se trata de meras infracciones administrativas, sino de actos que tengan una repercusión significativa en el ámbito económico.

 

Este principio busca evitar que conductas de menor gravedad o relevancia económica sean objeto de persecución penal, evitando una criminalización excesiva y garantizando la proporcionalidad en las sanciones.

 

El principio de "lesividad" implica la necesidad de establecer con precisión los elementos del delito económico, así como los criterios para determinar cuándo una conducta afecta de manera significativa los intereses económicos protegidos.

 

La aplicación del principio de "lesividad" tiene como objetivo principal proteger la economía y la sociedad en su conjunto, evitando que conductas dañinas afecten negativamente el bienestar general.

- Proporcionalidad en las penas

- Prevención y disuasión

- Protección de los intereses económicos 

- Responsabilidad individual y empresarial

- Investigación especializada

- Protección del bienestar general