Bloque III

“DEMOCRACIA Y ESTADO DE DERECHO”

QUINTO SEMESTRE CIENCIAS SOCIALES

Instrucciones: Elaborar un cuadro ilustrado con las principales características de la democracia. Para ello,  leerán el texto “Democracia, Acción ciudadana y vida cotidiana” de  de José Antonio Crespo, página (81-113) y realizarán las actividades solicitadas en el andamio 10.Propósito: Que el alumno identifique las características de la democracia en toda acción ciudadana.

“DEMOCRACIA, ACCIÓN CIUDADANA  Y VIDA COTIDIANA”

INTRODUCCIÓN

La democracia política suele ser entendida, en general como la forma de organización del poder público orientaba a prevenir, dentro de lo posible, el abuso del poder por parte de quienes lo detectan, para conciliar en algún grado satisfactorio la contradicción natural entre los intereses particulares de los gobernantes y el interés global de la comunidad social. 

Los diversos arreglos institucionales de la democracia político-representativa, como es la separación de poderes,  los límites constitucionales al ejercicio del poder, la universidad de la ley, la descentralización administrativa, el sufragio libre como mecanismo de selección de gobernantes, la circulación periódica de las élites, la libertad de expresión e información, etcétera, no son sino los medios más idóneos encontrados hasta ahora para facilitar la responsabilidad pública de los gobernantes. Cuando existen tales mecanismos, es posible inducir a los gobernantes a ejercer el poder dentro de ciertos límites que resulten tolerables al conjunto de la llamada sociedad civil, es decir, aquella parte de la comunidad política que no está integrada de manera formal a las instituciones estatales. 

La democracia pretende desarrollar un complejo institucional tal, que el interés personalista de los gobernantes y políticos logre equilibrarse con el bienestar ciudadano. Así bajo las reglas de la democracia, la conducta más racional para el interés particular de un gobernante será aquella que para el interés particular de un gobernante será aquella que en condiciones normales también convenga más el resto de la ciudanía, al menos como tendencia general. Por eso es que la pluralidad política y libre competencia constituyen un requisito para que el esquema funcione, al menos en una medida aceptable. Las reglas del libre mercado económico, que señalan que conforme  haya una pluralidad de competidores se puede moderar el beneficio de los oferentes en protección de los consumidores, operan de manera parecida en la democracia política, la cual después de todo no es sino la expresión política del liberalismo.

El propósito de este trabajo es reflexionar, a partir del enfoque realista de la democracia y con base en evidencia empírica disponible, acerca de la importancia que tiene la participación ciudadana en la instauración y mantenimiento de un régimen democrático. Se verá, además de qué manera en México tales principios generales están fundamentalmente desvirtuados, dadas las peculiaridades del sistema político mexicano, concebidos básicamente como un autoritarismo, pero relativamente más flexibles, adaptables e institucionalizados. Esta situación genera un problema básico desde el puto de vista ciudadano: la necesidad de movilización para frenar el abuso de poder se hace menos urgente  que en otros autoritarismos más represivos, pero, paradójicamente, el nivel de movilización para obligar al régimen a su democratización es mayor, dadas las fugas y válvulas de escape de la que dispone el régimen priista, fenómeno que contribuye frente al empuje ciudadano.

Hay dos premisas esenciales que subyacen en la filosofía política de la democracia.   

1) Las democracia política, vista desde la corriente del realismo político (en cuya tradición se ubican alguno de los más destacados teóricos de las democracia moderna como Maquiavelo, John Locke, Thomas Jefferson y James Madison), presupone una naturaleza humana predominantemente individualista, egoísta y racional, cuya motivación fundamental responde a las necesidades y ambiciones personales. .La corriente realista reconoce ciertamente excepciones, pero al serlo, no pueden ser tomadas como fundamento de una organización social de vastas proporciones.

 El sistema de controles, frenos y balanzas, característico de la democracia, responden precisamente a esta tendencia egoísta de la mayoría de los seres humanos. “Si los hombres fueran ángeles- dice Madison- ningún gobierno sería necesario.” No siéndolo, es necesario limitar el ejerció del poder, y establecer un sistema institucional del que se deriven consecuencias, positivas o negativas, al desempeño político de los gobernantes. Ésa es la esencia de la democracia. Incluso, “si los ángeles gobernaran a los hombres – otra vez Madison- no se requería de ningún control externo o interno sobre el gobierno”. 

2) La segunda idea central de la democracia es que el individuo constituye el centro y el objeto primordial de la actividad política y, por supuesto, de la democracia. En este sentido, la democracia trata de salvaguardar los derechos y el bienestar de cada uno de los miembros de la comunidad política frente a sus congéneres y el Estado. En principio la mejor forma de salvaguardar el interés personal, es permitiendo que cada quien tome las decisiones que le competen y le afectan, o participe en aquella que repercutirán en toda la colectividad de la que forma parte. Pero en una sociedad compleja eso se ha mostrado poco menos que imposible, además de que, en ciertas condiciones, sería perjudicial para la vida política, de ahí que el ideal democrático de la participación directa de todos los ciudadanos hubiese de adaptarse a los nacientes Estados nacionales de siglo XVII, a través de la democracia representativa. Esta presupone la extracción temporal de una reducida élite popularmente electa y políticamente responsable ante la ciudadanía, para tomar las decisiones colectivas y de carácter público.

Esta segunda conclusión surgió a partir de la siguiente secuencia lógica: a) Mientras más amplia y compleja es  la comunidad a gobernarse, mayores son los costos  de la participación  de todos  los componentes ( en términos del tiempo y el esfuerzo necesarios para adoptar una decisión), al grado en que mas  allá de cierto punto, la toma de decisiones se vuelve no solo poco rentable, sino imposible. Esa parálisis vuelve no sólo poco rentable, sino imposible. Esa parálisis equivale a la anarquía, entendida como ingobernabilidad e inestabilidad social.  De ahí la conveniencia- incluso necesidad- disminuir el cuerpo facultado para tomar decisiones. b) Por otro lado, mientras menor esa la élite encargada de tales funciones públicas, mayor será la probabilidad de que se tomen decisiones que favorezcan a unos pocos, relegando el interés de la mayoría precisamente; la mayoría excluida, la ciudanía común. Se establece así de  un continuo de participación ciudadana, uno de cuyos polos es  la participación de todos, lo que provocará la parálisis en organismos complejos y el otro aparece con la participación de uno solo (o un grupo reducido), que decide por todos. En este último caso, el riesgo que se tomen decisiones que le favorecen a él,  a despecho del interés de los demás, es considerable (a no ser que ese individuo  o grupo que represente unas de las épocas excepciones al egoísmo humano, como era el rey filósofo que pinto Platón en su República).

En la gráfica 1 puede observase que el punto de equilibrio que idealmente eliminaría las desventajas  de los extremos en que se encuentra (es decir, la anarquía y el despotismo)  los provee la democracia representativa. Esta proporciona mecanismos apropiados de selección de una élite gobernante en forma libre y competitiva, de modo  que sea posible llegar  a decisiones (es decir, que haya  gobernabilidad), y al mismo tiempo la pone bajo  cierto control del resto de los ciudadanos (es decir,  lo hace responsables públicamente).

Esto son los objetivos clásicos de la representación política a través de mecanismo que obliguen a los  representantes a tomar en cuenta las demandas e intereses de la colectividad general, o al menos del sector social que los eligió. Las tendencias predominantemente particularista de los individuos genera la enorme posibilidad de que  una vez electo, los representantes  den olvido a las desmandas e intereses de sus representados. De ahí la necesidad de dispositivos adicionales para garantizar el cumplimientos de su compromiso público, como la división de poderes, la libertad de información y la renovación periódica de los cargos de elección popular. Se establecen así estímulos y castigos de tipo legal y político a la actuación de cada representante de modo que se ve obligado a considerar el interés ciudadanos en el ejercicio del poder.

Sin embargo, este esquema solo puede funcionar, en principio, si se mantiene un nivel determinado de participación ciudadana, ni muy alto ni muy bajo. Si dicho nivel es muy alto, sobreviene la ingobernabilidad, y si es muy bajo,  el despotismo será la consecuencia más probable, pese a que la estructura institucional sea formalmente democrática. En este último caso, el proceso de vigilancias sobres los gobernantes quedará desvirtuados, y estos podrán ejercer el poder con impunidad y de manera particularista. El equilibrio democrático, como todos los equilibrios, es el más difícil de conseguir y sobre todo mantener. De ahí la rareza de las democracias en la historia. La acción gubernamental en cualquier tipo de régimen político, por su propia esencia,  tiende a ir en sentido contrario a la participación ciudadana plenamente autónoma, por lo que suele favorecer, consciente o inconscientemente, el desarrollo del despotismo. Dicha tendencias de los gobiernos ha de ser contrarrestada con la acción cívica de la ciudanía para salvaguardar  sus intereses básicos frente a los particulares de los gobernantes. La  democracia prevalece cuando  existe un equilibrio mínimo entre estas dos tendencias opuestas.  Cuando una de ellas prevalece por encima de la otra, se caerá en alguno de los dos extremos mencionados.

La dificultad de mantener la  democracia aumenta si se toma en cuenta que  incluso dentro del modelo democrático en la sociedad de masas de la era moderna, prevalece la tendencia a concentrar los hilos de poder  en pocas manos, de modo que se aplica la famosa “ley de hierro de la oligarquía”  del sociólogo Alemán Robert Michels, que solo una regular participación ciudadana puede mitigar, para conciliar de manera más o menos suficiente el interés personal de gobernantes y ciudadanos. Surge la paradoja de que, siendo la ciudadanía  el objeto central de la democracia, su carácter representativo deja en pequeñas elites el mayor peso en las funciones gubernamentales. Por diversas razones la ciudadanía se encuentra en una situación menos favorable para la promoción y defensa de sus intereses frente al Estado, y con toda la teoría democrática  insiste en la necesidad vital de cierto grado  de participación ciudadana para la sobrevivencia de  este  régimen y su funcionamiento satisfactorio.

LA ELITIZACIÓN DE LA POLÍTICA

En las organizaciones complejas -y no solo en ellas- existe una tendencia a constreñir la participación política a ciertos grupos  e individuos en exclusión fundamental del resto de sus miembros. Los diversos teóricos de las élites (entre los que destaca  Gaetano Mosca, Wilfredo Pareto , Robert Michels, y en más de un sentido Max Weber) estudiaron con profundidad esta tendencia hacia  la concentración de los medios necesarios  para gobernar en pocas manos, y su utilización para la preservación en el poder. Si acaso, una elite política podría ser sustituida por otra, pero difícilmente por la comunidad general. Son diversos los elementos que contribuyen a explicar esta tendencia elitista de la política. En principio, hay algunos individuos mejor dispuestos para el ejercicio del liderazgo, y más motivados  que otros para buscar el poder y sus beneficios con concomitantes.

Por otro lado, la búsqueda del poder exige cierto precio, que no todos estarían dispuestos a pagar: tiempo, energía, riesgos, esfuerzo, y la disposición  a recurrir a cualquier medio necesario para alcanzar el poder por encima de escrúpulos morales, todos ellos son costos de la competencia política, señalados por diversos filósofos realistas. Los escrúpulos y la moral humanista o parecen ser los mejores consejeros para el éxito político, salvo en condiciones excepcionales. Los riesgos que en ciertas circunstancias deben correrse  pueden llegar  también a ser llevados. Maquiavelo recomendaba alejarse del poder a quien deseara llevar una vida honesta y cristiana, pues la lucha política exigía medios frecuentemente alejados de la ética y el humanismo:

Son estos medios crudelísimos, no sólo anticristianos sino inhumanos; todos deben evitarlos prefiriendo la vida  de ciudadano a ser rey a costa de tanta destrucción del hombre. Quien no quiera seguir este buen camino  y desee conservar la dominación, necesita ejecutar dichas maldades.

Todo lo anterior sugiere la existencia de algo así como una “selección natural” del liderazgo político, en el que sólo unos cuantos individuos tienen las aptitudes y/o la disposición emocional necesarias para gobernar, y asumir los riesgos y costos que ello implica. De modo que la mayor parte de ciudadanos, incluso en los regímenes democráticos, opta por la autoexclusión para ser dirigentes políticos o gobernantes.   

Las características de las organizaciones sociales, sobre todo complejas y amplias, las necesidad de concentrar  en pocas manos las funciones decisorias para imprimirles eficacia, la dificultad para allegarse la información relevante y oportuna, hace otro tanto para excluir a la mayoría ciudadana del centro de las decisiones políticas. Hay algo más: Thomas Hobbes  apuntaba en su Leviatán que la racionalidad individual y colectiva aconsejaban la búsqueda del orden social y la protección frente a los demás,  aunque ello suponga pagar un precio en libertad individual, en favor de un Estado eficaz. Si el Estado a su vez cayera en abuso y arbitrariedad, ello era preferible para cada individuo en lo particular, siempre y cuando no rebasara cierto límite de tolerancia para el conjunto de los ciudadanos. De ser así, volvería a ser mejor  el caos y la ingobernabilidad a la tiranía, al menos en lo que se configurase un nuevo gobierno. Esto es, siempre y cuando un Estado no abuse demasiado de su poder, será más racional apoyarlo, o tolerarlo, que caer en el desorden. A partir de ello, puede explicarse que, históricamente, los periodos de estabilidad, incluso bajo regímenes despóticos, son más prolongados a los periodos de ingobernabilidad y violencia civil. También ayuda a comprender el porqué, después de periodos de convulsión  revolucionaria, la tendencia ciudadana acaba por apoyar el surgimiento de un poder fuertemente centralizado y monopólico.

Todo esto facilita que la balanza de la participación tienda a desequilibrarse a uno de sus lados: la baja participación, que favorece el abuso de poder por parte de sus detentadores. El único antídoto para equilibrar la balanza, previniendo el abuso de poder es, evidentemente,  el incremento de la participación ciudadana, al grado en que los gobernantes no puedan hacer lo que les plazca, o soslayen los intereses colectivos sin pagar un precio por ello.

Pero el ciudadano medio, no dedicado a la política ni interesado mayormente en ejerce directamente el poder, puede encontrar pocos estímulos y grandes dificultades para desplegar esa participación. Los costos de ello pueden percibirse como superiores  a los beneficios esperados de la actividad política, al contrario de lo que ocurre con los políticos profesionales, que esperan, y frecuentemente reciben, altos dividendos de su participación. De ahí que surja un círculo vicioso de no fácil disolución, favorable al despotismo y contrario al interés del ciudadano medio. Se puede decir, en resumen, que la actividad política genera una fuerte tendencia hacia la concentración del poder que favorece el descuido de los intereses colectivos por parte de los gobernantes en turno.

El valor de la democracia política consiste en que propone un ordenamiento institucional tal, que logra reducir significativamente al nivel necesario la participación ciudadana para prevenir, de manera sustancial, el abuso del poder y la arbitrariedad por parte de quienes controlan el Estados.   Esto es, gracias a la democracia, es posible mantener un nivel  mínimo suficiente de responsabilidad pública con un nivel relativamente bajo de participación ciudadana. Sin embargo, la instauración y consolidación de tal ordenamiento requiere, a su vez, de condiciones políticas especificas, y suele exigir en un principio grandes costos y esfuerzos por parte de la ciudadanía. Es decir, un nivel relativamente alto de participación  política es necesario en un punto de evolución política, para después hacer prescindible, siempre relativamente, una participación cotidiana e intensa por parte de los ciudadanos. Esto es, una democracia eficaz, una ves en marcha, logra reducir significativamente los costos individuales de la participación, pero al mismo tiempo disminuye la urgencia de la misma. Debe por tanto buscar un punto de equilibrio, en donde la motivación del ciudadano medio para participar coincida con su disposición mínima para ello. 

LA MOTIVACIÓN DE LOS CIUDADANOS

Al hacer la distinción entre ciudadanía por un lado, y  gobierno por otro, y al señalar las tendencias de los gobernantes a utilizar su posición política en provecho propio, no hay la intención maniquea  que a veces aparece en la literatura de los movimientos populares y democráticos. La ciudadanía o el pueblo no necesariamente están sacralizados con un manto de honestidad, altruismo y elevados ideales, frente al particularismo y mezquindad de los políticos profesionales. Los ciudadanos también suelen buscar sus intereses más personales  e inmediatos. Si los políticos tienden a abusar del poder, no es por otra razón más que comparten, como otros ciudadanos, grandes ambiciones personales, pero desde el poder pueden buscar su satisfacción, más fácilmente que fuera de él. El cálculo racional del costo-beneficio tiene un papel fundamental en la explicación de la conducta política de grupos e individuos, estén en el poder o no.

La tendencia hacia la relativa despolitización ciudadana que aparecen en distintos estudios empíricos incluso en los países  democráticos, se debe en parte a que la relación de costo-beneficio es distinta entre los políticos profesionales el ciudadano común. El primero puede esperar enormes beneficios de su actividad política: en dinero, influencia, poder y prestigio. El segundo, en cambio, en condiciones normales, probablemente espere beneficiarse de manera menor e indirecta de su acción cívica, sobre todo en sociedades complejas. Ello depende, desde luego, de varios factores, como son la estructura política vigente, el nivel socioeconómico del ciudadano en cuestión, su ocupación profesional, la coyuntura político-social por la que atraviesa su país, etcétera. Pero en términos generales, el ciudadano común, incluso en un régimen democrático, tenderá a dedicarse más de su tiempo y esfuerzo a una actividad que le rinda beneficios más sustanciales y directos, que a la política, si ésta ofrece beneficios indirectos y difusos. Si bien esta actividad no está relacionada directamente con la política, entonces su participación cívica tendrá a ser baja, incluso quizá nula.

En este sentido, la participación política ha sido idealizada por diversos enfoques teóricos como algo inherente a la naturaleza humana, como un resultado óptimo de la modernidad social, o como consecuencia de los más altos ideales de los individuos. La participación política se ha presentado como un fin en sí mismo, un bien deseado por los todos los individuos bajo cualquier circunstancia. La lucha democrática de los pueblos aparece en esta óptica como la conquista de ese derecho perenne los individuos. Sin embargo, desde la perspectiva realista, la participación política es un medio para promover los interese personales o colectivos más inmediatos, que exige un costo para quien la despliega. Ese costo solo será asumido cuando se percibe como una inversión con altas probabilidades de ser redituable. De lo contrario, los ciudadanos rehúyen la participación, pues puede resultar sumamente gravosa desde una perspectiva personal, en tiempo, esfuerzo, riesgos, etcétera.

De modo que, en lo posible los ciudadanos en general tienden a reducir la participación a sus niveles mínimos necesarios para obtener lo que buscan si los intereses personales fueran protegidos y promovidos por alguna instancia superior que no exigiera la necesidad de participar, la mayoría quizá optaría por una menor presencia por una menor presencia en la arena política. La participación en términos generales es entonces más que de un objetivo per se, de un medio necesario - aunque costos- para la satisfacción de las demandas sociales y la promoción de los intereses personales (o colectivos pero vinculados al bienestar de los participantes). Evidentemente hay excepciones, ciudadanos que dedican más tiempo del necesario a la actividad política, movidos tal vez x un interés indirecto en ella (un pasa tiempo estimulante), por altos ideales abstractos de libertad, democracia y justicia, o incluso altruismo y solidaridad hacia grupos desprotegidos en algún sentido. Pero tales casos son atípicos, por lo que no pueden ser tomados como eje de una filosofía de la participación política es así más probable que las grandes exposiciones cívicas populares a lo largo de la historia, que han derivado en la instauración de un régimen democrático socialmente orientado, deban explicarse más por un hartazgo hacia el despotismo en lo mayoría de los ciudadanos movilizados, por un exceso de abuso de poder por parte de gobiernos autocráticos, y por una situación cívica intolerable, que por el deseo consiente y razonado de conquistar el derecho a la participación política regular, o por altos ideales internalizados en los sectores movilizados. La desprotección de los intereses personales por parte de los gobiernos no democráticos puede provocar el impulso racional de participar para cambiar las cosas. Pero dados los costos y riesgos que ello representa, sobre todo en regímenes despóticos, la profundidad del agravio-económico, político o social- provocado por los gobernantes, tiene que ser sumamente elevado. En tal caso, el individuo sentirá como más costosa la inercia y la conformidad con el orden de cosas, que los riesgos de movilizarse en del  régimen en que vive.

El mito de la participación política

Las teorías clásicas del desarrollo político han establecido una relación directa entre la modernización social, el desarrollo económico y la participación política. En efecto, las variables asociadas a los primeros dos procesos suelen estar vinculadas a una mayor disposición y facilidad para la participación. Se puede decir que mientras mayor es la inserción personal en la modernidad social y más alto es el nivel socioeconómico, de los costos de la participación política suelen disminuir, y las retribuciones de ellas pueden incrementarse.

Numerosos estudiosos empíricos han comprobado que en efecto dicha relación causal existe sobre todo en los países industriales, donde surgieron tales enfoques teóricos, pero no sólo en ellos. También en países en modernización, la población más escolarizada, informada, urbanas y pudiente suele tener mejores armas para la participación política autónoma, y obtener un mejor provecho de ella. Ello llevó a pensar a  diversos estudios clásicos que, conforme avanzara la modernización social y se elevara el nivel de vida de los ciudadanos, la participación política se iría incrementando hasta alcanzar, en algún momento, a la mayoría de la población. La intensidad de esa participación también se incrementaría, pues estaríamos frente a una ciudadanía mejor informada, más escolarizada, con un mejor nivel de vida, y por tanto, más consiente políticamente.

La participación creciente, conforme se modernizara la sociedad, permitiría a instaurar en un primer momento un régimen democrático, mismo que estimularía todavía más la participación ciudadana, hasta acercarse al ideal de la democracia participativa o directa, en la que todos los ciudadanos toman parte de las decisiones que les afectan, con conocimiento de causa satisfactorio.

Esta hipótesis, lógica a todas luces a partir de sus propias premisas, ha dado lugar sin embargo a una visión altamente idealizada de la participación política en las sociedades modernas, que no parece encontrar pleno eco en la realidad. Como es bien sabido, en las sociedades modernas, los ciudadanos tienen altas lagunas de información política, muy lejanas a las que presentan las élites gubernamentales de su mismo país y de los profesionales de la política. La distancia entre un grupo y otro sólo es ligeramente menor de la que prevalece en sociedades menos desarrollas. Por otra parte, la disposición a la participación a la participación en tales sociedades tampoco corresponde a lo que el modelo ideal espera. La participación es selectiva, intermitente y suele ser de poca intensidad, salvo en momentos cruciales en que se ven amenazados los intereses personales.

Que la participación en si misma no representa un móvil para la ciudadanía, lo refleja el hecho que en algunas democracias la legislación hace de la asistencia a las urnas una obligación, cuyo incumplimiento se sanciona legalmente. En tales casos, el nivel de sufragio es consistentemente superior al de aquellos países que no tienen tal requerimiento. Igualmente, cuando el Estado asume la responsabilidad del registro ciudadano para los comicios, en lugar de que tal proceso corra exclusivamente por cuenta de los ciudadanos, el nivel de votación es superior. En Estados Unidos la abstención no está penalizada, y la obligación de registrarse es exclusiva del ciudadano, lo que explica en parte que en ese país se registre una de las tasas de participación electoral más bajas (que orbita por el 56 por ciento, si bien en los comicios legislativos de 1990 sólo participó el 36 por ciento del electorado).

De nuevo, los ciudadanos establecen un cálculo racional para asistir o no a las urnas. Cuando por alguna razón se elevan los costos de sufragar, así sea en pequeños montos, ello suele reducir drásticamente los niveles de asistencia a las urnas. Y viceversa, cuando algo muy importante está en juego en las elecciones, entonces las participación generalmente se eleva. Pero, ello no sólo sucede en los países industrializados, sino también en los de menor desarrollo; por ejemplo, cuando atraviesan por una fase de democratización política.

En la realidad, las cosas parecen ser a la inversa de lo que se pensaba sobre la relación existente entre democracia y nivel de participación política, en lo que podríamos llamar el “modelo real” de dicha participación. Si bien es cierto que existe una relación causal directa entre modernización social y participación política, de modo que en las primeras etapas de aquélla se registra un claro aumento en la participación, ello responde a la necesidad que siente la población de involucrarse en alguna forma de acción política para defender sus intereses frente a un régimen autocrático, poco democrático, excluyente de las mayorías o negligente frente al interés ciudadano. Al mismo tiempo, la modernización va dando los elementos para desplegar una mayor y más eficaz participación cívica, de modo que los indicadores de inclusión individual, en el proceso modernizador están directamente relacionados con una tasa mayor de participación. Ello suele explicarse a partir del menor costo de votar para los sectores que disponen de mayores ingresos, más información y escolaridad, ubicación en zonas urbanas, ocupaciones no manuales, etcétera.

Esto último puede llevar, bajo ciertas condiciones, a la instauración de un régimen democrático, el cual, en la medida en que se consolida y se hace eficaz, permite a la población disminuir su participación, “despolitizarse” en alguna medida, sin que ello implique que los intereses particulares de la ciudadanía queden desprotegidos nuevamente. Es cierto que los niveles de presencia en las urnas, en los regímenes democráticos, suelen ser elevados en la mayoría de los casos, por ello se explica en parte a los bajos costos de dicha actividad, aunada al esfuerzo que suelen hacer los gobiernos para disminuir todavía más el esfuerzo requerido, y alentar así a los ciudadanos a asistir a las urnas. Pero la participación electoral es, como se dijo, relativamente menos exigente y penosa que otras formas de participación. Se puede decir entonces que las democracias no provocan la caída total de la participación; simplifican y la facilitan, haciéndola más institucional y menos intensa que en los periodos de cambio político. La participación no institucional, que suele ser fundamental en regímenes despóticos para lograr resultados, siendo más costosa y riesgosa, tiende a la baja en los regímenes democráticos, y es sustituida gradualmente por lo menos exigente participación institucional. La racionalidad de cada uno de estos tipos de participación cambia según el sistema político en que se despliegue.

Precisamente porque el nuevo régimen, con su institucionalidad específica, permite vigilar la acción de los gobernantes, es que el ciudadano medio puede “retirarse” en  cierta medida de la arena política, para retomar a la esfera de lo privado. Los costos de participar, que pese al ambiente democrático siguen existiendo para el ciudadano común y la menor urgencia de su intensa presencia para la salvaguarda de sus intereses, establecen una nueva relación de costo- beneficio, en la que lo racional para cada individuo es, en condiciones normales, dedicarse en menor grado a la política, salvo que ésta constituya o esté íntimamente relacionada con su fuente de ingresos o profesión. Solo cuando el ciudadano ve alterada su situación, de modo que sus intereses básicos son amenazados de alguna forma entonces intensificará con toda seguridad su presencia en la arena política, aunque probablemente dentro del marco legal, y excepcionalmente por fuera de las instituciones.

Evidentemente, un régimen democrático no puede prescindir de toda participación ciudadana, según se había señalado, por lo cual el nivel de la misma no desciende completamente una vez que la democracia a quedado instituida y más o menos consolidad. La participación cívica suele estar como quiera por encima de la que prevalecía en los sistemas tradicionales o en las primeras fases de modernización social. La democracia mantiene una reserva de participación suficiente para no morir de “inanición” política, y evitar el mal logro de sus propósitos básicos (lo que la haría caer nuevamente en una forma de despotismo).

Sin embargo, y paradójicamente una democracia eficaz no exige el mismo nivel de participación para su instauración. Los mecanismos que la caracterizan de encargan, de alguna forma, de hacer el trabajo por la ciudadanía, pidiendo de ella tan solo su activa intervención en situaciones especiales, y proveer regularmente el impulso básico al régimen democrático el cuál no le exige demasiado tiempo o esfuerzo. Este esfuerzo menor, de cualquier manera será desplegado por la ciudadanía sólo si se establece, en su experiencia, una clara relación entre el ejercicio democrático y su bienestar (lo que ocurre, aunque no siempre, en regímenes democráticos consistente y eficaces). De lo contrario, ni si quiera esa mínima actividad política entrará en la agenda regular del ciudadano en cuestión.

Participación ciudadana y transición democrática: el caso de México

Los diversos regímenes de corte antidemocrático pueden, en principio sobrevivir durante largos periodos, bajo ciertas condiciones. Una de ellas es precisamente la ausencia de una fuerte movilización ciudadana que se exprese en contra del régimen en cuestión. Si dicha movilización no existe, o se mantiene en niveles bajos- y por ende controlable por el régimen- este podría prolongarse indefinidamente, si otras variables permanecen constantes. No es casual que los regímenes políticos de las sociedades tradicionales, así fueran altamente despóticos y autoritarios mostraran mayor longevidad que los autoritarismos en modernización en que la tendencia participativa suele acompañar a dicho proceso de ahí que los autoritarismo de todo tipo tomen medidas para desmovilizar la ciudadanía hasta donde les es posible, como un medio para su autopreservación. Si la sociedad se encuentra políticamente movilizada por alguna razón, como el haber experimentado un movimiento nacionalista de independencia o una revolución social, los regímenes heredados de tales movimientos tendrán a incorporar a la ciudadanía movilizada a través de masas controladas directamente por el Estado. En realidad, se trata de una forma más sutil, y por cierto más eficaz, de mediatización del impulso popular, que la simple represión. Incluso, con tal proceso de incorporación, el régimen así instaurado cobra fuerza frente a la disidencia posible, pues ésta tendrá mayores dificultades para derrocarlo. Por ello, los autoritarismos que logran institucionalizar parte de la movilización ciudadana suelen tener mayor continuidad que las que no lo hacen.

PARTICIPACION  CIUDADANA Y TRANSICION DEMOCRATICA: EL CASO DE MEXICO.

Los diversos regímenes de corte antidemocrático pueden, en principio, sobrevivir durante largos periodos, bajo ciertas condiciones. Una de ellas es precisamente la ausencia de una fuerte movilización ciudadana que se exprese en contra del régimen en cuestión. Si dicha movilización no existe,  o se mantiene en niveles bajos ---y por ende controlables por el régimen— éste podría prolongarse indefinidamente, si otras variables permanecen constantes. No es casual que los regímenes políticos de las sociedades tradicionales, así fueran altamente despóticos y autoritarios, mostraran mayor longevidad que los autoritarismos en modernización, en que la tendencia participativa suele acompañar a dicho proceso.

De ahí que los autoritarismos de todo tipo tomen medidas para desmovilizar a la ciudadanía, hasta donde les es posible, como un medio para la autopreservación. Si la sociedad se encuentra políticamente movilizada por alguna razón, como el haber experimentado un movimiento nacionalista de independencia o una revolución social, los regímenes herederos de tales movimientos tenderán a incorporar a la ciudadanía movilizada, a través de instituciones de masas controladas directamente por el Estado. En realidad, se trata de una forma más sutil, y por cierto más eficaz, de mediatización del impulso popular, que la simple represión. Incluso, con tal proceso de incorporación, el régimen así instaurado cobra fuerza frente a la disidencia posible, pues ésta tendrá mayores dificultades para derrocarlo. Por ello, los autoritarismos que logran institucionalizar parte de la movilización ciudadana suelen tener mayor continuidad que las que no lo hacen.

Tanto en un caso como en otro, la instauración de un régimen democrático suele exigir, por parte de la ciudadanía, un elevado nivel de participación política autónoma y con un claro signo antirégimen. Además, dicha movilización requiere de una intensidad mayor que la que exige la preservación  de una democracia ya instaurada, como se dijo antes. Ello se debe a la resistencia que ofrecerán las élites autoritarias para conservar su poder intacto, y la consecuente disposición de recurrir a cualquier medio para evitar ese desenlace. Los costos y riesgos que debe asumir cada ciudadano en una empresa semejante explican por qué a veces los autoritarismos duran incluso décadas. Sin embargo, los abusos y arbitrariedades propias de la antidemocracia provocan que, llegado a cierto punto, los ciudadanos prefieran pagar ese precio que seguir permitiendo la sobrevivencia del despotismo.

Con todo, la movilización ciudadana debe concentrarse en determinado lapso, que no puede ser prolongado. Para derrocar al régimen autocrático y sustituirlo por otro democrático. Los momentos en que tal aglutinación cívica es posible son escasos, debido a los altos costos personales que implica una movilización directa contra el régimen. Pero a falta de dispositivos de seguridad completamente eficaces por parte de los autoritarismos, tarde  o temprano surgen las condiciones para ese evento. La historia política de los regímenes antidemocráticos así lo demuestra.

En los últimos años, hemos sido testigos de la caída de diversos  regímenes antidemocráticos, lo mismo autoritarios que totalitarios. Los que no han caído, de cualquier manera enfrentan enormes dificultades para perpetuar su continuidad. Es de suponer que o pasará mucho tiempo antes de que enfrentan una crisis decisiva que los sustituya por democracias o, en el peor de los casos, por otros autoritarismos de distinto signo ideológico o configuración institucional. Lo sorprendente del proceso reciente de democratización mundial, es que también ha alcanzado a los regímenes que mejor resguardados estaban contra la movilización democrática de sus respectivos ciudadanos, a partir de sus complejos institucionales; es decir, de los regímenes de partido de Estado, que ciertamente resistieron mucho más tiempo que otros autoritarismos menos institucionalizados.

El régimen político mexicano, en cambio, ha mostrado una capacidad para sortear los desafíos derivados de su propia crisis de continuidad, acentuada por las enormes dificultades económicas que surgieron abruptamente en 1982, al terminar el gobierno de José López Portillo. Tal estallido es consecuencia del agotamiento del modelo de desarrollo económico “hacia adentro”, instaurado desde la década de los cuarenta, y que desde los años setenta empezó a mostrar sus límites.

El descontento ciudadano provocado por las penalidades de la crisis económica, aunado a la evidencia de los abusos y arbitrariedades de la clase oficial, fueron una palanca para estimular la participación político-electoral de vastos sectores ciudadanos a los largo del gobierno de Miguel de la Madrid, proceso que culminó en el mayor desafío electoral al que se ha enfrentado el régimen revolucionario, en julio de 1988. ES en ese momento en el que quizá más se acercaron las condiciones de ruptura institucional y, sin embargo, la movilización poselectoral no contó con la intensidad y extensión que han mostrado otros movimientos democráticos frente a sus respectivos autoritarismos.

No sólo el régimen priísta logró resistir el embate electoral de ese año, con dificultades y altos costos de legitimidad y credibilidad, sino que tres años después, logró configurar un panorama totalmente distinto y altamente favorable para su recuperación (o al menos un importante respiro). En cambio, en ese lapso, cayeron numerosos regímenes de partido único o casi único, mientras que otros enfrentaban grandes dificultades para sostenerse. En uno u otro caso se encontraron los regímenes políticos de China, Argelia, Albania, Alemania Federal, Polonia, Hungría, Checoslovaquia, Yugoslavia, Nicaragua, Rumania, Cuba, Bulgaria y Unión Soviética. Frente a las crisis enfrentadas por éstos, la “debacle electoral” del PRI en 1988 resulta relativamente inofensiva.

Evidentemente, la pregunta obligada es que tiene el régimen priísta que, pese a su centralismo y verticalidad política, y su antidemocracia, ha podido relegar tan notoriamente su crisis de continuidad. La respuesta ha de buscarse en diversas variables, tanto internas como externas. Pero sin duda alguna que una parte decisiva de la explicación radica en el carácter relativamente flexible, móvil y tolerante del autoritarismo mexicano. Y de ello puede derivarse que la movilización ciudadana autónoma, fundamental para impulsar u obligar la transición a la democracia o la ruptura del régimen priísta, se ha mantenido en niveles relativamente bajos.

Una de las claves reside en la existencia de un sistema electoral formalmente competitivo, que ha estimulado y permitido la celebración puntual de comicios entre distintos partidos legalmente reconocidos. Aunque a diferencia de los regímenes democráticos, las elecciones en México no reúnen las condiciones de plena competencia y equidad entre los diversos contendientes, y en donde difícilmente se puede hablar de una votación claramente libre y secreta, no por ello representan solamente una coartada formal o retórica al autoritarismo realmente imperante, aunque ciertamente lo es,  y bastante eficaz. Más allá de eso, las elecciones en México han constituido un canal de expresión del descontento ciudadano. Y en ciertos casos de mayor conflictividad, han representado una importante válvula de escape a la tensión política derivada de la dominación autoritaria. Podría afirmarse que de no haber habido elecciones en la posrevolución, la tensión política y el descontento ciudadano se habrían acumulado en algún momento y explotado con intensidad, provocando la caída del autoritarismo, tal y como ha ocurrido con otros regímenes sin competencia partidista ni elecciones.

Las elecciones proporcionan al ciudadano medio una alternativa de participación y de manifestación del descontento, que exige menos sacrificios y riesgos que otras formas de expresión política, incluso en regímenes democráticos, y que desvía y aminora el malestar ciudadano. Si después de los comicios persiste el descontento, y éste es mayor que el temor a enfrentar al régimen de manera más abierta, entonces sobrevienen las movilizaciones poselectorales, muchas de las cuales han terminado en represión y violencia, si bien algunas han logrado lo que se habían propuesto, o parte de ello. De cualquier modo, incluso cuando se logra algún éxito en la movilización poselectoral, los sacrificios que ésta exige aparecen a veces como desproporcionados. Las condiciones para que la ciudadanía coloque en el poder a un candidato que no es el oficial son sumamente más complicadas que las requeridas en los sistemas democráticos. Tal como lo señalo el líder perredista de Tabasco, Manuel López Obrador, cuando culminó su “Éxodo por la Democracia” en la capital del país, y tras el cual el PRD logró algunos triunfos parciales:

En este país, para que se respete el voto y se haga caso de las demandas ciudadanas hace falta que se caminen mil quilómetros; en este país sólo hay respeto a los derechos políticos de la sociedad, cuando el pueblo mismo tiene que sacrificarse… 

Pero la  tónica hasta ahora es que los conflictos electorales que rebasan la línea institucional, se concentran en algún punto geográfico específico, normalmente aislado del resto del país. A veces, coinciden tales manifestaciones en más de una entidad política, pero casi siempre se mantienen como minoría. Los conflictos se van rotando de acuerdo  con el calendario electoral, por lo que dífilamente coinciden en un solo momento, lo que generaría un fuerte desafío al régimen. Es pues la relativa flexibilidad del régimen mexicano y su elevada institucionalidad formalmente democrática, lo que le ha permitido aislar relativamente los movimientos del descontento y protesta, no sólo electoral, sino también los derivados de otros problemas políticos.

 En tantos estos desafíos quedan confinados a un solo sector social o a una región demográfica, han  podido ser  reprimidos o solucionados de manera intermedia, o incluso total, sin que ello ponga en peligro al régimen en su conjunto, pues el potencial de desafío de tales movimientos dífilamente llegan al grado en que verdaderamente el régimen vea su continuidad en posibilidad real de ser amenazada.

Ante desafíos de cierta magnitud (como el del movimiento estudiantil de 1968),  la respuesta ha sido la represión oportuna, antes de que el conflicto pudiera alcanzar a otros grupos sociales o regiones geográficas. El momento en que más ha coincidido el descontento ciudadano, tanto geográfica como socialmente, es quizá durante los comicios presidenciales de 1968. Sin embargo, como se dijo, no alcanzó la intensidad suficiente para provocar una ruptura al régimen, si bien es cierto que le propinó un duro golpe.

Los conflictos poselectorales regionales ( como los generados en San Luis Potosí y Guanajuato, en agosto de 1991, y constantemente en diversos comicios municipales) pueden ser resultados a través de concesiones relativamente menores, que permiten al régimen seguir en pie. En esos casos, además de que los movimientos no alcanzan la fuerza y la extensión suficiente como para poder derrocar al régimen, están orientados por peticiones limitadas de los manifestantes, entre las cuales no está la plena democratización del régimen, sino sólo el reconocimiento de un triunfo en particular. Por  lo mismo, cuando dicha demanda queda total o parcialmente satisfecha, la movilización desaparece, o disminuye significativamente, sin que ello se haya traducido todavía en un cabal régimen democrático.

La relativa eficacia del sistema electoral mexicano para canalizar y desviar la protesta por las urnas, obliga a que sea por ahí por donde pueda darse un desafío decisivo al autoritarismo mexicano. Pero paradójicamente ello requiere de una elevada participación electoral antirrégimen, además de la disposición de los votantes opositores para defender su voto, una vez que este haya sido burlado. Quizá el régimen priísta puede soportar mayores niveles de movilización en su contra que otros autoritarismos menos institucionalizados; también, esa propia institucionalización, con sus dispositivos de seguridad y válvulas de escape, tiende a desahogar la tensión de modo que nunca llegue a grados peligrosos para su estabilidad y continuidad.

Evidentemente, el nivel de agravio ciudadano que se requiere para que tales condiciones se produzcan ha de ser sumamente elevado, incluso mayor que el existente en 1988. La volatilidad del electorado y su disposición a “exonerar” el régimen cuando éste responde o parece hacerlo a sus expectativas más directas, quedó más o menos comprobado en los comicios  legislativos de 1991, por más que se hayan registrado nuevamente numerosas irregularidades, mismas que evitaron el consenso de los participantes. En todo caso, lo que importa desde nuestra perspectiva es que no hubo una reacción ciudadana de protesta por los fraudes denunciados, salvo en algunos puntos del país en donde podemos asumir que el nivel de descontento ciudadano era bastante superior al experimentado por el resto de los mexicanos en ese momento.

Que la disposición a la movilización es sumamente reducida lo refleja una encuesta aplicada en 1991 en el Distrito federal. A la pregunta de cuál sería su reacción ante una convocatoria para defender el voto, el 26 por ciento respondió que no le prestaría la menor atención; el 60 por ciento dijo que únicamente seguiría los acontecimientos los acontecimientos a través de los medios, y solo un 14 por ciento expresó que acudiría a los mítines. Esto es normal considerando que los costos de esa forma de expresión son mucho más elevados que la asistencia a las urnas. A veces implica el riesgo de ser afectado en la libertad o integridad personal.

La encuesta sugiere además que la disposición a la movilización está directamente relacionada con el malestar ciudadano y no con la conformidad, según se dijo. Quienes no sienten que haya necesidad de cambios, o no sienten afectados sus intereses, tienen una menor disposición a la movilización. Así, de quienes manifestaron no darle  ninguna importancia a los mítines de protesta, el 7 por ciento correspondió a los del PRD, el 23 por ciento a los del PAN y el 61 por ciento a los del PRI. Si se toma el nivel de ingreso, los de clase marginal asistirían al mitin en un 16 por ciento, mientras que sólo un 9 por ciento de los de ingreso más alto lo harían.

Después de la experiencia de 1991, parece claro que cuando permea en la ciudadanía un optimismo razonable sobre el futuro económico y social del país, entonces la oposición tiene poco que ganar, al menos en las condiciones  de poca competitividad real. Ello se explica en parte por la jerarquía valorativa de la mayoría de los ciudadanos, que prioriza los asuntos más inmediatos y vinculados con su vida personal, y relega los ideales más abstractos.

La política despierta menos interés que todo los demás temas seleccionados, incluso que la diversión. Esta falta de interés en la política concuerda con ----y seguramente en parte se debe a---- la desconfianza que prevalece en relación con ella y los políticos. Así, en México, las instituciones sociales que gozan de menos confianza en la ciudadanía son la policía (la cara más visible del poder) y los políticos. La experiencia electoral de 1991 ---año en que el PRI  pudo recuperarse significativamente a través de medios menos burdos, si bien no completamente democráticos--- llevó a la oposición a concluir que el problema es menos la vigilancia del fraude tradicional, que la separación estructural del PRI respecto del Estado (con todo, la vigilancia sigue elevando los costos del fraude). Pero, al mismo tiempo, la oposición carece de la fuerza política para obligar al gobierno a aceptar tan fundamental reforma, al menos en el corto plazo. En los primeros tres años del gobierno salinista, la oposición también aprendió que el Estado, con sus enormes recursos es capaz tanto  de desmovilizar a la ciudadanía en ciertas circunstancias, como de movilizarla, pero a favor de su partido. La hipótesis de que a mayor participación electoral mayores problemas para el PRI, probablemente sigue siendo cierta, pero a condición de que se especifique en qué circunstancias es válida. Ahora sabemos que una fuerte participación electoral, incluso entre los sectores modernos, puede también fortalecer al régimen, dejando a la oposición  en una impotencia casi total. Ello depende de las condiciones en que se celebre cada elección concreta, las estrategias y los recursos utilizados por el propio PRI, así como la ayuda que recibe el Estado y la forma de canalizarla.

PERSPECTIVAS DE DEMOCRATIZACION EN MEXICO POR LA VIA ELECTORAL.

De lo anterior puede derivarse que es posible esperar que un desafío electoral capaz de transformar o derrocar al régimen priísta (es decir, obligarlo a reconocer los resultados, incluso si éstos le son desfavorables, o intentar imponer fallidamente  unos resultados que le sean favorables), sólo  podría darse cuando el descontento aglutine a diversos sectores sociales en la mayor parte del país, de manera simultánea; algo parecido a lo ocurrido en 1988, pero ciertamente con mayor intensidad y decisión por parte de la ciudadanía para exigir el respeto de su votación, con todo los riesgos personales y sociales que ello implica.

Un importante esfuerzo para vincular los distintos movimientos ciudadanos en el país, en materia política o electoral, es el Movimiento  Ciudadano por la Democracia, encabezado por el doctor Salvador Nava y fundado a fines de 1991. Dicha asociación pretende establecer una red de apoyos mutuos entre distintas organizaciones y movimientos regionales en pos de una democracia más genuina, no sólo en el ámbito electoral sino también en el institucional. Para ello, se plantea seguir estrategias pacíficas de presión, que buscan reducir los costos ciudadanos de la participación democrática, incluso cuando haya que incurrir en acciones de resistencia y desobediencia civil.

Un escenario de alta movilización ciudadana en contra del régimen no es fácil de imaginar en México, al menos a partir de su trayectoria en los últimos cuatro años. Y ello se requeriría para lograr una verdadera democratización a corto plazo, ante la reticencia de élite autoritaria para dar pasos más decisivos en esa dirección. Por supuesto, no es válida la afirmación de que tal evento no puede suceder en el futuro porque no haya ocurrido en el pasado (la reciente experiencia de la Unión Soviética y  otros regímenes de partido único lo refleja con claridad). Pero en todo caso no debe dejarse pasar la aclaración de que las condiciones para que ello ocurra serían de alguna forma excepcionales y requerirían una situación fuera de lo normal.

Las posibilidades de derrotar al régimen en las urnas bajo tales condiciones, no parecen muy altas. Ello depende en alto grado del nivel de participación electoral en contra del partido oficial. La pregunta que había que hacer es bajo que condiciones la ciudadanía se volcara en las urnas a emitir un voto en contra del PRI, haciendo además el esfuerzo adicional de vigilar y defender su voto. La experiencia de 1988 sugiere que ello no depende de las transformaciones de la cultura política, como se supuso poco después de los comicios de ese año sino más bien del nivel de descontento ciudadano con el despeño general del régimen, tanto económico como político. La falta de democracia no parece ser la causa que movilice a la mayoría ciudadana en contra del régimen, lo que no significa que los mexicanos no consideren a esta forma de gobierno como una mejor alternativa; quizá solo implica que no siempre la consideran indispensable, y sobre todo, que no están dispuestos a hacer el esfuerzo que requiere.

Sin embargo, en 1988 muchos ciudadanos sí realizaron dicho esfuerzo, al menos en parte. Ello lleva a pensar que la situación económica tiene un peso decisivo en la movilización ciudadana. De nuevo, eso no significa necesariamente que otros aspectos de la vida salgan de su esfera de interés. Pero probablemente la crisis económica contribuye a catalizar cualquier inconformidad y descontento de origen político o social subyacente en el ánimo ciudadano. Y si las cosas no van mal en lo económico, o no se perciben de esa manera,  entonces probablemente el malestar pueda perder intensidad, aunque no desaparezca. Es probable, por tanto, que una movilización electoral anti régimen semejante o más intensa a la de 1988, fuera consecuencia de un nuevo tropiezo de la situación económica, si ello sucede. El comportamiento de la economía en los próximos años, se perfila como una variable decisiva en el rumbo de la transición democrática. Si las cosas van bien, es probable que el régimen aumente su margen de maniobra, y puedan prolongar durante más tiempo su tradicional hegemonía aunque cediendo cada vez más espacios a la oposición.

Si la situación se agrava en el plano económico, entonces la presión ciudadana sobre el régimen quizá le resultará no controlable. Frente a ello, pueden venir dos reacciones posibles de la élite oficial: una clara apertura, asumiendo sus riesgos, o una mayor resistencia al cambio, poniendo en tal caso al régimen al borde de la ruptura. En todo caso, está pendiente en la percepción ciudadana, la nítida relación causal entre democracia y vida cotidiana, que motive a los ciudadanos a hacer el esfuerzo requerido para la instauración de un régimen plenamente democrático, para después poder confiar en que sus intereses fundamentales estarán mejor protegidos, sin que deba salir a la calle diariamente y a arriesgar su integridad personal en defensa de sus derechos básicos.

COLEGIO DE BACHILLERES

PROYECTO Y ENTORNO DE VIDA

BLOQUE TEMATICO 3. DEMOCRACIA Y ESTADO DE DERECHO

ANDAMIO COGNITIVO 10.

NOMBRE DEL ALUMNO(S): ________________________________________ GRUPO: ____________

INSTRUCCIONES: Conforme a la lectura anterior contesta las 4  preguntas  del andamio siguiente.

COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL 20 DEL VALLE "MATIAS ROMERO"

PROYECTO Y ENTORNO DE VIDA

BLOQUE TEMATICO 3. DEMOCRACIA Y ESTADO DE DERECHO

ANDAMIO COGNITIVO 10.

NOMBRE DEL ALUMNO(S): Mosqueda Labra Lizbeth Gpe GRUPO: 559

INSTRUCCIONES: Conforme a la lectura anterior contesta las 4  preguntas  del andamio siguiente.

     COLEGIO DE BACHILLERES 

PROYECTO Y ENTORNO DE VIDA

BLOQUE TEMATICO 3. DEMOCRACIA Y ESTADO DE DERECHO

ANDAMIO COGNITIVO 11.

NOMBRE DEL ALUMNO(S): ________________________________________ GRUPO: ____________

INSTRUCCIONES: Realiza la lectura  de Touraine, Alain ¿Qué es la democracia?, México, FCE, 1995, pp. 42-46, 87-90. Propósito: Reflexionar y argumentar el papel del ciudadano en un Estado democrático.

Instrucciones: Lee con detenimiento el siguiente  texto sobre  los movimientos sociales; subraya lo más importante con relación a las organizaciones democráticas, y contesta el andamio 12.

¿QUÉ SON LOS MOVIMIENTOS SOCIALES?

Introducción

En este primer capítulo sobre los movimientos sociales se llevará a cabo un proceso definitorio de esta forma de acción colectiva. Para ello se utilizarán dos acercamientos. Uno más descriptivo, y otro más reflexivo (y más breve).

Por lo que se refiere al enfoque descriptivo se realizará, en primer lugar, una breve reflexión sobre el sentido que tiene el delimitar, el precisar, un concepto como el de los movimientos sociales. Esto es, porque resulta útil definir este concepto social  y político.

A continuación se hará un breve repaso histórico sobre los movimientos sociales, a partir de una primera delimitación de estas formas de acción social. Seguidamente,  será aún más delimitado el concepto, tratando para ello de compararlo con otras formas de acción colectiva. Con los partidos políticos y los grupos de interés, y con otras formas de acción colectiva especialmente cercanas a los movimientos sociales, tales como son las ONGs  y los grupos de interés público. Finalmente, se establecerá una definición del concepto que, se adelanta, tendrá carácter abierto y dinámico.

El segundo enfoque contendrá dos sucintas reflexiones abiertas sobre “el sentido” (alguno de los sentidos, alguna de las grandes referencias) de los movimientos sociales.

1. Sobre la funcionalidad de las definiciones

A primera vista, puede decirse que todo aquello que se mueve en la sociedad es un movimiento social.

1.1 Un acercamiento desde lo obvio

Así, cualquier grupo que hace algo, que se reúne, que reclama, que protesta, etc. Es un movimiento social. Bajo esta genérica, aunque –se adelanta-, superficial perspectiva, serían movimientos sociales todas las asociaciones, organizaciones, entidades que no son Estado. Desde un grupo de empresarios que reclama reducción de impuestos hasta un grupo de ecologistas que exige el cierre de fábricas contaminantes, pasando por un club de jugadores de ajedrez y una sociedad gastronómica. Conjuntos de personas que hacen “cosas” en la sociedad, son, sin más, movimientos sociales. Esta concepción coincidiría prácticamente con la que en un capítulo anterior se ha hecho respecto a la sociedad civil. Es evidente que este concepto no es el adecuado. Los movimientos sociales, tal como se verá, no se corresponden con cualquier forma de acción colectiva.

1.2  Las virtudes definitorias

Pero quizá no resulte tan evidente la necesidad de precisar este concepto. Efectivamente, se puede considerar que las clasificaciones que se hacen desde el análisis político, sobre los fenómenos sociales y políticos, no tienen excesiva utilidad. Sólo sirven para demostrar que quien los hace tiene una cierta capacidad de análisis. Pero que tales clasificaciones no nos ayudan a comprender (en un sentido muy amplio del término) la realidad. En este caso, la realidad política.

Debe rechazarse esta actitud minimizadora del interés de clasificar, ordenar y definir la  realidad. Así, se debe ser riguroso en las definiciones, porque sólo así puede comprenderse mejor lo que pasa en la sociedad en su relación con la política. En este caso, comprender mejor por qué algunos ciudadanos se mueven, cómo y por qué lo hacen y qué quieren unos y otros al movilizarse. Y, además, es necesario adquirir esta comprensión no sólo para tener una buena radiografía de la sociedad sino también y sobre todo, para poder establecer algunas predicciones políticas. Se supone que uno de los objetivos de la ciencia política es el de establecer algunas normas, pautas generales, sobre previsibles conductas políticas. Acercando nuestro escenario de análisis, poder afirmar que, en caso de que se den determinados comportamientos sociales que buscan objetivos políticos (tipos de protesta, tipos de organización social, etc.) resulta previsible que se produzcan determinadas políticas públicas.

1.3 Predicciones erróneas…evitables

Bajo esta perspectiva, el evitar la precisión definitoria puede llevarnos a errores de diseño y de pronóstico. Imagínese que, siguiendo la genérica definición anterior, se afirma que movimientos sociales son todas las asociaciones de todo tipo que existen en la sociedad. Al mismo tiempo se comprueba que ha crecido el número de asociaciones y asociados. Y opérese con el supuesto de que todo lo que genéricamente se denomina como movimientos sociales tiene como objetivo presionar al Estado, movilizarse contra el poder político para lograr las reivindicaciones. Con un cuadro así, debería predecirse que ese aumento asociativo perturbará los procesos de decisión política y las políticas públicas; generará una convulsión en el poder político, en su necesidad de atender crecientes y múltiples demandas, de negociar con múltiples actores o de “frenar” las exigencias de los mismos. Sin embargo, es muy probable que esta predicción fuese equivocada. Así, si se averiguase, quiénes eran, en concreto, esas nuevas asociaciones que irrumpían en el escenario social, se comprobaría que, en su inmensa mayoría, eran grupos deportivos o de ocio, de defensa de intereses muy limitados y sin ninguna potencialidad ni pretensión de agitación o movilización social. Asociaciones nada conflictivas y, por tanto, nada de influyentes en un eventual cambio del panorama político. En consecuencia, el poder político, con tal aumento asociativo, organizaría sus procesos de decisiones exactamente igual que en tiempos anteriores.

Por el contrario, imagínese que tales nuevas asociaciones representan movimientos sociales “verdaderos”. Grupos sociales que, como luego se verá, si tienen estrategias más conflictivas y objetivos más transformadores. Tal constatación llevará a pronosticar, con relativo margen de acierto, que está cambiando la cultura política de la sociedad y que probablemente aumente la movilización social. Y también, como consecuencia de uno y otro cambio de tendencia, podría considerarse que van a transformarse los procesos de decisión política.

Precisar, clasificar, ordenar y definir la realidad política y social no sólo es una virtud académica, sino algo que resulta útil para entender la política. Lo que ocurre en la misma y lo que puede ocurrir.

2.  Una primera delimitación

La descripción anterior excluye el concepto de movimientos sociales a un amplio conjunto de organizaciones o agrupaciones sociales. Sin embargo, una delimitación que todavía sólo haga referencia a los objetivos puede incluir bajo ella a significativas formas de acción colectiva que, por otro lado, y de forma habitual, no son consideradas como movimientos sociales.

Efectivamente, por ejemplo, los partidos políticos también se organizan en y desde la sociedad, y pretenden modificar intereses, necesidades y derechos sociales. Y los grupos de interés, sin duda, buscan la satisfacción precisamente la satisfacción de los intereses de los miembros del grupo, que, más allá de la calificación que a nosotros nos merezcan, son considerados por sus demandas como fundamentales. Resulta muy difícil poder asumir que un partido político nacional y una agrupación de empresarios que busca protección a sus intereses económicos sean movimientos sociales. Pero, si sólo se opera con el criterio delimitador de los objetivos, formalmente deben ser considerados como tales.

En consecuencia, debe ahora establecerse un nuevo proceso de delimitación y definición de los movimientos sociales, teniendo en cuenta precisamente sus diferencias con las otras dos grandes formas de acción colectiva: los partidos políticos y los grupos de interés.

Para hacerlo no parece necesario recordar qué es un partido político, pero quizá si convenga hacer una pequeña descripción de qué es un grupo de interés. Una forma de acción colectiva que agrupa a un conjunto de personas, que, organizándose formalmente (y habitualmente con estructura jerárquica), presionan, con medios convencionales, al poder político para obtener determinados beneficios destinados a los miembros del grupo.

2.1 Un cuadro sobre las diferencias entre partidos políticos, movimientos sociales  grupos de interés y ONGs.

2.2 Orientaciones y relaciones con el poder político

Un partido político tiene vocación de ejercer el poder político. Un movimiento social demanda al poder político que establezca determinados cambios en la sociedad. Uno –el partido- está orientado a ejercer el poder. Sin embargo, los movimientos sociales no son ajenos al mundo cruzado y conformado por el poder político. Parten de la constatación de que el poder es ajeno u hostil. Pero no pretenden que el poder desaparezca o vivir ellos al margen del poder. Pretenden que el poder político, realmente existente, cambie y actúe a favor de sus  demandas.

Se destacan ahora las tensiones y conflictos internos en los que se ve inmerso el movimiento social como consecuencia de sus relaciones con el poder político. Un movimiento social mantiene una relación ambivalente con el poder. Sabe que tiene que exigirle, que demandarle, pero al mismo tiempo sabe que debe discutir y, eventualmente, negociar con él, supone parecerse a él, aceptar sus reglas de juego, de lógica en los procedimientos de toma de decisiones. Y ese acercamiento, es eventual integración en su espacio de juego, puede desvirtuar tanto sus estrategias de movilización como la autonomía y el “cuidado” de su identidad colectiva. Por eso, los movimientos sociales están dispuestos a presionar – a comprometerse al máximo- en las etapas de la demanda; en todo aquello que sea necesario para que el poder político tenga en cuenta las pretensiones, las demandas del movimiento. Pero tendrá muy serios recelos para participar en los procedimientos y escenarios políticos decisorios porque no querrá sentirse copartícipe de las decisiones.

Los grupos de interés presentan un comportamiento más sencillo. A los grupos de interés lo que les preocupa es que el poder político tome decisiones acordes  a los intereses que ellos representan. Y para ello, están dispuestos a situarse en el mejor espacio posible para obtener una adecuada respuesta a sus intereses. Un grupo de interés presionará al máximo en la fase de canalización de sus demandas. Pero si puede – si le dejan- tratará de estar presente en la decisión. A un grupo de interés no le genera ningún problema el ser identificado con el poder político. No tiene una visión alternativa (ni siquiera crítica) sobre lo político. Su problema es cómo conseguir la concreta materialización de concretos intereses de sus concretos y muy definidos representados. Y si ese objetivo acaban tomando decisiones conjuntas con el poder político, ello no es asunto que les genere disensiones o crisis internas. Todo lo contrario. Será para ello motivo de auténtica satisfacción.

2.3 Organización/Acción: la identidad colectiva

Los movimientos funcionan ante el resto de la sociedad como una clase especial de médium cuya función principal es sacar a la luz lo que el sistema no dice por sí mismo, la cuota de silencio, de violencia, de arbitrariedad que siempre subyace en los códigos dominantes. Los movimientos son medios que nos hablan a través de la acción… su papel como intermediarios entre los dilemas del sistema y de la vida diaria de las personas se manifiestan principalmente en lo que hace: su mensaje central consiste en el hecho de que existen y actúan… A través de lo que hacen y de su forma de hacerlo, los movimientos anuncian que existen otros caminos, que siempre habrá otra forma de enfocar un asunto y que las necesidades de los individuos o de los grupos no pueden reducirse a la definición que de ellos hace el poder. Por consiguiente la acción de los movimientos se plantea en el ámbito de los símbolos y la comunicación (Melucci, 1994: 145-146).

En los partidos existe una estructura organizativa que, al margen de sus orígenes y renovación democrática, funciona de forma vertical. En un partido no todo el mundo puede tomar todas las decisiones y, por supuesto, no todo el mundo participa por igual en los distintos procesos de decisión.

Por el contrario, en un movimiento social, las tendencias organizativas dominantes son diferentes. Predomina la horizontalidad en la toma de decisiones. Se supone que todo el mundo debe, o al menos puede, decidir sobre todo, y los derechos y los deberes de los participantes no suelen estar regulados. Prima la buena fe sobre la eficacia y la informalidad. La plasticidad organizativa es la regla, nunca la excepción. Las diferencias organizativas con los grupos de interés también son manifiestas. El grupo de interés tan sólo pretende ser eficaz en la exigencia de sus demandas, para lo que establecerán una organización formal y preferiblemente vertical. Para el movimiento, la cuestión organizativa no sólo es un medio sino un fin en sí mismo. Su propuesta, fundamentada en la participación, pudiera ser discutible desde el paradigma de la eficacia. Pero les resulta necesaria desde la necesidad de vivir y moverse en la sociedad, como un grupo que de alguna forma se afirma diferente.

La afirmación anterior señala uno de los rasgos característicos de los movimientos sociales. Los mismos presentan una identidad colectiva que les diferencia de los partidos políticos y grupos de interés. Un movimiento social es también un proceso de construcción de una identidad colectiva. Un deseo, una afirmación y una práctica social, de ver,  interpretar, estar, y comportarse colectivamente de forma diferenciada, en el mundo. Los miembros de un movimiento social tienden a ver la realidad, y, en muchos casos, a vivirla cotidianamente, a través del prisma que les otorga su pertenencia al movimiento social en general, y en particular a la identidad colectiva construida por el mismo.

En los grupos de interés tal búsqueda de identidad colectiva prácticamente no existe y, por lo que se refiere a los partidos políticos, es incuestionable que algunos de ellos –especialmente los partidos comunistas, socialdemócratas y nacionalistas- conformaron también estas identidades colectivas. Hoy resulta muy dudosa la persistencia de la misma.

2.4 El movimiento/red

Normalmente, un movimiento social es un movimiento amplio, una familia/red de movimientos. Y hasta en ocasiones se vive como un movimiento/comunidad. Desde esta perspectiva, el movimiento viene definido por los lazos que unen – y al mismo tiempo comparten- un conjunto de individuos, grupos, movimientos locales o limitados a una sola reivindicación (¡y hay partidos políticos ligados – por razones instrumentales- a la red!). Los que participan en esa comunidad/movimiento tienden más a identificarse con la cultura y los objetivos generales de la red, del conjunto del movimiento, que con el concreto grupo del movimiento en el que desarrollan habitualmente su activismo.

Dos ejemplos sobre esta concepción del movimiento como una red: el movimiento sindical y el movimiento ecologista alemán.

El movimiento obrero, hoy en día, incluiría en su seno no sólo a los grupos de trabajadores que eventualmente se movilizan para conseguir sus reivindicaciones sino también a las organizaciones sindicales estables. Éstas siguen formando parte de la familia/movimiento obrero, en cuanto que al margen de la defensa específica de los intereses de sus afiliados se sienten concernidas, y de alguna forma actúan en consecuencia, por los derechos y anhelos de la clase trabajadora. Comparten una cierta identidad común de clase y también, al margen de las relaciones formales que establezcan entre sí o con movimientos irregulares de trabajadores, tratan de adecuar sus acciones colectivas a los intereses y estrategias de esos  otros grupos.

La existencia de esta red/movimiento obrero evidentemente no quiere decir que todos los sindicatos formen parte de la red. Sin duda, existen sindicatos radicalmente corporativos cuyo único ideario única estrategia es la defensa de los intereses de sus afiliados.

Si se desciende a un ejemplo más limitado territorialmente y observamos el caso del movimiento ecologista alemán, que se articula con gran fuerza a partir de los años setenta, observamos que en un primer momento el propio partido político verde alemán es una parte de dicho movimiento. Y ello es así en cuanto que mantiene una relación horizontal y comparte identidad con las demás organizaciones sociales, regulares e irregulares, del movimiento. Hoy en día, ya no resulta posible hacer esta afirmación en cuanto que el partido se ha “salido”, cultural y relacionalmente, de la familia del movimiento verde.

También son concluyentes las divergencias en los medios de acción. Lo característico de los grupos de  interés es el uso de medios convencionales (escritos, reuniones con autoridades, etc.) y, por el contrario, los movimientos priorizan las acciones no – o menos- convencionales (manifestaciones, encierros, etc.).

2.5 Intereses representados

Una diferencia entre partidos y movimientos que no exige demasiadas explicaciones es la que describe cómo se representan los intereses de uno y otro. El partido canaliza electoralmente los intereses, y el movimiento lo hace como acabamos de señalar, con medios no convencionales – huelgas, manifestaciones, eventualmente acciones violentas, etc.- y en ningún caso por medio de la vía electoral.

Algo más complejo resulta delimitar qué intereses – cualitativa y cuantitativamente- representan unos y otros. En un principio parecería que los modernos partidos políticos pretenden representar intereses muy genéricos, indeterminados; pretenden armonizar todo tipo de intereses (individuales, colectivos y también de determinados colectivos) de toda la población. Por el contrario, los movimientos sociales representan limitados intereses de concretos grupos sociales. Sin embargo, también se produce en los movimientos sociales un proceso de indeterminación, de universalización de intereses. Así, un movimiento ecologista que vas más allá de resolver su conflicto medioambiental local, tiende a atribuirse con sus demandas (el calentamiento de la tierra, por ejemplo) la defensa de la humanidad entera.

En su relación con los grupos de interés, debe señalarse que en los movimientos sociales existe un proceso de autoarrogamiento en la representación de intereses colectivos, mientras que en los grupos de interés este proceso de representación de intereses colectivos, mientras que en los grupos de interés este proceso de representación sigue ciertas reglas formales. Un movimiento ecologista, por ejemplo, decide que él representa los interese medioambientales de una determinada comunidad, al margen de cómo, cuándo y por quién hayan sido expresados dichos intereses. Y un sindicato de pilotos de aviones sólo decide que sus afiliados expresamente han decidido que decida.

Por otro lado los supuestos beneficiarios de la acción pública de un movimiento son en un principio, bastante indeterminados. Los vecinos, los jóvenes, las mujeres, los trabajadores, los marginados sociales. Al mismo tiempo, y como vimos al compararlos con los partidos políticos, en los movimientos puede aparecer un segundo beneficiario: la humanidad entera. Indeterminación y eventual globalización no aparecen en los grupos de interés, donde los beneficiarios son una concreta, identificable y limitada categoría de individuos.

2.6 La estrategia conflictiva

Lo característico de los movimientos sociales es la utilización de los medios no convencionales. El repertorio de estos medios ha ido variando a lo largo de la historia, pero lo que es evidente es que al margen de su mayor o menor legalidad, los medios de acción prioritarios empleados por  los movimientos sociales expresan una cierta desconfianza respecto a los canales reivindicativos más “normalizados”. A los movimientos sociales les preocupa la legitimidad de sus acciones. No les importa que el poder político, su receptor, las considere poco cooperativas, poco “correctas”, excesivamente conflictivas. Lo que les interesa es si las mismas son vistas como legitimas por la sociedad, si esta las comprende, acepta y, eventualmente, apoya.

Este carácter conflictivo de los medios empleados da paso a una afirmación, que quizá se haya dado por supuesta, pero que en cualquier caso conviene explicitar. Si un grupo de interés se mueve en el terreno de la cooperación y  un partido compite por el poder, la estrategia central de un movimiento social es la del conflicto. Un conflicto identitario y, desde luego, un conflicto con el poder político. Porque frecuentemente no se le permite cooperar, porque casi siempre, y en cualquier caso, cree que logrará antes y mejor sus objetivos con la opción conflictiva que con la cooperativa.

2. 7 El horizonte anti sistémico

Se afirma que lo que define a los movimientos sociales es que los conflictos que plantean son inabsorbibles por el Sistema (específicamente por el sistema político). O dicho de otra forma, que lo que pretenden los movimientos sociales es romper los límites del sistema. Esta pretensión sin duda les diferencia de los otros actores colectivos. Un grupo de interés nunca planteará una reivindicación antisistémica. Es más, está más allá de su razón de ser el sentirse preocupado por el mantenimiento del sistema, aspecto que, salvo excepciones, sí les preocupa a los partidos políticos. La asignación rupturista a los movimientos sociales es, sin embargo, algo dudosa, porque no es obvio que éste sea un rasgo expresa y sistemáticamente asumido y defendido siempre por los mismos.

Todos los movimientos sociales (desde el obrero al de los derechos humanos, pasando por el ecologista) analizados en su ciclo total, en su evolución completa, presentan en la fase, normalmente de formación y despliegue del movimiento/comunidad (del movimiento en red)  síntomas de alternatividad antisistémica. Proclaman que sus propuestas sirven para la solución global de todos problemas de la convivencia humana y exigen que el sistema rompa sus reglas de juego para atender a sus reivindicaciones. Síntomas alternativos. Y síntomas de que el movimiento está en un momento de intensa construcción y afirmación de su identidad colectiva.

Pero no siempre todo ciclo vital de un movimiento está caracterizado por la expresión de esos síntomas. Se puede decir que lo habitual es que en su fase constitutiva y ascendente todos los movimientos tiendan a presentarse con los rasgos alternativos, antisistémicos. Y en fases posteriores, de estabilidad o declive, estos rasgos se van debilitando, convirtiéndose el movimiento en un grupo más convencional tanto desde la perspectiva organizativa como desde la cultural. En consecuencia, se puede afirmar que no hay distintos movimientos sociales, unos nuevos y otros viejos, sino que todos los movimientos sociales, dependiendo de la coyuntura, pueden ser –y suelen ser—viejos (convencionales) o nuevos (alternativos).

3. Una segunda delimitación

Como se apuntaba, hay un conjunto de formas de acción colectiva –las ONGs- que pueden también considerarse movimientos sociales. Establecer las diferencias y semejanzas con estas organizaciones “hermanas” de los movimientos sociales puede ayudar a dar una definición más adecuada de los mismos. Una definición que, en la medida en que de alguna forma incluya esas otras formas de organización, tendrá un carácter dinámico y flexible.

3.1 Movimientos sociales y ONGs. Un cuadro general

Las ONGs no son grupos de interés en el sentido estricto del término. Lo son en cuanto a sus formas organizativas y de acción. Pero no lo son en un aspecto sustancial. En los intereses que representan y defienden. Una ONG, un grupo que quiere cooperar para el desarrollo de una comunidad agrícola desfavorecida en un país del tercer mundo, o un grupo que lucha contra las vejaciones racistas que sufren los emigrantes, no actúa para beneficio de sus socios o adheridos. Pretende representar los intereses, quebrar los agravios, de individuos y grupos que no están en la ONG. Sus objetivos son en este aspecto públicos, situados más allá de los privados intereses de sus componentes. Por eso también se puede denominar a las ONGs como grupos de interés público.

 Es desde esta nueva división y perspectiva como se compara ahora por un lado a los movimientos sociales en general y, por otro, a las ONGs en general.

3.2 Explicación de las diferencias y semejanzas.

No se van a describir en profundidad todas estas diferencias en la medida en que algunas pueden ser deducidas directamente del cuadro. Sin embargo, sería útil hacer alguna precisión. Las ONGs muestran ciertos rasgos similares a los de los grupos de interés, pero también comparten (las características que aparecen en cursiva) ciertas características con los que hemos denominado el conjunto de los movimientos sociales. Por otro lado, en algunas de las categorías las diferencias no son las taxativas sino sólo de intensidad. Así, examinando las variables, vemos que:

  -Respecto al concepto de bien que es construido y a los intereses representados, prevalecen las similitudes sobre las diferencias. Las ONGs también defienden que solamente desde la práctica de la solidaridad es posible demandar el bien colectivo, y extienden esta definición de la solidaridad a la forma en que el bien buscado debe ser disfrutado; el desarrollo económico de los desfavorecidos, la paz, etc., son bienes para la comunidad, que no deben ser divididos ni individualmente asignados.

  -Lo mismo vale para los intereses representados. Independientemente de si el proceso de evolución tiende hacia una mayor determinación y sectorialización, es evidente que no constituyen la agregación de concretos y delimitados intereses de los miembros del movimiento, a la manera en que aparecen los grupos de interés.

  -La distancia se incrementa en las otras categorías. Estos  movimientos son tan sólo “formalmente” comunitarios, siendo su identidad débil y compartida con otras identidades colectivas o individuales. Como resultado de ello, no son movimientos con una excesiva vocación comunitaria; aceptan como algo natural la diversificación y atomización de la sociedad actual y no persiguen el recrear un mundo a imagen y  semejanza de su identidad colectiva y su comunidad.

  -En las cuatro categorías siguientes, las similitudes y diferencias están mezcladas. Las ONGs solidarias mantienen algunas –aunque muy genéricas- convicciones críticas; no se organizan en forma jerárquica (para ellos la participación es una opción razonable) pero tienden a elegir medios convencionales y su estrategia básica es la de cooperación.

  -Finalmente, hay que recordar algo que ha sido ya referido en el lugar adecuado: estos movimientos no son antisistema. No sería adecuado afirmar que son conservadores, Pero sus reivindicaciones y sus prácticas, en principio, no cuestionan las estructuras básicas del sistema. 

  COLEGIO DE BACHILLERES 

PROYECTO Y ENTORNO DE VIDA

BLOQUE TEMATICO 3. DEMOCRACIA Y ESTADO DE DERECHO

ANDAMIO COGNITIVO 12.

NOMBRE DEL ALUMNO(S): ________________________________________ GRUPO: ____________

INSTRUCCIONES: Leer y analizar la lectura de Ibarra, Pedro. Manual de la Sociedad Civil y Movimientos Sociales, Madrid, Síntesis, 2005, pp. 77-91. Propósito: Caracterizar las diferentes organizaciones que participan en  la construcción de la democracia, y anotar dos  ejemplos de cada una de ellas.

PROYECTO Y ENTORNO DE VIDA

BLOQUE TEMATICO 3. DEMOCRACIA Y ESTADO DE DERECHO

ANDAMIO COGNITIVO 11.

NOMBRE DEL ALUMNO(S):Mosqueda Labra Lizbeth Gpe GRUPO:559

INSTRUCCIONES: Realiza la lectura  de Touraine, Alain ¿Qué es la democracia?, México, FCE, 1995, pp. 42-46, 87-90. Propósito: Reflexionar y argumentar el papel del ciudadano en un Estado democrático.