Por tal razón para mitigar la discriminación existen apoyos diferentes o adicionales para las personas con mas vulnerabilidad, en donde existe más inclusión y menos diferenciación entre los tipos de personas.

Teniendo en cuenta la sentencia T-025 de 2004, la corte constitucional tiene como prioridad brindar una mayor protección a personas con vulnerabilidad en cualquier aspecto, ya que son considerados como personas de especial protección, porque si no fuera así la atención para ellos seria minorizada y la probabilidad de disminuir la discriminación por sí sola no está considerada.

En 1991, la constitución política de Colombia reconoció esta diversidad racial y cultural. Este reconocimiento se ha traducido en normas y políticas y en muchas acciones institucionales, pero estos esfuerzos aún son insuficientes para crear una cultura del reconocimiento, el respeto a las diferencias, el diálogo y el ejercicio de la interculturalidad en el abordaje de temas que involucran o afectan a diferentes grupos culturales. La política pública de diversidad cultural se sustenta en el principio constitucional que establece su diversidad cultural como uno de los fundamentos del Estado; y la obligación del Estado de reconocer, proteger y promover la cultura en todas sus manifestaciones y la garantía constitucional de la libertad de conciencia y expresión, con particular énfasis en ciertos grupos de personas, por ejemplo: Comunidades pertenecientes a pueblos indígenas, afrocolombianos, palanqueras y lázaros, gitanos o gitanos, así como diferentes grupos sociales en situación de vulnerabilidad, en especial mujeres cabeza de familia, jóvenes y mujeres de la primera infancia.

  Onny Javier Nieves Salas