La empresa manufacturera reclama daños por retrasos en su producción y pérdida de contratos con sus clientes.

Uno de los socios busca disolver la sociedad y vender su participación, pero no se ponen de acuerdo en la valoración de las acciones.

La disputa se centra en si el nuevo medicamento viola o no la patente existente.

El desarrollador acusa al contratista de no cumplir con los plazos, mientras que el contratista alega que los retrasos se debieron a cambios en el diseño ordenados por el desarrollador.

Para ello, suelen utilizarse disposiciones sobre la validez de los acuerdos de arbitraje. A continuación, se presenta una visión general de la regulación del arbitraje a nivel nacional.

1. Ley de Arbitraje

La mayoría de los países tienen una ley específica que regula el arbitraje. Estas leyes están diseñadas para proporcionar un marco coherente y estructurado para la realización de arbitrajes. Un ejemplo ampliamente adoptado es la Ley Modelo de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI o UNCITRAL), que ha sido adoptada por muchos países con algunas variaciones locales.

2. Acuerdo de Arbitraje

Las leyes de arbitraje suelen exigir que el acuerdo de arbitraje sea por escrito y que exprese claramente la intención de las partes de someter sus disputas a arbitraje en lugar de a los tribunales. Una vez que las partes han acordado el arbitraje, los tribunales nacionales generalmente están obligados a hacer cumplir este acuerdo, absteniéndose de conocer la disputa.

3. Tribunal Arbitral

La regulación nacional suele definir el proceso para la constitución del tribunal arbitral, incluyendo el número de árbitros (normalmente uno o tres), y el procedimiento para su nombramiento. Si las partes no pueden ponerse de acuerdo sobre los árbitros, la ley a menudo otorga a un tribunal o una institución arbitral la facultad de hacer los nombramientos necesarios.

4. Procedimiento Arbitral

Las leyes nacionales suelen permitir que las partes acuerden los procedimientos que consideren más apropiados para su arbitraje, lo que incluye la posibilidad de elegir reglas institucionales o establecer sus propias reglas.

5. Instituciones Arbitrales

Las leyes nacionales a menudo reconocen y regulan el papel de las instituciones arbitrales, que administran el proceso arbitral bajo sus propias reglas, proporcionan listas de árbitros y ofrecen apoyo logístico y administrativo durante el arbitraje.

1. Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa (CCIT)

2. Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio e Industria de Cortés (CCIC)

3. Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio e Industrias de Choluteca

4. Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio e Industrias de La Ceiba

1. La Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional,

2. La Comisión Interamericana de Arbitraje Comercial,

3. La Cámara de Comercio Internacional (CCI),

4.  El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (ICSID/CIADI) y

5. La London Court of International Arbitration (LCIA).

El adecuado funcionamiento del arbitraje descansa en la credibilidad, la confianza de las partes en el árbitro designado, la transparencia y el comportamiento ético, así como en el reconocimiento de la jurisprudencia (ICEX, 2013).

Artículo 1

Es válido el acuerdo de las partes en virtud del cual se obligan a someter a decisión arbitral las diferencias que pudiesen surgir o que hayan surgido entre ellas con relación a un negocio de carácter mercantil. El acuerdo respectivo constará en el escrito firmado por las partes o en el canje de cartas, telegramas o comunicaciones por télex.

Artículo 2

El nombramiento de los árbitros se hará en la forma convenida por las partes. Su designación podrá delegarse a un tercero sea éste persona natural o jurídica.

Los árbitros podrán ser nacionales o extranjeros.

Artículo 3

A falta de acuerdo expreso entre las partes el arbitraje se llevará a cabo conforme a las reglas de procedimiento de la Comisión Interamericana de Arbitraje Comercial.

Artículo 4

Las sentencias o laudos arbitrales no impugnables según la ley o reglas procesales aplicables, tendrán fuerza de sentencia judicial ejecutoriada. Su ejecución o reconocimiento podrá exigirse en la misma forma que la de las sentencias dictadas por tribunales ordinarios nacionales o extranjeros, según las leyes procesales del país donde se ejecuten, y lo que establezcan al respecto los tratados internacionales.

 Artículo 5

1. Solo se podrá denegar el reconocimiento y la ejecución de la sentencia, a solicitud de la parte contra la cual es invocada, si ésta prueba ante la autoridad competente del Estado en que se pide el reconocimiento y la ejecución:

a. Que las partes en el acuerdo estaban sujetas a alguna incapacidad en virtud de la ley que les es aplicable o que dicho acuerdo no es válido en virtud de la ley a que las partes lo han sometido, o si nada se hubiere indicado a este respecto, en virtud de la ley del Estado en que se haya dictado la sentencia; o

b. Que la parte contra la cual se invoca la sentencia arbitral no haya sido debidamente notificada de la designación del árbitro o del procedimiento de arbitraje o no haya podido, por cualquier otra razón, hacer valer sus medios de defensa; o

c. Que la sentencia se refiera a una diferencia no prevista en el acuerdo de las partes de sometimiento al procedimiento arbitral; no obstante, si las disposiciones de la sentencia que se refieren a las cuestiones sometidas al arbitraje pueden separarse de las que no hayan sido sometidas al arbitraje, se podrá dar reconocimiento y ejecución a las primeras; o

d. Que la constitución del tribunal arbitral o el procedimiento arbitral no se hayan ajustado al acuerdo celebrado entre las partes o, en defecto de tal acuerdo, que la constitución del tribunal arbitral o el procedimiento arbitral no se hayan ajustado a la ley del Estado donde se haya efectuado el arbitraje; o

e. Que la sentencia no sea aún obligatoria para las partes o haya sido anulada o suspendida por una autoridad competente del Estado en que, o conforme a cuya ley, haya sido dictada esa sentencia.

2. También se podrá denegar el reconocimiento y la ejecución de una sentencia arbitral si la autoridad competente del Estado en que se pide el reconocimiento y la ejecución comprueba:

a. Que, según la ley de este Estado, el objeto de la diferencia no es susceptible de solución por vía de arbitraje; o

b. Que el reconocimiento o la ejecución de la sentencia sean contrarios al orden público del mismo Estado.

Artículo 6

Si se ha pedido a la autoridad competente prevista en el Artículo 5, párrafo 1 e), la anulación o la suspensión de la sentencia, la autoridad ante la cual se invoca dicha sentencia podrá, si lo considera procedente, aplazar la decisión sobre la ejecución de la sentencia y, a solicitud de la parte que pida la ejecución, podrá también ordenar a la otra parte que otorgue garantías apropiadas.

Artículo 7

La presente Convención estará abierta a la firma de los Estados Miembros de la Organización de los Estados Americanos.

Artículo 8

La presente Convención está sujeta a ratificación. Los instrumentos de ratificación se depositaran en la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos.

Artículo 9

La presente Convención quedará abierta a la adhesión de cualquier otro Estado. Los instrumentos de adhesión se depositarán en la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos.

Artículo 10

La presente Convención entrará en vigor el trigésimo día a partir de la fecha en que haya sido depositado el segundo instrumento de ratificación.

Para cada Estado que ratifique la Convención o se adhiera a ella después de haber sido depositado el segundo instrumento de ratificación, la Convención entrará en vigor el trigésimo día a partir de la fecha en que tal Estado haya depositado su instrumento de ratificación o adhesión.

Artículo 11

Los Estados Partes que tengan dos o más unidades territoriales en las que rijan distintos sistemas jurídicos relacionados con cuestiones tratadas en la presente Convención, podrán declarar, en el momento de la firma, ratificación o adhesión, que la Convención se aplicará a todas sus unidades territoriales o solamente a una o más de ellas.

Tales declaraciones podrán ser modificadas mediante declaraciones ulteriores, que especificarán expresamente la o las unidades territoriales a las que se aplicará la presente Convención. Dichas declaraciones ulteriores se transmitirán a la Secretarla General de la Organización de los Estados Americanos y surtirán efecto treinta días después de recibidas.

Artículo 12

La presente Convención regirá indefinidamente, pero cualquiera de los Estados Partes podrá denunciarla. El instrumento de denuncia será depositado en la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos. Transcurrido un año, contado a partir de la fecha de depósito del instrumento de denuncia, la Convención cesará en sus efectos para el Estado denunciante, quedando subsistente para los demás Estados Partes.

Artículo 13

El instrumento original de la presente Convención, cuyos textos en español francés, inglés y portugués son igualmente auténticos, será depositado en la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos. Dicha Secretaría notificará a los Estados Miembros de la Organización de los Estados Americanos y a los Estados que se hayan adherido a la Convención, las firmas, los depósitos de instrumentos de ratificación, adhesión y denuncia, así como las reserves que hubiere. También les transmitirá las declaraciones previstas en el Artículo 11 de la presente Convención.

Simplicidad del procedimiento de resolución de disputas.

Rapidez (en general se requiere menos tiempo que en los procesos judiciales).

Flexibilidad. Las partes tienen el derecho de elegir entre un árbitro único o un tribunal arbitral compuesto por varios árbitros, en función de la complejidad de la controversia. Además, los árbitros cuentan con mayor libertad en la aplicación de las normas jurídicas que los jueces.

Neutralidad. El Tribunal arbitral ha de constituir una posición neutral para la resolución de las controversias, estando desvinculado de los órganos judiciales de los países de los que son naturales las partes involucradas.

Calidad técnica elevada, ante la posibilidad de nombramiento de árbitros especialistas en la materia objeto de la disputa (ej.: construcción, seguros, energía, etc. Además, los árbitros suelen tener una mayor disponibilidad de tiempo para estudiar el caso objeto de litigio, lo que podrá redundar en una mayor eficacia, así como robustez y respaldo argumental del laudo.

Confidencialidad. Las partes pueden optar por la absoluta confidencialidad de todo el proceso arbitral (frente al principio general de publicidad de los procesos judiciales).

Coste predeterminado, conocido desde el inicio del proceso.

¿Cuál es el arbitraje ad hoc?

Por su parte el arbitraje ad hoc es aquel en el cual las partes no se someten a ninguna institución arbitral, sino que son ellas mismas quienes definen las reglas del arbitraje y a falta de ellas, se rigen por que señala la ley de arbitraje.

¿Qué es el arbitraje institucional?

El arbitraje institucional es aquel que es organizado y administrado por una institución arbitral (Centro de Arbitraje) de acuerdo a su Reglamento de Arbitraje.

1. Etapa Prearbitral (Institucional-Legal)

2. Remitir Ministerio de Justicia y del Derecho

3. Designación de Árbitros

4. Instalación de Tribunal

5. Etapa Arbitral

6. Preliminar

7. Demanda de Reconvención

8. Audiencias y pruebas

9. Recurso Extraordinario de anulación.

   
   

   
   

Normalmente, el proceso arbitral se inicia una vez superada sin éxito la fase de negociación entre las partes.

El proceso arbitral llevado a cabo por la cámara de comercio internacional ( CCl ), generalizable, grosso modo, al resto de organismos de arbitraje internacional.

Se inicia con la presentación de la demanda de inicio del proceso arbitral y la notificación a la parte demandada para, posteriormente, tener lugar la contestación de la demanda , a continuación se realiza la designación de los árbitros y se comunica su nombramiento.

En estas fases intervienen, además de las partes interesadas, la secretaría general de la corte arbitral, y el tribunal arbitral (los árbitros).

Actualmente todas las naciones, ven como una necesidad eminente, el propender a ejecutar con agilidad los laudos nacionales y que los laudos extranjeros corran con la misma suerte, siempre y cuando cumplan con todos los requisitos exigidos por la Ley.

El arbitraje y el sistema judicial son dos fueros de resolución de conflictos excluyentes, es decir una vez que las partes acuerdan someter sus controversias a un arbitraje, restringen la posibilidad de acudir al sistema judicial para la resolución de dichas controversias.

En caso de cuantía indeterminada el valor a cobrar será el de la tarifa aplicable hasta un máximo de Cien Mil Lempiras (Lps.100,000.00), incrementada en un cincuenta por ciento (50%).

Dentro del arbitraje, cabe distinguir entre dos grandes categorías: el arbitraje institucional y el arbitraje ad hoc o no administrado. Cada modalidad responde a una serie de necesidades concretas y se articula de una manera distinta.

Así, en el arbitraje institucional, las partes encomiendan la administración del procedimiento y la designación de los árbitros a una institución arbitral especializada que se encargará de impulsarlo hasta la emisión del laudo conforme a las disposiciones previstas en su propio reglamento.