No obstante, las relaciones entre los militares estadounidenses y la población panameña no fueron siempre tensa. Las parejas y matrimonios entre ambos panameños y estadounidenses se hicieron mas frecuentes. El vinculo que crearon durante décadas fortaleció los lazos humanos entre diferente diferentes grupos más allá de los conflictos culturales y sociales. Al terminar su asignación en Panamá, muchos militares y personal del Panama Canal Company de los Estados Unidos ya habían establecido familias en el país, y algunas de ellas se quedaron mientras que otras se fueron de los estados de donde provenían sus parejas.

Las bases militares al igual que el Gobierno de la Zona, emplearon a miles de panameños en diferentes cargos y posiciones, desde servicios menores hasta especialistas de múltiples ramas.  Había abogados y doctores de Panama en la Zona, al igual que comerciantes y empresarios. Su acceso a los espacios zoneítas estaba estrictamente controlado. La entrada y salida de estadounidenses al resto del territorio panameño era menos vigilada y supervisada.

A inicios de mayo de 1973, el presidente de Estados Unidos, Richard Nixon, definía su política hacia América Latina en los albores de su segundo mandato presidencial. William Jordan relata en sus memorias que, al pie de esas declaraciones, el entonces canciller de Panamá, Juan Antonio Tack, meditaba incansablemente sobre el camino a seguir para reiniciar los esfuerzos por lograr un nuevo acuerdo con Estados Unidos. Nueve años habían pasado desde los violentos acontecimientos de aquel fatídico mes de enero de 1964.

 

Inspirado en su conocimiento profundo sobre “las causas del conflicto”, como buen historiador, columna vertebral de su formación intelectual y política, Tack formuló ocho principios básicos que serían “la piedra angular de cualquier tratado” con Estados Unidos. Estos eran:

1). La abrogación del Tratado de 1903. 2). Un nuevo tratado con fecha fija de vencimiento. 3). Fin de la jurisdicción estadounidense sobre todo el territorio de Panamá. 4). Uso por parte de Estados Unidos de tierras y aguas necesarias para operar y mantener el Canal y para proteger las instalaciones vitales. 5). Panamá debe recibir una parte justa y equitativa de los beneficios provenientes del Canal. 6). Las actividades del gobierno estadounidense deben limitarse a la operación, mantenimiento y protección del Canal. 7). Las actividades militares deben restringirse a las estipuladas expresamente en el tratado. Y, 8). Derecho de Estados Unidos a construir un canal a nivel del mar (a) si su decisión es tomada en un período razonable, (b) si Panamá retiene plena jurisdicción en la nueva zona del canal y (c) si el canal a nivel del mar está amparado por otro tratado también con fecha final.

Dos semanas después, reunido en Buenos Aires, Argentina, con William P. Rodgers, secretario de Estado de Estados Unidos, el canciller Tack hizo entrega de una misiva de nueve páginas que profundizaba sobre estos ocho principios que llevarían, el 7 de febrero de 1974, a la firma de los Acuerdos Tack-Kissinger.

"Mientras los Estados Unidos de América tengan la responsabilidad por el funcionamiento del Canal, podrán continuar otorgando a la República de Colombia, libre de peajes, el tránsito por el Canal de sus tropas, naves y materiales de guerra. Posteriormente la República de Panamá podrá otorgar a la Repúblicas de Colombia y Costa Rica el derecho de tránsito libre de peajes."