Actualmente se han visto cercados e intimados por la presencia de paramilitares autodenominados miembros de la AGC, los cuales han intentado asentarse en su comunidad. No cuentan con respaldo o ayuda local, ni departamental, no tienen acceso a educación ni salud de manera digna, y tampoco cuentan con acueducto ni alcantarillado. Por esto han alzado sus voces con apoyo de organizaciones como ECAP para visibilizar su situación, hacer frente a las adversidades y dar a conocer su proceso de lucha y resistencia en pro de una vida digna para su comunidad y sus familias.

 En el tema humanitario también han sido victimas de varias masacres, por todo lo del conflicto, y en medio de estas se han dado muertes selectivas que no han sido debidamente investigadas, donde han caído lideres de la comunidad.

Es evidente el interés de desplazar a las comunidades, por intereses de transnacionales de explotar también los recursos naturales, sumado a la intención de construir hidroeléctricas, por lo que han sido víctimas de señalamiento y estigmatizaciones por los cultivos ilícitos, que, si bien también son problemática para ellos, no es la única; sin embargo, es en la que mas se centra hasta el mismo estado para señalarlos y dividirlos. Todo esto los ha mantenido en constante conflicto, amenazas a lideres y hostigamiento al que unidos han sabido resistir en territorio y han alzado sus voces para evidenciar el abandono y la manipulación estatal de los diferentes gobiernos.

Se encuentra ubicado en el departamento de Santander, en la provincia de Yariguies. Este proceso se ha organizado en pro de la defensa de su territorio libre de minería. En un contexto general, esta explotación se remonta hacia alrededor del año 2005, donde la empresa Centro Minera de Santander S.A, fue autorizada por INGEOMINAS para explotar carbón. Inicialmente no se demostró mucha resistencia, puesto que se veía como una esperanza para mejorar sus condiciones de vida. Sin embargo, con el paso del tiempo al evidenciar las graves afectaciones que esta empresa ha generado al ambiente y las fuentes hídricas, llegando a desaparecer algunas de ellas como Caño Tortuga y la contaminación del rio cascajales, junto con la muerte y deforestación de la vegetación y animales de los vecinos de la mina, nace la iniciativa de hacer resistencia.

La comunidad se ha organizado para alzar su voz, y en compañía de organizaciones ha dejado claro su rechazo frente a la explotación de carbón en todas sus presentaciones (socavón, cielo abierto, pequeña y gran escala) por lo que se han adelantado mecanismos de participación ciudadana, talleres, foros, e intercambio de experiencia con la Guajira. Esto frente a la iniciativa de realizar un proyecto de minería de 5.000 (4.950) hectáreas a cielo abierto y a gran escala por la empresa Colcco S.A, ya que se surtió sesión de derechos y obligaciones a esta empresa por lo que quedo con derecho sobre el contrato de concesión número FLL 082, expedido por la Agencia Nacional Minera.

Se han adelantado iniciativas como la consulta popular, la cual ha sido demandada por MinMinas, y ante la negativa de la población a la contaminación y destrucción de su Territorio han recibido amenazas por parte de la AGC, por movilizarse y oponerse a la licencia que la CAS de manera inconsulta otorgó al titulo minero FLL082 para la empresa Colcco. Esta empresa por su parte ha intentado deslegitimar el actuar de la comunidad, acusándolos de no decir la verdad y desestimando sus argumentos. Frente a esto la comunidad se mantiene unida y en la lucha por la defensa de su territorio.

En mayo de 2023 finalmente el Tribunal Administrativo de Santander dio la razón a la comunidad, quienes por medio de apoyo de algunos congresistas demandaron la licencia ambiental otorgada a la multinacional por violar entre otros, el principio de participación, en múltiples ocasiones.  Debido a esto lograron que se suspendiera la licencia. Es claro que la Multinacional ha solicitado de distintas formas reactivar la licencia y no se va a quedar, como hemos evidenciado en la mayoría de casos, solamente con la decisión del Tribunal. La comunidad sigue haciendo resistencia y unida en su objetivo, su territorio libre de minería.

Recientemente el pasado 15 de abril la comunidad y el consejo comunitario los negros de Cañaverales reiteraron si rechazo a la entrada de la BCC a su territorio, muestra de su organización, lucha y trabajo por el cuidado de su territorio y espiritualidad.