fue el nombre con el que se conoció a un centro clandestino de detención y tortura en Buenos Aires, Argentina.

Ubicado en el Barrio Floresta de Buenos Aires, el mismo funcionó durante la dictadura militar de 1976-1983. Allí, el Ejército Argentino coordinaba la represión con el Ejército Uruguayo. La Superintendencia de Policía Federal dirigía los interrogatorios.

En diciembre de 1975, el general René Otto Paladino, uno de los fundadores de la Alianza Anticomunista Argentina (Triple A) quedó al frente del Servicio de Información del Estado (SIDE), se decidió crear una base para que la banda de Aníbal Gordon pudiera operar sin llamar la atención.

Allí fueron secuestradas y torturadas unas 300 personas, muchos de los cuales hoy permanecen desaparecidos, y otros, como el actor Luis Brandoni y su esposa Martha Bianchi, quienes solo sufrieron por unas horas del horror en el lugar.

Orletti se transformó en el centro de operaciones regional en el marco del llamado "Plan Cóndor" y allí la banda de Gordon coordinó tareas con represores de Chile, Paraguay, Brasil, Bolivia y Uruguay. Las víctimas eran torturadas, extorsionadas, robadas y asesinadas, para quedar desaparecidas.

Actualmente se ha convertido en un museo dedicado a la memoria de los torturados y desaparecidos.

Los primeros secuestrados por la dictadura fueron llevados allí a partir del 24 de marzo de 1976, día en que se produjo el golpe de Estado que desplazó al gobierno constitucional. Las instalaciones del centro clandestino de detención fueron desmanteladas antes que la dictadura militar entregara el poder el 10 de diciembre de 1983.

El predio donde tenía su sede la ESMA está ubicada en la zona norte de la Ciudad de Buenos Aires, barrio de Núñez

El 24 de marzo de 2004, el entonces presidente Néstor Kirchner anunció que en el predio de la ESMA funcionaría el Espacio para la Memoria y para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos.

Luego de no recibir respuesta por parte de los trabajadores municipales, el bloque logró comunicarse con la secretaria del juez Rafecas, quién dio aviso a la Policía Federal para que pare la demolición. La fuerza de seguridad tardó en llegar al lugar, y el proceso para dar un freno al derrumbe del edificio se dilató media hora, recién con la llegada de la policía se detuvieron los trabajos, pero dos tercios del edificio ya estaban demolidos.