El artículo 27 señala que las aguas son propiedad de la Nación y sienta las bases para que el Estado regule su aprovechamiento sostenible, con la participación de la ciudadanía y de los tres niveles de gobierno. Especifica que la explotación, el uso o aprovechamiento de los recursos se realizará mediante concesiones otorgadas por el Ejecutivo, con base en las leyes.

El artículo 3˚ señala que es indispensable que la academia y la sociedad civil organizada, participen de manera activa en el proceso de elaboración de una nueva ley que garantice la sustentabilidad en el aprovechamiento de este recurso, un acceso equitativo, así como una transparencia y rendición de cuentas en el manejo de los recursos para propiciar un acercamiento a la gestión del agua, de tal manera que se generen esquemas de gobernanza en los que todos seamos partícipes y responsables de su manejo y cuidado.