Con esta medida, el Estado chileno buscó prevenir enfermedades a largo plazo, proteger especialmente a los trabajadores expuestos y reducir los riesgos ambientales derivados del manejo inadecuado de materiales con asbesto, marcando un avance significativo en la conciencia sobre los riesgos asociados a ciertos materiales industriales. Su importancia también radica en haber impulsado un cambio en las prácticas industriales y en promover el uso de alternativas más seguras, contribuyendo así a una mejor calidad de vida para las generaciones presentes y futuras.