La ley 23068, dicta de julio de 1984, estableció un régimen de normalización de las universidades nacionales, derogando la ley de facto 2220, estableciendo las funciones de los rectores y decanos normalizadores y de los consejos superiores provisorios, promovió la participación de los docentes en dichos consejos y estableció que cada universidad debía asegurar la existencia de un régimen de reincorporación de los docentes y no docentes cesanteados y obligados a renunciar por la dictadura. 

B)     PERIODO 1995-2001: En 1995 se dicta la LEY n° 24521 DE EDUCACIÓN SUPERIOR:
- Plantea normas para el funcionamiento de la enseñanza universitaria nacional, provincial y privada.
- Establece la evaluación institucional y la acreditación de carreras de grado y de posgrado, para la que se crea la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU)
- Fija las bases para el funcionamiento de los órganos de coordinación y consulta del sistema universitario. 

En el ámbito universitario se desarrolló una persecución con miles de docentes cesanteados y perseguidos (al igual que lo ocurrido con estudiantes militantes de la Juventud Peronista y otras organizaciones de izquierda en el gobierno anterior)

En 1974 se sanciona la Ley Universitaria n° 20654:
Preveía que las autoridades universitarias serían elegidos por el voto de representantes de los claustros de docentes, de estudiantes y de personal no docente.

 

La ley de facto n° 3176 estableció la intervención de universidades a través de personas designadas por el Poder Ejecutivo.

La ley de facto n° 22207 estableció normas para las universidades nacionales, formalizando un régimen de “cuasi” intervención.
En dicha ley se establecieron fines, funciones y prohibiciones comunes para todas las universidades.
Las prohibiciones se referían esencialmente a todo tipo de actividad política en el ámbito de universidades.

Los sectores derrotados se abroquelaron en sus cargos legislativos y en las universidades, derivando en 1946 en la intervención de seis universidades nacionales y cesantías de la mayor parte de los profesores opositores.

En 1947 se aprueba la Ley 13031 que establece un nuevo régimen para las universidades nacionales estableciendo una fuerte limitación a la autonomía universitaria. El objetivo de esta ley era el control político de las universidades. 

El periodo entre 1946 y 1955, es un periodo de fuerte expansión del sistema educativo en todos sus niveles. 
Los sectores sociales acceden a la educación, registrándose tasas de escolarización y matrículas universitarias altísimas.

En la Universidad de Córdoba, lugar de poder del conservadorismo católico, en 1918, los estudiantes convocaron a huelga, siendo fuertemente reprimidos, conduciendo a la proclamación del Manifiesto Liminar: tratando la autonomía universitaria; cogobierno de docentes y estudiantes; función social de la universidad; renovación pedagógica; cátedras libres; extensión universitaria; centralidad de los estudiantes; compromiso de la universidad con el cambio social….

A partir del golpe militar de 1930 se produjo la reinstalación conservadora- oligárquica en lo político, con persecución y proscripción de los dirigentes y militantes del radicalismo. Este ciclo se caracteriza por un menor crecimiento en la matrícula universitaria, por un clima de oscurantismo intelectual y de renovado clericalismo y de ilegalización del movimiento estudiantil.

El decreto-ley 6403 estableció una nueva organización para las universidades nacionales, posibilitando también la creación de universidades por parte de la iniciativa privada.

Este proceso de “restauración reformista” permitió la inmediata normalización organizativa de las universidades nacionales y el inicio de un proceso de crecimiento cualitativo que se extendió 1966.
Este periodo entre 1958 y 1956 es considerado el más floreciente en términos de avances científicos y académicos de la historia de las universidades nacionales.

Desarrollo interrumpido por el golpe militar de 1966, que intervino todas las universidades nacionales.
El decreto-ley 17245, elimina todas las clausulas vinculadas con las propuestas de la Reforma Universitaria y limita drásticamente la actividad política de los estudiantes y se impusieron fuertes restricciones a los centros y agrupaciones de estudiantes.

Cambios producidos: La Ley Avellaneda fija de manera taxativa las reglas a las que se subordinarían las universidades al elaborar sus estatutos y determino que la cobertura de las cátedras y la destitución de los profesores fuese una atribución del PEN, aunque a propuesta de las respectivas facultades.

 

Un ejemplo de dicha facultad es la Ley de Educación Común de 1884, destinada a la capacitación de los sectores populares y la Ley Avellaneda de 1885, destinada a la formación de los sectores dirigenciales del país.

Carácter político formador de las Universidades: Ambas universidades nacionales se convierten en ámbitos de consolidación del modelo hegemónico del país, de carácter agro-exportador, de fuerte concentración político-económica en Bs.A. y en la denominada “Pampa Húmeda” de una incipiente pero ya poderosa oligarquía.

Estas dos universidades tuvieron colegios destinados a los estudios preparatorios: el de Monserrat en Córdoba y el San Carlos en Buenos Aires.