a) Que una de las partes en el acuerdo de arbitraje, estaba afectada por alguna incapacidad que vició su voluntad, o que dicho acuerdo no es válido en virtud de la ley a que las partes lo han sometido, o si nada se hubiera indicado a este respecto, en virtud de la ley del país en que se haya dictado el laudo;

b) Que no ha sido debidamente notificada de la designación de un árbitro o de las actuaciones arbitrales, o no ha podido por cualquier otra razón, hacer valer sus derechos;

c) Que el laudo se refiere a una controversia no prevista en el acuerdo de arbitraje o contiene decisiones que exceden los términos del acuerdo de arbitraje; no obstante, si las disposiciones del laudo que se refieren a las cuestiones sometidas al arbitraje pueden separarse de las que no lo están, sólo se podrán anular estas últimas; o

d) Que la composición del tribunal o el procedimiento arbitrales no se han ajustado al acuerdo entre las partes, salvo que dicho acuerdo estuviera en conflicto con una disposición de esta Ley de la que las partes no pudieran apartarse o, falta de dicho acuerdo, que no se han ajustado a esta Ley. 

b) Que el laudo es contrario al orden público del Estado nicaragüense.

Las leyes nacionales de arbitraje y los tribunales nacionales generalmente funcionan como último recurso para corregir errores de procedimiento en el arbitraje (como por ejemplo, el desacuerdo de los árbitros).

 Las partes convienen el procedimiento y el derecho aplicable guardando la garantía básica. De hecho, ésta modalidad es más compleja y lenta de llevar a cabo, pero las partes suelen creer que ellas controlan mejor el desenvolvimiento procesal. 

Arbitraje institucional:
 En el arbitraje institucionalizado, las partes convienen dirimir sus diferencias ante instituciones especializadas, con profesionalidad, experiencia y prestigio. En éste caso los centros de arbitraje, aportan su organización, que implica desde la infraestructura hasta los profesionales y normas de desenvolvimiento específico. También llamado por la doctrina, corporativo, institucionalizado, organizado o administrado. En este tipo de arbitraje existe un soporte institucional, reglas de procedimiento, listas de árbitros que lo caracterizan. Este tipo de arbitraje se desarrolla normalmente a través de entidades especializadas, con prestigio y experiencia en la administración de este tipo de procesos, tales como las Cámaras de Comercio, Corporaciones Arbitrales, Cortes Arbitrales entre otras. 

Arbitraje Obligatorio:

 Nace de la decisión del legislador cuando es impuesto para la solución de determinado conflicto. En nuestro caso como método de solución alterno de conflictos tenemos un arbitraje forzoso en materia civil, con respecto a la sociedad específicamente en el Artículo 3267 del Código Civil, el que establece: "Habiendo divergencia entre los socios, se resolverán los asuntos por mayoría de votos; no pudiendo ésta obtenerse, se estará a lo que determinen los que representen el mayor interés con tal que no sea uno solo. Cuando ni de uno u otro modo se obtenga mayoría la discordia se  decidirá por arbitramento". y en materia de comercio en el Artículo 147 C.C; estatuye: "Si alguno de los socios entrare sólo con su industria, sin valor estimado previamente, o sin previa designación de la cuota que debe de percibir, y no viniese a un acuerdo con los otros socios, tendrá en tal caso la parte que por árbitros le sea asignada". El arto 958 Pr; conceptualizaba la división de árbitros antes planteada y en su parte Final determinaba el nombramiento de árbitros como una acción potestativa de las partes y solamente es obligatorio en los casos determinados por la ley. Como antes señalamos. Y en la actual ley de propiedad o ley 278, que el arbitraje es forzoso con la petición de una de las partes.