La Ley Micaela Ley N.º 27.499, sancionada en 2018 y adherida en la provincia de Misiones mediante la Ley XVII N.º 118, establece la capacitación obligatoria en género y violencia contra las mujeres para todas las personas que integran los tres poderes del Estado. Este trabajo analiza su implementación en Misiones entre 2019 y 2023, evaluando el impacto de las capacitaciones en la formación de agentes públicos y su potencial para transformar las prácticas institucionales desde una perspectiva de derechos humanos. A través de una revisión documental de informes oficiales, estudios académicos y marcos normativos, se examina cómo las instancias de capacitación logran o no traducir los contenidos teóricos en acciones concretas dentro del ámbito estatal. Los resultados señalan avances en la sensibilización y en la incorporación del enfoque de género en políticas públicas, pero también evidencian resistencias estructurales, falta de seguimiento y desigual compromiso institucional en la aplicación. Se concluye que la Ley Micaela constituye una herramienta clave para promover la igualdad y prevenir la violencia, siempre que su aplicación se sostenga en el tiempo, se articule con políticas que sean realmente efectivas y se mantenga en consonancia con los compromisos internacionales asumidos por la Argentina.

La Ley 27.499, conocida como “Ley Micaela”, cuya implementación en la Provincia de Misiones se formaliza con la adhesión a la misma mediante Ley IV Nº 85, busca una transformación cultural que implica un cambio profundo en la mentalidad institucional: pasar de un Estado que reproduce desigualdades a uno que las reconoce y actúa activamente para erradicarlas; no sólo cumplir con la exigencia normativa, sino también generar espacios de reflexión sobre la igualdad, el respeto y la erradicación de prácticas discriminatorias dentro de las instituciones públicas.

Esta investigación estudia el impacto de la Ley Micaela en la designación de cargos judiciales en el Departamento Capital de la Provincia de Misiones.

El análisis de la implementación de la Ley Micaela en este ámbito, permite apreciar los avances y desafíos de una política pública que pretende modificar estructuras arraigadas en la cultura estatal.

Si bien persisten ciertos desafíos a afrontar en cuanto a la evaluación del impacto de su implementación y su vinculación con la designación de magistrados y funcionarios judiciales en el Departamento Capital de la Provincia de Misiones, puede decirse que actualmente existe una distribución de género equitativa en la ocupación de tales cargos.

Dorsaneo - Schunke. Ley Micaela.

Resumen 

En los últimos años, el uso masivo de redes sociales y plataformas digitales incrementó las estafas en línea que afectan especialmente a personas adultas mayores jubiladas. En la ciudad de Posadas (Misiones), este grupo se encuentra en situación de vulnerabilidad frente a publicidades engañosas difundidas en Facebook y otras plataformas que ofrecen beneficios falsos o descuentos inexistentes. El objetivo del trabajo es analizar el marco legal argentino aplicable, identificar las principales modalidades de fraude digital y proponer estrategias de prevención orientadas a la protección de los derechos de los consumidores jubilados. 

A partir de un enfoque cualitativo, basado en fuentes normativas, documentos institucionales y entrevistas locales, se evidencia una escasa alfabetización digital y desconocimiento de los mecanismos de denuncia. Se concluye que fortalecer la educación digital y difundir los derechos del consumidor son herramientas clave para reducir la vulnerabilidad frente a las estafas en línea.

En esta ponencia, se presenta un análisis acerca de la utilización de los dispositivos celulares y tecnológicos por parte de los adolescentes dentro de las escuelas secundarias, con información acerca de los beneficios y desventajas del uso de la misma en las aulas, teniendo como fin la explicación de la utilización de la tecnología como herramienta para los estudiantes y cómo se introduce la cuestión en las normativas legales vigentes de dos provincias Argentinas, haciendo hincapié en sus diferencias reglamentarias.

El análisis del marco jurídico que incluye la Constitución Nacional, leyes ambientales nacionales, provinciales y ordenanzas municipales demuestra que existen herramientas legales suficientes para prevenir y controlar este tipo de impactos, y que la decisión del Ministerio de Ecología de Misiones de declarar la no viabilidad ambiental del proyecto fue coherente con esos principios de protección.