Establecido por LEY DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR – DEROGADA

Según documento, Decreto No. 41-89

Fecha 07 de abril 1989

·Ser informado de las condiciones de los productos o servicios que se adquieran 

·Elegir 

·Proteger de tus intereses económicos 

·Que se te brinde garantía

·Ser escuchado y reclamar 

El Código de Protección y Defensa del Consumidor (Ley Nº 29571) implica un cambio de visión, en beneficio de una mayor protección de tus derechos, a través de una actuación preventiva y proactiva, y coordinada con diversas instituciones del Estado, ciudadanos y empresariado; bajo la rectoría de la Autoridad Nacional.

El objetivo de la Ley es establecer el ordenamiento jurídico necesario para lograr y mantener una protección adecuada a los consumidores del país, a fin de garantizarles un trato justo y equitativo en la adquisición de bienes y servicios.

El pasado 27 de diciembre de 2021, se publicó en el Diario Oficial La Gaceta de la República de Honduras, el Acuerdo N° 084-2021, mediante el cual se aprueba el nuevo REGLAMENTO DE LA LEY DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR, por lo que  es importante tomar en cuenta los principales aspectos a considerar: El reglamento contiene 106 artículos y deroga por completo el acuerdo Ejecutivo N 15-2009, publicado en el Diario oficial La Gaceta en fecha 15 de abril de 2009 el cual contenía el anterior REGLAMENTO DE LA LEY DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR.

Desarrollar en detalle las disposiciones de la Ley de Protección al Consumidor, con la finalidad de facilitar su ejecución y observancia. El nuevo Reglamento de la Ley de Protección al Consumidor será aplicable en: 

i. Las relaciones de consumo que se contraten o adquieran en el territorio de Honduras, por cualquier medio o mecanismo de compraventa;

ii. Las relaciones de consumo entre personas naturales o jurídicas; 

iii)  las relaciones de consumo entre consumidores y proveedores; 

iv) la comercialización de bienes o servicios públicos o privados; 

v) los servicios públicos y las actividades privadas de interés público nacional, que no se encuentren previstas en las legislaciones específicas. (Amaya, 2020) 

El Congreso Nacional Aprobó la Ley actual el 07 de julio de 2008, la cual tiene por objeto proteger, defender, promover, divulgar y hacer que se cumplan los derechos de los consumidores regulando las relaciones de consumo que se establecen en el mercado para la adquisición de bienes y servicios, disponiendo los procedimientos aplicables, derechos, obligaciones, las infracciones y sanciones en dicha materia. En su artículo 4 nomina como autoridad de aplicación de la presente Ley a la Secretaria de Industria y Comercio a través de la Dirección General de Protección al Consumidor.

Establecido, LEY DE PROTECCION AL CONSUMIDOR Y SU REGLAMENTO

Según documento,  Decreto No. 024-2008      Acuerdo No. 15-2009

Fecha 07 de julio de 2008 15 de abril de 2009

Entre los derechos de los consumidores, se encuentra el derecho a reclamar.

Los consumidores tienen derecho a recibir información veraz y de calidad sobre los productos o servicios que van a adquirir

La ley que recoge los derechos de los consumidores advierte de que todos los usuarios deberán ser indemnizados por los daños o perjuicios ocasionados al adquirir o hacer uso de un producto o servicio. 

Las sociedades mercantiles, contabilizan todos sus hechos económicos mediante los siguientes libros.

*Libro de mayor.
*Libro de diario.
*Libro de registro de socios.

 

En la Constitución de la República de 1982, Artículo 222 y Artículo 232, se establecen dos órganos de control auxiliares del Congreso Nacional; la Contraloría General de la República y la Dirección de Probidad Administrativa, ésta última, dependiente de la Contraloría. Igualmente, en el Artículo 233 se incluye la presunción de enriquecimiento ilícito para casos de funcionarios públicos.

Posteriormente, mediante el Acuerdo de Consolidación Democrática, celebrado en 2001 entre las principales fuerzas políticas del país, se conviene reunir las funciones de la Controlaría General de la República y de la Dirección de Probidad Administrativa en un sola institución denominada Tribunal Superior de Cuentas, dirigido en forma colegiada por tres miembros electos por el Congreso Nacional.

La Constitución establece la creación de una serie de órganos de control para la administración pública, en base a las leyes e instituciones para la administración pública creadas por el Poder Legislativo. La Constitución de la República de Honduras fue publicada en el Diario Oficial “La Gaceta” mediante Decreto No. 131-82, del 11 de enero de 1982 y desde esa fecha hasta la actualidad ha pasado por varias reformas e interpretaciones.

El control interno en cada dependencia del Estado se realiza a través de unidades de auditoría interna.

En el artículo 5 de la Ley Orgánica de Tribunal Superior de Cuentas se establecen los Sujetos Pasivos de la Ley y quiénes están sujetos a las disposiciones contempladas en la misma. Igualmente, el TSC cuenta con el Reglamento General de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas dentro del cual establece su organización y estructura interna, con una Dirección de Probidad y Ética y una Dirección de Participación Ciudadana.

El Tribunal, como ente rector del sistema de control, tiene como función constitucional fiscalizar a posteriori los fondos, bienes y recursos administrados por cualquier otra institución o ente público o privado que administre recursos públicos de fuentes internas o externas. Además, realiza control financiero, de gestión y de resultados para establecer a posteriori la eficiencia, economía, equidad, veracidad y legalidad en la administración pública. Le corresponde, además, el establecimiento de un sistema de transparencia en la gestión de los servidores públicos, la determinación del enriquecimiento ilícito y el control de los activos, pasivos y, en general, del patrimonio del Estado. (Artículo 3 de la Ley Orgánica del TSC)

Como aparece en el Plan Estratégico del TSC 2010-2016, los objetivos generales de la entidad para ese período se pueden agrupar en tres grandes áreas: 1. Dirigir, orientar, organizar, efectuar, supervisar y evaluar el Sistema de Control de los Recursos Públicos; 2. Consolidar un sistema de participación ciudadana en las actividades de control del Estado; 3. Disponer de la estructura legal, administrativa , financiera , técnica y tecnológica requerida para el desarrollo de las funciones asignadas al TSC.

El funcionamiento del SINACORP pretende lograr entre otros objetivos: el fortalecimiento la rendición de cuentas; la relación y coordinación entre el control interno y el externo; el fortalecimiento de la capacidad técnica para el ejercicio de las labores de control y auditoría y para la evaluación de la efectividad del control interno; el desarrollo de normas específicas de control interno con base a las normas generales que emita el Tribunal y la promoción de los instrumentos de control de gestión por objetivos o resultados y de transparencia de la gestión.

Para lograr la organización y funcionamiento del SINACORP, el TSC ha venido gestionando ante el Banco Interamericano de Desarrollo y otros cooperantes el financiamiento del Proyecto de Apoyo al Fortalecimiento Integral de los recursos Públicos.

Mediante el Decreto Ejecutivo PCM-26-2007 se creó la Oficina Nacional de Desarrollo Integral de Control Interno de las Instituciones Públicas, ONADICI, dentro del marco del SINACORP y adscrita a la Presidencia de la República.

El objetivo de la ONADICI, estipulado en el artículo 2 del mencionado Decreto es “asegurar razonablemente la efectividad del proceso de control interno institucional en procura del logro de una gestión de la hacienda pública eficaz, eficiente, responsable, transparente y proba, en el marco de la Constitución y las leyes de la República e instrumentos que las desarrollan”. También potencializar el ejercicio de los servidores públicos, en el marco de las normas del Tribunal Superior de Cuentas.

Dentro de sus objetivos tiene a su cargo la representación, defensa y protección de los intereses generales de la sociedad, velar por la pronta, recta y eficaz administración de justicia especialmente en el ámbito penal llevando a cabo la investigación de los delitos hasta descubrir a los responsables, y requerir ante los tribunales competentes la aplicación de la ley, combatir el narcotráfico y la corrupción en cualesquiera de sus formas, investigar; verificar y determinar la titularidad dominical y la integridad de los bienes nacionales de uso público así como el uso legal racional y apropiado de los bienes patrimoniales del Estado que hayan sido cedidos a los particulares, asimismo ejercitar o instar las acciones legales correspondientes. 

El Ministerio Público funciona bajo el mando de un Fiscal General de la República y un Fiscal General Adjunto, electos por el Congreso Nacional, con el voto de las dos terceras partes de la totalidad de sus miembros (85 diputados de 128 que conforman la Cámara Legislativa), de una nómina de cinco candidatos que se presenta a una Junta Proponente convocada y presidida por el Presidente de la Corte Suprema de Justicia.

Integrado también por un magistrado de la Corte Suprema de Justicia nombrado por el pleno de la misma, el Rector de una de las Universidades que funcionan en el país, un representante del Colegio de Abogados de Honduras designado por su Junta Directiva y el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos. 

Representa los derechos del Estado en todos los juicios en que éste es parte; promueve demandas ante los Juzgados y Tribunales de la República en defensa de los derechos y bienes del Estado; emite dictámenes y criterios técnico jurídicos que orientan la administración pública.

La PGR está conformada por un Procurador y un Subprocurador General de la República que los elige el Congreso Nacional por cuatro años. 

 

Dentro de sus atribuciones, según el artículo 6 de su Ley Orgánica, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos puede dirigirse directamente a cualquier servidor de la administración pública, organismos o instituciones de cualquier naturaleza y sus titulares tendrán la obligación de contestar las peticiones y requerimientos que se le formulen

La CNBS trabaja en estrecha colaboración con el Sistema Financiero Nacional, la Fiscalía contra la Corrupción y otros entes en el país para regular y controlar todas las operaciones bancarias a fin de evitar delitos financieros y la corrupción de servidores públicos. 

PROMOCIÓN DE RECLAMOS. Las asociaciones de consumidores podrán sustanciar los reclamos de los consumidores de bienes y servicios ante los proveedores distribuidores, fabricantes, productores, comerciantes, o prestadores de servicios que correspondan, que se deriven del incumplimiento de la presente Ley. Para promover el reclamo, el consumidor deberá suscribir la petición ante la Asociación correspondiente, adjuntando la documentación e información que obre en su poder, a fin de que la entidad promueva todas las acciones necesarias para acercar las partes. Formalizado el reclamo, la Asociación debidamente acreditada invitará por escrito a las partes a las reuniones que considere oportunas, con el objeto de intentar una solución al conflicto planteado a través de un acuerdo satisfactorio. En esta instancia, la función de las asociaciones de consumidores es estrictamente amistosa y extrajudicial. Su función se limita a facilitar el acercamiento entre las partes. 

https://todolegal.app/laws/49-ley-de-proteccion-al-consumidor