Según los DDHH de primera generación los manifestantes podían expresar libremente sus opiniones sin la afectación de la paz social ,lo cual ellos respetaron,sin embargo no fueron respetados ni sus opiniones ni su vida

La noticia refleja una grave violación de los derechos humanos, en particular de los derechos a la vida y de reunión pacífica, en un caso ocurrido en Perú durante 2008. El Comité de Derechos Humanos de la ONU subraya que el uso de la fuerza potencialmente letal por parte del Estado en el contexto de manifestaciones pacíficas es inadmisible, salvo en situaciones extremadamente necesarias para proteger la vida o evitar lesiones graves ante una amenaza inminente. En este caso, los disparos que mataron a los manifestantes no solo fueron injustificados, sino que ocurrieron cuando las víctimas estaban de espaldas, huyendo y, por lo tanto, no representaban ningún tipo de amenaza.

La falta de una investigación adecuada y la posterior absolución de los responsables agravan la situación, exponiendo una falla en el sistema judicial para garantizar justicia a las víctimas y sus familias. El hecho de que un oficial haya entregado su arma a la armería y no a la Oficina de Criminalística plantea dudas sobre la transparencia y la manipulación de pruebas. La absolución de los acusados ​​a pesar de la evidencia forense refuerza la percepción de imparcialidad.

El Comité destaca la responsabilidad del Estado no solo en evitar la privación arbitraria de la vida, sino también en investigar adecuadamente tales incidentes y enjuiciar a los responsables. Perú, al no haber cumplido con estos estándares, está en deuda con las familias de las víctimas

Desde una perspectiva de derechos humanos, esta situación es alarmante porque pone en evidencia los desafíos en Perú respecto a la rendición de cuentas de las fuerzas del orden y la debida protección de los derechos fundamentales en contextos de protesta. La exigencia del Comité de investigar y sancionar a los responsables refleja la necesidad de reformas en las prácticas policiales y en el sistema judicial para evitar que casos como este se repitan.