La autonomía, le permite a estas entidades gestionar sus propios intereses, elegir sus autoridades, establecer sus propios tributos y ejercer la dirección política con la que cuentan. Por otra parte, el principio unitario establece un poder central superior, encargado de tomar decisiones, establecer parámetros y dictar leyes de aplicación Nacional. 

El conflicto entre ambos principios se origina por la búsqueda de poder sin una división clara de competencias, generando rivalidades entre autoridades locales y el gobierno central o incluso entre aquellas con el mismo nivel jerárquico. Estas disputas son impulsadas a menudo por intereses políticos y personales que debilitan los fines esenciales del Estado, que son por los cuales deben orientar sus gestiones a todos las zonas de forma equitativa. 

Para resolver esta confrontación ambas partes deben respetar y comprender los límites de sus competencias, definidos por la Constitución Política y la ley, teniendo como base el respeto y división de roles. Aunque las entidades territoriales tienen autonomía para tomar decisiones propias, estas deben ser acorde a los preceptos del poder central, evitando discrepancias frente a los manifestado por la autoridad de un orden jerárquico superior. 

Además, deben respetar temas de interés regional y/o local, prevaleciendo el principio de coordinación, por el cual se distribuyen competencias a cada entidad en aras de trabajar en armonía, por medio del diálogo y junto a las demás entidades ya sea del mismo nivel jerárquico o uno diferente, de manera complementaria con el fin de satisfacer intereses comunes, dado que las autoridades no pueden cerrarse en su ámbito evitando aquellas autoridades de niveles diferentes, por dicho muro establecido es que se originan los problemas sociales, de servicios públicos y atención al ciudadano.  

Mediante el principio de distribución se asigna de manera justa y equitativa, funciones diferentes a cada entidad según su naturaleza y el nivel que posean, con el fin de evitar conflictos sobre lo que le corresponde a cada uno regular. Aunque se aclara que ello no significa que la Nación se aparte de lo que sucede en las regiones , sino que debe realizar un seguimiento a las situaciones que requieran de la  participación de sus distintos niveles de administración para resolver el problema, sin evadir su responsabilidad en cumplimiento del principio de concurrencia, debido a que el bienestar de la sociedad es responsabilidad de todas las autoridades por igual y debe ser protegido por estas. 

En consideración a lo anterior, se aclara que el poder central al momento de intervenir, debe tener en cuenta que la primera facultad le corresponde a la entidad territorial más próxima al ciudadano, quien es la que mejor conoce sus requerimientos, solo en casos donde las instancias inferiores sean incapaces de cumplir sus responsabilidades es donde el Estado intervendrá para garantizar la prestación de los servicios, ello es llamado el principio de subsidiariedad.