La Corte Constitucional de una manera integral lo ha definido como el conjunto de normas sustanciales y procesales en virtud de las cuales el Estado asegura la obediencia, la disciplina, el comportamiento ético, la moralidad y la eficiencia de los servidores públicos y particulares en cumplimiento de funciones públicas, con miras a asegurar el buen funcionamiento y des - empeño de los servicios a su cargo (Sentencia C-721 de 2015). Así mismo, hace parte del derecho sancionador cuyo propósito es garantizar la materialización efectiva de los principios y fines del Estado social de derecho.

El Estado es el titular de la potestad disciplinaria; no obstante, en el DNP y con ocasión del rediseño institucional establecido por el Decreto 1893 del 30 de diciembre de 2021 —por medio del cual se modificó la estructura del Departamento Nacional de Planeación—, se creó la Oficina de Control Interno Disciplinario (OCID), encargada de ejercer la potestad disciplinaria dentro de la entidad; además, es responsable de promover políticas, planes y programas de prevención orientadas a minimizar la ocurrencia de la conducta disciplinables. Lo anterior lo efectúa sin perjuicio del ejercicio del poder preferente que ostenta la Procuraduría General de la Nación.

El DNP para garantizar el debido proceso y acatar las preceptivas de orden convencional en el marco del derecho internacional y las disposiciones del Código General Disciplinario (Art. 12 de la Ley 1952) modificado por la Ley 2094 de 2021, que establece que el disciplinable deberá ser investigado y luego juzgado por funcionario diferente, independiente, imparcial y autónomo que sea competente; dispuso la creación del GRUPO INTERNO DE INSTRUCCIÓN para que adelante las actuaciones disciplinarias investigativas hasta el pliego de cargos, esto es, la instrucción disciplinaria, a efectos que el juzgamiento sea adelantado por la Oficina de Control Interno Disciplinario y la segunda instancia por la Secretaría General.

El derecho disciplinario cumple una función trascendental dentro del Estado colombiano en la medida que:

• Garantiza la efectividad y buen funcionamiento de la Administración pública.

• Garantiza el cabal cumplimiento de las funciones y compromisos en el marco de la función pública.

• Propende por el recto y eficiente cumplimiento del deber funcional.

• Promueve y vela por que cada actuación pública se enmarque en el concepto de la moralidad y ética administrativa.

• Es un eficaz aliado de la lucha contra la corrupción.

• Las decisiones disciplinarias cumplen una función preventiva y correctiva con el fin de evitar nuevamente su ocurrencia.

El gran propósito del Régimen Disciplinario es garantizar efectivamente el cumplimiento de los fines y postulados del Estado en especial el óptimo desarrollo de la función administrativa; así mismo, salvaguardar la moralidad administrativa y velar por la buena marcha de la administración pública.

• Los tratados y convenios internacionales ratificados por Colombia que versen sobre derechos fundamentales y garantías procesales.

• Resalta entre ellos la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José) —adoptada

mediante la Ley 16 de 1972—.

• La Constitución Política de Colombia. En la norma de normas resalta el artículo 6: “Los particulares solo son responsables ante las autoridades por infringir la Constitución y las leyes. Los servidores públicos lo son por la misma causa y por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones”.

• La Ley 734 de 2002 o Código Único Disciplinario, no obstante, de estar derogado, por el régimen de transición normativa se aplica con ultraactividad para unos casos específicos. La Ley 1952 de 2019: Código General Disciplinario.

• La Ley 2094 de 2021 reformatoria del Código General Disciplinario.

Es la incursión por acción u omisión en alguna de las conductas o situaciones previstas en el Estatuto Disciplinario o Código General Disciplinario, las cuales repercuten en el buen funcionamiento de la función pública y son reprochables por las siguientes motivaciones:

• Incumplir los deberes del servidor público (artículo 38)

• Desatender las prohibiciones del servidor público (artículo 39)

• Inobservar el régimen de inhabilidades, impedimentos, incompatibilidades y conflicto de intereses (artículo 40)

• Extralimitarse en sus funciones (artículo 6 constitucional) Las faltas disciplinarias son constitutivas a título de dolo o culpa.

Las faltas disciplinarias se clasifican en tres categorías,a saber:

• Faltas gravísimas: Las faltas gravísimas están expresamente descritas en el Código General Disciplinario (son taxativas) artículo 52.

• Faltas graves: Constituye falta disciplinaria grave o leve, el incumplimiento de los deberes, el abuso de los derechos, la extralimitación de las funciones, o la incursión en prohibiciones.

• Faltas leves: La gravedad o levedad de la falta será establecida por el operador disciplinario (instructor o juzgador), de acuerdo con unos criterios establecidos por el Código General Disciplinario.

• Catálogo de faltas gravísimas El Código General Disciplinario agrupó las faltas gravísimas en especialidades y temáticas facilitando de esta manera la adecuación típica de las conductas reprochables.

Delitos: peculado, concusión, cohecho, celebración indebida de contratos, tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito, prevaricato, abusos de autoridad y otras infracciones, usurpación y abuso de funciones públicas, delitos contra los servidores públicos, utilización indebida de información y de influencias derivadas del ejercicio de función pública y omisión de activos o inclusión de pasivos inexistentes.