Los Mecanismos de Protección Ciudadana son los instrumentos instituidos para proteger una eventual o real pérdida, vulneración o amenaza de derechos fundamentales consagrados en la Constitución Política, que se ejercen mediante acción judicial, y cuando fuere posible restituir las cosas a su estado anterior.

La Constitución Política de Colombia de 1991 establece que la economía social de mercado es el modelo económico que impera en Colombia, en el cual el Estado Social de Derecho, bajo el principio de la solidaridad, busca proteger y garantizar los derechos fundamentales de todos los ciudadanos. En esta situación el Estado actúa por intermedio de los políticos y los jueces para proteger los derechos de los pobres. En consecuencia, esta investigación se pregunta, ¿de qué forma el Estado Social de Derecho pretende garantizar los derechos fundamentales de los pobres en Colombia? El objetivo es recabar y exponer aquellos elementos teóricos, metodológicos y jurisprudenciales, a través de los cuales el Estado colombiano busca garantizar los derechos fundamentales de los pobres. Mediante un método cualitativo-interpretativo sobre el desarrollo jurisprudencial se obtienen resultados que permiten concluir que el Estado colombiano busca garantizar los derechos fundamentales de los pobres a través de un instrumento de economía política, en torno a la solidaridad, que consiste en legitimar un proceso de redistribución de la riqueza disponible. Los resultados de esta investigación son inéditos en las ciencias sociales y constituyen una pieza central para el estudio científico de la pobreza, toda vez que articulan las ciencias económicas, jurídicas y políticas, permitiendo la integración entre pobreza y riqueza.

El tratamiento jurídico y político de la pobreza, en el Estado Social de Derecho, se enmarca en el campo de la protección social y la efectividad de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales-DESC. En este tipo de Estados, la ciudadanía le impone al Estado el mandato y obligación de proteger a los pobres como población v­ulnerable y liberarlos de la pobreza. Bajo esta perspectiva la pobreza deja de ser un problema económico y se convierte en un problema político y jurídico. Sin embargo, en la literatura no hay claridad si al trasladar el problema de la pobreza del campo de la economía hacia el campo de la política y la justicia, su eliminación sea más efectiva, lo cierto es que este enfoque se ha impuesto en el Estado Social de Derecho.

1:Acabar con el hambre y la malnutrición

2:Cobertura universal de la salud

3:Adaptación al cambio climático

4:Acceso universal a la educación de calidad

5:Aumentar la inversión en el desarrollo de regiones y comunidades empobrecidas

6:Atajar la desigualdad de género

7:Invertir en centros comunitarios y sociales

8:Ayudar en bancos de alimentos

9:Realizar voluntariado

10:Aportar donaciones a las personas más pobres

La pobreza absoluta:

La pobreza absoluta (también llamada pobreza extrema) es la falta de recursos suficientes para asegurar las necesidades básicas de la vida, entre otras cosas, agua potable, alimentos, o saneamiento. La línea de pobreza se calcula muchas veces sobre la base de los ingresos: en los casos en que los ingresos de una persona o una familia se encuentra por debajo de cierto nivel que se considera el mínimo necesario para un nivel de vida razonable, entonces esta persona o familia se considera pobre.

La pobreza relativa:

la pobreza se entiende generalmente como pobreza relativa, en cuyo caso una persona o un hogar es considerado pobre cuando sus ingresos y recursos son peor de lo que se cree que es adecuado o socialmente aceptable en la sociedad en la que vive. Los pobres son a menudo excluidos de la participación en las actividades económicas, sociales y culturales que se consideran normales para otras personas, y el goce de sus derechos fundamentales pueden ser restringido.

Tenga en cuenta que el procedimiento que regula la atención de las PQRD'S interpuestas por la ciudadanía desde el Ministerio de Minas y Energía, se encuentra en la Resolución 40332 del 04 de noviembre 2020.

*Derecho de Petición

*Queja

*Reclamo

*Denuncia

2."No es pobre el que tiene poco, sino el que mucho desea".

3."Si una sociedad libre no puede ayudar a sus muchos pobres, tampoco podrá salvar a sus pocos ricos".

La Constitución Política de 1991 consagra un catálogo extenso de derechos fundamentales que son relevantes para la lucha contra la pobreza, como el derecho al trabajo, a la salud, a la educación, a la vivienda digna, a la seguridad social, a la alimentación, a la igualdad y a la no discriminación.

La Corte Constitucional ha desarrollado una amplia jurisprudencia sobre estos derechos, estableciendo obligaciones específicas para el Estado en materia de protección social y reducción de la pobreza.

Nivel legal:

Existen diversas leyes y decretos que establecen programas y políticas públicas específicas para la atención a la población en situación de pobreza, como la Ley 100 de 1993 (Sistema de Seguridad Social en Salud), la Ley 779 de 2000 (Plan Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia) y la Ley 1152 de 2011 (Política Nacional de Desarrollo Rural).

Estas normas establecen mecanismos de protección como transferencias monetarias condicionadas, subsidios en salud y educación, acceso a vivienda y servicios públicos, programas de generación de ingresos y capacitación laboral, entre otros.

Nivel institucional:

Existen diversas entidades gubernamentales encargadas de implementar las políticas públicas de lucha contra la pobreza, como el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el Ministerio de Salud y Protección Social, el Ministerio de Educación Nacional, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, y el Departamento para la Prosperidad Social.

Mecanismos de participación ciudadana:

La población en situación de pobreza tiene derecho a participar en la definición, implementación y evaluación de las políticas públicas que les afectan.

Existen diversos mecanismos de participación ciudadana establecidos en la ley, como los consejos comunitarios, los comités de veeduría ciudadana y los mecanismos de consulta popular.

La aplicación efectiva de los mecanismos de protección de derechos es fundamental para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas en situación de pobreza y para construir un país más justo y equitativo.