En tanto, la llamada agua subterránea, que procede de formaciones geológicas impermeables con un recurso natural acumulado a lo largo de miles de años, padece una sobreexplotación que afecta a más de la mitad de los acuíferos del país, calculó.

“Toda el agua dulce que nosotros consumimos viene del mar. Los rayos solares calientan el agua salada de mar, se forman las nubes, que caminan en los continentes, llueve, y esa lluvia ya es agua dulce”, explicó.

Si no hay lluvia, deforestamos y alteramos el medio ambiente, deja de haber el recurso que necesitamos para vivir, alertó.

 “Esta situación es especialmente delicada si se considera que tres cuartas partes del territorio mexicano son consideradas áridas o semiáridas”, resaltó.

De cara al Día Mundial del Agua, que se celebra el 22 de marzo, estos son apenas algunos de los múltiples conflictos por este recurso a lo largo del país, motivados sobre todo porque los sectores industrial y agrícola acaparan el agua de los territorios, mientras los pobladores la requieren para vivir.

En 2020 había 8.5 millones de mexicanos (de acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social) que carecen del servicio de agua potable y la mayoría de la población la recibe unos días a la semana o al mes.

 Explotación de bosques madereros y tala inmoderada. La deforestación tiene gran impacto sobre el ambiente.

El artículo 4˚ reconoce que toda persona tiene derecho al acceso, la disposición y el saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado debe garantizar este derecho de forma equitativa y sustentable, y establecer la participación de la Federación, los estados y la ciudadanía para conseguirlo.

El artículo 27 señala que las aguas son propiedad de la Nación y sienta las bases para que el Estado regule su aprovechamiento sostenible, con la participación de la ciudadanía y de los tres niveles de gobierno. Especifica que la explotación, el uso o aprovechamiento de los recursos se realizará mediante concesiones otorgadas por el Ejecutivo, con base en las leyes.

El artículo 115, por su parte, especifica que los municipios tienen a su cargo los servicios públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales.