Cómo aparecen esas máquinas que pesan toneladas y valen centenares de millones de pesos en algunos de los lugares más remotos del país –la Policía de Carabineros, que es la fuerza de choque del Estado colombiano contra ese fenómeno criminal, calcula que solo en el bajo Cauca hay por lo menos 3.600– es uno de los capítulos menos explorados de la cadena de corrupción pública que se nutre de la minería ilícita. Varios alcaldes están bajo la mira de la justicia porque avalaron la entrada de maquinaria pesada a sus jurisdicciones para obras que nunca se hicieron y que terminó en manos de ilegales.

El Eln y las nuevas bandas también sacan tajada. A la par de la extorsión, estos grupos manejan directamente zonas de explotación en sus áreas de influencia. Además del daño ambiental, es esa millonaria fuente de ingresos para los ilegales la que ha convertido el combate contra la minería criminal en un asunto de seguridad nacional. Solo un 13 por ciento del oro que se saca cada año del país proviene de minas tituladas. El resto, que equivale a unos 7 billones de pesos, se queda en la informalidad y en los bolsillos de las organizaciones criminales.