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El caso Lezo y sus últimas derivadas ha vuelto a pone en primera línea el grave problema de la corrupción en la Comunidad de Madrid. No obstante, sabemos que el problema viene de lejos y que no sólo afecta a Madrid. La corrupción parece enquistada en las administraciones e instituciones públicas, y lo peor de todo es que la sociedad la acepta ya con resignación como algo consustancial al actual sistema socioeconómico.
 Por mucho que los políticos se rompan las vestiduras cada vez que se detecta un nuevo caso en sus filas, y presuman de adoptar los códigos de conducta y las normativas más avanzadas contra la corrupción, lo cierto es que no hay, ni ha habido nunca en este país, una intención firme de acabar con esta lacra desde los estamentos que ostentan el poder.
 Así lo demuestran las recientes leyes de contención de la corrupción, como la ley de Transparencia, que además de llegar tarde, es de las peores del mundo, y la Ley de Financiación de Partidos Políticos que eximen a las Fundaciones de los Partidos políticos y/o las Empresas vinculadas a los Partidos.
Así lo demuestra la falta de recursos de la Administración de Justicia (recordemos que en España hay 11 jueces por cada 100.000 habitantes mientras que la media es de 21 en la UE) que provoca enormes listas de espera en los juzgados y la prescripción de muchos delitos.
Así lo demuestra también el mayor número de trabajas que se pone a los ciudadanos y a las asociaciones civiles para denunciar y convertirse en acusaciones particulares en los numerosos casos de corrupción abiertos.
Y así lo demuestra, sobre todo, la falta de independencia del poder judicial, con un Consejo del Poder Judicial todavía elegido por los partidos políticos, a pesar de las reprimendas del Consejo Europeo, y un Fiscal General del Estado, así como la Fiscalía Anticorrupción que depende de este, elegidos a dedo por el Gobierno, con consecuencias como las que ya conocemos del reciente caso Moix.

Todo esto nos lleva a suponer que tan sólo ha aflorado la punta del vasto iceberg de la corrupción en este país, y poco más podemos esperar mientras sean los viejos partidos anclados al poder, los encargados de impulsar las medidas par que aflore el resto, porque son los que más vergüenzas tienen que tapar. 

Para colmo, la falta de contundencia con la que se sanciona los casos descubiertos, como ha quedado patente con la puesta en libertad de Francisco Granados, que ni está arrepentido ni ha devuelto un sólo euro de lo robado,propicia una impunidad que incentiva aún más las prácticas corruptas.

En este contexto en el que las instituciones se muestran incapaces de extirpar la corrupción de sus entrañas y tampoco hay voluntad política para ello, es la ciudadanía la que debe empoderarse y dotarse de instrumentos de control sobre sus gobiernos y administraciones.

Algunos movimientos ciudadanos como la Plataforma Auditoría Ciudadana de la Deuda así lo han entendido y vienen promoviendo Auditorías Ciudadanas de las políticas públicas tanto a nivel territorial (Estado, comunidades autónomas y municipios), como a nivel sectorial. 

Unas auditorías que pretenden ir más allá de la legalidad y analizar que políticas o actuaciones públicas, incluso sin contravenir la ley, pueden declararse ilegítimas, por haber ocasionado un claro perjuicio a una gran parte de la población en beneficio de una minoría privilegiada. Casos, por ejemplo, como el rescate a la Banca, que supuso casi 80.000 millones de euros que hemos pagado entre todas, como bien sabemos, a base de recortes en derechos y servicios públicos, y que ahora el gobierno reconoce como perdidos sin el mayor rubor.

La ciudadanía organizada está demostrando que es posible empoderarse por medio de estas auditorías en procesos como la Auditoría Ciudadana del Ayuntamiento de Madrid, en la que hay grupos ciudadanos que están auditando las cuentas y las políticas municipales a nivel de sus barrios y distritos y han sacado ya informes, como el Informe de Auditoría Ciudadana de los Centros Culturales de Usera, que no sólo evidencian la ilegitimidad de muchas actuaciones municipales, sino que además señalan culpables y exigen responsabilidades.

Otro potente instrumento de empoderamiento serían los tribunales populares, como el Tribunal Ciudadano de Justicia del 15M, que desde el 2012 está investigando las sobretasaciones inducidas por las entidades financieras y que fueron una de las causas de la crisis inmobiliaria, o recientemente el tribunal popular que está constituyendo para juzgar el caso Castor. 

Sólo si la ciudadanía vence la resignación y se empodera a través de iniciativas como las Auditorías Ciudadanas o los Tribunales Populares, podremos tener una democracia sana de corrupción como nos merecemos. Por eso hacemos un llamamiento a toda la población a sumarse a estos grupos auditores o tribunales populares, o a crearlos en sus barrios y ciudades si no existen. Y también a salir a la calle el próximo sábado 24 de junio en la manifestación que saldrá a las 19:00 desde la glorieta Ruíz Jiménez hasta Sol en Madrid, para manifestar que entre todas vamos a acabar con la corrupción.

En los primeros informes se anticipaban determinados temas de corrupción relacionados con el caso Gürtel y la Operación Púnica que afectaban y afectan al sistema sanitario público madrileño. 

En cuanto a la Operación Púnica hay que destacar las conexiones existentes entre David Marjaliza¹ y el que fuera número dos de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Francisco Granados. Ambos han estado en prisión².

A lo largo del año 2016, se han producido diversas noticias que muestran, una vez más, como la corrupción se ha instalado en la Comunidad de Madrid y forma parte de la estructura del sistema.

Entre ellas, merecen especial mención lo siguientes hechos conocidos:

En julio de 2016, aparecía en el diario “El País”³ la noticia de que el Tribunal de Cuentas detectó fallos graves en el sistema de subvenciones del Gobierno de Ignacio González.

En concreto, el Gobierno del expresidente madrileño Ignacio González (PP) concedió subvenciones “sin justificar” a la entidad “sin ánimo de lucro” Asociación Plataforma Turística de Madrid. Las partidas bajo sospecha se aprobaron en 2013 y 2014 y sumaron 6,4 millones de euros, según el citado Tribunal.

El organismo fiscalizador criticó que el Ejecutivo de Madrid ampliara el dinero concedido a la Asociación Plataforma Turística respecto a la cifra contemplada en los Presupuestos regionales. La subvención pasó, en uno de los ejercicios, de 450.000 euros a 1,4 millones. Este incremento, contó con el informe negativo de la Intervención delegada.

Constituida en 2008, la Asociación Plataforma Turística de Madrid agrupó al Gobierno regional, Telemadrid, la Universidad Carlos III y a un grupo de empresas y organizaciones como Iberia o la escuela de negocios ESIC.

La entidad perseguía promocionar la Comunidad de Madrid en el exterior. La aportación de sus socios privados hasta 2012 rozaba 100.000 euros anuales.

La organización, receptora de las subvenciones bajo sospecha del Ejecutivo regional de Ignacio González, pasó a llamarse en 2015 Asociación Turismo de Madrid. Su presidente de honor es el exministro de los Ejecutivos de UCD y PP y presidente de Carrefour en España Rafael Arias-Salgado. El 51% de su presupuesto procede de fondos privados y el 49% de capital público, según sus datos.

Casualmente la Asociación Turismo de Madrid⁴ forma parte de Madrid Network, entidad que concedió, en su día, 523.600 euros a Madrid Medical Destination⁵, empresa constituida en octubre de 2010, de Manuel Lamela, exconsejero de Sanidad entre 2003 y 2007.

En agosto de 2016, el periódico digital “El Boletin.com”⁶ publicaba la noticia de que Elodea, una de las empresas integrada en Hospital de Vallecas SA, encargada de gestionar los servicios de limpieza, lavandería, seguridad, restaurante y catering, vigilancia, conserjes y jardinería, gestión de residuos, esterilización, personal de administración y aparcamiento del Hospital Infanta Leonor de Vallecas, había sido declarada por el Juzgado de lo Mercantil nº 8 de Madrid en concurso de acreedores. 

Elodea está presidida por el empresario José Luis Ulibarri, imputado en la trama Gürtel. 

La denominación de Elodea nace en julio de 2015 tras haber absorbido anteriormente, en agosto de 2012, a Begar Construcciones y Contratas, empresa que ganó el concurso para la construcción y la gestión del Hospital Infanta Leonor (Hospital modelo PFI).

A través de una Unión Temporal de Empresas (UTE), Hospital de Vallecas SA (Ploder –también con problemas financieros-, Begar, Vectrinsa Gestión, Arturo Grupo Cantoblanco Catering Services –declarada insolvente-, Fuensanta y Caja Rural Intermediterránea) adquirió en 2005 dicha misión para este centro sanitario cuya cantidad máxima anual de la adjudicación fue de 15.448.178 euros constantes 2005 con una duración del contrato de 30 años (2035) con una posible prórroga de 10 años (2045).

Mención especial merece la empresa Arturo Grupo Cantoblanco Catering Services, cuyo presidente, Arturo Fernández Álvarez se encuentra imputado en la investigación sobre el Caso Bankia por el uso de las tarjetas black cuando era consejero de la entidad. 

Además, también está siendo investigado por financiación ilegal en el caso de la Trama Púnica sobre la caja B del Partido Popular de Madrid en 2009⁷. Arturo Fernández ha sido presidente de la Confederación Empresarial Independiente de Madrid (CEIM) y vicepresidente de la CEOE, hasta 2014 y de la Cámara de Comercio de Madrid, hasta 2016.

Como un ejemplo más de hasta qué punto la corrupción forma parte del sistema, también en agosto de 2016, el periódico digital “elpais.com”⁸ publicaba la noticia de que el exjefe del Servicio de Anatomía Patológica del Hospital Gregorio Marañón está imputado por una presunta malversación de caudales públicos.

Emilio Álvarez, el médico imputado por una presunta malversación de caudales públicos en un juzgado de Madrid, sigue siendo, pese a estar jubilado desde septiembre de 2014, el único responsable del contrato con la empresa TriStar bajo el cual miles de muestras de tejido humano han salido del Hospital para ser posteriormente comercializadas por esta compañía intermediaria.

La Consejería de Sanidad tiene un contrato firmado con TriStar desde el año 2014 con una duración de cinco años (vence en 2019).

Según el acuerdo firmado con TriStar, entre noviembre de 2012 y diciembre de 2015 se han permitido la cesión de más de 4.300 TMA (micromatrices de tejidos) o bloques divididos (un bloque de parafina que contiene una porción de muestra).

TriStar ha estado obteniendo prácticamente gratis esos trozos de antiguas biopsias del Hospital Gregorio Marañón, que después vende a distintos laboratorios o empresas farmacéuticas, para ser utilizadas en sus investigaciones.

En el mercado internacional, un solo TMA cuesta entre 200 y 1.500 dólares, dependiendo del número de tumores que incorpore y de la rareza de éstos.

En abril de 2017, el Juzgado de Instrucción número 12 de Madrid ha considerado que existen indicios de posible delito de malversación en las presuntas prácticas irregulares en el departamento de Anatomía Patológica del hospital Gregorio Marañón para realizar biopsias y citologías de pacientes de clínicas privadas y ha acordado continuar la causa para que sea enjuiciada⁹.

Como ya anticipábamos en el informe de 2014, sospechamos que los casos de corrupción en el sistema sanitario público no son sino la punta del iceberg de un fraude más generalizado que ocurre en todos los niveles de la organización sanitaria.

La información facilitada viene avalada por un informe elaborado por la Comisión Europea en 2013 con el título “Study on Corruption in the Healthcare Sector”¹⁰. En el mismo informe se señala que, en el año 2013, se consideraba que entre el 10% y el 25% del gasto de contratación pública para la provisión de tecnologías sanitarias y productos farmacéuticos se perdía en prácticas corruptas. 

El Gráfico 1 muestra el desglose del gasto sanitario total en la UE15 en el año 2012. El 17% de todo el gasto sanitario en la UE correspondió a medicamentos y el 7,5% a tecnologías sanitarias: en total unos 300.000 millones de euros, de los que entre 30.000 y 75.000 millones fueron sobre-costes debidos a prácticas corruptas.

Fuente: “Study on Corruption in the Healthcare Sector”. Traducción propia.

Aplicando este criterio al caso de la contratación pública de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid en 2016, cuyo importe fue de 490.932.459,30 euros se podría decir que el sobre-coste debido a posibles prácticas corruptas estaría comprendido entre los 49 y los 123 millones de euros.

Desde el Grupo de Trabajo Auditoría Ciudadana de la Deuda en Sanidad (Audita Sanidad) tenemos la exigencia, a medio plazo, de identificar en pormenor ese fraude en su totalidad.

1^: Socio del ex consejero madrileño Francisco Granados en la trama PÚNICA, salió de la cárcel de Aranjuez (Madrid) en diciembre de 2015, tras pasar 14 meses en prisión, al haber satisfecho la fianza de 100.000 euros que le puso el juez Eloy Velasco el 16 de diciembre de 2015 por haber colaborado con la justicia.

2^:Francisco Granados salió de la prisión de Estremera (Madrid), en el día de ayer, 14 de junio de 2017, tras depositar una fianza de 400.000 euros después de haber pasado 31 meses en la cárcel condenado por blanqueo de capitales y fraude por el caso PÚNICA.

3^: Ver el periódico digital “elpais.com”: http://politica.elpais.com/politica/2016/07/29/actualidad/1469815323_469088.html

4^:Para mayor información ver: http://www.madridnetwork.org/Estructura/Turismo

6^:Para mayor información ver: http://www.elboletin.com/nacional/138055/desmorona-empresa-gesiona-Hospital-vallecas.html

8^: Para mayor información ver: http://ccaa.elpais.com/ccaa/2016/08/06/madrid/1470474993_302174.html

10^:El Informe lleva el título de: “Study on Corruption in the Healthcare Sector”. Se puede encontrar en: