Desde 1983 fundaron la precoperativa y pidieron a diferentes alcaldías que se les venda el predio. Procedieron con normalidad hasta 1993, en que fueron desalojados sin motivo ni previo aviso. 4 años después Nobis levantó en esos predios Mall del Sol, y posteriormente varios negocios y edificios vinculados con este grupo empresarial.

Lxs afectadxs recurrieron a la prensa, al apoyo del CDH y la CDHU para intermediar comunicaciones con el Municipio y el Ministerio del Interior para evitar el desalojo. Las familias vivían en el sector entre 20 y 25 años y algunos tenían escrituras.

La gran movilización convocada para salir desde Radio Cristal hasta el Municipio logró parar el desalojo.

Fuente: informe de vivienda CDH.

En 1993 se les adjudicaron las tierras legalmente. La causa de los moradores de la Cooperativa Pancho Jácome fue auspiciada por el CDH y también por Diputados. El manejo de prensa construyó la idea de invasores y propietaros de casas que solo son de caña.

Durante este desalojo se usaron armas de fuego, dinamita y gasolina. Los habitantes detuvieron a un integrante retirado de las fuerzas armadas Rigoberto Jaramillo Malacato, a quien quisieron quemar vivo y acusaron de estar borracho y drogado e intentar violar a una niña.

Los bomberos no llegaron a apagar el fuego y la policía no permaneció resguardando el orden.

Hay varias versiones sobre la propiedad de los terrenos. Una dice que eran de la madre del vicealcalde Luis Chiriboga Parra, quien asegura haberlos donado a los militares. Otra versión que los terrenos fueron adquiridos por las compañías PYTSA y ACCIONTOP S.A (dedicada a la construcción de vivienda para clase media y media alta). Chiriboga fue vicealcalde desde 1992 hasta el 2009.

PANCHO JÁCOME ES UNA COOPERATIVA AGRÍCOLA FORMADA EN LOS 70'S

"el progreso de Guayaquil no se lo puede detener con una bandera de hambre y miseria, porque se asientan en esta Ciudad miles de personas que vienen realmente con una mano adelante y otra atrás, pero ellos no pueden impedirme a mí que el progreso de la Ciudad se detenga”.

Algunos incidentes contra este tipo de comerciantes suscedieron durante el 2001 en el proceso de reubicación del mercado de la Pedro Pablo Gómez

El desalojo se da posterior a la declaratoria de utilidad pública con fines de expropiación del sector ubicado entre las calles Francisco Dávila y Huancavilca entre Seis de Marzo y Pío Montúfar.

afectados: 81 propietarios

1500 familias

70 locales comerciales.

Los testimonios dan cuenta de irregularidades en el uso de la fuerza y en los procesos. Se golpeó, violó el domicilio, y llevaron preso a los cuarteles de "más seguridad" a algunas personas.

Sigue en litigio

25 Y 26 DE SEPTIEMBRE DE 2013

Llegan a las siguientes conclusiones:

"De todos estos intercambios ha surgido una enorme preocupación por las diversas violaciones al derecho a la vivienda y otros derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales que se han presentado en estos procesos. Se constata una grave falta de cumplimiento a normas y procedimientos tanto nacionales como internacionales, entre los que se puede incluir la omisión de proveer información oportuna y suficiente a la población afectada, realizar consultas y explicar claramente los planes y programas para el reasentamiento, compensación e indemnización, la falta de diálogo y el ofrecimiento de alternativas adecuadas y suficientes para la población afectada.

A la vez, hay que destacar las evidencias de despliegue y uso excesivo de la fuerza pública, que ha incluido a miembros de la fuerza terrestre, marina y vigilantes de tránsito, en los operativos de desalojo desarrollados entre mayo y julio pasados en los tres sectores antes mencionados, actos de violencia y prepotencia de autoridades involucradas que han generado una grave sensación de angustia y que tienen a la población viviendo en zozobra e inseguridad respecto a su futuro inmediato. Se han recibido incluso testimonios de criminalización y persecución de las lideresas y los líderes de las comunidades por su oposición y resistencia a estos proceso, así como denuncia de algunas personas que han sido encarceladas arbitrariamente.

Por su parte, los proyectos de vivienda en los que se está reasentando a la población desalojada presentan diversos problemas, incluyendo el reducido tamaño de los espacios ofrecidos (36m2), la inadecuación de los materiales empleados (que dan solidez estructural pero no ofrecen ventilación, iluminación ni temperatura interior apropiada en una zona de clima caliente), no garantizan acceso regular y de calidad a agua y saneamiento, y están alejados de los lugares donde antes habitaban algunas de esas familias. En particular, las nuevas ubicaciones representan un gran reto social para la convivencia y la reconstrucción del tejido urbano, dado que las familias provienen de diversos sitios y en la mayoría de los casos no se conocen; y, al mismo tiempo, una presión económica significativa para personas de muy escasos recursos, ya que tendrán que afrontar el pago de al menos el 10% del costo total de la vivienda (unos 13,500$).

En Nueva Prosperina reclaman poca información sobre su situación, la pared dice: No al desalojo, sí al diálogo.

En Monte Sinaí e Isla Trinitaria se organizan marchas en contra de los desalojos.

El 05 de marzo de 2015 un grupo de mujeres, refugiadas colombianas y mujeres jefes de hogar hacen una denuncia en el CDH; salen a manifestarse en la Perimetral a la altura de JAHER. Son reprimidas. Rosa Heremita Caicedo Tenorio pierde a un niño por la descarga de pistolas eléctricas.

27 de marzo 2015. 40 casas destruidas en la cooperativa Mélida Toral. 200 personas, 90 niños.

El 31 de agosto de 2015 realizan plantón para exigir mejores condiciones de vivienda en el sector: seguridad, vías de acceso y salud.

En el mes de septiembre reciben retaliaciones, entre ellas, notificaciones de que en 10 días serán revocados los derechos de uso de las casas por estar haciendo usos indebidos o estar desocupadas. Se desconoce además a la directiva.

1 de octubre 2015, Gloria Guerrero y Verónica Márquez reciben notificación de juicio penal por paralización de servicios públicos.

El desalojo no se llvó a cabo

200 ecuatorianxs.

María Eugenia, defensora comunitaria de Derechos Humanos.

Se crean barrios en el suburbio suroeeste (hoy central): Cristo del consuelo, la marimba, la chala, barrio lindo

Los lotizadores formales, privados y estatales, centran su foco de atención en población con bienes estables, dejando de lado a una gran cantidad de población que crecía al margen del mercado formal de trabajo (hecho que persiste hasta hoy)

despojo de la mano de obra (salarios mínimos e informalidad)

ningún servicio básico

35% en 1962,

41% en 1974

49% en 1982

50% en 1987

::::::::::::::::

1950 a 1986

población multiplicada 5.8 veces (Durán 8% de tasa de crecimiento)

extención 12.3

1974-1984: crecimiento de 6.000 hás

La situaci6n esbozada, tiene su explicaci6n por gran caudal migratorio, que significa el 2.5% anual para Guayaquil (49) y que proviene principalmente de las provin etas vecinas Manabf y Los Rlos, y de la propia provincia del Guayas, 10 que hace que lleguen a la ciudad entre 12 a 15.000 familias cada ano. A ella se agrega, un descenso de la tasa de mortalidad (aunque a nivel infantil es atin stgnl ficativa) y un sostenido crecimiento vegetativo (50).

se visualizan en un elevado nivel de desempleo que representa alrededor del 16% de la PEA, senalandose que un 55% de aquella se mantiene en el subempleo y en actividades inforrnales,

En 1972 aproximadamente barrios como Cristo del Consuelo o Barrio Garay se tugurizan y se expulsan pobladores que van a poblar Mapasingue y Prosperina

El mercado del suelo urbano (p. 48)

GUASMO 1982

Guasmo Sur 1.260,1 Hás. 164.710 habitantes

Guasmo Fertiza 168,2 Hás. 18.565 habitantes

Según Valencia (73): "Entre. Febrero de 1979 y Mayo de 1980, 219 edificaciones son 'demolidas 'en el centro de Guayaquil; 4.639 personas son expulsadas", Este proceso de demolición de las viejas casas tugurizadas se dió, realmente, a partir de 1975 argumentando bajos niveles de habitalidad de las viviendas o infectadas con el mal de chagas (74).

https://www.tiktok.com/@mazzini1991/video/7450575745052609798

1975. Precoperativa casitas del Guasmo. 500 socios.

1976. Precoperativa "Río Guayas"

1977. nada

1978. ya estaba ocupada casi la totalidad del Guasmo Central y Sur, alrededor de 1000 hás. En julio de 1978 el decreto 2740 legaliza la compra de los terrenos a 10s/. el metro2; se acelera la ocupación de la zona oeste de la carretera de la entrada al puerto dando como resultado Guasmo Fertiza, las Malvinas y La libertad

Muy similar es el caso de la Salud, ya que los establecimientos existentes, tanto a nivel estatal, de beneficencia o privados, no son suficientes para cubrir los requerimientos de la poblacion, agudizándose en los sectores populares, en las cuales hay apenas un Hospital ("del Suburbio") de mediana cobertura y que no funciona en toda su capacidad, y varios "Centros de Salud", que no son otra cosa que pequeños consultorios médicos de atencion externa, y por tanto, solo para casos sencillos. Es verdaderamente admirable que en el sector de El Guasmo, con mas de 250.000 habitantes, no exista un Hospital; igual cosa sucede en el sector de Mapasingue - Prosperina - Vía a Daule [unos 100.000 habitantes), lo mismo sucede en Durán que ya supera los 80.000. habitantes (con una tasa de crecimiento de alrededor del 8% anual), y en general en todos los sectores populares

Otras urbanizaciones como La Garzota, la Kennedy, Guayacanes, fueron construidas a partir de inmoviliarias y empresa privada entre esas bancos como el Filanabnco y la Junta de beneficencia de Guayaquil.

Urdenor es parte de los proyectos inmobiliarios de Filanbanco

El Municipio oferta Mi Lote junto a ciudad victoria

Al momento de visitar el proyecto de VIS, se reconoce que Socio Vivienda es el emblema de una política de vivienda fallida: las nuevas viviendas no cumplen los mínimos estándares de construcción ni de tipología, la superficie promedio de vivienda es de 5,2 m2/persona, y las familias no cuentan con su propiedad. En segundo lugar, las familias reubicadas fueron despojadas de su vivienda, que eran espacios de encuentro, de redes familiares y comerciales, y de habitar. En tercer lugar, se refuerza el patrón de segregación espacial y conduce a un escenario de exclusión, en donde sus habitantes temen las mínimas interacciones cotidianas, sus condiciones de vida se han precarizado y anhelan encontrar una vivienda en otro sector.

Ciudad Victoria (8.000 familias)

Ecocity

Ciudad Olmedo

Socio Vivienda (15000 familias)

La alta cantidad de mujeres cabeza de hogar en el registro de familiares

víctimas de desplazamiento evidencian que las mujeres asumen el rol prin-

cipal en el sostén y la organización de la familia. Esta situación implica que,

además de las dificultades económicas y sociales, enfrentan mayores de-

safíos en términos de protección, seguridad y acceso a apoyos específicos

Desplazados:

Del registro de las víctimas resultado de los hechos de violencia ocurridos

el 6 de marzo de 2025, el CDH ha contabilizado 41 unidades familiares de

las cuáles suman 217 personas. De esas, 71 son niños, niñas y adolescen-

tes. Todas pertenecen a Socio Vivienda I (Bloques) generando afectación

en Socio Vivienda II.

De este universo, 15 familias han tenido que huir del contexto de violencia

de manera repentina e involuntaria de sus hogares dejando todo para pro-

teger su vida e integridad personal. De igual forma, se registran 26 familia-

res que quedaron atrapados y no han podido salir de sus hogares debido

a varios factores, ocasionando un confinamiento forzado. Esta decisión es promovida por el miedo de despojo por parte de las bandas criminales de

sus departamentos luego de su salida.

El CDH identifica a ambos grupos de familiares como víctimas de la violen-

cia que requieren de atención integral del Estado y respuesta humanitaria.

En este conjunto de víctimas, encontramos a 128 mujeres de las cuáles 38

son cabezas de hogar; 89 hombres, de los cuáles 3 son cabezas de hogar.

De similar manera, se identifican personas de otros grupos atención prio-

ritaria como: tres adultas mayores, cuatro mujeres embarazadas, siete

personas con discapacidad, cinco personas con enfermedades catastróficas

Finalmente, se registran 24 familias con necesidades de apoyo psicológico

y alimentario, 17 solo con necesidad alimentaria y tres con mecanismos de

protección legal.