• cancelación de la personalidad jurídica de organizaciones de la sociedad civil

• la persecución judicial, la represión, la estigmatización, los ataques, las amenazas e intimidaciones contra los diferentes actores de la sociedad civil

• persecución contra la Iglesia católica

•  detenciones arbitrarias, confiscaciones

• obstáculos al ejercicio legítimo del derecho a la protesta (obstáculos al ejercicio legítimo del derecho a la protesta)

• detenciones arbitrarias

• aislamiento

• falta de atención médica y alimentos.

• Privaciones a la libertad en condiciones y tratos inhumanos.

• Represión social y violencia contra manifestantes.

• Concentración de poder y abusos policivos.

• Persecución política y religiosa.

• Anular la libertad de expresión y formas de comunicación.

• territorios

• consulta previa

• amenazas, agresiones y otros actos de intimidación por terceros o empresas en sus territorios.

• persecución judicial, represión, estigmatización, ataques, amenazas e intimidaciones contra personas y grupos que ejercen su derecho a la libertad de expresión, tanto en línea como fuera de línea

• falta de garantías judiciales a las personas sometidas a proceso penal por motivos vinculados al ejercicio del derecho a la libertad de expresión.

• manipulación de los medios de comunicación

• retención de pasaportes, negación de cualquier tipo de documentación migratoria por motivos vinculados al ejercicio del derecho a la libertad de expresión

• seguridad social

• atención médica y alimentación para las personas privadas de libertad

• persecución contra organizaciones de la sociedad civil (DESC)

• persecución contra docentes universitarios, adoctrinamiento.

• persecución a servidores públicos que no son parte de la tendencia política del gobierno

Violaciones a los derechos civiles y políticos, como la prohibición de sindicatos independientes, despidos y encarcelamiento de activistas antigubernamentales no violentos, y restricciones a la libertad de expresión y reunión pacífica.

Condiciones de detención por debajo de los estándares, con hacinamiento, aislamiento y abuso físico y sexual de los presos. Prácticas que no cumplen con las Reglas Mínimas para el Tratamiento de Reclusos, como alimentación, atención médica y programas de trabajo.

Hostigamiento, agresiones y encarcelamiento a defensores de derechos humanos que documentan abusos. Negativa a reconocer el trabajo en derechos humanos como actividad legítima.

Represión y censura sistemática ante cualquier forma de disenso o crítica pública. Detenciones arbitrarias de opositores al gobierno.

Incumplimiento de obligaciones internacionales, como no haber ratificado el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el de Derechos Económicos, Sociales y Culturales

Crisis económica severa que impacta en los derechos básicos de la población, con escasez de alimentos, medicinas y apagones.

 Cuba enfrenta una crisis de derechos humanos caracterizada por violaciones a libertades fundamentales, condiciones carcelarias inhumanas, represión a la disidencia y defensores, y una grave crisis económica que afecta los derechos fundamentales.

Puntos clave

• La situación en Venezuela ha empeorado en los últimos años. Ha habido numerosos ataques contra el espacio civil y las personas percibidas como críticas al gobierno. Estos incluyen proyectos de leyes que amenazan la libertad de asociación y expresión, detenciones arbitrarias, uso indebido del derecho penal, violaciones del debido proceso y garantías de un juicio justo, campañas de estigmatización y difusión de confesiones de culpa obtenidas bajo coacción.

• Las autoridades venezolanas han atacado a los defensores de los derechos humanos. Esto incluye a personas como Rocío San Miguel y Javier Tarazona, así como a organizaciones de la sociedad civil como PROVEA, la Unidad de Personal Humanitario y activistas de la oposición política.

• Entre 2014 y 2023 se han producido al menos 15.700 detenciones arbitrarias en Venezuela. La Corte Penal Internacional ha autorizado a la Fiscalía de la CPI a continuar investigando casos de persecución por motivos políticos, desapariciones forzadas de corta duración, detenciones arbitrarias por motivos políticos, uso indebido del derecho penal por motivos políticos, falta de garantías judiciales y uso de tortura y otros malos tratos durante la detención como parte de una política de represión en Venezuela.

• La falta de acceso adecuado a alimentos, agua y atención médica sigue siendo motivo de preocupación. Persisten los informes de persecución, intimidación, acoso y otros actos de violencia contra sindicalistas y trabajadores.

• El gobierno de Maduro acordó recientemente permitir el regreso de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos a Venezuela. Sin embargo, la oficina operará bajo severas restricciones.

• Es probable que las próximas elecciones presidenciales de julio de 2024 sean tensas. El gobierno ha restringido la participación de candidatos de la oposición y existe preocupación por el uso de la violencia para reprimir la disidencia.

• La situación económica y social en Venezuela se ha estabilizado algo en los últimos años. Sin embargo, los indicadores de inflación y pobreza siguen siendo altos.

• La comunidad internacional tiene un papel que desempeñar para presionar al gobierno venezolano para que respete los derechos humanos. Esto incluye apoyar a los defensores de los derechos humanos, brindar asistencia humanitaria e imponer sanciones específicas.

Llamado a la acción

El video concluye con un llamado a la acción de la comunidad internacional para ayudar a poner fin a la crisis de derechos humanos en Venezuela.

1. Detenciones arbitrarias y persecución política:

• Las detenciones arbitrarias de opositores políticos, activistas, periodistas y defensores de DDHH son frecuentes.

• Muchos son acusados de delitos sin pruebas suficientes y bajo procesos judiciales cuestionables.

• Se han denunciado torturas, malos tratos y condiciones de detención precarias.

2. Restricciones a la libertad de expresión y prensa:

• El gobierno ejerce un control significativo sobre los medios de comunicación, limitando la libertad de expresión e información.

• Numerosos medios independientes han sido cerrados o censurados.

• Los periodistas que investigan o critican al gobierno son acosados, amenazados o detenidos.

• El acceso a internet está bajo control, con bloqueos a sitios web y redes sociales.

• El poder judicial está subordinado al poder ejecutivo, dificultando el acceso a la justicia para las víctimas de violaciones de DDHH.

• Las investigaciones sobre abusos por parte de las fuerzas de seguridad o funcionarios públicos suelen ser lentas o inexistentes.

• Los responsables de violaciones de DDHH rara vez son sancionados.

• Las personas en situación de pobreza o marginalidad tienen especial dificultad para acceder a la justicia.

4. Violaciones al derecho a la salud y a la alimentación:

• La grave crisis económica ha generado una severa escasez de alimentos, medicinas y otros productos básicos.

• Esto ha provocado un deterioro significativo del derecho a la salud y a la alimentación de la población, especialmente de los grupos más vulnerables.

• Se reportan altos índices de desnutrición infantil, enfermedades prevenibles y muertes por falta de atención médica.

5. Crisis migratoria:

• Millones de venezolanos han huido del país debido a la crisis económica, la falta de oportunidades y las violaciones a sus derechos humanos.

• Los migrantes venezolanos se enfrentan a diversas dificultades en los países de acogida, como xenofobia, discriminación, acceso limitado a servicios básicos y condiciones de vida precarias.

Aspectos adicionales a considerar:

• Represión a las protestas sociales.

• Violencia policial y uso excesivo de la fuerza.

• Impunidad generalizada por violaciones de DDHH.

• Discriminación contra grupos minoritarios, como la comunidad LGBTI+ y los pueblos indígenas.

• Desigualdad socioeconómica y exclusión social.

“El Presidente Ortega, la Vicepresidenta Murillo y los funcionarios de alto nivel identificados en la investigación deben rendir cuentas ante la comunidad internacional, al igual que Nicaragua como Estado que persigue a su propio pueblo, apuntando a estudiantes universitarios, pueblos indígenas, pueblos afrodescendientes, campesinos y miembros de la Iglesia católica y de otras confesiones cristianas”, afirmó el presidente del grupo de expertos, Jan Simon.

El informe señala que la persecución por parte del Gobierno de Nicaragua de personas opositoras reales o percibidas como tales se ha vuelto más sutil. Se perpetran violaciones, abusos y crímenes no sólo para desmantelar los esfuerzos activos de la oposición, sino también para eliminar todas las voces críticas y disuadir, a largo plazo, cualquier nueva organización e iniciativa de movilización social.

En la actualidad, al estar cada vez más cerca del objetivo de la destrucción total de las voces críticas en Nicaragua, los patrones de violaciones al derecho a la vida, la seguridad y la integridad de la persona son actualmente menos prevalentes. Durante 2023 ha habido un aumento exponencial de patrones de violaciones centrados en incapacitar cualquier tipo de oposición a largo plazo

En su mayoría, las personas desaparecidas forzadamente son integrantes del principal partido político de la oposición y militares.

"Mientras el país se prepara para las elecciones presidenciales en julio de 2024, estas desapariciones forzadas podrían tener un efecto disuasivo y obstaculizar el derecho de la población a votar libremente", advirtieron las expertas.

"Estas detenciones prolongadas y en régimen de incomunicación equivalen a desapariciones forzadas. Las mismas parecen seguir un patrón según el cual las personas son privadas de libertad por las autoridades estatales, llevadas a centros de detención reconocidos y ahí privadas de sus derechos fundamentales como el contacto con el mundo exterior y el acceso a asistencia letrada", afirmó el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias.

GINEBRA (13 de febrero de 2024) - La Misión internacional independiente de determinación de hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela expresó su profunda preocupación por la situación de una defensora de derechos humanos detenida por las autoridades el viernes, e instó al Gobierno a poner fin a la ola de represión contra los opositores que se está intensificando en todo el país.

Las fuerzas de seguridad venezolanas detuvieron a Rocío San Miguel, presidenta de la organización Control Ciudadano, cuando intentaba embarcar junto a su hija en un vuelo en el aeropuerto internacional Simón Bolívar.

El Fiscal General acusó a San Miguel de participar en un intento de conspiración contra el presidente Nicolás Maduro y otros altos cargos, así como de estar implicada en ataques contra unidades militares y otras instituciones en todo el país. Tanto San Miguel como su hija y otras cuatro personas se encuentran en paradero desconocido.

Las reiteradas prórrogas del estado de emergencia en El Salvador, el cual lleva ya en vigor desde marzo de 2022, es algo sumamente preocupante, especialmente considerando las consecuencias que esta situación tiene para los derechos humanos de las personas.

Reconocemos la difícil tarea a la que se enfrenta El Salvador para combatir la criminalidad, así como el enorme sufrimiento que han infligido las bandas en el país, las cuales llevan décadas asesinando, violando, robando y extorsionando a la población.

No obstante, debilitar el estado de derecho y la integridad del sistema legal derogando el derecho a un juicio justo no es la respuesta.

Al menos 68.000 personas han sido encarceladas en El Salvador desde que entrara en vigor el estado de emergencia. De este número, al menos 1.600 personas son menores de edad.