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El 5 de abril de 1992, el entonces presidente Alberto Fujimori anunciaba vía señal abierta que disolvería el Congreso de la República, medida que vendría acompañada de una serie de decretos legislativos orientados a la liberalización de la economía peruana. Un número importante de las reformas estructurales que redujeron la intervención del Estado en la economía e impulsaron la apertura del país se dieron en forma de decretos ley emitidos durante el autodenominado "Gobierno de Emergencia y Reconstrucción Nacional".

En palabras de Alberto Fujimori, uno de los motivos del autogolpe fue facilitar medidas destinadas a "promover la economía de mercado dentro de un marco jurídico que dé seguridad y fomente la eficiencia y competitividad de los agentes económicos".

RESPUESTAS TRAS EL AUTOGOLPE
Al amanecer del 6 de abril, el entusiasmo de Fujimori se transformó en incertidumbre para los mercados. La Bolsa de Valores de Lima tuvo una severa caída, mientras que el tipo de cambio aumentaba. La Confiep sostuvo dos reuniones de emergencia ese día. Las versiones de aquellos días señalaban que el principal gremio empresarial evaluaba la reacción internacional al autogolpe, en especial el posible recorte de la ayuda económica.

En efecto, el 7 de abril de 1992 Estados Unidos congeló toda la ayuda económica y militar al Perú. Según la vocera de la Casa Blanca, Judy Smith, la ayuda suspendida bordeaba los US$30 millones en asistencia económica y US$15,4 millones en fondos militares.

De forma similar actuaron países como Alemania, España y Brasil. Este último suspendió dos importantes proyectos bilaterales con el Perú estimados en US$2.000 millones.

El autogolpe también se tradujo en una breve contracción crediticia y monetaria ¿La razón? La fuga de depósitos. Se calcula que US$232 millones salieron del país solo en abril.

EN PERSPECTIVA
Luego del autogolpe, el gobierno de Alberto Fujimori profundizó las reformas económicas que venía implementando bajo las recomendaciones del FMI y el Banco Mundial. Así, ese año se amplió el espectro de las reformas aprobadas en 1991- periodo en el que se aprobaron 178 decretos para liberalizar los mercados e impulsar la inversión privada-, aplicándolas a sectores como las pensiones y la educación.

Con el funcionamiento de la Comisión de la Promoción a la Inversión Privada (COPRI) y la creación de diferentes CEPRIs, la cantidad de empresas privatizadas ese año se multiplicó por diez, según recuerdan los investigadores Alberto Pascó-Font y Jaime Saavedra. Ese mismo año destacó el caso de Hierro Perú, vendida el 5 de noviembre de 1992 por US$120 millones.

Casi dos años después, el proceso de privatizaciones alcanzó su hito mayor, con la venta de las acciones del Estado en CPT y Entel Perú a Telefónica por US$2.002 millones.

Pero luego de su reelección, en 1995, Fujimori perdió el entusiasmo por estos instrumentos. Petroperú solo se privatizó parcialmente (la refinería de La Pampilla y los grifos, vendidos a Repsol), la venta o concesión de Sedapal fue encarpetada, y, en 1998, discrepancias entre el Gobierno y el consorcio Shell-Mobil llevaron a una nueva postergación de la explotación del gas de Camisea.

Durante los meses posteriores al autogolpe también se estableció el marco para la inversión en gran escala en recursos naturales. Además se otorgó garantías tributarias y jurídicas a las grandes empresas, como los contratos de estabilidad que se establecieron a través de la Ley General de Minería. Los proyectos que han marcado el boom de minería peruana de los últimos años vieron la luz bajo ese marco regulatorio: Cerro Verde, Antamina, Yanacocha, Pierina, Tintaya, entre otros.

Cabe destacar que según un calculo de la Sunat, los contratos de estabilidad generaron una perdida de entre S/238 millones y S/282 millones.

En mayo de 1992 se efectuó un cambio en la política monetaria, introduciendo instrumentos para realizar operaciones de mercado abierto. Fue el preámbulo de un cambio clave introducido en la Constitución de 1993: el establecimiento de la independencia y autonomía del Banco Central de Reserva. Gracias a ello, en 1997 la inflación finalmente bajó a niveles de un dígito, de los cuales no se ha movido en 20 años. Hoy, el incremento de los precios está anclado dentro del rango meta del BCR, de 1% a 3%.

En junio de 1992, empezó a regir una nueva Ley de Bancos y Seguros. Una reforma integral de la Sunat condujo a un incremento de la presión tributaria por primera vez en años.

También se anunció la reestructuración del sector financiero, el aumento de las remuneraciones en el Estado, y se promulgó la Ley de Concesiones Eléctricas mediante el Decreto Legislativo 25844, que estableció un nuevo sistema tarifario y la concesión de la ejecución del servicio al sector privado.

De otro lado, el gobierno optó por reducir los aranceles (el impuesto que se cobra sobre las importaciones), de un promedio de 66% a 16%.

Sin embargo, no todo fue ortodoxia en la política económica post-autogolpe: en 1993, el régimen de Fujimori dispuso la exoneración del Impuesto General a las Ventas (IGV) a las empresas industriales ubicadas en la región de la Selva que realizaban no menos del 75 % de sus operaciones en ese lugar.

Meses después, se derogó la norma que sustentaba el Sistema de Conversión de Deuda Pública Externa en Inversión (CDI), lo que permitió realizar operaciones de Canje de Deuda por Privatización (CDP). El investigador Víctor Nomberto anota que mediante el mecanismo CDP, vigente hasta mayo de 1996, se realizaron seis privatizaciones.

Además de la independencia del BCR, la constitución de 1993 trajo un crucial cambio en el contenido de su capítulo económico, que consagró el papel preponderante de la iniciativa privada y dejó al Estado un rol subsidiario en su actividad empresarial.

¿Cuál es el balance de estas transformaciones? En la década de los 80, el PBI per cápita, en términos reales, se redujo en un tercio. En la década de los 90, retomó el crecimiento y aumentó en más de 20%.Finalmente, en la primera década del nuevo milenio, cuando a la liberalización económica se sumó la democracia plena y un oportuno boom de commodities, el incremento acumulado del PBI per cápita fue de más de 50%.

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5 de abril: Los hechos y las medidas económicas tras el golpe

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El 5 de abril de 1992, el entonces presidente Alberto Fujimori anunciaba vía señal abierta que disolvería el Congreso de la República, medida que vendría acompañada de una serie de decretos legislativos orientados a la liberalización de la economía peruana.

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Medidas económicas para estabilizar la Economía

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Medidas económicas para estabilizar la Economía

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¿Qué escenario político y económico hizo posible la elección de Alberto Fujimori? Habría que remontarse a la crisis generalizada de finales de los 80: hiperinflación, terrorismo, crisis sanitaria, recaudación insuficiente, deudores, cortados de las instituciones internacionales de crédito, declarados inelegibles para el FMI y los precios subiendo de una manera que los jóvenes de hoy no entenderían.

Es en esa situación que se da una campaña política peculiar: un candidato del APRA relativamente débil, Vargas Llosa con un enfoque liberal y propugnando un shock económico, y Fujimori que empieza a surgir asustando a la gente y proponiendo el "no shock". Cuando Fujimori es electo, se da cuenta de que es imposible manejar el país: no había caja, no había reservas, no había crédito y no había manera de parar la inflación.

Entonces, básicamente aplica el plan de Vargas Llosa, con una diferencia en el área macroeconómica. La idea de Vargas Llosa era producir una maxidevaluación, fijar el tipo de cambio y que todos los precios se alineen a este. La liberalización de precios y la fijación del tipo de cambio proveería un impulso a las exportaciones y el país convergiría rápidamente a poca inflación.

Sin embargo, fijar el tipo de cambio requiere una condición macroeconómica importante: que esa fijación sea creíble; es decir, que no vuelva a haber otra inflación o devaluaciones seguidas. En ese contexto, no era posible garantizarlo, porque no había reservas ni crédito.

Entonces, los que planeamos ese shock no usamos el ancla del tipo de cambio, sino el ancla monetaria. Y esta fue magistralmente manejada por el viceministro de ese entonces, Alfredo Jalilie. Funcionaba básicamente como una bodega: entraba el dinero de un día, y ese era el dinero que se gastaba. Esa ancla fue eliminando la inflación y, en tres años, llegó a un dígito. Ese fue el primer logro económico.

¿Qué siguió? Todavía no se habían resuelto los problemas de fondo: la pobreza, la falta de infraestructura, los problemas en la burocracia y los problemas sanitarios. Era un país que había resuelto básicamente un problema grave con un cambio de régimen económico. En tres años, pasamos de un estatismo a un régimen de economía de mercado, y no porque Fujimori fuese un liberal, sino porque no había mucha alternativa. Las empresas públicas acumulaban muchas pérdidas, no eran viables.

Faltaba, entonces, hacer las reformas que van con esa economía de mercado: liberalizar otras cosas junto con los precios, como la entrada y salida de capitales del país; se liberaron los aranceles, se quitaron las prohibiciones a importar y se estableció un tratamiento igualitario a la inversión nacional y a la extranjera. En la constitución que dio Fujimori en 1993, el capítulo económico consagra ese nuevo régimen. En los cinco años siguientes, la economía creció a 7,1% en promedio. En 1995, se realizan las elecciones y gana abrumadoramente Fujimori.
Una de las herencias del primer gobierno de García fue que el Estado peruano no pagara su deuda pública externa.
En realidad, quien deja de pagar la deuda es Belaunde porque no había recursos, pero la deja de pagar un poco en desesperación. En cambio, García hace lo mismo que Belaunde, pero con orgullo. En los 90, no habíamos hecho absolutamente nada con la deuda, y teníamos cuatro tipos de deuda: con las organizaciones internacionales de crédito (el FMI, el BM, el BID); con la banca; con los proveedores; y con países: lo que se conoce como las deudas del Club de París.

Se debe renegociar con los acreedores extranjeros el pago de la deuda para reinsertar al Perú en el mercado internacional. ¿Cómo se realizaron estas negociaciones? La reinserción era un tema complicado y empieza así: con un crédito del Fondo Latinoamericano de Reservas (FLAR), se entra en una negociación con el BID, y este da un crédito de, aproximadamente, US$ 280 millones; y se empiezan negociaciones con el BM y los contactos con el FMI. Las reformas que se estaban llevando a cabo justificaban los préstamos, pero refinanciar la deuda resultaba imposible para tales organizaciones multilaterales, porque estas están catalogadas como triple A y, si refinanciaban la deuda de un país que estaba muy mal, iban a perder esa calificación. Ni el BM ni el BID se lo hubieran permitido.

¿Cómo se sale de este entrampamiento? Se firman dos préstamos importantes con el BID y con el BM, pero no se desembolsan. Existe todo un periodo en el que se van haciendo las reformasy solamente al final se desembolsan los préstamos para pagar lo que se les debía. Esta es una refinanciación escondida, y para esconderla se requería, por unas horas siquiera, de dinero para pagarles, desembolsar los préstamos y después pagar a quienes nos había prestado el dinero por unas horas. Esa negociación fue muy complicada y participaron el Tesoro Americano y el Gobierno de Japón. Lo negociamos y, un día, cuando habíamos terminado dos años de reformas, en una hora se desembolsaron los préstamos de Japón y Estados Unidos: con estos, se les pagó al BID y al BM. Solo entonces, el BM y el BID desembolsaron los préstamos y pagamos. Fue una especie de trampa con la que obtuvimos una refinanciación de las instituciones, pero, básicamente, en la forma de nuevos préstamos.

¿Y con el resto de deudas? El tema del Club de París era complicadísimo, porque debíamos desde la época de los militares. La primera reunión tuvo lugar en 1993. Yo era el asesor principal del ministro Camet, y juntos renegociamos el primer Club de París. El Perú estaba en una situación angustiante en términos de necesidades, y hubo que recurrir a lo que se llamaban grupos de apoyo, que era básicamente pasar el sombrero por países e instituciones. Ellos prometieron ayudar al Perú, y así se resuelve la parte del Club de París. Paralelamente, teníamos que negociar con los proveedores y renegociar deudas bilaterales. Además, le debíamos a innumerables bancos, pero la deuda con la banca se terminó de negociar en 1996, mediante la emisión de los bonos Brady. Así es como se logra, después de muchos años, la reinserción del Perú.

Como parte del proceso de estabilización de la economía, se apostó por las privatizaciones. Entre 1991 y 1998, se llevaron a cabo las principales. ¿Cómo afectaron estas las condiciones laborales?
Naturalmente, tanto de las empresas como del Estado salieron muchísimos empleados que no encontraban trabajo en el sector privado. Es cuando empiezan a proliferar los taxistas y las combis, porque tampoco había suficiente transporte en el Perú. Eso se convierte en una especie de salvataje. Surge también un sector informal grande en el comercio. Los tres rubros más importantes de la privatización son minas, empresas de comercialización y telecomunicaciones. Esas privatizaciones fueron bastante exitosas.

El presidente Fujimori, curiosamente, le daba mucha importancia al precio con el que se vendía cuando, en realidad, más que el precio, lo que nosotros queríamos era que las empresas empezaran a generar bienes y servicios. Se obtuvieron las dos cosas: Telefónica se vendió en US$ 2000 millones; el banco Continental, en cerca de US$ 200 millones; etcétera. Esas privatizaciones iban con el cambio del régimen económico: salía el Estado de la producción y entraba el sector privado. Algunos de estos se convertirían en monopolios conscientemente otorgados; entonces, se crean también empresas reguladoras.

¿Cómo se manejó el surgimiento de esta fuerza laboral informal? Siempre existió la fuerza laboral informal, solo que cobró fuerza y, en realidad, en esos momentos, salvó al Perú, porque generó mucha producción. Ahora, es un problema, porque ya este es un país más moderno y no puedes tener todo un sector de la economía que no paga impuesto a la renta, que no cumple con los arbitrios ni tiene las leyes laborales mínimas, que no tiene seguridad ni posibilidades de adquirir tecnología para pasar de ser microempresas a empresas medianas.

Ese problema todavía no se ha resuelto en el Perú. Pero, en el momento en el que el Perú salió del hoyo, el sector informal jugó un rol muy importante. No pagaba impuesto a la renta, pero era difícil que se escapara del impuesto de valor agregado si quería comprarle a una empresa grande o al impuesto a los combustibles. Había también algunos otros impuestos selectivos. Junto con eso, se creó la Sunat, y la recaudación de impuestos subió por dos razones: mejoró la administración y, principalmente, porque se acabó la hiperinflación. Imagínate que pagabas impuestos una vez al año. Al comienzo del año, tú habías ganado una cantidad y, al final del año, eso prácticamente era nada, entonces lo que tenías que pagar era nada.

En este proceso de reordenamiento económico, ¿cómo responde el país frente a las crisis económicas internacionales? Con la crisis asiática y la crisis rusa de 1998, los mercados internacionales de crédito se salieron del Perú y dejaron a los bancos sin dinero para prestar. A diferencia de las crisis posteriores que hemos vivido, en ese momento, no había depósitos en los bancos, los créditos que recibía el sector productivo básicamente eran de líneas de crédito del exterior. Lo que pasa normalmente en estas circunstancias es que los créditos se retiran y se entra en una situación donde se rompe la cadena de pagos: tú no me pagas a mí, porque a ti no te han pagado, etcétera. Entonces, empiezan a quebrar los bancos (como siete bancos), porque no hay crédito, no hay liquidez y no hay ahorros. Los extranjeros abruptamente cierran el crédito al Perú y no hay suficientes depósitos para que funcione el sistema económico. Entonces, quizás, el BCR debió emitir más dinero, creo que lo hizo en poca magnitud.

¿Cómo se reacciona? Se reaccionó pobremente. Después de crecer 7,1% del 93 al 97, los siguientes cuatro años se creció 1% en promedio. El crecimiento realmente empieza en el 2002, y desde entonces, hemos crecido en promedio 5%. Es el cambio de régimen el que, principalmente, le da el impulso al crecimiento del Perú. Es un periodo en el que se hacen reformas muy importantes y se hacen un poco mirando al abismo; es decir, se hacen reformas, porque no se puede hacer otra cosa. Hay terrorismo, hay cólera, se captura a Abimael Guzmán a finales del 92, las empresas se consolidan y viene mucho capital extranjero a la banca, la industria y la minería. Al final de todo este proceso, empieza el ruido político, que termina con la renuncia de Fujimori y el régimen de transición.
Lea también: Raimundo Morales: El final de los 90 fue, para la banca y para el país en general, muy duro Richard Webb: El Estado tenía que salir lo antes posible del manejo empresarial y de la actividad productiva

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¿Cómo se logró estabilizar la economía peruana en la década de los 90?

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¿Qué escenario político y económico hizo posible la elección de Alberto Fujimori? Habría que remontarse a la crisis generalizada de finales de los 80: hiperinflación, terrorismo, crisis sanitaria, recaudación insuficiente, deudores, cortados de las instituciones internacionales de crédito, declarados inelegibles para el FMI y los precios subiendo de una manera que los jóvenes de hoy no entenderían.

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Las armas que está fabricando el Servicio Industrial de la Marina de Guerra evitarán que las rondas sigan siendo presa fácil de los terroristas , dijo el Ministro, aunque no precisó la cantidad que será entregada. Recientemente, las Fuerzas Armadas entregaron un primer lote de escopetas de retrocarga a organizaciones de autodefensa del sureste andino.

El general Torres también señaló el compromiso de las fuerzas del orden de no avasallar los derechos humanos en la lucha antisubversiva, afirmando que se está buscando eliminar los excesos o abusos. Vamos a respetar los derechos humanos. Seremos drásticos al sancionar a elementos castrenses y policías que los infrinjan , aseguró.

Ultimamente, las autoridades judiciales y eclesiásticas han recibido numerosas denuncias sobre la desaparición de personas, detenciones indebidas y otros excesos atribuidos a las fuerzas del orden que actúan en las zonas declaradas en emergencia.

Al revelar que se había constituido el Comando Unificado de Pacificación Nacional, presidido por el Primer Mandatario e integrado por varios sectores de opinión, el general Torres dijo que la estrategia antisubversiva involucra a toda la población y la necesidad de acelerar el desarrollo socioeconómico del país.

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El presidente peruano, Alberto Fujimori, entregará armas a las rondas campesinas, anunció ayer el ministro de Defensa, general Jorge Torres, tras conocerse que nueve campesinos fueron ejecutados por Sendero Luminoso en su guerra de exterminio contra los grupos de autodefensa. La matanza ocurrió el sábado pasado en la localidad de Ocaser, departamento de Huancavélica, 500 kilómetros al este de Lima.

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03:30 | Lima, set. 11.

Hoy se cumplen 27 años de la captura del cabecilla de la organización terrorista Sendero Luminoso (SL), Abimael Guzmán Reinoso, el criminal más buscado de su época y responsable de atentados y asesinatos que sembraron el terror en el país durante más de una década.

La noche del 12 de setiembre de 1992 fue el corolario de un trabajo que se había iniciado en marzo de 1990 con la creación del Grupo Especial de Inteligencia (GEIN) al interior de la Dirección contra el Terrorismo de la Policía Nacional (DINCOTE), cuyo director en ese entonces era el general Ketin Vidal.

Con Benedicto Jiménez y Marco Miyashiro al mando del Gein se llevó a cabo un prolijo trabajo de inteligencia para llegar a la cúpula de la organización y a su líder, cuyo paradero era todo un misterio y hasta se dudaba de su propia existencia ante rumores que hablaban de una enfermedad y hasta de su muerte.

Una fotografía de 1982 de Guzmán Reinoso, joven y sin barba, era uno de los pocos registros confiables que tenía la Policía Nacional del cabecilla terrorista. En 1988, Guzmán Reinoso brindó una entrevista a El Diario, órgano escrito de difusión de SL, pero la autodenominada "entrevista del siglo" no brindó mayores pistas sobre él.

Todo cambio el 31 de diciembre de 1991, cuando se allanó una vivienda en la urbanización Balconcillo, en el distrito de La Victoria, donde se encontraron nueve cajas con documentos y otros materiales, en una de las cuales se halló el famoso video "Zorba, el griego", que registraba una reunión de la cúpula senderista.

Los cabecillas de Sendero Luminoso ya no eran fantasmas, sus rostros salieron del anonimato y el Gein dio un gran paso hacia su objetivo: la captura del camarada Gonzalo, quien en el video aparecía bailando junto a Elena Yparraguirre, su pareja sentimental y número dos de la organización.

Además de la casa de Balconcillo, el 31 de diciembre de 1991 el Gein intervino varias propiedades, entre ellas una vivienda ubicada en la calle Buenavista 265, en Chacarilla del Estanque, San Borja, donde se sospechaba se escondía Guzmán Reinoso.

Los policías del Gein no lo encontraron allí, pero recogieron pruebas de su existencia. Los agentes comprobaron que la caja donde se encontró el video de "Zorba, el griego" fue trasladada, junto a otras, desde la vivienda de Buenavista. El cerco se estrechaba.

Guzmán Reinoso sería conocido en adelante como el Cachetón para los miembros del Gein, quienes se abocaron a un arduo trabajo de inteligencia. Disfrazados de mendigos, músicos, recogedores de basura, encuestadores o ambulantes llegaron, finalmente, a identificar la guarida del sanguinario criminal.

A las 20:40 horas del sábado 12 de setiembre de 1992 se puso en marcha la Operación Victoria, que concluyó exitosamente con la captura de Abimael Guzmán en la casa de la Calle Uno 459, de la urbanización Los Sauces, Surquillo: " Positivo para el Cachetón", repetían los policías que ingresaron a la vivienda.

12 años después de la quema de ánforas electorales en Chuschi, el poblado ayacuchano donde SL perpetró su primer atentado, la organización terrorista más sanguinaria del país era descabezada y se iniciaba su declive.

??@Poder_Judicial_ ratifica impedimento de salida del país del exalcalde de Lima, Luis Castañeda https://t.co/0xEkLvImAt pic.twitter.com/QLro5PYhxn
- Agencia Andina (@Agencia_Andina) September 11, 2019

Video: Así lo contamos: 27 años de la captura de Abimael Guzmán

Publicado: 12/9/2019

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Abimael Guzmán: así se fue estrechando el cerco para la captura del Cachetón

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Hoy se cumplen 27 años de la captura del cabecilla de la organización terrorista Sendero Luminoso (SL), Abimael Guzmán Reinoso, el criminal más buscado de su época y responsable de atentados y asesinatos que sembraron el terror en el país durante más de una década.

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El estilo de gobierno de Fujimori consistió al principio en un gobierno democrático sin partido pero luego cuando asumió la presidencia se dio cuenta que tenia limitaciones ante el poder legislativo puesto que no contaba con un partido político lo suficientemente influyente  que lo respalde entonces opto por instaurar  un gobierno autoritario sin democracia asimismo para que Fujimori logre centralizar el poder del estado contó con el apoyo de las Fuerzas Armadas a cambio de beneficios que se les otorgaban pues era consciente que necesitaba un respaldo político para aplicar las reformas económicas que necesitaba en Perú a inicios de los años 90'

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Ocultado tras el velo de lo que en su momento se denominó Programa de Salud Reproductiva y Planificación Familiar y con la excusa de reducir los niveles demográficos de Perú, el expresidente Alberto Fujimori llevó a cabo un minucioso genocidio que recién hoy está viendo la luz. Cientos de miles de mujeres, y hombres en menor medida, fueron esterilizados forzosamente y el Gobierno fue artífice de una de las masacres silenciosas más secretas de la historia del país.

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"Según UNICEF, la tasa de fecundidad que en 1990 era de 3.7 hijos por mujer en edad fértil, ya se había reducido para el año 2000 a 2.7 en promedio", decía Alberto Kenya Fujimori Fujimori mientras miraba a cámara con una cálida sonrisa y una música incidental de carácter fantasioso que acolchonaba su spot televisivo oficialista. Es una pieza de propaganda de un "Chino" (así se lo llama vulgarmente al expresidente de ascendencia en realidad japonesa nacido en la capital peruana) cercano a la decadencia de su régimen que se prolongó durante una década.

Su esfuerzo lo dedicaba a la defensa de su "Programa de Salud Reproductiva y Planificación Familiar 1996-2000". "En otras palabras, las mujeres tienen un hijo menos promedio. Algo muy significativo en el Perú, ya que era común que en las zonas marginales y rurales tuvieran entre 8 y 10 hijos", agregaba en torno a un asunto que siempre lo desveló particularmente: la cantidad de gente que habitaba el Perú.

"La tasa de crecimiento demográfico de 2,3% se redujo, en una década, a 1,7%. Todo gracias a una política de salud reproductiva totalmente voluntaria. Nuestro programa funcionó. Con seguridad hubiéramos avanzado aún más, si no se hubieran magnificado algunos casos aislados", sumaba como argumento el ingeniero agrónomo de origen nipón en su autodefensa.

Estos últimos puntos que resalta el expresidente son la clave de una herida por la que la sociedad peruana sigue sangrando y sufriendo en silencio. Expresidente que para muchos peruanos fue dictador, ya que sostienen que su gobierno se convirtió en una tiranía luego del autogolpe del 1992, cuando Fujimori clausuró el Congreso e intervino el poder judicial en complicidad con el Ejército.

"Los casos aislados" a los que hace referencia el hombre que fue condenado a 25 años de cárcel por el secuestro de dos periodistas, el asesinato de 15 personas en la matanza de Barrios Altos (entre ellas un chico de ocho años) y el homicidio de nueve estudiantes y un profesor en la Universidad de La Cantuta, son alrededor de 300 mil.

Como en todo genocidio, carátula jurídica bajo la cuál se intentó llevar esta causa sin éxito, los números de la cantidad de víctimas varían. Entre 211 y 280 mil mujeres habrían sido sometidas a esterilizaciones forzadas en el marco del Programa de Salud Reproductiva y Planificación Familiar creado por Alberto Fujimori e implementado por sus tres Ministros de Salud de esa gestión (Alejandro Aguinaga, Eduardo Yong Motta y Marino Costa Bauer). Entre 20 y 25 mil hombres también habrían sido sometidos a vasectomías obligadas. El uso del potencial, a la hora de conjugar, corresponde a las dudas sobre la cantidad exacta de víctimas. La existencia de esterilizaciones forzadas es un hecho indiscutible al igual que su propagación masiva y nacional.

Población y pobreza

Desde su asunción, Aruberuto (así es un nombre japonés) Fujimori tuvo la obsesión de reducir la densidad demográfica del Perú. Comenzó repartiendo preservativos y DIU's entre las citadinas y campesinas pero los resultados no llegaban a satisfacerlo. "Por eso fue que en 1996, comenzó con lo que técnicamente denominaban AQV's (Anticoncepción Quirúrgica Voluntaria)", destaca la directora de la Organización de Derechos de la Mujer (DeMus), María Ysabel Cedano.

"En 1995, el Congreso, por encargo del Gobierno, cambió la Ley general de Población y se introdujo la esterilización como método de planificación familiar", explica la abogada. Desde entonces, las AQV's que se practicaron, se llevaron a cabo sin normatividad acerca de cómo, cuándo, y por quién debían ser ejecutadas.

La doctora Cedano explica que no es que "sólo se cuenta con las denuncias testimoniales de las víctimas que se acercaron a la organización para buscar justicia", sino que "existen cientos de documentos que certifican que desde las más altas esferas del poder Ejecutivo se establecían metas mensuales y anuales que se debían alcanzar" en cuanto a cantidad de AQV's que se debían hacer en determinadas zonas. "Hablamos del mismísimo expresidente, Alberto Fujimori, pidiendo resultados y exigiendo pruebas de ellos a sus asesores, que bajaban y distribuían la presión", detalla la abogada sobre cómo fue la escalada del plan siniestro.

El programa detrás del genocidio

La documentación legal sostiene también que efectivamente se trató de una política de Estado. Según lo que se puede leer, entre numerosos ejemplos, en el Memorándum Múltiple Nº036-1997-CTAR-RG-DRS-H-D de la Dirección Regional de Salud, hasta los médicos estaban amenazados.

"...Se les comunica que deben captar dos pacientes para AQV durante el presente mes de octubre con el carácter de obligatoriedad. En caso contrario, se hará el informe correspondiente para rescindir su contrato, suspender su ampliación de horario e incluir todo en su legajo personal".
Orden emitida en el documento oficial

"Los médicos, que debían alcanzar determinado número de AQV's por mes empezaron a volverse más insistentes, intimidantes y amenazantes a la hora de buscar convencer mujeres", explica Nuria Frigola, una de las fundadoras del multipremiado Quipu Project, una iniciativa digital que recopiló relatos en primera persona sobre secuestros, engaños y demás vejaciones sufridas por quienes atravesaron esterilizaciones forzadas a lo largo y a lo ancho de todo Perú. "No sólo se decidió sobre el cuerpo de la mujer desde el propio Estado, sino que se aprovecharon de la ignorancia y el miedo de las mujeres y hombres que no tenían ningún tipo de educación formal, mucho menos sexual, que eran analfabetos o pobres, mayoritariamente campesinos quechuahablantes o miembros de otras comunidades originarias", agrega Camila, otra participante del proyecto.

Corría el año 1996, Victoria Vigo estaba embarazada de 32 semanas y sintió un malestar en la zona abdominal. Así, se fue de urgencia a la clínica y en menos de una hora ya le habían hecho la cesárea. Ella no llegó a verlo, aunque sí recuerda haber escuchado el llanto. Su hijo no sobrevivió. "Yo estaba agotada y recuerdo que quise salir del lugar cuanto antes e iba caminando junto a dos médicos, iba hablando con el que parecía tener menos jerarquía o experiencia que trató de consolarme diciéndome que yo era joven, que no me preocupara porque podía tener todos los hijos que yo quisiera", recuerda la mujer con una bronca tan fresca como notoria. "Fue en ese momento que escuché que el otro, su compañero más grande, le decía que no... que me habían acabado de esterilizar tras la cesárea para que no pudiera tener más", cuenta.

Victoria Vigo forma parte del minúsculo grupo de mujeres que denunció al Estado por esta vejación de sus derechos humanos y que, además, le ganó el juicio. Ganó poco más de dos mil dólares como reparación civil que para poco le sirvieron, pero también ganó lo que ella buscaba: que el Estado asumiera su atroz responsabilidad. Y así fue. "Ganar el juicio fue sólo el principio de mi lucha", explica la referente del movimiento de mujeres que busca generar conciencia sobre lo sucedido en su país durante el fujimorismo.

El destape

Hasta el momento, son 18 las mujeres que murieron tras ser operadas en la clandestinidad y 2176 las que ya demandaron al Estado peruano por los traumas físicos y psicológicos que padecieron.

El número de denunciantes se encuentra en constante aumento. La creciente lucha feminista y el empoderamiento consecuente que está atravesando el género femenino en un país de tradicional, machista y patriarcal como la mayoría de naciones de la región, son algunos de los factores que contribuyen al destape.

No pasa así con los hombres. "Muchos se sometieron a la vasectomía porque los médicos les daban a elegir: vos o tu mujer", explica Nuria. "Pero para un campesino, una vasectomía es un atentado contra su virilidad, contra su imagen alpha, por eso suelen recurrir más al silencio vergonzoso que al grito combativo de la mujer, que evidentemente lo vive de una forma muy distinta", agrega Camila, la compañera de una víctima.

Giulia Tamayo fue la primera en pegar ese grito que dice: "somos las hijas de las campesinas que no pudiste esterilizar", cántico típico de cualquier marcha de hoy en día que levante la bandera de la lucha por justicia de las víctimas de las esterilizaciones forzosas. Fue una abogada que luchó por los derechos de las esterilizadas, contra las brutalidades terroristas de Sendero Luminoso (organización de la que recibió un tiro en la pierna), contra las vejaciones a los derechos humanos en el Congo o contra los desalojos en España durante la crisis que llevó a las movilizaciones del 15M y el surgimiento de los Indignados. Su lucha fue incansable hasta que su vida llegó a su fin en Montevideo, en 2014, a los 55 años.

Ella aseguraba que Fujimori y todos los que formaron parte de su plan macabro de salud y familia habían cometido un error estratégico que les iba a costar caro, "no esperaban que las mujeres indígenas, analfabetas pudieran alzar la voz. Se equivocaron: hablaron", solía decir. Ella no se equivocó.

A principios de mes, el fiscal superior Luis Landa ordenó denunciar al exdictador y sus exministros como autores mediatos de los crímenes mencionados. Landa ordenó procesarlos como coautores por lesiones graves en contexto de violaciones a los Derechos Humanos en agravio de Victoria Vigo y 2165 mujeres que aparecen en la denuncia fiscal.

Como decía Giulia: se equivocaron. Hablaron.

Y, las mujeres, ya no se callan más.

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"Las podridas", las víctimas de la esterilización forzada de Fujimori en Perú

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Ocultado tras el velo de lo que en su momento se denominó Programa de Salud Reproductiva y Planificación Familiar y con la excusa de reducir los niveles demográficos de Perú, el expresidente Alberto Fujimori llevó a cabo un minucioso genocidio que recién hoy está viendo la luz.

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Teodora Guzmán Velázquez, de 47 años, viene del distrito Mollipata, en los Andes. Su pueblo está ubicado aproximadamente a tres horas en bus desde la ciudad de Cusco, el antiguo centro del Imperio Incaico. Cuando comenzamos a entrevistarla nos responde en su idioma quechua, imposible de entender.

ayudarnos con la traducción. Ella ha luchado desde el 2001 para exigir justicia a través del trabajo organizado en PEDIMOS a Demetria Molina Huilca la Asociación de las Mujeres Afectadas por la Esterilización Forzada, AMAEF. Y Teodora comienza su relato:

- La ambulancia me trajo desde Mollipata el 20 de abril de 1999 y llegamos a la posta de salud. Cuando llegamos me amarraron en los pies. Y luego me han amarrado con el hilo. Quería escapar pero llegaron con candado.

¿Por qué la llevaron a la posta de salud?

- Me obligaron con fuerza. Era la política del presidente Fujimori. Me inyectaron y me he adormecido. Cuando desperté estaba en la casa de mi hermana y comencé a caminar de vuelta a mi casa.

Teodora tenía solo tres niños que no es mucho en las sierras del país andino. Ahí es muy común y además importante tener bastantes niños para las familias en el campo porque trabajan cuidando a los animales.

¿La esterilización tuvo algunas consecuencias físicas, psícicas o en la relación a tu marido?

- Mi esposo había ido a trabajar a la chacra en la mañana cuando la ambulancia vendría a recogerme. Mi marido no firmó nada porque no sabía nada de lo que iba a pasar. Ahora dice mi esposo que "yo no quiero saber nada, tú has dicho esas cosas, tú sabrás como vivir", dice mi marido que ahora quiere divorciarse. Todo se cambió a raíz de la esterilización que me hicieron, dice con los ojos llenos de lágrimas. Dice que ando buscando a otros hombres.

A los hombres también:

¡"Te esterilizamos o no te damos la Partida de Nacimiento de tu hijo"!

El campesino Álvaro Mario Champin.

El Programa Nacional de Planificación Familiar del gobierno de Alberto Fujimori no solo golpeaba a las mujeres pobres, como en ninguna otra parte del continente americano. Casi 25.000 hombres fueron víctimas del "Cuchillo Japonés" de Fujimori. En Cusco, este año, nueve hombres se han registrado como víctimas y el campesino Álvaro Mario Champin, de 49 años, es uno de ellos. Para los varones la carga es quizás más grande justamente por ser hombres en un país machista.

Champin viene del distrito Huancarani situado a 4.000 metros sobre el nivel del mar.

- Comenzaron a citarme y exigirme desde 1995. Ahí solo tenía 28 años. El 1997, cuando fui a la posta de salud para registrar mi quinto niño, me dieron el ultimátum; esterilizarme o no me darían el Certificado de Nacimiento de mi hijo. Me vi obligado de acceder por mi hijo. Fue un chantaje.

¿Qué consecuencia ha tenido tras la esterilización?

- Ya no vivo desde el 2001 con mi esposa. Mi esposa quería tener dos hijos más y por eso me abandonó. Tuve una nueva relación pero ella también me abandonó por no poder darle los niños que quería.

Cuando entrevistamos al campesino Álvaro Mario Champin nos relata que va a entrar a registrarse en la oficina como víctima de la política de planificación familiar del régimen de Alberto Fujimori.

- Exijo justicia y que la verdad detrás de este crimen no quedará impune, inclusivamente para nosotros varones. Porque si no fuera por "El Chino" Fujimori, todavía había vivido con mi primera mujer.

La pobreza extrema y dos arrobas de maíz

Demetria Molina Huilca ha luchado 20 años para que se haga justicia.

Demetria Molina Huilcaes tesorera en AMAEF. Es originaria del distrito de Huraro en el departamento de Cusco. Es un clásico caso como las autoridades presionaron al esposo para que éste les diera un poder para esterilizar a su mujer. "La Zanahoria" llamaba al dinero y entre las poblaciones de extrema pobreza, en las regiones andinas, podía ser equivalente a dos arrobas de maíz que eran entregadas a las familias abandonadas por el estado peruano.

Este es el caso de Demetria:

- Varias veces aparecieron dos enfermeras en mi casa, tanto en la mañana, medio día como en la noche, diciendo que teníamos que esterilizarnos pero mi esposo no ha querido. "Yo tengo que trabajar en la chacra para mis hijos", decía. Intentaron a convencer a mi esposo, diciendo que Fujimori daba 1000 soles (en actualidad U$ 285), como una arroba de maíz. "Dile gracias al presidente Fujimori! ¡Aprovéchense!", decían. Y nos han convencido.

DEMETRIA FUE TRASLADADA EN AMBULANCIA a la posta de salud, en Anta, a unos 30 minutos de la ciudad de Cusco. Fue el 22 de septiembre de 1997 cuando entró Demetria a la posta y le dio un shock:

- Yo vi la fila de las mujeres cambiadas (de ropa), amarradas de pie y manos en las camillas o en el suelo. Quería salir pero me ordenaban: "¡Cámbiate, Cámbiate, ya te va a tocar tu turno"! me han dicho.

- Pero ¿qué cosa me van a hacer? "Las señoras están muertas", pensaba yo, viéndolas acostadas, ¿"así me van a hacer a mí también, matarme? Prefiero yo irme, sino me voy a escapar", decía yo pero no me han dejado ir.

Al contrario a la regla, o por falta de conocimiento, Demetria había desayunado en la mañana por lo cual la anestesia no había tenido un efecto suficientemente rápido. El médico le decía que contara hasta 20 y ahí se durmió. Cuando despertaba le dolía terriblemente. "¿Qué cosa me han hecho?", pensó.

- La ambulancia me dejó donde la carretera termina, a media hora de a pie desde mi casa. De ahí caminé, recién operada, hasta llegar a mi casa.

IGUAL COMO CASI TODAS LAS VÍCTIMAS , mujeres como hombres, la pareja desconfía de su compañero/a de vida. Demetria nos cuenta que las peleas con su esposo han sido constantes desde el 1997.

- Como no tengo más hijos menores dice que estoy parando con otros hombres, me dice ahora.

- Y yo le discuto: ¿Quién tiene la culpa? Analízate bien. Tú me has autorizado (a la esterilización). Si me hubieran matado, bueno, pero ahora piensa eso (la infidelidad). ¿Cómo vivir así? Casi nos hemos separado, dice con los ojos llenos de lágrimas, contando que tuvo en total cuatro hijos.

Cuando entrevistamos a Demetria solo faltaba un mes para las elecciones en el Perú. Todas las encuestadoras dan como favorita a la hija de Fujimori. Ella ha sostenido que su padre era inocente y que en el caso de violaciones de derechos humanos a las 370.000 víctimas, pues serían los médicos los responsables como autores.

- Ojala que no llegue al poder. Si llega al poder, ¿Qué va a pasar con nosotras? Si su padre es que nos ha hecho esto. Si va a llegar su hija, no va a reconocer las miles de víctimas que somos.

- No hay nadie que nos apoya. Tres veces nos han archivado nuestro caso en Lima. Pero no nos rendimos, seguimos con la misma fuerza.

Antes trabajaron junto con el marido en el campo, en la chacra, cuidando los animales, sacando la cosecha. Pero a raíz de las esterilizaciones, las mujeres quedaron en la casa, generalmente, cuenta Demetria. Y el marido reacciona:

- "¿Para qué pides plata, para que cosa pides plata? ¡¡¡Muérete"!!! dicen varios maridos a sus esposas, me cuentan las compañeras. Mucha pena nos da, "el Chino" Fujimori. Ese desgraciado nos ha hecho este daño. Estamos sufriendo.

La Asociación de las Víctimas

Durante casi 20 años ha funcionado la Asociación AMAEF. Livia Pinares es la coordinadora y nos encontramos una mañana en la oficina de REVIESFO, en Cusco. Es de profesión enfermera y cuenta como la anterior secretaria general de la Federación Campesina del departamento de Cusco, Hilaria Supa, la llamó una mañana para contarle que doce mujeres la habían visitado para decirle que habían sido esterilizadas en forma forzada. Desde ese día Livia es inseparable con AMAEF.

Ella ayudó a las mujeres, tomando contacto en Lima con organizaciones feministas para crear una mayor atención sobre el caso de miles y miles de víctimas peruanos. Así comenzó el trabajo organizado que hoy sacude nuevamente a la opinión pública en el Perú.

Al día siguiente de la entrevista en Cusco, llegó la candidata Keiko Fujimori. Fue recibida por una gran parte de la población que gritaba; ¡"Somos las hijas de campesinas que no lograste esterilizar"! Con ese acto comenzó una cadena de eventos y protestas, no importa donde ha aparecido la hija de Fujimori.

Cuenta Livia Pinares que durante los 20 años de actividades, AMAEF ha visitado ciudades, pueblos y regiones y se ha confirmado la inmensa cantidad de víctimas que sembró el programa de planificación familiar 1995-2000.

El Autogolpe de Fujimori

Cuando el programa de planificación familiar se inició en 1995, Fujimori había sido reelegido por su segundo periodo. Pero en mayo de 1992, Fujimori ejecutó el "Autogolpe Palacial". Disolvió el Congreso, la Corte Suprema de Justicia y la mayor parte del Poder Judicial. Gobernócon decretos presidenciales, basándose en las FF.AA, la Policía, los organismos de seguridad (Dircote-SIN) y de la inteligencia militar. Con la asistencia del ex capitán del Ejército Vladimiro Montesinos, utilizó el grupo paramilitar, La Colina, para la guerra sucia. Este grupo asesinó al presidente de la mayor central obrera, la CGTP, el comunista y líder minero Pedro Huilca y ejecutó otras dos masacres, por las cuales Fujimori fue detenido y sentenciado a 25 años de cárcel.

Familiares de las víctimas de la desapareción y masacre de la Cantuta el 18 de julio de 1992, solo dos meses después el "Autogolpe de Fujimori" en donde fueron asesinados diez universitarios (un profesor) por el grupo paramilitar La Colina.

Embarazada y esterilizada

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PERÚ: El crimen Fujimorista; la esterilización forzada de 370 000 peruanos y peruanas

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Teodora Guzmán Velázquez, de 47 años, viene del distrito Mollipata, en los Andes. Su pueblo está ubicado aproximadamente a tres horas en bus desde la ciudad de Cusco, el antiguo centro del Imperio Incaico. Cuando comenzamos a entrevistarla nos responde en su idioma quechua, imposible de entender. ayudarnos con la traducción.

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PARTE III
CONTROL SOCIAL, NEOLIBERALISMO Y DERECHO PENAL
EN UN PAIS DEL TERCER MUNDO: PER

CAPITULO II
EL FUJIMORISMO (1990-2000)

Las Fuerzas Armadas

Al igual que con los organismos financieros internacionales, la estrecha relacin del presidente Fujimori con las Fuerzas Armadas se estableci desde el inicio de su primer gobierno. Cabe recordar que Fujimori, siendo presidente electo en 1990 se mud con su familia a la sede del Crculo Militar. El respaldo del presidente Fujimori a las Fuerzas Armadas y viceversa fue constante durante su primer gobierno, repitiendo muchas veces frases que podran resumirse en la siguiente declaracin realizada en el CAEM:

es evidente que la crisis de las instituciones no afect a todas las piezas de la sociedad y del Estado; si no hubiera sido la debacle. Las Fuerzas Armadas, por ejemplo, son una prueba de los buenos resultados de una larga cuarentona. ⁴²³

Desde el inicio de su gobierno Fujimori tuvo una poltica de maridaje con las Fuerzas Armadas que consisti en nombrar a militares como sus asesores personales o en puestos de confianza e interviniendo directamente en los ascensos de los militares [hoy sabemos que quien diriga todo el tinglado era Vladimiro Montesinos], desnaturalizando poco a poco la lnea de carrera en la institucin castrense. De hecho, el general Nicols Hermoza debi pasar a retiro en 1992 y se mantuvo como Comandante General por muchos aos ms, hasta agosto de 1998. En este proceso todos los analistas coinciden en que el Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) y el asesor presidencial Vladimiro Montesinos han desempeado un papel fundamental.

El SIN (Servicio de Inteligencia Nacional) haba logrado aumentar su poder enormemente, al agrupar y controlar los servicios de inteligencia de las tres armas y constituirse como la principal —y en algunos temas nica— fuente de informacin del presidente Fujimori en todos los niveles. Fue a travs de Vladimiro Montesinos como Fujimori logr tener una copia del famoso "Libro Verde"424 , elaborado por militares y simpatizantes civiles a fines del gobierno de Alan Garca (1989). "Libro Verde" fue, particularmente, importante puesto que reflej un cambio en el pensamiento militar.

En los aos sesenta y setenta, los militares crearon un plan de gobierno llamado el Plan Inca, que inclua una serie de reformas radicales como: la reforma agraria, la nacionalizacin de importantes empresas extractivas, la redistribucin de la riqueza, la proteccin de las industrias nacionales y una mayor dosis de control estatal sobre la regulacin de precios en la economa. En resumen, era el proyecto de un Estado fuerte y gestor en la economa. En contraste, el "Libro Verde" representaba la adaptacin del pensamiento militar a la economa libre de mercado. Destacaba la necesidad de una reestructuracin radical, incluyendo la venta de las industrias claves que haban sido nacionalizadas veinte aos atrs y una reduccin drstica en la magnitud de la intervencin estatal. Al mismo tiempo, destacaba la importancia de realizar una fuerte campaa para acabar con la subversin, y con este fin defenda un modelo de control poltico firme. En otras palabras, era liberal en el sentido econmico y autoritario o dictatorial [dependiendo de la circunstancia, tiempo y lugar] en el poltico.
Este plan se apoyaba en una alianza cvico-militar que actuara en favor de los intereses de la clase empresarial, pero buscando apoyo en la sociedad civil. Esto represent, por consiguiente, un claro alejamiento del Plan Inca, aunque algunos de los oficiales participantes haban sido partidarios del General Juan Velasco Alvarado, en los setenta. Aunque en un sentido programtico el nuevo plan estaba bastante alejado de las ideas presentes en el Plan Inca, el objetivo bsico era similar: las Fuerzas Armadas queran jugar un papel protagnico en el intento de reestructurar la sociedad sobre la base de cimientos ms estables, que evitaran las crisis recurrentes y peridicas que haban afectado al Per en dcadas recientes, y de ese modo garantizar estabilidad y confianza para la inversin extranjera. Fujimori, en ese sentido, result ser el aliado civil que un sector castrense desilusionado con la poltica de Alan Garca haba iniciado por su cuenta los trabajos de elaborar un Nuevo Plan de Gobierno: el desastre de la poltica aprista era evidente a nivel del pas y del extranjero. Ya habamos sido calificados como ineligibles (verdaderos parias en las finanzas internacionales) para las inversiones extranjeras. El libro, publicado por la revista semanal Oiga, contena una hoja de coordinacin final, ah se lea: "Negociacin y acuerdo con Fujimori: Bases de Negociacin: Concepto de Democracia Restringida y Economa de Mercado". ⁴²⁵

La causa principal para apoyar a Fujimori fue debido a que se trataba de un advenedizo en la poltica, sin programa de gobierno, sin partido, sin finanzas propias, un desconocido sin ser ligado a los polticos tradicionales. Result el civil perfecto que andaban buscando para regresar al poder, con un nuevo programa, acorde con los tiempos del fantasma que recorra el mundo en estos tiempos (Reagan y Bush): el neoliberalismo. Aquello impidi el golpe de Estado que estaban preparando, el libro referido as lo demuestra. Hicieron una variante, lo dieron en el ao de 1992 (con el autogolpe de Fujimori). Es indudable que el autogolpe del 5 de abril de 1992 consolid la alianza entre el fujimorismo y los militares, aumentando significativamente la presencia de estos ltimos en las decisiones de gobierno. Sin duda, otro de los factores que habra incentivado a los militares a "apoyar" al presidente Fujimori, fue su percepcin de la existencia de un "nimo anticas-trense en el Parlamento" as como la imagen de un Poder Judicial atemorizado que permita la liberacin de demasiados miembros de los grupos subversivos.

La principal consecuencia del peso de las Fuerzas Armadas se haba basado en temas que giraban en torno a las necesidades de pacificar el pas. Ellos estaban preocupados de que no se entendiera que en cumplimiento con su objetivo de pacificar el pas se cometieran "errores", pero que a la luz de la opinin nacional y extranjera se trataba de verdaderos actos de violacin a los derechos humanos, lo cual les haba daado seriamente su imagen y del Gobierno en el exterior. ⁴²⁶ La presencia militar donde se llevaban a cabo violaciones de los derechos humanos ha sido una poltica institucional de los "estados de derecho" de gobiernos civiles, y recientemente —en trminos histricos— abarcan los tres Periodos presidenciales de fines de este siglo y son el de Belande (1980-85), el APRA con Alan Garca Prez (1985-1990) y con la cpula Fujimori-Fuerzas Armadas (1990-1992, antes y despus del autogolpe de 1992).

Los militares en el poder, de manera velada a partir del 28 de julio de 1990 y de manera abierta a partir del 22 de abril de 1992, tenan toda una legislacin que les daba impunidad por sus "excesos" en la lucha antisubversiva. Lo haban hecho con el cambio de estrategia en la pacificacin del pas (noviembre de 1991). Esta legislacin se perfeccion a partir del autogolpe con el Decreto Legislativo N. 746 (nueva estructura del Servicio de Inteligencia Nacional, que segn Carlos Tapia "fue decisiva con relacin a la concentracin del poder al interior de las estructuras del Estado, particularmente en la composicin de la cpula militar", que segn el general EP Luis Cisneros Vizquerra ⁴²⁷ insospechable de cualquier posicin antimilitarista, lleg a calificar a la nueva estructura de inteligencia como una verdadera "GESTAPO" dentro de las Fuerzas Armadas. ⁴²⁸

Durante el segundo gobierno del presidente Fujimori este proceso se agudiz y el peso de las Fuerzas Armadas en el gobierno fue excesivo. Esto se reflej por la gran cantidad de decisiones polticas relacionadas con la presencia del Ejrcito en los gobiernos regionales, las "condenas" leves a militares por el delito de opinin. As como la expedicin de la ley del indulto militar, la decisin de la Justicia Militar de declarar contienda de competencia con el fuero comn en el caso del asesinato de Barrios Altos, el tratamiento a los casos de narcotrfico vinculados a las Fuerzas Armadas. Sobre este ltimo tema Carlos Tapia nos dice: "... como ha quedado demostrado posteriormente, todas las instituciones —incluidas las fuerzas del orden— sufrieron en diferentes etapas la infiltracin del narcotrfico. Para comprobarlo basta remitirse a todos los medios de comunicacin donde han aparecido innumerables acusaciones alrededor de los juicios a Abelardo Cachiche Rivera y especialmente a Demetrio Chvez Peaherrera (a) Vaticano, jefe de unas de las "firmas" del narcotrfico ms importantes del Huallaga. Como se sabe, a partir de agosto de 1996 el escndalo lleg a involucrar al controvertido asesor del SIN Vladimiro Montesinos". ⁴²⁹

En noviembre del 2000 la prensa internacional escrita y audiovisual inform a la comunidad mundial acerca de la participacin de este asesor de Fujimori en el narcotrfico internacional y el trfico de armas, trfico de influencias, corrupcin de funcionarios pblicos. Esto produjo una crisis en el tercer mandato de Fujimori antes de los dos meses de haber juramentado; adems, obligado a un retiro de las Fuerzas Armadas a sus cuarteles, hasta nuevo aviso para retornar de manera abierta o encubierta al poder. No han "abandonado" el poder, de all que el presidente interino haya dicho que las Fuerzas Armadas son la institucin tutelar de la Repblica. Todas las fuerzas polticas coinciden con este juicio. Dicho esto, estudiemos la legislacin antisubversiva del gobierno de Fujimori el cual va a ser otro de los ejes requeridos por los organismos mundiales de finanzas; el gobierno tena que imponer ley y orden o lo que es lo mismo seguridad y garantas para las inversiones extranjeras, y eso pasaba por una confrontacin directa y gran escala para terminar con la subversin.

423

La frase es citada de un discurso del CAEM y ha sido tomada de la revista Per Econmico, vol. XV, No. 4, Lima: Apoyo S. A., abril 1992. Se refiere a la cuarentona existencia del CAEM como institucin "preocupada" institucionalmente de los problemas medulares del pas, como del ejercicio mismo del poder. Y que, adems, el Proyecto Fujimori no era sino la continuidad en el ejercicio del poder de las Fuerzas Armadas como institucin (como suelen decir lo polticos profesionales) tutelar de la Repblica. Ver parte II de este trabajo.

424

Trozos del Libro Verde se publicaron en Oiga, N. 647, Lima, 12 de julio, 1993 y 19 de julio, 1993.

425

El director de la revista dice: "Cucharita Daz contaba con la asesora de Vladimiro Montesinos en el Servicio de Inteligencia Nacional. Seran los autores de las 'Apreciaciones del SIN' que forman parte del contenido del llamado Libro Verde, p. 22, revista Oiga, 12 de julio de 1993.
Hoy se sabe con certeza que el verdadero poder detrs de Fujimori eran las Fuerzas Armadas y su instrumento clave el SIN con su pieza ms valiosa Vladimiro Montesinos (dependiente a sueldo hasta el 16 de setiembre del 2000 de la Central de Inteligencia de los Estados Unidos de Amrica, segn declaraciones del Embajador norteamericano John Hamilton). La pregunta clave es, si hoy se sabe que este personaje era un servidor del Servicio de Inteligencia (CIA) de los Estados Unidos, es probable que ellos estuvieran detrs del famoso Libro Verde. Montesinos termin como otro servidor de la CIA que gobern Panam, el General Noriega [privado de su libertad y sentenciado por delito de narcotrfico por un Tribunal Federal de los Estados Unidos despus que marines de los Estados Unidos invadieran Panam]. Las manos no las tena sucias tan slo con sangre de muchos inocentes [no nos referimos a los alzados en armas, sino a familiares y poblacin civil] que cayeron en su lucha declarada y brutal contra la subversin. Sino manchadas con el dinero del narcotrfico y del trfico de armas a gran escala que no se podan realizar sin ser vistos, escuchados y sin el consentimiento implcito de la potencia hegemnica los Estados Unidos de Norte Amrica. Coincidencia de la CIA en el trato de sus socios en Amrica Latina o una poltica exterior secreta de un organismo de Control y de Seguridad Nacional de los Estados Unidos de Norteamrica?

426

A las Fuerzas Armadas durante el segundo gobierno de Belande (1980-1985) se les haba encargado "el orden interno de las provincias ayacuchanas". sa era la zona que escogi Sendero Luminoso para iniciar sus acciones armadas. "Hasta 1983, los muertos a causa de la violencia poltica en el pas llegaron a la cifra de 165 y los heridos a 199. Slo durante los doce meses del ao siguiente los muertos ascendieron a 2282 mientras los heridos apenas a 372, una guerra sin prisioneros y sin heridos. Slo muertos: 20, 30, 50 como se iba sumando en los lacnicos comunicados militares... Al terminar 1984 las bajas superaban a 4500 muertos, la gran mayora clasificada como senderistas y civiles, entre los cuales slo menos de un centenar eran soldados y policas... Entre agosto de 1985 y setiembre de 1986 las cifras oficiales indicaban 1737 de los cuales 979 eran presuntos terroristas y 676 eran civiles [Fuente: Centro de Documentacin e Informacin de APRODEH (Asociacin Pro Derechos Humanos). Desco, Resumen Semanal, Banco de Datos]. Al terminar este ao la cifra acumulativa de muertos bordea los 7000. All estn incluidos muchos jvenes, pero tambin menores de edad, hasta nios, sin olvidar los ancianos. [En 1992, cinco aos despus, esta cifra super los 30 000 muertos por violencia poltica. Una guerra que ha arrasado con poblaciones enteras en Ayacucho... El ingreso del ejrcito, en 1983, signific la prctica de las "desapariciones" y el empleo de fosas comunes o "botaderos" de cadveres." (nfasis nuestro) FLORES GALINDO, Alberto. La tradicin autoritaria, violencia y democracia en el Per. Lima, Editorial APRODEH, 1999.

427

Este general EP en la entrevista que le hiciera la revista QU HACER, N. 20, enero de 1983, p. 50, haba dicho: "Maten 60 personas y a lo mejor all hay 3 senderistas... Y seguramente la polica dir que los 60 eran senderistas". Alberto Flores Galindo, op. cit., p. 37.

428

TAPIA, Las Fuerzas Armadas..., p. 71.

429

TAPIA, op. cit., p. 65. En marzo del 2001 el Poder Judicial le abri proceso penal por narcotrfico al eje de la dictadura fujimorista, Vladimiro Montesinos. Segn todos los indicios de la investigacin que lleva a cabo el Congreso de Per se incorporara por igual delito a Fujimori.

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Control Social, Neoliberalismo y Derecho Penal

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PARTE III CONTROL SOCIAL, NEOLIBERALISMO Y DERECHO PENAL EN UN PAIS DEL TERCER MUNDO: PER CAPITULO II EL FUJIMORISMO (1990-2000) Las Fuerzas Armadas Al igual que con los organismos financieros internacionales, la estrecha relacin del presidente Fujimori con las Fuerzas Armadas se estableci desde el inicio de su primer gobierno.

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CORRUPCIÓN EN EL PERÚ DURANTE EL GOBIERNO DE ALBERTO FUJIMORI

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Uploaded by Ashily Aguilar on 2016-06-20.

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San Román dijo que se posesionará hoy como presidente, ya que el disuelto congreso declaró vacante el cargo de Fujimori.

No obstante, las FF.AA. reafirmaron su lealtad a Fujimori y su gobierno porque recogen el sentir del pueblo peruano , según declaró el jefe del comando conjunto Nicolás de Bari Hermoza. FF.AA. rafitican apoyo a Fujimori El mando unificado de las tres Fuerzas Armadas peruanas tuvo que renovar ayer su respaldo unánime al presidente Alberto Fujimori, ya que el vicepresidente, Máximo San Román, se ha atribuido el respaldo de un sector militar.

El pronunciamiento castrense se produjo en momentos en que el vicepresidente se aprestaba a juramentar como presidente en la clandestinidad y llegaba a Lima el secretario general de la OEA para hacer que Fujimori promueva el retorno al orden constitucional en el Perú.

Los militares desmintieron las versiones difundidas por el vicepresidente San Román de que ha recibido el respaldo de algunos oficiales y comandantes militares para que asuma la presidencia en reemplazo de Fujimori.

Los militares expresaron su más enérgico rechazo a esos comentarios y otros pronunciamientos de diversos políticos que utilizan la irrestricta libertad de expresión que existe en el Perú , según el comunicado.

Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional dijeron que ratificaban su respaldo a Fujimori, expresado en un comunicado el 5 de abril pasado cuando el presidente asumió poderes especiales, clausuró el Congreso y suspendió la Constitución.

El comunicado está firmado por los comandantes generales de la Fuerza Aérea, la Marina y el Ejército y la Policía Nacional, quienes tratan a Fujimori como el Presidente constitucional de la República y jefe de las Fuerzas Armadas.

El anuncio castrense fue hecho coincidentemente con la llegada a Lima de Joao Baena Soares, el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), que vino con la misión de promover el restablecimiento del orden institucional.

Baena Soares llegó en cumplimiento de una misión encomendada por la Asamblea de Cancilleres de ese organismo. El otro integrante, el canciller uruguayo Héctor Gross Espiell, llegó a la medianoche, según el canciller Augusto Blacker.

Blacker dijo que esta era la primera visita de la misión a Lima.

Se ha previsto otro viaje en mayo, también con la presencia del canciller uruguayo, para continuar los contactos .

Los líderes de los partidos políticos se reunieron ayer en algún lugar de esta capital para tratar la situación política que afronta el país y la juramentación de San Román como presidente constitucional.

Según la constitución peruana, el primer vicepresidente asume la presidencia por renuncia del titular o vacancia del cargo.

Fujimori recorrió a pie esta tarde el centro de la capital peruana tras una reunión con sus ministros en la Casa de Gobierno, a la cual no concurrió el ministro de economía, Carlos Boloña, quien decidió dimitir, lo que complica mucho el panorama del país, dijeron hoy fuentes de su ministerio.

El anuncio fue hecho un día después de que Boloña retornó de Washington, donde funcionarios del Departamento del Tesoro y organismos multilaterales le dijeron que Perú debía retornar en breve al orden constitucional si deseaba un continuo flujo de ayuda.

Boloña, apodado cara de niño por su corta edad y facciones juveniles, tenía como misión fundamental consolidar el duro programa de ajuste económico impulsado por Fujimori tras asumir el poder el 28 de julio de 1990.

Fujimori tiene previsto anunciar hoy ante la nación el paquete de reformas que hará su nuevo gobierno .

Cuando Fujimori caminaba por la plaza de armas fue ovacionado por simpatizantes que exclamaban Fujimori seguro, a San Román dale duro y Chino presidente , en alusión a su origen japonés.

Según una resolución de los cancilleres de la OEA, que se reunieron en Washington el 13 de abril para tratar la situación, el objetivo de la misión que vino a Lima es promover gestiones para un diálogo entre las autoridades peruanas y las fuerzas políticas representadas en el Congreso, con la participación de otros sectores, para el restablecicmiento del orden institucional.

La misión de la OEA se entrevistará por separado con el presidente Fujimori, los titulares de los disueltos Senado y Cámara de Diputados, dirigentes de partidos políticos y organizaciones representativas. Visita colombiana al vicepresidente Lima (Ansa) El embajador de Colombia en Perú, Jaime Gutiérrez, por iniciativa propia, decidió visitar ayer al vicepresidente Máximo San Román.

San Román, en abierto desafío al presidente Fujimori, anunció que hoy tomará juramento como presidente del Perú en la clandestinidad.

El Embajador colombiano, que visitó al senador San Román en su domicilio, dijo que intenta buscar el diálogo entre el gobierno y la oposición.

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Una misión de la Organización de Estados Americanos (OEA) llegó ayer a Perú para buscar una salida constitucional a la crisis política. La misión, encabezada por el canciller brasileño Joao Baena Soares, dialogará con el Presidente y la oposición, encabezada por el primer vicepresidente, Máximo San Román.

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Casos Sin Dato 887
CAPÍTULO III
ANÁLISIS DE LAS DENUNCIAS TRAMITADAS POR EL MINISTERIO PÚBLICO POR PRESUNTA DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS Y OTRAS VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS ENTRE 1983 Y 1996

El capítulo presenta la descripción, procesamiento y análisis de los datos obtenidos luego de la revisión de expedientes sobre desaparición forzada de personas y otras violaciones a los derechos humanos tramitados por el Ministerio Público entre los años 1983 y 1996. La información muestra las características generales de la desaparición forzada de personas y la actuación concreta del Ministerio Público en uso de sus funciones constitucionales, lo que permite apreciar la magnitud que ha tenido la desaparición forzada dentro del contexto de violencia que vivió el país.

Se ha dividido el presente capítulo en tres temas: una presentación del universo de casos y la metodología utilizada en la investigación, un análisis de los tres sub-universos principales encontrados en las denuncias analizadas, y, finalmente, las conclusiones del capítulo.

Como nota previa, es importante mencionar que es posible que no todos los casos de desaparición forzada ocurridos en el Perú durante el período de tiempo estudiado en el presente informe, fueran efectivamente objeto de denuncia ante el Ministerio Público. El contexto de violencia política que atravesó el país pudo haber intimidado y/o atemorizado a los denunciantes, quienes prefirieron no denunciar bajo el temor de que otros miembros de su familia o de su comunidad fuesen a su vez detenidos (1).

3.1. Universo y metodología de investigación

3.1.1 Universo de investigación: El acervo documental del Ministerio Público

En el mes de setiembre de 1996, las Fiscalías Especiales de Defensoría del Pueblo y Derechos Humanos, en cumplimiento de la Resolución de la Comisión Ejecutiva del Ministerio Público 181-96-MP-FN-CEMP, transfirieron su acervo documental a la Defensoría del Pueblo.

El acervo trasladado corresponde al período comprendido entre 1983 y 1996. Contiene los expedientes de denuncias por desaparición forzada de personas y otras violaciones de derechos humanos, así como las quejas ante la administración pública de las Fiscalías Especiales de Defensoría del Pueblo y Derechos Humanos de los distritos judiciales de Ancash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Callao, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Piura, San Martín y Lima, todos los cuales llegan en su conjunto a más de diez mil expedientes.

Tal como se aprecia del siguiente cuadro, son 5750 los expedientes derivados por el Ministerio Público que han sido materia de análisis y constituyen el universo de investigación. Por un lado, 5525 expedientes relativos a denuncias por desaparición forzada y por otro 225 correspondientes a violaciones de derechos humanos. Quedaron excluidos aquellos expedientes relativos a quejas contra la administración pública, asuntos sociales y otros petitorios clasificados como violaciones a los derechos humanos no relacionados con el fenómeno de la desaparición forzada de personas (pedidos de garantías personales, denuncias por abuso de autoridad, etc.)

Asimismo, se ha incorporado una relación de 15 petitorios de investigación sobre desaparición forzada presentados ante la Defensoría del Pueblo luego que ésta entró en funciones, relacionados todos ellos a hechos acaecidos durante el período de violencia política.

Este universo de expedientes corresponde a 7762 personas consignadas como agraviadas en las denuncias por desaparición forzada u otras violaciones a derechos humanos, las cuales se subdividirán para su mejor descripción y análisis según los criterios que se desarrollan más adelante.

3.1.2. Metodología de investigación aplicada al acervo documental del Ministerio Público

El proceso de registro de información para la elaboración del presente capítulo se desarrolló en las siguientes fases: Etapa preparatoria, lectura de expedientes y registro manual de información, ingreso informático de datos, y procesamiento estadístico de datos.

a) Etapa preparatoria

La etapa preparatoria se inició con un diagnóstico del acervo documental transferido por el Ministerio Público, a cargo de un funcionario del Archivo General de la Nación, quien evaluó el estado físico del mismo y proporcionó orientaciones sobre el sistema de registro de las denuncias a examinarse, a fin de respetar la codificación de la organización de procedencia.

Asimismo, se llevó a cabo una revisión inicial del acervo documental en su totalidad, producto de la cual se constató, que buena parte de los expedientes se encontraron entremezclados (denuncias por violaciones a derechos humanos y otras quejas), por lo que hubo que revisar el acervo documental para discriminar las denuncias por desaparición forzada existentes.

Realizado este diagnóstico se consultó a las principales organizaciones de derechos humanos que estuvieron vinculadas a la atención de casos de desaparición forzada (2) con el fin de recoger su experiencia y aportes para la elaboración de los instrumentos de registro de información de los expedientes en mención. El formato diseñado incorporó las principales categorías y variables manejadas por dichas organizaciones para la identificación y seguimiento de casos de desaparición forzada.

b) Lectura de expedientes y registro manual de información

Se llevó a cabo la lectura y registro de información de 5765 expedientes, de los cuales 5540 corresponden a denuncias por desaparición forzada y 225 expedientes, tramitados en el distrito judicial de Lima, a otras violaciones de derechos humanos dentro de los cuales se ubicaron casos de ejecución extrajudicial.

El registro de datos tiene información relativa a: su ubicación documental (numeración originaria del expediente, distrito judicial de tramitación); datos generales del presunto desaparecido (nombre completo, edad, sexo, documento de identidad, ocupación y cargo); datos generales del denunciante (nombre completo, documento de identidad y domicilio); datos generales sobre la denuncia (fecha de interposición, fecha de última diligencia); características del hecho violatorio (fecha, lugar, agente, modalidad de la detención y centro de detención); estado de trámite del expediente (en investigación y resuelto) y situación final de la presunta víctima. También se registraron datos referidos a las fuentes de información de las que el caso se nutría, los casos conexos existentes y las observaciones que se consideró pertinente consignar.

La clasificación de cada expediente ha requerido de una evaluación general del mismo. Las categorías "En investigación" o "Resuelto" han sido consignadas atendiendo a la consideración de la situación final de la víctima, y no necesariamente a la consideración de carácter formal que hacía el Ministerio Público sobre los mismos. En esta medida, un expediente calificado por el Ministerio Público como "Resuelto" no ha sido necesariamente registrado como tal, si es que de su contenido no se desprende, que la presunta víctima haya reaparecido viva o muerta.

Parte fundamental de esta evaluación ha sido la variable "situación de la víctima" al finalizar el trámite de la investigación realizada por el Ministerio Público, partiendo de tres categorías fundamentales: vivo, muerto y desaparecido.

Dentro de las categorías, se incorporó una variable adicional denominada "No desaparición forzada" que permitía diferenciar aquellos casos en los que el hecho no tuviera relación con el fenómeno de desaparición forzada durante el contexto de violencia política. Este indicador, permitió que casos con igual situación de víctima, se diferencien, otorgando al caso calificado un contenido de desaparición forzada o de desaparición común. De la misma forma, con este indicador se podían diferenciar desapariciones forzadas temporales de detenciones arbitrarias.

Se incorporó asimismo, una variable adicional de discriminación denominada "Falta información", destinada a determinar aquellos casos en los cuales no se presentaba la mínima información necesaria para registrar una situación de víctima con plena convicción. El objetivo de este indicador fue dar cuenta de la cantidad de expedientes incompletos que se encontraron en el acervo, los que impidieron dar una determinación definitiva acerca de la situación de la víctima, sobre todo de ser ésta desaparecida (3).

c) Ingreso informático de datos

Se diseñó una base de datos a fin de sistematizar la información registrada y producir información estadística. Ésta se estructuró sobre la base de las categorías señaladas para la lectura de los expedientes.

Asimismo, se contrastó los 7762 casos registrados en la base de datos de la Defensoría del Pueblo, con los listados nominales de víctimas de desaparición forzada registrados por ocho organismos nacionales e internacionales de derechos humanos, con el objeto de precisar los casos que habrían sido objeto de atención legal por dichas organizaciones (4).

d) Procesamiento estadístico de datos

Dado el volumen de información registrada y la multiplicidad de variables se solicitó la colaboración del Laboratorio de Estadística del Departamento de Ciencias de la Pontificia Universidad Católica del Perú para el procesamiento y análisis de resultados. El producto del trabajo de esta unidad académica constituye el insumo fundamental del presente capítulo (5).

Para efectos de presentar los resultados obtenidos, se agrupan algunas categorías. Por ejemplo, en relación a las variables de temporalidad ligadas a la fecha de detención consignada, se han incorporado dos formas para presentar las mismas. Una primera forma de presentar la fecha de detención es la de períodos semestrales, coincidentes con los cambios de gobierno, de modo que los semestres comienzan en febrero y agosto, y terminan en julio y enero, respectivamente. De esta forma, se ha precisado los gobiernos constitucionales de Fernando Belaúnde Terry y Alan García Pérez. Con respecto a los gobiernos de Alberto Fujimori se ha optado por diferenciarlos a partir del 5 de abril de 1992, en función de la importancia de la decisión política tomada ese día y a sus probables consecuencias en el cambio de estrategia en materia de lucha contrasubversiva.

De la misma forma, la clasificación de las presuntas víctimas por edad a la fecha de la detención, se definió de acuerdo a 8 grupos etáreos (de 0 a 4 años, de 5 a 14, de 15 a 25, de 26 a 34, de 35 a 44, de 45 a 54, de 55 a 64 y más de 65 años), buscando cubrir las distintas fases del desarrollo de la persona.

La descripción estadística se ha presentado en cuadros y gráficos. Los cuadros dan cuenta del número de casos por categoría y su porcentaje.

3.1.3. Determinación de sub-universos de descripción y análisis

Para una mejor descripción y análisis de los casos, se han dividido las 7762 denuncias en 5 sub-universos, atendiendo a la situación final de la presunta víctima, a partir de una lectura crítica del contenido de cada expediente.

Para ello se consideró una clasificación inicial de presuntas víctimas en tres sub-universos: desaparecidos, desaparecidos temporalmente y víctimas de detención arbitraria, y ejecutados extrajudicialmente.

Posteriormente, se hizo necesario agregar dos sub-universos para dar cuenta de los 7762 casos registrados en la base de datos. Se trata de 1018 casos por denuncias sobre desaparición forzada con información insuficiente y 534 casos que comprenden situaciones no relacionadas con violencia política y/o casos de muertes ocasionadas por miembros de organizaciones subversivas (102 casos registrados). El cuadro N 2 y gráfico N 1 muestran los 5 sub-universos aludidos.

Cuadro N 2
Distribución de sub-universos de investigación

SUB-UNIVERSO
Casos %

TOTAL 7762 100.0

Casos Válidos 7,762 Casos Sin Dato 0
Fuente: Defensoría del Pueblo.
Elaboración: Laboratorio de Estadística de la Pontificia Universidad Católica.

El primer y principal sub-universo de análisis es el de presuntos desaparecidos, constituido por 4022 casos, quienes, a partir de la lectura y análisis de los expedientes correspondientes, continuarían en estado de desaparición.

Un segundo sub-universo corresponde a 1674 casos de víctimas de desaparición forzada temporal y detención arbitraria, por las cuales se formuló denuncia por desaparición forzada. Según la investigación realizada por el Ministerio Público, se distinguen 1481 casos en los que se configuró la situación de desaparición forzada temporal, en tanto la víctima ingresó a lo que se ha denominado "circuito de detención" y se dio el elemento de negación del paradero. Por otro lado, se han presentado 193 casos donde la detención arbitraria no contó con estos elementos.

El tercer sub-universo comprende 514 casos de víctimas de ejecución extrajudicial, identificadas a partir de la lectura de expedientes, que incluyen actas de levantamiento de cadáveres y/o certificados de necropsia, y cuyos casos, atendiendo a la aclaración de la situación fáctica de estas personas, se encontrarían resueltos.

Adicionalmente, se han agrupado en un cuarto sub-universo 1018 casos relativos a denuncias por desaparición forzada con información insuficiente, que no pueden asimilarse al sub-universo de presuntos desaparecidos, como ya se ha especificado por carecer de la información mínima necesaria.

Finalmente, los 534 casos restantes comprenden de un lado, situaciones no relacionadas con violencia política (delitos comunes, desapariciones voluntarias, etc.) y de otro, casos de muertes ocasionadas por miembros de organizaciones subversivas (102 casos).

GRÁFICO N 1 (*)
DISTRIBUCIÓN DE SUB UNIVERSOS

3.2. Análisis de denuncias por presunta desaparición forzada recibidas por el Ministerio Público

El presente sub-capítulo presenta los resultados del primero de los subuniversos, el mismo que está conformado por 4022 casos de personas presuntamente desaparecidas, habiéndose excluido a aquellas de las cuales no había información suficiente o las que no constituían desaparición forzada.

Los resultados se presentan en tres campos: la información referida al denunciante y la denuncia, la relativa al presunto desaparecido, y los datos relacionados al hecho violatorio de la desaparición forzada.

3.2.1 Información referida al denunciante y/o denuncia

a) Denunciante

La categoría denunciante indica el tipo de relación existente entre la persona que interpone la denuncia por desaparición forzada con el desaparecido. Se construyó una tabla conteniendo ocho variables sobre el tipo de denunciante, con los resultados siguientes:

i) Familiar.- Comprende cualquier vínculo de parentesco, desde padres e hijos, hasta sobrinos o tíos, incluyendo a los cónyuges o convivientes. La primera constatación de carácter general en relación con la identidad del denunciante en los casos analizados, es que en un 66.1% de los casos, el denunciante tenía vínculo parental con el desaparecido.

Inicialmente se consideró en esta categoría solamente a quienes tuvieran necesariamente un vínculo familiar con la víctima; sin embargo, en atención a los expedientes con denuncias colectivas, se calificó como familiar a la persona que interpone una denuncia por su familiar, y al mismo tiempo por otras víctimas conocidas o allegadas a aquél. Asimismo, tratándose de casos para los cuales se registró más de una denuncia sobre la misma persona, se optó por tomar en cuenta aquella presentada por el familiar de la presunta víctima.

Los extractos presentados a continuación ejemplifican pedidos de investigación ante el Ministerio Público realizados por familiares de presuntas víctimas:

"en mi condición de madre sufrida y desesperada por la desaparición de mi hijo, me dirijo a usted para suplicarle de todo corazón, a fin se realice una exhaustiva investigación acerca de la desaparición ocurrida hace 9 meses.

" Le ruego encarecidamente tenga presente mi petición, es una madre que acude a usted que se halla con un inmenso dolor, y que espera su ayuda por el que quedaré eternamente agradecida. " Doctor le vuelvo a rogar con toda mi alma que me ayude usted comprenderá los momentos que atravieso al no saber lo sucedido realmente con mi hijo, cada día que pasa es más desesperante se van sucediendo los días y nada al respecto. Me siento agonizar lentamente, Dios me da fuerzas y seguiré averiguando lo sucedido con mi hijo, el dolor de una madre es inmenso. Legajo 3, Expediente 1371, Distrito Judicial de Lima, Denuncia al Fiscal de la Nación.

Mi esposa Nery Cárdenas Huaytalla de 23 años de edad, madre de tres menores hijos, ha sido secuestrada por elementos del Comité de Inteligencia del Departamento " Mi esposa es totalmente inocente de todo cuanto pudiera significar actos ilícitos de cualquier naturaleza por cuanto que se dedica a sus labores de madre de menores hijos y que a la fecha llora desesperadamente el menor que lo han hecho dejar lactando. Legajo 21, Expediente 397, Distrito Judicial de Lima, Denuncia al Fiscal Superior de Ayacucho.

ii) Organismo de Derechos Humanos.- Destinado a identificar a las organizaciones no gubernamentales que interpusieron denuncias. De acuerdo al total de denuncias analizadas, se tiene que este tipo de denunciante fue responsable del 22% de las denuncias.

iii) Asociación.- Reúne a cualquier tipo de agrupación que no cumpla los requisitos de una organización de derechos humanos, independientemente de su finalidad. De acuerdo a los cuadros presentados, registra el 3.4% de las denuncias.

iv) Comunidad campesina o nativa.- Generalmente se autodenominan de esta manera en el mismo texto de la denuncia y representan un 1.8% de las denuncias interpuestas.

v) Vecino.- Persona que vive cerca del domicilio del desaparecido. Este tipo de denunciante interpuso el 2.9% de las denuncias por desaparición forzada.

vi) Dirigente comunal.- Autodenominado como tal en el texto de la denuncia. Fueron responsables del 1.2% de las denuncias analizadas.

Como ejemplo, se anexa un extracto relacionado con la participación de un dirigente comunal como denunciante de la desaparición colectiva de miembros de su comunidad.

Mi representada, es una comunidad de las tantas comunidades castigadas por la situación que vive Ayacucho con los efectos de la guerra sucia, por ello es que la base militar que tiene su sede en el distrito de Pampachiri, de la provincia de Andahuaylas, Apurímac, " realiza un operativo en nuestra comunidad, deteniendo a numerosos comuneros en sus domicilios designándolos como terroristas. Los detenidos son sometidos a castigos físicos; y como consecuencia de ello uno murió en aquella fecha y otro en fecha distinta; siendo los detenidos los siguientes".

Legajo N41, Expedientes 5877- 5878 - 5879, Distrito Judicial de Lima, Denuncia del Presidente de la Comunidad Campesina de Urayuma.

vii) Iglesia.- Se ha incluido bajo esta categoría a aquellos organismos eclesiales de cultos diversos, que durante la época de violencia política, jugaron un importante rol en la denuncia de hechos violatorios de derechos humanos. Figuran en los cuadros como responsables del 0.2% de las denuncias.

viii) Otros.- Referido principalmente a otros grupos, que por una cuestión de relevancia cuantitativa (en total, sumados, corresponden a un 2.4% del total de denuncias), no necesitaban ser incluidos como tipología especial. Se incluyen dentro de este rubro las denuncias presentadas por la prensa, las universidades, los colegios profesionales, entre otros.

ix) No indica.- Comprende todos aquellos casos donde no se ha podido determinar la identidad genérica del denunciante, un 18.8% del universo. Para explicar el origen de esta categoría debe tomarse en cuenta que en muchos de los expedientes analizados, no obra el instrumento de denuncia propiamente dicho, a partir de cuya lectura se recogió la identidad genérica del denunciante.

b) Denuncias

El objetivo principal de la denuncia interpuesta fue obtener información sobre el paradero de la víctima a fin de lograr su libertad. En este sentido, la motivación principal para la presentación de la denuncia era que el detenido aparezca con vida.

Uno de los principales criterios de clasificación de las denuncias examinadas es la distribución geográfica, según los distritos judiciales en los que se presentaron las mismas.

El cuadro N 4 muestra que los distritos judiciales de Lima y Ayacucho acumularon el 74.2% de las denuncias presentadas (2,982 denuncias), mientras que en los distritos judiciales de Huánuco, Apurímac, Junín, Huancavelica, San Martín y Ancash se presentó el 25.6% restante (1,029 denuncias).

El hecho que el distrito judicial de Lima aparezca como el más recurrido por los denunciantes a nivel nacional, con 1583 denuncias, no implica que estos hechos se hubieran cometido en este departamento, pues sólo 55 casos denunciados ocurrieron en el departamento de Lima (6), correspondiendo las restantes a detenciones en otros departamentos del país. La alta proporción de recurrencia ante el distrito judicial de Lima puede explicarse debido a las mejores condiciones de acceso al servicio de justicia, así como a factores de seguridad personal a diferencia de lo que habría sucedido en el interior del país. Asimismo, otro factor que puede contribuir a explicar tal nivel de recurrencia, estaría en que muchas de las organizaciones no gubernamentales que apoyaron a los denunciantes en la interposición de denuncias, tenían su sede en la capital del país.

El cuadro N 5 ilustra la cantidad de denuncias interpuestas por desaparición forzada, durante el periodo transcurrido entre 1983 y 1999. Cabe señalar que 887 casos no se han podido contabilizar en esta categoría ya que, de la lectura de los expedientes respectivos, no se pudo determinar la fecha de la interposición de la denuncia.

Se puede observar que en el intervalo entre 1988 a 1991, se interpuso el mayor número de denuncias por desaparición forzada. De este modo, estos 4 años, agrupados, suman 1601 denuncias, es decir, 51.1% del total de casos válidos. En relación a este intervalo, se puede apreciar que en 1990, el Ministerio Público registró el mayor número de denuncias sobre desaparición forzada, representando el 14.8% (464 casos) del total válido de denuncias planteadas ante este organismo. Luego del alto índice de denuncias que se registró en 1990, la tendencia de las mismas en los años siguientes fue disminuyendo en forma constante y sostenida, hasta llegar casi a cero casos en los años 1998 y 1999.

Otra dimensión de análisis guarda relación con el cuadro N 6, que muestra el cruce de información entre la fecha de interposición de la denuncia y el distrito judicial correspondiente, sobre un total de 3135 denuncias válidas.

El distrito judicial de Ayacucho arrojó en 1988 el índice más alto de denuncias de desapariciones forzadas a nivel nacional con 270 denuncias. En segundo lugar, el distrito judicial de Lima, con 211 denuncias en el año de 1984, y en tercer lugar el distrito judicial de Huánuco con 136 denuncias en el año de 1991.

Cuadro N 6
Presuntos desaparecidos segn ao de interposicin de la denuncia y distrito judicial

Fecha
de
Denuncia

DISTRITO JUDICIAL

ca-
sos

%

SAN
MARTIN

TOTAL N 823 15 302 1334 70 363 145 72 11 3135 100.0%

% 26.3 0.5% 9.6% 42.6% 2.2% 11.6% 4.6% 2.3% 0.4% 100.0%

Fuente: Defensora del Pueblo.
Elaboracin: Laboratorio de Estadstica de la Pontificia Universidad Catlica.
En resumen, Ayacucho agrupa el 42.6% (1334 denuncias) del total de denuncias interpuestas a nivel nacional, siguiéndole Lima con el 26.3% y finalmente Huánuco con el 11.6% de denuncias a lo largo del período estudiado.

Un criterio adicional para el examen de las denuncias correspondientes, ha sido el tiempo transcurrido entre la fecha de la detención y la fecha de la interposición de la denuncia, el cual se muestra en el cuadro N 7. Dicho criterio responde a la necesidad de examinar si existió un sentido de inmediatez general en las mismas, a pesar del clima de inseguridad y temor experimentado en las zonas bajo estado de emergencia.

Cuadro N7
Tiempo transcurrido entre fecha de la detención y fecha de la denuncia

SUB UNIVERSO
CASOS%

MENOS DE SEIS MESES
2717
88.2%

Casos Válidos 3,081 Casos Sin Dato 941
Fuente: Defensoría del Pueblo.
Elaboración: Laboratorio de Estadística de la Pontificia Universidad Católica.

En un 88.2%, las denuncias por desaparición forzada presentadas (2717 casos), se interpusieron en un período de tiempo menor a 6 meses luego de la fecha de la detención. El sentido de inmediatez de este gran volumen de denuncias, reafirma la importancia que tuvo para los denunciantes, la utilización de la denuncia. Cuanto más tiempo transcurrió desde el momento de la detención, el detenido corría el inminente riesgo de convertirse en un desaparecido.

En el cuadro N 8 se puede observar en detalle el universo de aquellas denuncias que se interpusieron hasta 6 meses después de ocurrida la detención. Del total de las denuncias, que asciende a 2717; 1232 fueron presentadas dentro de los primeros 7 días posteriores a la fecha de la detención, lo que significa un porcentaje acumulado del 45.3% del universo.

Dentro de los 30 primeros días se presentaron 2017 casos que a su vez significan un porcentaje acumulado del 74.2% del universo. Dichos porcentajes permitirían plantear que los denunciantes no esperaron el transcurso del tiempo para interponer una denuncia por desaparición forzada, siendo esta diligencia una de las primeras gestiones realizadas en el itinerario de búsqueda del desaparecido.

El histograma (gráfico N 6) que se presenta a continuación grafica claramente esta aseveración, pues el intervalo correspondiente a una semana se presenta como predominante, distribuyéndose los demás casos en una tendencia marcadamente minoritaria, salvo el pico del intervalo de 14 a 15 semanas.

El restante número de casos de desaparición forzada se clasifica en dos categorías adicionales. Un primer grupo conformado por 243 casos, en los cuales el tiempo transcurrido entre la fecha de la detención y la fecha de la interposición de la denuncia fluctúa entre 6 meses a dos años, y un segundo grupo que asciende a 121 para los cuales el lapso de tiempo transcurrido es de más de 2 años.

El cuadro N 9 presenta en detalle, el tiempo transcurrido entre la fecha de detención y la fecha de interposición de la denuncia por desaparición forzada de acuerdo a los departamentos en donde se produjo la detención. Ayacucho ocupa el primer lugar de denuncias por desaparición forzada interpuestas en un periodo de tiempo menor a 6 meses luego de ocurrida la detención, con 1493 denuncias (55% del total de las denuncias presentadas con dichas características). Esta importante cifra se explica precisamente por el gran volumen de desapariciones ocurridas en este departamento.

Finalmente se ha sistematizado la información correspondiente a la categoría de "Fuente" que comprende a las diversas instituciones gubernamentales o no gubernamentales que aparecen respaldando las denuncias por desaparición forzada, de acuerdo a la información encontrada en los expedientes respectivos. El respaldo de la institución alude al conocimiento que tuvo ésta del caso denunciado, constatado a través de diversos documentos que obran en el expediente analizado. Del total de casos por desaparición forzada (4022), un 72% de los mismos aparecen respaldados por alguna fuente en particular, según la siguiente distribución.

La fuente más reiterada comprende a las organizaciones de derechos humanos agrupadas en la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (APRODEH, CEAS, CONADEH, COMISEDH y sus organismos locales), con el 31.5% de los casos. La segunda fuente registrada comprende a los organismos internacionales de derechos humanos (Grupo de Trabajo de Desapariciones Forzadas o Involuntarias de Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos), con el 21.8% del total de denuncias por desaparición forzada. En tercer lugar de frecuencia se ubica al Poder Legislativo (diputados, senadores, comisiones legislativas) con el 4.3% de los casos y en cuarto lugar se encuentra citado como fuente diversos órganos del Poder Ejecutivo con el 2.4% de casos (Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Agricultura, Embajadas, etc.)

3.2.2 Información sobre el desaparecido y sus características

Los resultados estadísticos relacionados a la víctima, permiten configurar un perfil mayoritario de las características personales y sociales de los desaparecidos. El 87.6% de los presuntos desaparecidos pertenece al sexo masculino, mientras un 12.2% pertenece al sexo femenino. Esto indicaría una tendencia a identificar a los varones como potenciales miembros de agrupaciones terroristas.

Cuadro N11
Presuntos desaparecidos según sexo

Casos Válidos 4,022 Casos Sin Dato 0
Fuente: Defensoría del Pueblo.
Elaboración: Laboratorio de Estadística de la Pontificia Universidad Católica.

Por otro lado, resalta la condición mayoritaria de jóvenes en los presuntos desaparecidos, en el 43.9% de los casos (1168) las edades de los desaparecidos oscilan entre 15 y 25 años (a pesar de que en el 33.9% de los casos no hay datos relativos a la edad de los desaparecidos):

En el segundo lugar están las víctimas de 26 a 34 años con 22.9% de los casos. Agrupando a los presuntos desaparecidos de los grupos de 15 a 25 años y de 26 a 34 años se tiene que en el 66.8% de los desaparecidos, fueron jóvenes adultos en este rango de edades.

Debe resaltarse la gravedad de la presencia de 40 casos de desaparecidos menores de 4 años, los mismos que incluyen 6 casos de menores de 1 año (se registran presuntas víctimas de 3 a 7 meses de nacidas). Asimismo, constan 98 casos de desaparecidos entre 5 y 14 años lo que indicaría que en determinadas ocasiones la práctica de desaparición forzada tuvo un carácter indiscriminado. Al respecto, obran en los expedientes los siguientes extractos, los mismos que ejemplifican esta realidad:

"...Que, el día sábado 14 de marzo del presente año, a las cuatro y media de la tarde aproximadamente fue intervenido todos los pobladores del caserío de Camote, comprensión de la Jurisdicción del distrito de Monzón por una dotación del Ejército Peruanoconformado por más de 60 soldados, habiendo detenido a muchos pobladores del referido caserío acusándoles de "terroristas", habiendo sido luego conducidos al cuartel de esta localidad, entre ellos mi hermano llamado don Santos Hinostroza Medrano, su esposa doña Hermelinda Rivera Cajas y sus tres menores hijos: Flor, Elva, y Roberta Hinostroza Rivera, de 06, 03 años y 04 meses de edad respectivamente, así como habiendo traído también a mi menor hijo llamado: Jhonatan Samuel Hinostroza Rivera, de apenas 02 años y cuatro meses de edad; haciendo presente que a mi citado menor hijo le había dejado encargado a mi hermano, porque yo tuve que ausentarme a la ciudad de Lima por asuntos familiares" Solicitándole (...) sean puestos en libertad a la brevedad posible, y debiendo inmediatamente el Señor Comandante entregarme o en todo caso poner a disposición del Juez de Menores a mi menor hijo Jhonatan Samuel, por ser una criatura que necesita urgentemente la atención de sus padres por ser prácticamente un bebé. Legajo N 5, Foja 5, Distrito Judicial de Huánuco y Pasco. Denuncia del 14-03-92

SOLICITO A SU DESPACHO que se ponga en inmediata libertad a mis dos menores hijos: Víctor Moisés Huaman Quispe, de 16 años de edad y Alberto Huaman Quispe, de 14 años de edad, detenidos por efectivos del Ejército en la noche del día viernes 26 del presente mes, de su cuarto que tenían en la dirección indicada como domicilio, siendo las 10 p.m. aproximadamente. Legajo N 22, Expediente N 1090, Distrito Judicial de Lima. Denuncia de madre de desaparecido, 26-07-85

"... Que el día martes doce de los corrientes y en circunstancias que su prima Evarista Flores Huaman de catorce años de edad, quien trabajaba en esta ciudad, fue o era llevada a la selva de este departamento por una señora, fue intervenida en el control de la Guardia Civil de esta ciudad ubicado en Magdalena. Legajo N 15, Expediente N 486-88, Distrito Judicial de Ayacucho, Denuncia verbal del 12-07-88

Al apreciar el cruce entre las dos primeras variables (sexo y edad), los grupos etáreos con mayor presencia se confirman al analizarlos por cada sexo. Llama la atención, la mayor presencia porcentual de mujeres (incluso mayoritaria en el primer grupo) en los rangos de "Menos de 4 años" y "De 5 a 14 años".

Otro elemento para configurar las características personales de la víctima es la ocupación. En el 57.4% de los casos, la ocupación mayoritaria es la de campesino, con 1352 casos, siguiéndola en volumen la de estudiante escolar/superior con 340 presuntas víctimas (14.4%).

Esta constatación va configurando una característica particular de la presunta víctima, en la medida que la ocupación de campesino/agricultor se desarrolla en un medio esencialmente rural.

Al efectuar el cruce de información entre las variables de ocupación y presencia de documento de identidad en el expediente se aprecia la cantidad de campesinos que no cuentan con documentos de identidad en el expediente (1120) 47.5%.

Cuadro N 16
Presuntos desaparecidos según cargo
Casos Sin Dato 1,666
Fuente : Defensoría del Pueblo.
Elaboración : Laboratorio de Estadística de la Pontificia Universidad Católica.

Una última variable es la del cargo que podría haber desempeñado el presunto desaparecido, apreciándose que el 95.6% de las víctimas no ocupaban cargo alguno, lo que eleva la condición de vulnerabilidad de las presuntas víctimas de desaparición forzada.

Descritos estos aspectos se puede configurar un perfil mayoritario del presunto desaparecido como un varón, joven, campesino, indocumentado y sin ningún cargo dentro de su comunidad.

3.2.3 Información relativa a las circunstancias de la desaparición

a) Zonas donde se denunciaron casos de desaparición forzada

El fenómeno de la desaparición forzada se dio con gran intensidad en siete departamentos: Ayacucho, Huánuco, Apurímac, Junín, Huancavelica, San Martín y Ucayali; y en menor escala en cinco: Lima, Ancash, Cusco, Cerro de Pasco y Puno; y en proporciones poco significativas en seis: Loreto, Amazonas, Arequipa, Ica, Lambayeque y Piura, lo que significa que el fenómeno se presentó en gran parte del país con diversas intensidades (18 departamentos).

El primer lugar lo ocupa Ayacucho con 2326 (57.9%). El segundo lugar, Huánuco con 462 casos (11.5%), el tercer lugar, Apurímac con 279 (6.9%); el cuarto lugar, Junín, con 249 (6.2%); y Huancavelica y San Martín con 215 (5.3%) y 203 (5.1.%) presuntos desaparecidos, respectivamente. Por otro lado, hubo otros departamentos que presentaron menos casos de desaparición, como Ucayali, con 123 casos (3.1% del total).

Cabe destacar que en Ayacucho, el fenómeno afectó a la totalidad de las provincias del departamento, siendo Huamanga la provincia con mayor incidencia de casos con el 31.4% (722 casos), seguido por Huanta con el 20.6% (474).

No obstante, lo afirmado nos llevaría a precisar que el 48% de los casos se produjeron en provincias predominantemente rurales. Esta afirmación por lo demás no niega el hecho de que los casos que provienen de Huamanga y Huanta se hayan producido en zonas rurales o urbano marginales, donde se percibe un mayor grado de vulnerabilidad de la población.

Cuadro N 18
Departamento de Ayacucho:
presuntos desaparecidos según provincia de la detención

PROVINCIA DE LA DETENCIÓN CASOS%

sin dato 24

Total 2326 100.0

Caso Válidos 2,302 Caso Sin Dato 24
Fuente: Defensoría del Pueblo.
Elaboración: Laboratorio de Estadística de la Pontificia Universidad Católica.

Por otro lado, resulta relevante que Huánuco sea el segundo departamento con más casos, con 462 presuntos desaparecidos (11.5% del total de casos válidos).

Al interior del departamento, como se desprende del cuadro y gráfico, una de las provincias más afectadas fue la de Leoncio Prado, con 273 casos, equivalentes al 60.3% del total de casos.

Cuadro N 19
Departamento de Huánuco: presuntos desaparecidos según provincia de la detención

Casos Válidos 453 Caso Sin Dato 9
Fuente: Defensoría del Pueblo.
Elaboración: Laboratorio de Estadística de la Pontificia Universidad Católica.

El departamento de Apurímac, es el tercero en importancia en casos de presunta desaparición, con 279 casos registrados. La provincia con mayor incidencia de desapariciones es Abancay con 103 casos (37.2% de casos válidos), seguida de Aymaraes y Chincheros con 90 y 28 casos, respectivamente.

Por otro lado, en el departamento de Junín se produjeron el 6.2% de los casos de desapariciones, equivalente a 249 casos. De esta cifra, 101 casos (41%) ocurrieron en Huancayo.

En lo que respecta al departamento de Huancavelica, se han registrado 215 desapariciones. En el 27.8% de los casos (58) no se logró establecer la provincia donde se perpetraron las presuntas desapariciones. Sin embargo, cabe señalar que en las provincias de Angaraes y Tayacaja, se dieron 52 y 40 casos, respectivamente, como consta en el cuadro 22.

Finalmente, en el departamento de San Martín se registraron 203 desapariciones. Las provincias más afectadas por el fenómeno de desaparición forzada fueron Tocache, con 60 casos; San Martín, con 48; Lamas, con 28; y Mariscal Cáceres, con 24 casos.

En el departamento de Ayacucho la desaparición forzada de personas tuvo una presencia permanente durante el conflicto. Sin embargo, la intensidad fue mayor durante los primeros meses de 1983 y enero de 1985, teniendo como picos más altos los períodos que comprenden setiembre de 1983 y enero de 1984, y setiembre de 1984 y enero de 1985. Este período coincide con el mandato presidencial de Fernando Belaúnde Terry.

En Huánuco es notorio que el inicio de la desaparición aparece en muy bajas proporciones: 5 casos en 1984. El período de mayor número de desapariciones se presenta a inicios de 1991 y se extiende hasta julio de 1992, llegándose a producir 100 desapariciones entre agosto de 1991 y abril de 1992, es decir, a comienzos del primer mandato del Presidente Fujimori. Del total de casos provenientes de Huánuco, el 74.8% se produjeron durante los gobiernos del Presidente Alberto Fujimori.

En cuanto a Apurímac, la mayor incidencia de casos fue entre septiembre de 1987 y enero de 1990, llegando al punto más alto de frecuencia durante el primer semestre de 1989, períodos todos correspondientes al mandato del Presidente Alan García Pérez. Asimismo, se ha podido establecer que 232 casos del total de registrados en este departamento (279 casos), ocurrieron durante el período del mencionado presidente.

En Junín, los períodos en los cuales se dieron más casos de desaparición forzada fueron entre agosto de 1989 y enero de 1993, correspondientes a los gobiernos de Alan García y Alberto Fujimori.

En Huancavelica los períodos de mayor intensidad de la práctica pueden fijarse entre agosto de 1983 y enero de 1985, y entre febrero de 1988 y julio de 1990.

En el departamento de San Martín, el inicio de la práctica parece ubicarse en el segundo semestre de 1987, ubicándose el momento de más alta frecuencia entre abril y julio de 1992, con 43 casos.

Cuadro N 24
Presuntos desaparecidos por departamento y fecha de detención por períodos semestrales

b) La desaparición forzada de personas desde una visión temporal y los mandatos presidenciales

En los primeros dos años de la violencia política, los casos de desaparición forzada llegaron a 23, lo que revelaría el incipiente inicio de la práctica como tal.

A partir de febrero de 1983 se percibe un incremento significativo. Se registran 178 casos de desaparición forzada de personas en un período de seis meses (febrero-julio de 1983). Lo que representa 7 veces más a la cifra registrada en los tres primeros años. Ello revelaría la comisión de actos que respondían a patrones de conducta con cierta sistematicidad, en atención a la cantidad de desapariciones y su reiterancia en una misma zona geográfica: Ayacucho. Este departamento fue el lugar donde se originó el fenómeno terrorista, donde se concentraba el mayor número de acciones subversivas y la respuesta contrasubversiva.

Los casos de desaparición forzada en los años siguientes fueron en aumento y superaron los tres dígitos, salvo algunos semestres en que las denuncias disminuyeron.

Las estadísticas indican que durante el mandato de Fernando Belaúnde se reportaron 1230 casos de desaparición de personas equivalente al 31.3% del total de los casos. Durante el gobierno de Alan García, se registraron 1682 casos de desaparición forzada (42.7%), constituyéndose en el período de mayor frecuencia de la práctica. Por último, tenemos que durante los gobiernos de Alberto Fujimori se llevaron a cabo 1024 desapariciones (586 antes del 05 de abril de 1992 y 438 después de esta fecha y hasta fines de agosto de 1996), es decir, el 26% del total de casos.

Cuadro N 26
Presuntos desaparecidos según fecha de detención por gobierno
Casos Válidos 3,936 Casos Sin Dato 86
Fuente: Defensoría del Pueblo.
Elaboración: Laboratorio de Estadística de la Pontificia Universidad Católica.

En el período de Fernando Belaúnde se puede observar que a partir de 1983 las desapariciones comienzan a aumentar, a excepción del período de febrero a julio de 1984, lo que coincide con la decisión del Poder Ejecutivo de encargar el control de las zonas declaradas en emergencia a las Fuerzas Armadas en diciembre de 1982. Observándose relación entre el surgimiento y aumento de las acciones anti-subversivas y el incremento de las desapariciones.

Durante el mandato del Arquitecto Belaúnde, Ayacucho fue el departamento más afectado con las desapariciones, 1117 casos, es decir, el 90.8% del total de 1230 desapariciones ocurridas en dicho período presidencial. Muy por debajo se encuentra el departamento de Huancavelica con 67 desaparecidos y Huánuco con 26.

Durante el gobierno del Presidente Alan García Pérez se registró el mayor número de desaparecidos. En los dos primeros años de dicho gobierno, el número de desaparecidos fue de 53 y 63 casos. Posteriormente entre agosto de 1986 y enero de 1987 volvió a aumentar, al registrarse 153 casos, para luego volver a disminuir a 81 casos entre febrero y julio de 1987. Luego llegaría a su punto de mayor frecuencia en los últimos meses del referido mandato al registrarse 351 casos de desaparición.

Ayacucho continuó siendo el departamento con más casos de desaparición forzada, llegando a sumar 932 casos (55.4%). El segundo lugar lo ocupó Apurímac con 232 desapariciones y en tercer lugar aparece Huancavelica con 102 casos.

En este período es posible observar, en primer lugar, una ampliación de la práctica hacia otras zonas del país y, en segundo lugar, un recrudecimiento de la misma en otras zonas, lo que explica el aumento general de las desapariciones. En efecto, entre las primeras se encuentran San Martín y Ucayali, mientras que en el segundo grupo se incluyen Ancash, Apurímac, Huancavelica, Pasco, Cusco, Huánuco, Junín y Lima.

En los primeros seis meses del mandato de Alberto Fujimori hubo una leve disminución de los desaparecidos, pero sin dejar de mantener el volumen que alcanzaba los tres dígitos. Posteriormente entre febrero de 1991 y el 05 de abril de 1992 el volumen de casos vuelve a ascender sustancialmente registrándose 240 casos entre agosto de 1991 y abril de 1992. De allí en adelante el número de desapariciones iría en descenso hasta reportarse 18 casos en el período comprendido entre agosto de 1995 y agosto de 1996.

En este período la focalización de la práctica cambia de escenario al constituirse Huánuco como el departamento con mayor número de desapariciones: 346 (195 antes del 05 de abril y 151 con posterioridad a esta fecha), seguido de los departamentos de Ayacucho y Junín con 221 y 145 casos, respectivamente. Vale precisar que Huánuco mantuvo el mayor número de casos en casi todo el período, salvo en los meses posteriores al 05 de abril 1992, en los que San Martín tuvo 43 casos.

c) Los presuntos agentes de la detención-desaparición

Los supuestos agentes que causaron las desapariciones surgen de las afirmaciones de los denunciantes, así como de las declaraciones de los desaparecidos temporales y los testigos de las detenciones. Las primeras cifras señalan que en la mayoría de los casos: 3674, se pudo identificar a los presuntos agentes de la detención, y que en 348 casos no se pudo precisar a los mismos.

No obstante, es importante advertir que 58 casos (1.6%) corresponden a la categoría de agente "indeterminado", circunscrita a los casos en los cuales los denunciantes, testigos o desaparecidos temporales no pudieron atribuir a un agente determinado la privación de la libertad, es decir, no sabían si pertenecían a las fuerzas del orden.

Los datos señalan al Ejército como la institución que presuntamente perpetró mayores acciones tendientes a la desaparición de personas, en tanto aparece señalado como responsable de la detención de 2220 personas desaparecidas (60.4% del total de casos válidos).

Asimismo, la Policía Nacional del Perú se constituye en la segunda institución responsable de las presuntas desapariciones: 447 casos, es decir, el 12.2% de los casos válidos.

Cabe anotar que bajo el rubro "Policía Nacional" se ha incorporado a los tres institutos que se agrupaban en las denominadas "Fuerzas Policiales": la Guardia Civil (luego Policía General), la Policía de Investigaciones (Policía Técnica) y la Guardia Republicana (Policía de Seguridad) (7). Además de sus propias unidades especializadas para combatir la subversión (los denominados "Sinchis" que pertenecían a la Guardia Civil y los "Llapan Atic" a la Guardia Republicana).

En los inicios la Policía Nacional tuvo una importante participación en las desapariciones ocurridas en el departamento de Ayacucho, con 253 casos, es decir, un 10.8% del total de desapariciones ocurridas en dicha zona, resultando Huamanga la provincia más afectada con 136 casos. Ello podría explicarse por el hecho que el control del orden interno lo tuvo, en un inicio, la Policía y solo posteriormente fue encargado a las Fuerzas Armadas.

CUADRO N 29
PRESUNTOS DESAPARECIDOS SEGÚN DEPARTAMENTO Y AGENTE DE DETENCIÓN

Casos Sin Dato 351
Fuente: Defensoría del Pueblo.
Elaboración: Laboratorio de Estadística de la Pontificia Universidad Católica.
En un tercer lugar las denuncias presentan a los llamados "Grupos de Defensa Civil" como agentes responsables de la aprehensión de 267 presuntos desaparecidos. En estos grupos se comprenden a los denominados Comités de Defensa Civil, Rondas Campesinas y los Comités de Autodefensa.

Los Comités de Autodefensa se constituyeron a iniciativa de los propios campesinos de la sierra sur central del país, desde los primeros años de la violencia terrorista, con el fin de defender la seguridad de sus comunidades contra los grupos subversivos, siendo fundamental su intervención en la desarticulación y derrota de Sendero Luminoso (8). Desde el Estado siempre hubo el interés por controlarlos, por lo que estos grupos debían estar acreditados ante el Comando Político Militar de la zona. Estos grupos fueron paulatinamente militarizados, facilitándoseles el acceso a armas de corto y largo alcance. De esta manera, es posible afirmar que hubo una relación de subordinación con las Fuerzas Armadas. Por ello se puede asumir que las violaciones cometidas por estos grupos deberán ser asumidos como parte de la responsabilidad del Estado (9).

Como ya se ha señalado, los "Grupos de Defensa Civil" aparecen como agentes de la detención de 267 presuntos desaparecidos, correspondientes al 7.3% de los casos en los cuales se pudo determinar al agente, estos casos ocurrieron fundamentalmente en Ayacucho. En otras 169 ocasiones actuaron en combinación con las Fuerzas Armadas, resultando que su participación en la detención de personas aumenta a 436.

Cuadro N 30
Presuntos desaparecidos según fecha (por gobierno) y agente de detención
Casos Sin Dato 386
Fuente: Defensoría del Pueblo.
Elaboración: Laboratorio de Estadística de la Pontificia Universidad Católica.

En cuarto lugar aparecen las "Fuerzas Combinadas" con 219 desaparecidos, entendida como grupos integrados por miembros de las distintas fuerzas del orden, se formaban con el objetivo de realizar operaciones conjuntas.

Finalmente, a la Marina de Guerra se atribuye 204 presuntas desapariciones.

Cabe anotar que los grupos terroristas fueron denunciados como autores en 50 casos de desaparición forzada de personas, es decir, en un 1.4% de los casos.

d) Las modalidades de detención (10)

El cuadro 31, presenta las siguientes modalidades:

Cuadro N 31
Presuntos desaparecidos según modalidad de detención
Casos Válidos 2,971 Casos Sin Dato 1,051
Fuente: Defensoría del Pueblo.
Elaboración: Laboratorio de Estadística de la Pontificia Universidad Católica.

1) Incursión violenta en domicilio.- La modalidad más empleada por los agentes fue la incursión violenta en domicilio con un 36.4 % (1082 casos). En 698 casos, éstos fueron atribuidos al Ejército Peruano.

Esta modalidad de detención se llevó a cabo principalmente en zonas rurales alejadas de centros poblados urbanos. Estas incursiones generalmente eran practicadas por patrullas de aproximadamente 10 o más personas. Usualmente los agentes de detención -según los testimonios recogidos-, se cubrían el rostro con pasamontañas y usaban chompas negras de cuello alto, pantalones y botas oscuras. Estas incursiones solían ocurrir a altas horas de la noche mientras la presunta víctima y su familia descansaban. El siguiente relato permite apreciar mejor esta modalidad:

"... el viernes 26 de julio último a las 2 de la mañana, incursionaron en nuestro domicilio indicado donde dormíamos en compañía de nuestros cuatro menores hijos, elementos uniformados con pantalones oscuros, chompas negras y pasamontañas también negras, en número de aproximadamente 10, todos ellos armados de fusiles y metralletas, extrajeron del interior de nuestro domicilio a mi referido esposo (...) he sido víctima de maltratos físicos con la culata del arma en el cráneo y parte de la cara

(...) al día siguiente he determinado que estos elementos fueron pertenecientes al Servicio de Inteligencia del Ejército.... Legajo N 2, Expediente N171, Distrito Judicial de Ayacucho. Denuncia. La incursión violenta en domicilio afectaba a varias personas sin distinciones de sexo, edad, condición o estado de salud e implicaba una serie de abusos adicionales tales como maltratos físicos, robos y, en algunos casos, violación sexual.

...el 28 de abril del presente a las 3.15 de la madrugada por una patrulla del Ejército acantonados en el Campamento Militar de Morales, la intervención fue en nuestro domicilio (...) en circunstancias que descansábamos, mi conviviente fue sacado violentamente a punta de fusil, donde lo masacraron bárbaramente aduciendo ser miembro de los subversivos (...), los efectivos militares se llevaron nuestras pertenencias como: 01 Minicomponente, un reloj Citizen, un crucifijo de oro, un Wodman (sic), un loro, 02 polos y otras prendas de vestir femeninas, también se llevaron 30.00 soles de la billetera de mi conviviente de igual modo se llevaron 4 cassettes (...) me encuentro en estado de gestación de 7 meses que hasta la fecha me encuentro mal de salud al presenciar la violencia contra mi conviviente.... Legajo N 2, Expediente N 45-92, San Martín. Denuncia.

...miembros del ejército peruano, incursionaron en la citada localidad ingresando violentamente a la casa de mi hermano (...) utilizando piedras y palos golpearon y arrestaron a mi hermano Augusto Noa Ayala y a mi cuñada María Huaranga Rimachi, acusándoles de ser terroristas. Además se apoderaron de ropas y ganado (5 vacas) pertenecientes a mi cuñada; luego se los llevaron caminando a la base militar de Julcamarca.... Legajo N 53, Expediente N5092-90, Huancavelica. Denuncia.

Por último, habría que indicar que este tipo de detención, por la gran violencia que conllevaba, producía un gran temor, dejando graves secuelas en la población; especialmente en Ayacucho donde tuvo mayor impacto esta modalidad con 669 casos. (61.8%).

CUADRO N 32
PRESUNTOS DESAPARECIDOS SEGÚN DEPARTAMENTO Y MODALIDAD DE DETENCIÓN

Fuente: Defensoría del Pueblo.
Elaboración: Laboratorio de Estadística de la Pontificia Universidad Católica.

Los períodos de mayor frecuencia de las incursiones violentas coinciden con las gestiones de los presidentes Belaúnde y García. Así, durante el gobierno de Alan García se utilizó en mayor intensidad esta modalidad con 519 casos (47.9% del total de 1082 incursiones), mientras que en el período de Fernando Belaúnde se consignaron 327 casos, que significan un 30.2% (ver cuadro N 34).

CUADRO N 33
PRESUNTOS DESAPARECIDOS SEGÚN MODALIDAD Y AGENTE DE DETENCIÓN
Casos Sin Dato 1104
Fuente: Defensora del Pueblo.
Elaboracin: Laboratorio de Estadstica de la Pontificia Universidad Catlica.

2) Detención en vía pública.

Esta modalidad fue utilizada en 852 casos lo que representa el 28.7% del total de casos (ver cuadro N 31). En ocasiones, la misma era empleada durante los operativos policiales posteriores a atentados subversivos o durante la realización de las llamadas "batidas" o "redadas". Las potenciales víctimas eran personas indocumentadas.

"... la detención de mi hermano y posterior desaparición se produjo el 17 de agosto, en horas 10 de la mañana, por elementos de fuerzas policiales, cuando realizaban batidas por esa zona, llevándolos con rumbo a la provincia de Cangallo (...), a la fecha pese a habernos acercado al cuartel en mención, se nos ha dado una respuesta negativa sobre su paradero, a pesar que me consta que mi hermano mandó una nota de dicho cuartel.... Legajo N 16, Expediente N 1634, sin foliar, Huamanga-Ayacucho, Distrito Judicial de Lima.

La mitad de estos casos ocurrieron en Ayacucho (432), el otro departamento donde se utilizó en mayor medida la detención en vía pública fue Huánuco con 144 casos.

El Ejército es la institución con mayor denuncias, 487 casos equivalentes al 57% del total de detenciones en vía pública. Asimismo, esta modalidad fue empleada por la Policía Nacional en 116 casos.

3) Detención colectiva.- En estos casos se considera la cantidad de detenidos, la simultaneidad de la detención y el vínculo existente entre ellos que puede ser: comunitario, estudiantil, político, profesional e incluso familiar.

Estas detenciones ocurrieron en 500 casos (16% de las desapariciones), especialmente durante incursiones a comunidades campesinas luego de haber logrado reunir a la población en la plaza principal o en la Iglesia del pueblo. La incursión en comunidad, casi siempre, estuvo acompañada de una serie de abusos contra la población como maltratos físicos, robos, saqueos y violaciones sexuales.

"... denunciamos con fechas 22 y 05 de agosto del presente año, los abusos y desapariciones cometidos por parte de los efectivos militares de la Base Militar de Ayahuanco (...). Llegan a la comunidad de Icro a las 3:40 pm reúnen a la población después de asesinar a golpes y disparos de bala a Porfirio López Limachi en las alturas de la cumbre de Ccolquehuishccana. En la comunidad de Icro toman como prisioneros a los comuneros: Serapio Serena Dolores (45), Modesto Toscano Poma (26), Eugenio Yalupalon Ruiz (46) y al promotor del centro de salud de Huarcatan señor Cirineo Tovar Janampa (29), los mismos que con torturas y golpes se los llevaron, y en este momento son desaparecidos por que no son habidos vivos ni menos cadáveres pese a las búsquedas que hemos emprendido. El mismo día, saquearon 37 vacunos y 17 caballos y mulas de propiedad de los prisioneros y otros.... Legajo N 16, Expediente N 532-88, fojas 3, Ayahuanco- Ayacucho. Distrito Judicial de Ayacucho. Denuncia.

Por otro lado, estas detenciones colectivas también se daban en universidades en las que el agente incursionaba a fin de solicitar a los estudiantes sus documentos personales, deteniendo a aquellos que no los portaban o para detener directamente a los alumnos cuyos nombres aparecían consignados en una lista de presuntos subversivos.

"...los declarantes manifiestan que el día jueves doce de Diciembre del presente año, aproximadamente a las diez horas con treinta minutos de la mañana, en circunstancias que los declarantes conjuntamente con sus compañeros del Segundo Año, sección "B", de la facultad de Agronomía de la Universidad Nacional del Centro del Perú (...) notaron que había miembros del Ejército que estaban cercando el local central de la Universidad, por lo que muchos de nuestros compañeros se dispersaron en diferentes direcciones (...) posteriormente fueron reunidos por los efectivos del ejército en diferentes grupos, haciendo cola para revisarles sus documentos, percatándose en ese momento la declarante (...) que un miembro del ejército señalo a German Saldaña Morales (...) a Jeremías Armas Cerron (...) Abel Buendía Ponce (...) y a otro compañero del cual no sabe su nombre (...) sacándolos de las colas (...) inclusive no les pidieron documento y aparentemente el miembro del ejército que los sacó tenía una lista.... Legajo N 6, Expediente N 200-91, Huancayo-Junín. Distrito Judicial de Junín. Acta de Declaración ante el Ministerio Público.

Esta modalidad de detención se presentó con mayor frecuencia en el departamento de Ayacucho en 281 casos (56%). El segundo departamento fue Apurímac con 59 casos. El Ejército participó en 233 casos (46.6%) del total de detenciones colectivas.

4) Detenciones producidas en operativos de control.- En 119 casos las personas resultaron desaparecidas luego de haber sido detenidas en el marco de operaciones de control en garitas y/o carreteras. Estas detenciones solían ocurrir cuando la presunta víctima se trasladaba de una provincia a otra, regularmente a través de la interceptación en carretera de omnibuses interprovinciales de transporte público o al pasar por una garita de control, luego de verificar si el nombre del "sospechoso" aparecía consignado en alguna lista de presuntos subversivos o si poseía o no documentos de identificación. Este tipo de detención por su naturaleza, al igual que la modalidad anterior, tenía lugar en presencia de numerosos testigos.

... que mis 2 hijas habían sido interceptadas y bajadas del ómnibus "EMPRESA GUTARRA", pues ellas viajaban conforme se puede apreciar en la constancia que se adjunta, en los asientos 7 y 8 respectivamente con destino de Lima a Pampacangallo. (...) fueron bajadas del móvil en la localidad de Churcampa, por miembros del Destacamento Militar (...) manifestando que eran guapas y que estaban requeridas. Son testigos presenciales de este hecho todos los pasajeros que viajaban y que observaron con muchas lamentaciones de pesar.... Legajo N 8, Expediente N 235-84, fojas 2, Huanta-Ayacucho. Distrito Judicial de Ayacucho. Denuncia.

5) Detención individual.- Un total de 115 personas fueron detenidas de manera individual (3.9%). Esta modalidad se llevaba a cabo en diferentes lugares públicos tales como restaurantes, colegios, universidades, por parte de agentes que tenían como objetivo detener a una persona determinada considerada como presunto subversivo. En muchos de estos casos el detenido habría ocupado un cargo como dirigente político, comunal o estudiantil. Un ejemplo de estos casos se presenta en la siguiente denuncia:

"...formulo denuncia penal por la detención y posterior desaparición, de mi hijo C.A.A., el día 16.04.89, en horas del día por efectivos militares que llegaron en helicóptero del Cuartel del Ejército de Tingo María, en circunstancias que realizaba un viaje rutinario del pueblo de Paraíso y Culebra (...). Se había parado debido a que se le reventó una llanta, (...) en dichos momentos llegaron los militares, solicitaron documentos a los pasajeros y preguntaron por el chofer (mi hijo), al identificarse él, procedieron a detenerlo y darle un golpe de patada (...) y lo condujeron con dirección al helicóptero y de donde le trasladaron al cuartel mencionado. Mi hijo es Coordinador del Comité de Transporte de la ruta Progreso-Culebra-Paraíso...". Legajo N 50, Expediente N 3224-89, sin foliar, Tingo María-Huánuco, Distrito Judicial de Lima. Denuncia.

Esta modalidad fue empleada básicamente en Ayacucho y Huánuco con 47 y 30 casos respectivamente y los agentes que emplearon más este tipo de detención fueron el Ejército y la Policía con 65 y 25 casos, respectivamente.

6) Detención en ferias, paradas militares o desfiles escolares.- Esta modalidad de detención se llevó a cabo en 48 casos (1.6%), aprovechando que la población se hallaba reunida celebrando las festividades tradicionales o diversos actos públicos. Al igual que en la incursión violenta no se hacía ningún tipo de distinción de sexo, edad o estado de salud. Esta forma de detención se practicaba en presencia de testigos:

...mi hijo F.T.Q., de 23 años de edad, ha desaparecido luego de haber sido detenido por personal del Ejército Peruano de Churcampa en presencia de mucha gente en la feria de Tucuccasa, a horas 08:00 del día 04 del actual y conducido a la Base EP de Churcampa...". Legajo N 14, Expediente N 449-88, fojas 2, Huamanga- Ayacucho. Distrito Judicial de Ayacucho. Denuncia.

Por último, resulta importante hacer mención de otras modalidades de privación de libertad ilegales, como aquella que se produce luego que una persona se acercara a un centro de detención en razón de existir una citación de la autoridad militar o para indagar sobre el paradero de un detenido (8.2% de los casos).

En estos casos las personas eran "retenidas" ilegalmente. El siguiente testimonio grafica esta situación:

Los vecinos de Allcohuillca fuimos citados por efectivos del EP de Castropampa a recabar nuestros carnets de identidad que nos han obligado tenerlo, otorgado por el cuartel. Por eso, con fecha 11 de mayo último fuimos al CUARTEL DE EP DE CASTROPAMPA. Yo concurrí, en mi condición de Presidente de Defensa Civil de Alcohuillca y, lo HICIERON QUEDAR CON EL PRETEXTO DE QUE HABIA UNA CONFUSIÓN en los carnets (...) mis hijos y dos personas más, en total cuatro, TENIAN QUE QUEDARSE. ... mis hijos que se quedaron en el cuartel en presencia de muchas personas, NO APARECEN MAS Y CUANDO RECLAMAMOS, nos dicen que ya los han puesto en libertad, lo cual resulta falso. Legajo 13, expediente 427-88, foja 2, Huanta - Ayacucho, Distrito Judicial Ayacucho. Denuncia.

Es de resaltar el hecho que algunas de las detenciones (9 casos) se hicieron al amparo del cumplimiento del Servicio Militar Obligatorio (reclutamiento). Las autoridades negaban a los familiares la presencia de aquellos, esgrimiendo incluso que la víctima se había fugado, acusándolos por "Abandono de Destino", a pesar de no tener certeza sobre el paradero (ver cuadro N 33).

En otras ocasiones, la detención se producía a través de una especie de canje, la víctima era privada de su libertad a cambio de la obtención de la libertad de un familiar. En algunos casos se le exigía al familiar del detenido efectuar algún pago en compensación ya sea en dinero o especies.

"...siendo aproximadamente las ocho de la mañana y en circunstancias que su esposo Máximo Aguilar Villantoy se presentara a la Base Militar de Churcampa- Huanta (...) a cambio de la libertad de su yerno Lucio Tapara Cóndor, fue enmarrocado y recluido en dicho centro castrense (...) condicionando el indicado Teniente Jefe de dicha Base a que lleve la deponente ocho sacos de arbejas a cambio de la libertad de su esposo (...) que en vista que no puedan hacer entrega de dichos sacos de arbeja temen que su familiar pueda desaparecer.... Legajo N 13, Expediente N 400- 88, fojas 6, Tayacaja- Huancavelica, Distrito Judicial de Ayacucho. Manifestación de denunciante ante Ministerio Público.

3.2.4. Conclusiones

El 70% de los casos analizados se localizaron en los departamentos de Ayacucho, Huancavelica y Apurímac, lo que revela que el fenómeno de la desaparición forzada de personas se desarrolló fundamentalmente en la zona del "trapecio andino" de escaso desarrollo social. Tal constatación se entiende que pudo estar ligada -sobretodo en el caso de Ayacucho- a varios factores relacionados con los orígenes de la organización subversiva Sendero Luminoso, la presencia de sus principales líderes en estas zonas y el volumen de acciones terroristas llevadas a cabo, que determinaron que esta zona se constituyera en escenario principal del enfrentamiento armado, a partir de la instauración de los Estados de Emergencia y por lo tanto del control de las fuerzas del orden.

Ello lleva a sostener que existe relación entre el control militar por parte de las Fuerzas Armadas, de las zonas señaladas, y las denuncias por desaparición de personas. En el departamento de Ayacucho las denuncias aumentaron una vez instalado el Estado de Emergencia y la intervención de las Fuerzas Armadas. En Huánuco, luego de declarado el estado de excepción (7 de octubre de 1984), empezaron a producirse los casos de desapariciones llegando a sumar a mediados de 1985, 29 casos. En Junín, al año de producirse la declaratoria de emergencia (diciembre de 1988) se tuvo 30 casos de desaparición forzada.

El fenómeno de la desaparición forzada, se presentó principalmente en espacios rurales y sobre una población mayoritariamente campesina. Las víctimas en su mayoría son jóvenes campesinos sin cargo alguno dentro de su ámbito local. Esta situación, es indicador también de una selectividad y estigma ligada con el sector social de donde proceden las presuntas víctimas. Es al interior de este sector que la práctica es más grave, pues se han llegado a registrar casos de desaparición de menores de edad.

Por otro lado, las cifras muestran que las denuncias sindican mayoritariamente a los miembros de las fuerzas del orden como presuntos autores directos o inmediatos de las desapariciones de personas. De confirmarse ello, podría permitir inferir -dada la magnitud del fenómeno y la estructura jerárquica de las fuerzas del orden- que las acciones cometidas respondían a estrategias diseñadas por mandos de dirección, no eximiendo esto de la responsabilidad individual de los que directamente llevaron a cabo la privación de la libertad. Así pues, se podría afirmar que las desapariciones en el Perú habrían seguido un patrón de actuación similar a los que ocurrieron en otros países de nuestro continente. Por otro lado, la mayor cantidad de casos atribuidos al Ejército Peruano, como presunto agente responsable se explicaría a partir del mayor ámbito de control territorial que esta institución mantuvo durante la lucha contra el terrorismo.

En cuanto a las denuncias por desaparición forzada, las cifras confirman que el principal interesado en que el Ministerio Público investigara era el familiar, iniciando el trámite correspondiente en un tiempo promedio de una semana posterior a la detención. Esta cifra refleja la necesidad imperiosa por parte del familiar de ubicar prontamente a la víctima de desaparición forzada.

3.3 Análisis de las denuncias por desaparición forzada temporal y detención arbitraria (reaparecidos)

El Ministerio Público recibió 1674 denuncias de personas que fueron víctimas de desapariciones forzadas temporales y/o detenciones arbitrarias.

Estos casos tuvieron una investigación preliminar por desaparición forzada o detención arbitraria, llegándose a conocer luego el paradero de la víctima. La información encontrada en los expedientes indica que 1117 personas fueron puestas en libertad y 557 se encontraban detenidas en dependencias policiales o en centros de detención.

3.3.1. Sexo, edad y ocupación

Las características personales de este grupo son similares a las que corresponden a las presuntas víctimas de desaparición forzada; sólo el destino final de las víctimas es distinto.

Con respecto al sexo, constatamos que el 86% corresponde a víctimas varones y el 13.2% de las víctimas son mujeres.

Con relación a la edad de las víctimas, el 39.2% tienen de 15 a 25 años, el 23.8% de 26 a 34 años, y el 17.3% de 35 a 44 años. Sumados los dos primeros porcentajes hacen un total de 63% de población entre 15 y 34 años que fueron víctimas de una desaparición forzada temporal y/o una detención arbitraria.

Con respecto a la ocupación de las personas, el 52.1% (575 personas), eran campesinos o agricultores, el 14.9% (164 personas), eran estudiantes escolares o de educación superior, el 10% (110 personas), eran profesionales.

3.3.2. Departamento donde ocurrió la detención

Ayacucho tuvo la mayor cantidad de casos de desaparición forzada, 42% del total. En segundo lugar se encuentra el departamento de Apurímac con 16.8% de los casos, Huancavelica con 11.9%, San Martín con 10.2%, Junín con 8.3% y Huánuco con 6.3%. El 4.7% de los casos restantes está distribuido entre Ancash, Lima, Cajamarca, Cusco, Ucayali, Pasco e Ica.

CUADRO N 38
CASOS DE DESAPARICIÓN FORZADA TEMPORAL,
SEGÚN AGENTE DE DETENCIÓN

CUADRO N 39
CASOS DE DESAPARICIÓN FORZADA TEMPORAL,
SEGÚN MODALIDAD DE DETENCIÓN

MODALIDAD DE LA DETENCIÓN CASOS %

TOTAL 1674 100

3.3.3. Agentes y modalidad de detención

Con respecto a los agentes responsables de los casos de desaparición forzada temporal y detenciones arbitrarias, cabe precisar que son aquellos que estuvieron a cargo de la detención y no quienes se encargaron de realizar los interrogatorios bajo acusaciones, amenazas, torturas y/o tratos crueles.

En relación a las modalidades de detención, tenemos que las más frecuentes son la incursión violenta en domicilio con un 39.5% (539 casos), y la detención en una vía pública con un 32% (437 casos).

3.3.4. La práctica de la tortura en el contexto de la desaparición forzada temporal

En los expedientes de 290 personas (17.3%), existen claras evidencias de que fueron víctimas de tortura. De estas 290 personas, 9 fueron víctimas de detenciones arbitrarias mientras que las 281 restantes fueron víctimas de desapariciones forzadas temporales. La práctica de la tortura y tratos crueles y degradantes durante el tiempo de la detención está evidenciada con certificados médicos legales, fotografías que se suman a las manifestaciones de los agraviados, manifestaciones de testigos y constataciones del estado físico de los torturados realizadas por miembros del Ministerio Público.

En las manifestaciones de las víctimas ante el Ministerio Público, se describe detalladamente la forma de la detención, la identificación de los agentes, el traslado por diversos centros de detención y el sometimiento a múltiples formas de tortura y tratos inhumanos. Manifiestan además que fueron obligados a firmar documentos que desconocían su contenido para ser puestos en libertad o ser puestos a disposición de las autoridades policiales con la respectiva acusación por terrorismo.

a) El circuito de la detención

A partir de las manifestaciones de 281 casos de desaparición forzada temporal con evidencia de tortura, es posible reconstruir el circuito de detención clandestino, el mismo que habría estado principalmente bajo responsabilidad de las fuerzas militares. El sometimiento a esta práctica habría tenido las siguientes características:

1. La detención arbitraria a cargo de miembros de las fuerzas del orden, mediada por maltratos físicos.

2. El recorrido por diversos centros de detención y el sometimiento a torturas y tratos crueles e inhumanos en cada lugar.

3. Las acusaciones de pertenecer a agrupaciones terroristas y las autoinculpaciones para que cesen las torturas.

4. Las amenazas de muerte o de posterior desaparición y la firma de documentos con contenido desconocido.

5. Finalmente, la víctima era puesta en libertad o a disposición de las autoridades policiales.

En muchos casos el detenido era trasladado con los ojos vendados a diversos centros de detención militares para ser sometidos a interrogatorios que incluían múltiples torturas y vejaciones. El sometimiento a este recorrido tenía al parecer varios efectos. Por un lado, se confundía y desorientaba al detenido, de manera que le era casi imposible reconocer los lugares donde fue víctima de múltiples torturas y tratos crueles y degradantes, en segundo lugar los familiares desconocían el lugar de la detención, de modo que no había un lugar concreto donde reclamar por la libertad de sus seres queridos. Y en tercer lugar, la responsabilidad e individualización de los agentes se volvía casi imposible. Los siguientes relatos dan cuenta de esto:

" siendo tapados sus ojos con su propia camisa y conducido a pie a la Base de Santa Rosa, donde lo subieron a un vehículo tipo camión en el que fue trasladado hacia la Base de Lusiana, donde fue torturado e inculpado de terrorista siendo colgado con las manos hacia atrás, y golpeado en todo el cuerpo; después de un día y medio lo envolvieron en un poncho y lo condujeron en un avión hacia ésta ciudad, hacia el Cuartel Los Cabitos ". Legajo N 9, Expediente N 282, fojas 38, Distrito Judicial de Ayacucho. Manifestación de reaparecido. Huamanga, 5-2-88

" allí me golpearon con patadas y puñetes, también a mi hermano hasta que se desmayó, llevándonos a la Base de Hualla a las siete de la noche

" también al séptimo día me vuelven a colgar; hasta el día veinticuatro de agosto en que me trasladan conjuntamente con mi hermano al cuartel de Pampacangallo " Después el día veintiseis llegó el helicóptero con un Inspector de Ayacucho, este nos avisó las lesiones como me vió muy hinchado ordenó que aún no me pasen a la PIP, hasta que mejore, ". Legajo 6, Expediente N 178, Fojas 22 y 23, Distrito Judicial de Ayacucho, Manifestación de Reaparecido. Cangallo, Ayacucho 22-11- 87.

Finalmente, después del sometimiento a torturas, los detenidos eran puestos en libertad, previa amenazas de muerte, o puestos a disposición de las autoridades policiales como implicados en el delito de terrorismo. Adicionalmente existen casos de fuga del detenido del centro de detención en el que se encontraba:

"Sólo en una oportunidad me han interrogado, por una persona y un soldado más que me cuidaba, luego del catorce me trasladaron a un cuarto que llamaban 'polvorín', (...), luego me han trasladado nuevamente a Huancavelica,(...) amaneciendo en la Base Militar de Santa Teresita, y a las dos y media o tres de la tarde de ese mismo día o sea el diecisiete me han depositado en la Policía Técnica de esta ciudad, por un Teniente apodado 'Tigre' (...), este teniente mientras me trasladaba de la Base a la Policía Técnica me decía alégrate que vas a ver a tus familiares , escuche en la conversación que sostenía el teniente con el sub oficial este pata tiene suerte, así no más no se salvan, lo vamos a dejar en la Policía Técnica, ya todo esta arreglado, ayer lo iba a dar vuelta y al conversar con el Jefe Político a dicho que no, se ha desesperado, y ha dicho que todo ya esta planificado(...), quedándome yo en la Policía Técnica para investigación por terrorismo " ". Legajo N 2, Expediente N 35-91, Fojas 22 y 23, Distrito Judicial de Huancavelica. Manifestación de reaparecido, Huancavelica, 03-08-91

" yo a las justas me podía arrastrar para hacer mis necesidades fisiológicas, es entonces que se asustaron que me sangraba la herida que tenía en la pierna y dijeron que iban a traer a un médico, es entonces que arrastrándome salí del ambiente donde había permanecido y todo esto porque como era tanto tiempo sin alimentarme bien, que las marrocas que sujetaban mis muñecas en principio me apretaban pero ese día mi mano salió fácilmente y pude liberarme de tales marrocas; me arrastre por debajo de los vehículos que se ubicaban en un patio contiguo al lugar donde estaba detenido y me percate de un ómnibus de color rojo, el mismo que transportaba a diverso personal del Cuartel y me instalé en la parte de encima de la corona; es cuando que a las 19:30 horas este vehículo salió del Cuartel "9 de Diciembre" y entre la intersección de las avenidas Ayacucho y Amazonas me arrojé; en cuanto casi me atropella un vehículo, taxista, pero al explicarle me recogió y me llevó hasta Los Proceres y de ahí caminando llegué a mi domicilio ". Legajo N 11, Expediente N 1254, Fojas 4 y 5, Distrito Judicial de Junín. Manifestación de Reaparecido. Huancayo 12-04-91

b) Las torturas y los tratos crueles, inhumanos y degradantes

Los reaparecidos narran detalladamente diversas formas de tortura y una serie de maltratos físicos y psicológicos por parte de miembros de las fuerzas del orden (11).

En los 281 casos de reaparecidos con evidencia de tortura, las modalidades más comunes narradas en las manifestaciones son las siguientes:

Patadas y golpes de puño en diversas partes del cuerpo.

Pisotones sobre las personas cuando éstas se hallaban boca abajo.

Introducción de objetos por el ano.

Introducción del cuerpo desnudo dentro de un cilindro de agua sucia.

Golpes en la cabeza y otras partes del cuerpo con objetos de metal.

Descargas eléctricas en manos, pecho y órganos genitales.

Tener colgado de pies o brazos a una persona por varias horas.

Disparos con arma de fuego cerca de la cabeza sumergida en el agua.

Cortes con arma blanca en el rostro y otras partes del cuerpo.

Lanzar a las personas torturadas por un barranco.

Pies y manos amarradas.

Obligar a beber agua con detergente o con orines.

No dar de comer ni de beber agua durante varios días.

Obligar a comer media bolsa de sal.

Obligar a comer trigo crudo.

Obligar a escuchar los gritos de las torturas inflingidas a un pariente.

Obligar a comer sobras de comida.

Amarrar a la persona a un poste por varios días.

Constantes amenazas de muerte.

Encerrar a la persona dentro de un cajón o un hueco bajo tierra por varios días.

Encerrar a la persona en un pozo de desagüe

"Artículo 2 .- Toda persona tiene derecho:

24. A la libertad y seguridad personales. En consecuencia: h. Nadie debe ser víctima de violencia moral, psíquica o física, ni sometido a tortura o tratos inhumanos o humillantes. Cualquiera puede pedir de inmediato el examen médico de la persona agraviada o de aquella imposibilitada de recurrir por sí misma a la autoridad. Carecen de valor las declaraciones obtenidas por la violencia. Quien la emplea incurre en responsabilidad."

Extractos de manifestaciones de reaparecidos que ejemplifican las torturas:

luego me colocaron en el piso boca abajo me pusieron un cable de electricidad, primero con poco voltaje, luego lo empezaron a subir hasta que perdí el conocimiento, hasta que reaccioné cuando sentí que me frotaban la cabeza y con puñetes me golpearon las costillas, allí me dejaron descansar y empezaron a golpear a mi hijo y también a pasarle electricidad, mi hijo empezó a gritar fuertemente de dolor y uno de los militares me dijo reconoces los gritos, te gusta oír que tu hijo sufra, ahora lo vamos a matar, pero si quieren irse libres tienen que hablar, yo le dije que puedo decir si no sé nada; entonces le dijeron a mi hijo ya hemos matado a tu padre ahora te toca a ti si no hablas te mataremos ", allí permanecimos detenidos, custodiados por un soldado, cubierto la cara con trapos y el cuerpo con frazadas y con las manos amarrocadas durante diez días, los tres primeros días estuvimos sin comer y sin beber, nos sentíamos mal porque estabamos a la intemperie y el sol calentaba el vehículo, luego al tercer día nos trajeron un balde de sobras de comida, diciéndonos un cabito que comiéramos rápido, que iba a contar hasta diez, terminado de contar nos quito el balde diciendo que la comida era para trece presos; que el día diez a las tres de la tarde miembros del cuerpo de Inteligencia del Ejército se llevan a mi hijo, devolviéndolo como a las cinco, estaba llorando me contó que lo había colgado y que con una máquina que daba vuelta lo elevaron colgándose de sus pies unos soldados, golpeándole el vientre con puñetes y patadas, luego lo sumergieron en cilindro con agua para ahogarlo y finalmente lo empujaron a un hueco tirándole tierra y piedras, diciéndole te vamos a enterrar vivo, luego dice que escuchó a una de las personas que decía a este chico lo conozco, trabaja en un cafetín, es tontito, es inocente, no lo maltraten, luego lo condujeron al vehículo donde me encontraba (...)". Legajo N 9, Expediente N 276, Fojas 30 a 33, Distrito Judicial de Ayacucho. Declaración de reaparecido, Ayacucho, Huamanga, San Juan Bautista, 07-12-87

que las preguntas eran relacionadas con terrorismo (...), apenas despertó lo volvieron a llevar en la misma forma y al mismo sitio, donde lo volvieron a golpear que le introducían la cabeza en algo parecido a una tina con agua, lo interrogaban sobre lo mismo y decían tienes que hablar; que después de casi otra hora de tortura lo volvieron a llevar al cuarto donde dormía, que ese día si le dieron algo de comida, que durmió hasta el siguiente día, donde nuevamente en la mañana lo volvieron a llevar en la misma forma a la citada otra habitación, en esta oportunidad cambiaron la tortura, lo obligaron a comer media bolsa de sal, que lo dejaron tendido semi - inconsciente, que allí durmió ese día, pero previamente estuvo arrojando por efecto de la sal que le habían obligado a comer; que al día siguiente como a las ocho de la mañana le han dado desayuno y lo hicieron volver al cuarto anterior, que allí durmió; que al día siguiente no lo volvieron a sacar; hasta el subsiguiente día en que le aplicaron corriente para lo cual le amarraron los dedos pulgares y le echaron agua en las manos, que asimismo lo pateaban en la cabeza y el cuerpo e interrogaban sobre lo mismo; que luego lo volvieron a llevar al cuarto donde dormía, que en el mismo sitio ha estado detenido dieciocho días (...). Legajo N 9, Expediente 249, Fojas 23 a 25, Distrito Judicial Ayacucho, Manifestación de Reaparecido. Ayacucho, Huamanga, 06-11-87

" que en el citado hueco ha estado durante cuatro días, durante los cuales le daban sobras de comidas de los soldados y agua sucia a veces con orines; que al cuarto día le han vendado los ojos y lo han trasladado en un convoy a Huanta, que sabe que lo hicieron ingresar al Cuartel de Castropampa, ya que los soldados que pasaban así lo referían o lo dejaban entender; que en dicho cuartel lo han amarrado a un poste, que le han quitado toda la ropa y allí ha estado cinco días; que lo han estado colgando con los brazos amarrados hacia atrás, que le han aplicado corriente eléctrica en la oreja y en el pene; que los soldados le preguntaban sobre cual era su nombre de combate, que si no hablaba lo iban a hacer cagar sangre y que al final sería alimento de los gusanos; que le hacían cargos de haber colaborado con los senderistas dándoles dinero, que lo acusaban de terruco, cargos que el manifestante negaba, que durante el interrogatorio ha recibido patadas, puñetes y en algunas oportunidades en horas de la madrugada lo metían en agua sucia; que el día lunes veinte de los corrientes lo han trasladado en un convoy hacia el Cuartel Central de Huamanga, que sabe ello, ya que los soldados al hablar entre sí lo dejaban entender, además porque en dicho lugar ya sentía el sonido de los aviones al aterrizar en horas de la mañana, que él seguía vendado; que en dicho lugar también lo han interrogado y le golpeaban la cabeza con algo como una olla, que el que le interrogaba decía a los que estaban a su alrededor tráeme la panera; que en este último Cuartel ha estado hasta el día jueves veintitrés de los corrientes, fecha en que siendo las once y media de la noche lo han puesto en libertad " ". Legajo N 14, Expediente N 444, Fojas 21, Distrito Judicial de Ayacucho. Manifestación de Reaparecido. Ayacucho, La Mar, San Miguel, 12-06-88

" estuve ocho días sin comer alimentos, y tres días sin comer en Pampacangallo; al segundo día me toman manifestación y como no podía hablar pedía agua, al Comandante, éste me dijo Con qué la quieres con Ace o con ácido, yo le respondí como sea tu voluntad, entonces el Comandante mandó traer un lavatorio de agua, le echó una bolsa de Ace y primero le introdujeron la cabeza dentro del lavatorio a mi hermano, luego a mí, tres veces a cada uno, habiendo tragado como un litro de agua con detergente; dejando constancia que la última vez antes de sumergirme metieron un trapeador sucio lo esprimieron y me introdujeron en esa agua, también a mi hermano; luego me soltaron de las manos y de los pies, me sacaron las vendas, primero nos pegaron unos soldados ". Legajo 6, Expediente N 178, Fojas 22 y 23, Distrito Judicial de Ayacucho. Manifestación de reaparecido. Cayara - Víctor Fajardo, 17- 08-87

Las torturas causaron en las víctimas serias lesiones: fracturas de miembros superiores e inferiores, hematomas por diversas partes del cuerpo, quemaduras por descargas eléctricas, heridas punzo cortantes, heridas por golpes con objetos de metal, hemorragias internas, infecciones urinarias, infecciones cutáneas con heridas abiertas, entre otras posibilidades. Además del daño psicológico y el trauma posterior. Las torturas a las 281 personas constan en certificados de médicos legistas, placas radiográficas, fotografías, manifestaciones de la víctima y testimoniales.

De las manifestaciones analizadas, se desprende que estas personas fueron detenidas por sospecha de pertenecer a una agrupación terrorista o de haber participado en actos subversivos. En este contexto, las víctimas de desaparición forzada temporal fueron sometidas a crueles interrogatorios con la finalidad de obtener autoinculpaciones. Consta en los expedientes, que los detenidos terminaban los interrogatorios autoinculpándose esperando que cesen las torturas, siendo finalmente obligados a firmar documentos cuyo contenido desconocían. Asimismo, los reaparecidos manifiestan que momentos antes de ser puestos en libertad eran amenazados para no denunciar los maltratos de los que fueron víctimas.

" no podía gritar porque tenía la boca llena de trapos introducidos y encima una venda en la boca y otra en los ojos; así me tuvieron hasta las tres de la tarde, en que quitaron las vendas de la boca, en esos momentos sentí la voz de mi hijo y de mi esposa, quise gritar pero la voz no me salía, pero era ella que había venido a buscarme y le habían dicho que no estaba allí, teniendo que ir; luego nuevamente entraban a golpearme hasta las cinco de la tarde, que ya medio muerto les dijesoy terrorista, ya mátenme, ellos me preguntaron dónde están las armas, quiénes son terroristas, con quienes contactas; tú eres el jefe máximo; seguramente eres el camarada "PACO" a todo le respondí afirmativamente; luego le pedí que me mataran, incluso me preguntaron por un homicidio de dos personas de Hualla, también repondí que era el culpable de esos asesinatos " Después el día veintiséis llegó el helicóptero con un Inspector de Ayacucho, este nos revisó las lesiones como me vio muy hinchado ordenó que aún no me pasen a la PIP, hasta que mejore. Legajo N 6, Expediente N 178, Fojas 22 y 23, Distrito Judicial de Ayacucho. Manifestación de reaparecido. Cayara - Víctor Fajardo, 17- 08-87

" siempre vendado de los ojos lo llevaron a un cuarto y lo hicieron firmar una constancia que luego le entregaron cuya copia presente en este acto, en la cual se indica que no ha sido golpeado, lo cual es falso; que antes de salir ha sido amenazado para que no regrese a su pueblo y que no indique que ha sido torturado, que de lo contrario lo iban a hacer desaparecer. Quiere hacer presente que aún le duele el vientre de las patadas que recibió, pero que él no ha botado sangre al miccionar como si lo han hecho sus paisanos a los que les pusieron además corriente, hecho que él ha visto ya que los torturaban unos delante de otros. Con lo que concluyó la diligencia, se ratificó y firmó". Distrito Judicial Ayacucho, Legajo 5, Expediente N 141-87, sin foliar. Manifestación de reaparecido. Comunidad de Yanahuanco - Ayacucho, 04-08-87.

" siendo las once y media de la noche lo han puesto en libertad, para lo cual fue sacado en un vehículo, siempre vendado y dejado en un lugar de la pista entre Ayacucho y Chacco; que al soltarlo le amenazaron diciéndole que para su familia el había estado de viaje y no en ningún cuartel y si en caso avisara otra vez sería interceptado y sería alimento de los gusanos; hace presente que nunca ha estado con terroristas ni ha participado en actos de terrorismo; que los militares se han quedado con su Libreta Electoral ", que a la fecha le duele todo el cuerpo; que nunca ha sido detenido por la PIP ". Legajo N 14, Expediente N 444, Fojas 21 y 22, Distrito Judicial de Ayacucho. Manifestación de Reaparecido. Ayacucho, La Mar, San Miguel, 12-06-88

Un elemento que corrobora las torturas es la constatación personal de los fiscales sobre el estado físico del reaparecido después de la detención. El reaparecido que denunciaba haber sido sometido a torturas y tratos crueles pasaba por el examen de un médico legista, y se le tomaban fotografías y placas radiográficas, cuando el caso lo requería. A pesar que cada caso era sometido al procedimiento anterior, los Fiscales, después de la manifestación del detenido dejaban constancia de las huellas de la tortura que podían observar directamente.

En este acto el Suscrito Fiscal desea constar el estado en que se encuentra Juan Arnaldo Salome Adauto, siendo: se encuentra totalmente demacrado, delgado en extremo, se puede apreciar huellas o vestigios en la espalda, a la altura de los omóplatos (derecho e izquierdo) manchas blanquecinas o huellas de excoriaciones, proyectándose hacia al pecho en el hombro izquierdo; refiriendo el entrevistado que los mismos son productos de los golpes con los palos; en la altura de la boca del estómago se puede apreciar dos huellas lineales de color marrón claro; mencionando el entrevistado que ahí le habían colocado corriente eléctrica; en las muñecas se puede apreciar cicatrices, más fresca y reciente en la de la mano derecha; en la pierna derecha a la altura de la cadera se puede apreciar una herida abierta en forma de O, de un diámetro de 2 centímetros; y en el ano se puede apreciar una especie de cicatrización; asimismo, se dispuso que se le tomaran diversas fotos para los fines de agregarse al expediente. En este estado el entrevistado desea dejar constancia que el declarante se considera totalmente inocente frente a los cargos e imputaciones que se le ha querido atribuir y como reitera todo es una venganza de una persona; se deja constancia que las tomas fotográficas se realizaron a las diecisiete horas, veinte minutos de la fecha; sin más concluyó la presente diligencia, firmándose luego que el Fiscal Adjunto Provincial en señal de conformidad; doy fe. Legajo N 6, Expediente N 159, Fojas 23 a 26, Distrito Judicial de Ayacucho. Manifestación de reaparecidos. Huamanga - Ayacucho, 26-08-87

3.3.5. Conclusiones

El 21.6% de denuncias (1,674 casos) presentadas al Ministerio Público, corresponden a personas que fueron víctimas de desapariciones forzadas temporales (1,481 casos) y víctimas de detenciones arbitrarias (193 casos).

El 46.6% de estos casos corresponden al período gubernamental de Alan García, el 46.1% corresponde al período gubernamental de Alberto Fujimori y el 7.5% corresponden al período gubernamental de Fernando Belaúnde.

A partir de las manifestaciones de 281 casos de reaparecidos con evidencias de torturas, se puede afirmar que esta práctica fue frecuentemente utilizada para obtener información sobre la posible participación en grupos subversivos.

La presencia de estos testimonios y demás pruebas documentadas en los expedientes analizados ofrecen indicios de verosimilitud para considerar que la tortura, habría sido una práctica utilizada por las fuerzas del orden. Según los testimonios recogidos, las dimensiones y extensión de tales prácticas superan largamente a los 280 casos de los reaparecidos con evidencia de tortura, reseñados en este capítulo.

3.4 Análisis de denuncias por ejecución extrajudicial

Del conjunto de denuncias por violaciones a derechos humanos tramitadas por el Ministerio Público en 514 casos se ha podido determinar la configuración de ejecución extrajudicial, pues en los expedientes existen actas de levantamiento de cadáveres, certificados de necropsia o de informes fiscales que daban cuenta del hallazgo de cuerpos sin vida. Estos datos además, se hallaban sustentados en la existencia de referencias directas sobre la modalidad de detención y la identificación de los agentes responsables de la misma.

3.4.1. Características de la ejecución extrajudicial

Aún no existe un concepto unánime respecto a las características de las ejecuciones extrajudiciales.

La Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 3 dispone que "Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona." Asimismo, el artículo 6 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos señala que "El derecho a la vida es inherente a la persona humana. Este derecho estará protegido por la ley. Nadie podrá ser privado de la vida arbitrariamente". Este articulado busca proteger a las personas en forma absoluta, contra violaciones arbitrarias al derecho a la vida incluyendo la aplicación de la pena de muerte, las ejecuciones en tiempos de guerra, las desapariciones forzadas y las ejecuciones extrajudiciales específicamente.

A pesar que el ámbito de actuación es amplio, el Relator Especial (12) sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias y arbitrarias se encuentra facultado para intervenir, cuando ocurrieran: ...

c) Muertes durante la detención debidas a torturas, descuido o uso de la fuerza, o condiciones de privación de la libertad que entrañan peligro de muerte.

d) Muertes como consecuencia del uso de la fuerza por funcionarios encargados de hacer cumplir la ley o personas que actúan en acuerdo directo o indirecto con el Estado cuando el uso de la fuerza no es consecuente con los criterios de absoluta necesidad y proporcionalidad.

e) Muertes como consecuencia de ataques por fuerzas de seguridad del Estado, por grupos paramilitares, escuadrones de la muerte u otras fuerzas privadas, que cooperan con el Gobierno o son toleradas por éste....

Por su parte Human Rights Watch señala que:

Las ejecuciones extrajudiciales se producen cuando una autoridad pública quita arbitraria o deliberadamente la vida a un ser humano en circunstancias que no corresponden al uso legítimo de la fuerza.

Además, se considera que las ejecuciones de este tipo tienen lugar cuando funcionarios públicos toleran o aceptan asesinatos por parte de actores no gubernamentales. (13)

Amnistía Internacional maneja una definición similar en la que presenta a las ejecuciones extrajudiciales como: Homicidios deliberados, perpetrados por orden o con la complicidad o con la aquiescencia de un gobierno. (14)

3.4.2. Desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales

Si se toma en cuenta el prolongado lapso de tiempo transcurrido en la gran mayoría de casos de desapariciones, se puede concluir que uno de los desenlaces más probables haya sido la ejecución extrajudicial de las víctimas de desaparición forzada.

En este sentido, el paso del tiempo ha llevado a que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, considere la presunción de muerte del desaparecido con el fin de que se asuman las consecuencias correspondientes, sin que se pudiera hacer una afirmación más certera debido a que aún no se han podido ubicar los restos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos sustenta esta postura en el caso de la desaparición de Manfredo Velázquez Rodríguez, donde se indica que:

"La práctica de desapariciones, en fin, ha implicado con frecuencia la ejecución de los detenidos, en secreto y sin fórmula de juicio, seguida del ocultamiento del cadáver con el objeto de borrar toda huella material del crimen y de procurar la impunidad de quienes lo cometieron, lo que significa una brutal violación del derecho a la vida, reconocido en el artículo 4 de la Convención " (15)

Asimismo, en las denuncias que fueron materia de análisis, se ha podido encontrar que en muchos casos, aquellos que posteriormente aparecieron ejecutados fueron en un momento, considerados como desaparecidos por sus familiares, lo que evidentemente, era negado por las autoridades encargadas de su custodia. Estos hechos que se ven ilustrados en el extracto que se presenta a continuación:

Después de 10 días que habían salido, fue informada por una negociante de pan de que su esposo había sido detenido con su primo, y que estaban en la Base Militar de Corpanqui, dirigiéndose al día siguiente a dicha base, (...). En ese instante ella observó que su esposo y su primo eran cargados al carro militar que se dirigía a Huaraz, (...) el día siguiente en que fue a Huaraz para averiguar sobre su esposo, yendo a la Base Militar de Huaraz, donde el personal militar le dijeron que no había ningún detenido en esa base que respondiera al nombre de su esposo y de su primo. Posteriormente ella fue a diferente sitios para indagar sobre su esposo " yendo a la Fiscalía de Huaraz donde le informaron que su esposo había fallecido y que estaba en la morgue, a donde acudió a fin de reconocer el cadáver siendo atendida por un empleado quien le manifestó que personal del ejército lo había dejado el día miércoles 04.08.91 en horas de la noche. Legajo 46 (Lima) - violaciones de derechos humanos / Expediente 113 - 93 / Exp. Sin foliar. Manifestación de la esposa de un desaparecido que posteriormente apareció muerto a causa de torturas ante la Fiscalía Especial de derechos humanos. Lima, 02 de marzo de 1993

Sin embargo, las ejecuciones extrajudiciales no están necesariamente relacionadas a la existencia previa de desapariciones forzadas, ya que existen casos en los que ocurren como consecuencia de incursiones de las fuerzas del orden a centros poblados cuyos vecinos fueron testigos de los actos violatorios que ocurrieron en el perímetro de la comunidad:

Que, el día miércoles 22 de octubre del presente año, en la noche de 7 a 8 pm. aproximadamente, llegaron unos 45 a 50 efectivos militares a la comunidad de Pomatambo provenientes del campamento de Vilcashuamán, quienes procedieron a detener a los campesinos ". Los militares al llegar al domicilio donde se estaba preparando chicha y otras comidas han detenido a nuestros comuneros al compás de ráfaga de metralleta; motivo por los que muchos nos hemos escondido sin salir hasta el día siguiente a horas 6 pm. Y cuando hemos salido; en el lugar donde detuvieron a los comuneros encontramos restos de sangre así como algunas prendas de los detenidos, por ello un grupo de familiares rastreando con la sangre fueron siguiendo, llegando hasta una comunidad vecina (..) el viernes en la tarde vino una comisión de la comunidad de Parcco a avisar que en esta comunidad los campesinos que fueron detenidos en Pomatambo, más los que han sido detenidos en la comunidad de Parcco, han sido fusilados, descuartizados y luego quemados con bastante leñas y ramadas de chalas. " Al llegar a la comunidad de Parcco, que está más o menos de 3 a 4 horas de caminata de la comunidad de Pomatambo, nos hemos dado con la sorpresa de que la noticia era cierta, que habían sido quemados, motivo por lo que hemos procedido a levantar algunos restos de huesos y cenizas. Legajo 4 / Expediente VVDDHH Lima 87 Exp. 313 - 87. Denuncia del 05 de noviembre de 1986 de los familiares y testigos de la matanza de Pomatambo y Parcco ante el Fiscal de la Nación.

3.4.3 Resultados estadísticos sobre las denuncias por ejecución extrajudicial

Como ya se mencionó, existen 514 denuncias por ejecución extrajudicial, las mismas que constituyen el universo de descripción y análisis. Cabe mencionar que esta cifra no corresponde al número total de ejecuciones extrajudiciales ocurridas en el Perú, sino tan sólo a las denuncias que se encontraron en el acervo documental entregado por el Ministerio Público a la Defensoría del Pueblo. En muchos de los casos en los que el Ministerio Público formalizó denuncia penal, los expedientes fueron remitidos al Poder Judicial. Es importante destacar que las investigaciones de oficio del Ministerio Público, se hicieron en la medida en que se encontraban cadáveres, fosas comunes o cuando algún poblador, a pesar del miedo y las amenazas, decidía acudir al Ministerio Público a denunciar lo sucedido. Un 78% de las víctimas (399) fueron varones y 22% (144) fueron mujeres.

Respecto a las edades de las víctimas de ejecución extrajudicial, se puede percibir un mayor índice entre las personas cuyas edades oscilaban entre los 15 y 34 años, alcanzando un total de 178 casos (58.3% del total), lo que coincide de manera general con la víctimas de desapariciones forzadas.

CUADRO N 40
Casos de ejecución extrajudicial
según Edad

casos vlidos 305. casos si Dato 209

CUADRO N 41
Casos de ejecución extrajudicial
según Ocupación

casos vlidos:333. casos Sin Dato. 181

Los niños y adolescentes constituyen un 16.7% (51) de las víctimas de ejecuciones extrajudiciales. Asimismo, es importante destacar que en 38 casos (12.4%), las víctimas tenían más de 55 años. Estas dos constataciones podrían indicar el grado de violencia con la que actuaban los responsables de estos hechos y el carácter arbitrario de la práctica.

Respecto a la ocupación de las supuestas víctimas de ejecuciones extrajudiciales, se tiene que 206 (61.9%) eran agricultores, el mismo patrón utilizado en las desapariciones forzadas. Un segundo grupo en importancia lo componen los casos que carecen de información que suman 181, los estudiantes 13.8%, y los profesionales 12%.

CUADRO N 42
CASOS DE EJECUCIÓN EXTRAJUDICIAL SEGÚN DEPARTAMENTO DE LA DETENCIÓN

Del total de denuncias ante el Ministerio Público, 477 no ejercía cargo alguno en su comunidad. Sólo en 33 casos se pudo identificar que la víctima ejercía un cargo, generalmente como autoridad política, judicial o como dirigente de su comunidad o centro poblado.

Ayacucho vuelve a ocupar el primer lugar con 230 ejecuciones extrajudiciales (45% del total de casos). El hecho de haber sido uno de los primeros focos de la actividad subversiva, hizo que Ayacucho y sus pobladores estuvieran estigmatizados por el resto de la ciudadanía y por los miembros de las fuerzas del orden. La agresividad y violencia empleada por Sendero Luminoso en Ayacucho, principalmente en sus áreas rurales, y el hecho de que actuaran mimetizados entre la población, hizo que las Fuerzas Armadas aplicaran acciones represivas indiscriminadas e injustificables en este departamento.

CUADRO N 43
CASOS DE EJECUCIÓN EXTRAJUDICIAL SEGÚN DEPARTAMENTO DE LA DETENCIÓN

El período gubernamental con mayor índice de ejecuciones extrajudiciales corresponde al Presidente Alan García Pérez (1985 a 1990). Sin embargo, sumando los dos períodos en los cuales se ha dividido la gestión del Presidente Alberto Fujimori, se puede percibir que bajo su mandato, ocurrieron el 46% de las ejecuciones extrajudiciales investigadas por el Ministerio Público.

CUADRO N 44
CASOS DE EJECUCIÓN EXTRAJUDICIAL SEGÚN FECHA DE DETENCIÓN Y GOBIERNO

El gráfico N 18 muestra el desarrollo del fenómeno de las ejecuciones extrajudiciales a lo largo de los años de violencia política en el Perú analizados en el informe. De acuerdo al mismo, la mayor frecuencia de casos de ejecuciones extrajudiciales se encuentra dentro del gobierno de Alberto Fujimori, habiendo ocurrido entre agosto de 1991 y abril de 1992, mes que coincide con el quiebre institucional del 05 de abril.

Respecto al agente responsable de estos hechos, el Ejército Peruano fue identificado como presunto responsable en 229 de las denuncias, constituyendo 51.1% de los casos válidos. Le sigue, los grupos paramilitares (16) y la Policía Nacional, quienes serán responsables de 55 casos cada uno.

A pesar que el número de ejecuciones atribuidas a los grupos paramilitares no es cuantitativamente importante, es preciso resaltarlo debido a que podría corroborar las constantes denuncias de organizaciones no gubernamentales nacionales y extranjeras respecto a la existencia de grupos paramilitares consentidos por el Estado, que funcionaban como una suerte de ejecutores de una justicia paralela. A los grupos de defensa civil se les atribuye 64 ejecuciones extrajudiciales de manera conjunta o exclusiva (14.3%). A la Policía Nacional se le atribuye 55 casos (12.3%).

Un aspecto a destacar es que en determinadas denuncias por ejecuciones extrajudiciales en las que hubo presencia de testigos, las investigaciones del Ministerio Público avanzaron en la identificación de los presuntos responsables. El extracto que se adjunta, ejemplifica descripciones detalladas y específicas sobre presuntos autores de ejecuciones extrajudiciales contenidas en los textos de las denuncias.

" la incursión provocada a los diferentes anexos de las comunidades mencionadas se ha llevado a cabo por miembros militares conjuntamente con rondas campesinas; y que dichos miembros militares pertenecían a la base militar de Castropampa, Huanta, y que dichas rondas campesinas estaban integradas por las comunidades, probablemente por defensa civil de Santa Rosa de Huacas Cocha, Flor de Canela, Vicaña, Huamanguilla, Huanta y entre otras comunidades más y que dicha incursión estaba al mando del llamado capitán Centurión.

Las características físicas del llamado Centurión son las siguientes:

Nombre verdadero: (Reservado).

Grado: Sargento Primero Reenganchado

Natural del Callao

Edad: 28 años

Estado civil: soltero

Cuerpo de servicios 10 años reenganchado E.P.

Lugar de trabajo: Base militar de Castro pampa: Inspectoría

Tiempo de trabajo en Huanta: 6 años de servicio

Talla: de 1.70 a 1.75 metros.

Comandante General a su cargo: Alfonso Hurtado Robles

Es de contextura alta, atlético, azambado, cabello crespo medio ondulado, ojos negros, cara larga picada: chipro, acriollado." Legajo 23 / Expediente 952.

Denuncia sobre la matanza de personas en Chillcahuayco hecha por familiares de las comunidades campesinas Orccohuasi, Ccaton, Pongoyocc, Ccochapampa en San José de Ticllas y San Pedro de Cachi, 24 de setiembre 1990

Las amenazas de muerte que nos ha hecho obedece a que es la persona a quien reconocemos como el jefe de la patrulla militar que asoló a nuestra comunidad, robando nuestros enseres consistentes en prendas de vestir, dinero y otros objetos, asimismo degollaron a nuestros animales (...) y se las comieron, luego de esto procedieron a detener a varias personas y someterlas a torturas, finalmente, tomaron presos a varias personas y lo condujeron con destino desconocido y que a la fecha en el lugar denominado Chilcahuayco hemos encontrado los restos humanos incinerados que al parecer pertenecen a nuestros familiares desaparecidos. Las características físicas de Centurión: es de contextura alta, atlético, azambado, cabello crespo, ojos negros, grandes, cejas pobladas, nariz ancha y larga, cara picada (chipro), cara ancha. (...) Responsabilizo a dicho miembros del ejército de lo que me pueda suceder a mí y a mi familia o a mi comunidad. Legajo 23 / Expediente 952. Declaración testimonial de Martín Palomino Yupanqui. 16 de octubre de 1990 ante la Fiscalía Especial de la Defensoria del Pueblo y derechos humanos. Ayacucho, San José de Ticllas.

Por otro lado, se han encontrado 94 denuncias en las que se señaló a los grupos subversivos como autores de ejecuciones. A pesar de ser materia de distinto análisis, es necesario dar cuenta de este número de muertes, en las que se responsabiliza a los grupos subversivos. Es evidente que las muertes atribuibles a los grupos subversivos superan en mucho, el número presentado aquí. Esto se debe a que siendo el universo de investigación denuncias por violaciones a derechos humanos, las denuncias contra Sendero Luminoso o el MRTA no necesariamente se encontraban en los expedientes entregados por el Ministerio Público a la Defensoría del Pueblo. (17)

CUADRO N 46
CASOS DE EJECUCIÓN EXTRAJUDICIAL SEGÚN MODALIDAD DE DETENCIÓN

Respecto a las modalidades de detención, la incursión violenta en el domicilio de la víctima, ocurrió en 169 casos (42.7%) y la detención en vía pública, en 109 de los casos(27.5%).

Algunas de las características de estas modalidades se reseñan a continuación:

"(...) el día domingo 24 de mayo de 1992 a las tres y media de la madrugada se hicieron presente a su casa sito en el lugar antes indicado un grupo de personas, unos vestidos de civil y otros de militares portando fusiles automáticos ligeros, y con gorros, quienes al ingresar a su casa o choza donde él se encontraba cuidando sus animales ", le preguntaron que como se llama ", que uno de ellos dijo a ti te queremos por lo que procedieron a cogerlo, en vista de lo que trató de escapar llegándolo a lograrlo escapando de las balas que le disparaban consiguió salvarse escondiéndose dentro los pajonales a unos dos kilómetros de su casa, donde permaneció escondido y después de una hora más o menos observó que el referido grupo de personas que llegó a su casa pasaban por el camino con dirección a la casa de su papá Elías Pardo Santos, " el referido grupo de personas civiles y militares se llevaban una cantidad de ovejas, vacas y dos caballos y al menor Urbano Pardo Huamán por lo que quisieron impedir que se llevaran los animales por ser de propiedad de su familia igual que el menor, lo que fue motivo para que dispararan matando a Elías Pardo Santos de 65 años de edad, Estefanía Basilio Medrano de 64 años de edad y Guzmán Pardo Basilio de 22 años de edad, los dos primeros padres del declarante y el tercero su hermano,(..) ". Legajo 4 / Expediente 50 - 92 . Denuncia verbal de Martín Pardo Basilio. Huánuco, 27 de mayo de 1992

Muchos de estos hechos ocurrían luego de una incursión por parte de miembros de las fuerzas del orden, a poblados o comunidades. En estas, se realizaban numerosas detenciones, las que en su mayoría, eran incursiones violentas en domicilio, que luego terminarían configurando detenciones colectivas, debido al gran número de intervenidos. La siguiente sumilla ayuda a ejemplificar esta situación: En la noche del 4 de abril del presente año, siendo aproximadamente las 10:00 p.m. presuntos senderistas incursionaron en la comunidad de Pomacocha. Se escucharon detonaciones de dinamita en diversos lugares, mientras que se incendiaba y saqueaba el local del municipio, las casas de autoridades y la posta sanitaria. El tiroteo duró hasta las 3:00 a.m. del día 5, sin que se produjera ninguna baja entre los efectivos policiales de la estación del distrito ni en los presuntos senderistas. La población durante las horas del tiroteo se refugió como pudo en sus viviendas mientras otros lograron huir. Como a las 3.00 a.m. llegaron refuerzos de la base militar de Pampachiri, cuando no hacía mucho había cesado el enfrentamiento. Las fuerzas combinadas del ejército y la PNP, en lugar de ir tras los presuntos senderistas, ingresaron en las viviendas de los comuneros sacándolos violentamente y conduciéndolos a todos a la Plaza de Armas del lugar. Allí obligaron a la gente a desnudarse y tirarse al piso con las manos en la nuca, mientras los golpeaban inmisericordemente. En tanto esto sucedía en la Plaza de Armas, otros miembros policiales y militares saqueaban las casas de los comuneros y la tienda comunal. Aproximadamente a las 7 a.m. Mauricio Barrientos Gutierrez fue separado del grupo que se encontraba en la Plaza de Armas y conducido a la Comisaría cuyo local se encuentra en la misma Plaza " al mediodía, la policía mostró el cadáver de Mauricio Barrientos Gutierrez sosteniendo que él había muerto en el enfrentamiento con los senderistas, a pesar que la comunidad era testigos de su detención y posterior muerte". Legajo 3 (Apurímac). Expediente 31-91, 34-91. Denuncia del Presidente de la Comunidad Campesina Pomacocha, Andahuaylas. Lima, 23 de abril de 1991.

En 118 casos no se especifica el tipo de intervención de los responsables. Esto puede deberse a que las denuncias por ejecución forzada hablan de hallazgos de cadáveres, a veces no identificados, en los que no necesariamente se tenía información de las circunstancias en las que ocurrieron los hechos.

A partir de la información proporcionada por familiares de desaparecidos o por los medios de prensa, respecto a hallazgos de restos humanos o fosas comunes, el Ministerio Público pudo iniciar investigaciones de oficio, procediendo a su levantamiento, identificación y otras diligencias. El presente informe de un fiscal ejemplifica las circunstancias de los hallazgos:

Siendo aproximadamente a horas 12:10 del medio día en la erradura (sic) que conduce a la localidad de Ccayarpachi hacia la comunidad campesina de Atacocha, en un desvío más o menos de una hora de caminata comprensión del anexo de Ccayarpachim a unos 20 metros del desvío de la erradura (sic), a una altura se ha encontrado gran cantidad de casquillos de bala, que posiblemente pertenecen a miembros de las fuerzas armadas de la provincia de Huanta y a unos tres metros del lugar según mencionan los familiares, se he encontrado indicios de ropas quemadas, por parte de sus captores. (...) Asimismo, en dicho lugar se ha encontrado un lodo de sangre conjuntamente con indicios de cabellos, en estado de putrefacción y a unos 19 metros del mismo lugar a una altura según referencias de los familiares se ha encontrado una fosa de un aproximado de tres metros de largo por dos de ancho, y de dicha fosa por encima estaba cubierto por gran cantidad de cactus, tierra y piedras

" a una profundidad de 1.5 metros se ha encontrado dichos restos humanos, quienes estaban cubiertos con una frazada color peruanito, que presuntamente pertenece a sus captores militares.

" se encontró un cadáver de sexo masculino no identificado quien presenta a una altura del cráneo un orificio de entrada de bala en la región exo temporal maxipital en un estado de descomposición y putrefacción avanzada. Se encontró el segundo cadáver de sexo femenino no identificado de aproximadamente 14 o 15 años de edad, quien presenta orificio de entrada de bala en la región frente temporal izquierda y en estado de putrefacción y descomposición avanzada. Legajo 11. Expediente 1074-DH- V . Informe No. 01-90-MP-FPH. IPD a Clodomiro Chávez, Fiscal Superior Supremo en lo Penal encargado de la Fiscalía Especial en la Defensoría del Pueblo y Derechos Humanos, de parte del Fiscal Especial en la Defensoría del Pueblo y Derechos Humanos, sobre el hallazgo de 15 cadáveres. Ayacucho, 20 de octubre de 1990.

Finalmente, es importante resaltar que en por lo menos 56 casos de ejecuciones extrajudiciales, luego del hallazgo de los cuerpos y de los análisis correspondientes, se pudo comprobar que habían sufrido violación sexual. Por otro lado en 78 denuncias, se encontraron huellas de tortura, lo que llevaría a afirmar que en estos casos las muertes se produjeron a consecuencia de ellas. Esto puede corroborar las afirmaciones y versiones de los familiares y vecinos en el sentido de que las incursiones de las fuerzas armadas traían consigo abusos y violaciones de derechos humanos.

Los demás días fueron hostilizados y amenazados para que confesaran pero ya no los maltrataban tanto, hasta el primero de setiembre de 1991, en que entraron al calabozo el Sub Oficial Navarro, el Sargento Robles, el Cabo García y otros soldados no identificados, además del Sargento Rosas, manifiesta que estos estaban al parecer embriagados, y comenzaron a golpearlos simultáneamente a los dos, que el Sargento Robles y el Cabo García lo golpeó a él, y el Sub Oficial Navarro y el Sargento Rosas se encargaron de golpear a su primo hasta dejarlo en estado inconsciente a Efraín, permaneciendo en el calabozo completamente adoloridos, que ellos se retiraron hasta la noche en que volvieron para ver como seguían, y el Sub oficial Navarro al ver que Efraín estaba sumamente adolorido le dio una pastilla para el dolor a los dos. Que durante la noche observó que su primo ya no podía hablar y que sólo roncaba. Que al día siguiente a las 6.00 am los despertaron y fueron separados, su primo quedó en el calabozo

y el conducido a otro de la misma base permaneciendo, es decir, en una habitación continua, donde escuchaba que los soldados llamaban a su primo Efraín, pero que éste no contestaba. Al día siguiente 04 de setiembre entró a la habitación donde se encontraba el recurrente, el Mayor Rodríguez Tadeo quien le preguntó que tenía, y él le contó que los habían golpeado cruelmente, y en ese momento entró el Sub Oficial Navarro, quien replicó que ellos eran terroristas, posteriormente a la 1.30 am de la tarde su primo y él fueron sueltos y llevados a uno de los dos carros militares que había llegado y los llevaron con destino a Huaraz, pero uno de los carros se atrasó y el carro se detuvo en un puesto policial a la entrada de Huaraz, puesto de Taquillan, mientras esperaban que llegase el otro carro, allí manifiesta que mientras esperaban, su primo que estaba apoyado sobre él falleció " y luego el cadáver de su primo fue llevado al Cuartel de Huaraz, donde solo a él lo llevaron al calabozo desconociendo qué habrían hecho con el cadáver de su primo". Legajo 46 (Lima) - violaciones de derechos humanos / Expediente 113 - 93 / Exp. Sin foliar. Manifestación del reaparecido F.B.S.M. ante la Fiscalía Especial de derechos humanos. Lima, 18 de febrero de 1993

" el cadáver del occiso que fue en vida se encontró depositado sobre una meza de cemento en la parte interior y céntrica del cementerio. " en la cabeza presenta fractura con minuta hasta la base del cráneo, faltando parte del cuero cabelludo y masa encefálica y los ojos, maxilar superior e inferior con fractura, achatamiento y desviación de la nariz, en el cuero cabelludo se encontró sangre coagulada y negrusca, la piel de la cara disecada y deformada, en el interior de la cavidad craneana se encontró pequeños gusanos en forma de arroz, aparentemente la cavidad craneana ha sido chancada o golpeada con agente contundente, la lengua de aspecto normal, cuello, laringe y faringe de aspecto normal, cavidad toráxica abdominal con múltiples manchas marmóreas y laceraciones a la palpación, hay evidencia de varias fracturas de costillas " desprendimiento o luxación completa de la clavícula y el omóplato, fractura completa de las muñecas, fractura de uno de los metacarpiano, dedo índice de la mano derecha. ". Causa probable de muerte: Tec. Traumatismo Encéfalo Craneano y Toráxico". Legajo 25 / Expediente 10 - 92 (A). Protocolo de necropsia luego del hallazgo de un cadáver no identificado. Huancavelica, 09 de marzo de 1992.

3.4.4. Conclusiones

La existencia de 514 casos de ejecuciones extrajudiciales documentadas atribuibles a los agentes del Estado permite apreciar el grado de agresividad en su actuación. Este universo de casos no necesariamente constituye el total de ejecuciones ocurridas en el país.

En algunos casos las ejecuciones extrajudiciales registradas por el Ministerio Público habrían ocurrido sin una detención previa (incursión de fuerzas del orden), y en otros casos luego de una desaparición forzada. Estos datos permiten señalar que en el período de lucha contra el terrorismo, el Estado, a través de sus agentes o de grupos civiles que actuaban bajo su consentimiento, fue presunto responsable de la ejecución sin juicio previo de por lo menos 514 personas.

Los campesinos entre 15 y 34 años de edad, fueron las principales víctimas de ejecución extrajudicial, lo cual coincide con el perfil de las víctimas de desaparecidos. Asimismo, otro rasgo que se repite es que Ayacucho es el departamento con el mayor porcentaje de víctimas (45.3%) de ejecuciones extrajudiciales.

Es importante destacar que sumados los dos períodos gubernamentales de Alberto Fujimori, se llega al 46.1% de las ejecuciones extrajudiciales, mientras que el período gubernamental de Alan García tiene el 39% y el de Fernando Belaúnde el 14.9%.

De acuerdo a la información extraída de los expedientes se puede concluir que en el 51.1% de los casos se tiene como agente responsable al Ejército, y en segundo lugar a los grupos civiles de autodefensa, actuando solos o con apoyo de las fuerzas armadas como autores en el 14.3% de los casos.

Nota de la edición digital:
Los gráficos que acompañan a los cuadros han sido omitidos.
El peso de los objetos de imágenes [gráficos de tarta, etc] ralentizan la descarga desde internet.

Nota: se han conservado todos los errores, salvo corrección involuntaria de las tablas

Notas:

1. Ejemplo de ello es el caso del número de desaparecidos registrado por ANFASEP, cuya nómina de 2092 personas fue entregada a la Defensoría del Pueblo, y contrastada con la relación de personas que continuarían en estado de desaparición según el presente informe (4022 personas), arroja la correlación en sólo 1122 casos. Significaría porcentualmente que existen en la Base de Datos de la Defensoría del Pueblo sólo un 53.6% de los casos presentados por ANFASEP, porque en principio el resto de casos (970) no habrían sido denunciados por esta organización ante el Ministerio Público, o no constan en el acervo documentario trasladado por el Ministerio Público.

2. Comisión de Derechos Humanos - COMISEDH, Asociación Pro Derechos Humanos -APRODEH, Comisión Episcopal de Acción Social - CEAS y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos- CNDDHH.

3. Por la relevancia de estos casos, se ha considerado necesario consignarlos en un listado nominal, incluido en los anexos de este informe.

4. La contrastación se ha desarrollado con los listados de casos registrados por el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Amnistía Internacional, la Asociación Pro Derechos Humanos, la Comisión de Derechos Humanos, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y la Comisión Episcopal de Acción Social. También se ha contado con una relación de casos proporcionada por la Asociación Nacional de Familiares de Secuestrados, Detenidos y Desaparecidos del Perú (ANFASEP).

5. El software utilizado es SPSS for Windows (versión 10.0), Harvard Graphics (versión 4) y Microsoft Excel (versión 97).

6. Ver información relativa al hecho violatorio, el acápite "Indicadores geográficos de la detención".

7. Ley N 24949, del 6 de octubre de 1988, señala en el artículo 2: "La organización y funciones de las Fuerzas Policiales: Guardia Civil, Policía de Investigaciones y Guardia Republicana, serán asumidas por la Policía Nacional con todos sus derechos y obligaciones".

8. Ver Resolución Defensorial N 55-2000-DP del 8 de noviembre del 2000.

9. Ver: Decreto Legislativo N 740 - Norman la posesión y uso de armas y municiones por las rondas campesinas (08/11/91) y Decreto Legislativo N 741 - Reconoce a los Comités de Autodefensa como organizaciones de la población para desarrollar actividades de autodefensa de su comunidad (11/12/91).

10. En 1051 casos, (26.1% del total de las desapariciones forzadas) no se ha podido establecer las modalidades de la detención por no aparecer este dato en los expedientes revisados. Los porcentajes aquí expuestos han sido elaborados sobre la base de 2971 desapariciones en los que se pudo fijar la modalidad empleada.

11. La Constitución Política del Perú de 1979 (en vigencia hasta diciembre de 1993) disponía en el artículo 2, inciso 1, que toda persona tiene derecho "a la integridad física". Asimismo, el inciso 20 del mismo artículo establecía el derecho a la libertad y seguridad personales, precisando en el acápite j) que "carecen de valor todas las declaraciones obtenidas por la violencia y quien la emplea incurre en responsabilidad penal". La vigente Constitución Política de 1993 señala que toda persona tiene derecho "a su integridad moral, psíquica y física" y contiene una disposición expresa prohibiendo la tortura:

12. Violaciones del derecho a la vida en relación con las cuales el Relator Especial de ejecuciones extrajudiciales, arbitrarias y sumarias puede adoptar medidas. En: http://www.unhchr.ch/spanish/html/menu2/7/b/execut/exe_mand_sp.htm#violations

13. HUMAN RIGHTS WATCH. Abuso y desamparo: Tortura, desaparición forzada y ejecución extrajudicial en México. En: http://www.hrw.org/spanish/reports/mexico99/

14. 168 AMNISTÍA INTERNACIONAL. Programa de 14 puntos de Amnistía Internacional para prevenir las ejecuciones extrajudiciales. En: Desapariciones forzadas y homicidios políticos. La crisis de los derechos humanos en los noventa. Madrid: Amnistía Internacional, 1994. pp.294 a 296.

15. CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Sentencia del caso Manfredo Velázquez Rodríguez, 29 de Julio de 1988.

16. Para efectos de la sistematización de la información obtenida a partir del análisis de los expedientes entregados por el Ministerio Público a la Defensoria del Pueblo se definió como grupo paramilitar a aquél grupo de exterminio clandestino perteneciente a las fuerzas armadas identificado como tal en las denuncias. Por ejemplo, el Grupo Colina, o el Comando Rodrigo Franco. Dentro de este rubro, independientemente de las consideraciones teóricas, no se ha considerado a los grupos de defensa civil, los que reciben un tratamiento específico.

17. Al respecto, cabe señalar que la Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículo 1.1) ha establecido el compromiso de los Estados a garantizar el libre y pleno ejercicio del derecho a la vida, de lo que se desprende que los Estados deben tomar las medidas apropiadas para proteger y preservar la vida de las personas.

Editado electrónicamente por el Equipo Nizkor- Derechos Human Rights el 21feb02

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La desaparición forzada de personas en el Perú

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Casos Sin Dato 887 CAPÍTULO III ANÁLISIS DE LAS DENUNCIAS TRAMITADAS POR EL MINISTERIO PÚBLICO POR PRESUNTA DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS Y OTRAS VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS ENTRE 1983 Y 1996 El capítulo presenta la descripción, procesamiento y análisis de los datos obtenidos luego de la revisión de expedientes sobre desaparición forzada de personas y otras violaciones a los derechos humanos tramitados por el Ministerio Público entre los años 1983 y 1996.

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Autogolpe de Alberto Fujimori del 5 de abril del 1992

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Se anuncia, a la televisión, la disolución del Parlamento Nacional y la reorganización total del Poder Judicial, el Consejo Nacional de la Magistratura, el Tribunal de Garantías Constitucionales y el Ministerio Público. Archivos iniciales de rominachirre.com

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6/3/2016

Sin embargo, en tiempos de la República, la memoria de los abuelos y datos periodísticos de archivo indican que en 1925 hubo un Fenómeno El Niño que azotó con fuerza la costa norte del Perú. Hubo lluvias torrenciales y desbordes de ríos, mientras en el sur se registraban sequías.

En los últimos años, especialmente los pobladores de Piura, Tumbes y Lambayeque, recuerdan la catástrofe que ocurrió en 1983, considerado uno de los veranos más lluviosos y desoladores de la historia regional, a tal punto que se le denomina un "meganiño", con daños económicos que superaron los 2,000 millones de dólares.

Tumbes, Piura y Lambayeque fueron los que más sufrieron por el exceso de agua, pues en muchos lugares llovió hasta junio de 1983. El Diagnóstico del Programa Integral de Rehabilitación y Reconstrucción de las Zonas Afectadas, elaborado por el Instituto Nacional de Planificación, informó que en estos tres departamentos la población económicamente activa afectada fue de 179,220 habitantes.

Según el balance de daños, 113,000 hectáreas de tierras agrícolas resultaron afectadas; 1,685 km de carreteras destruidas; 36 puentes dañados y 15,245 viviendas afectadas. Piura y Tumbes fueron declarados en emergencia.

En Piura las pérdidas materiales fueron muy grandes y se calculó que los daños a la población y a la infraestructura llegaron a los 500 millones de dólares. Gran número de familias resultaron damnificadas por la destrucción de sus viviendas, lo que significó 74,220 habitantes afectados. Un total de 84,000 hectáreas agrícolas resultaron afectadas y, a junio de 1983, las pérdidas en la agricultura llegaron a 72 millones de dólares.

El Instituto de Medición del Fenómeno El Niño (Imefen) de la UNI informó que los 17 departamentos más afectados por exceso o defecto de agua fueron Tumbes, Piura, Lambayeque, Amazonas, Cajamarca, La Libertad, Áncash, Lima, Ica, Ayacucho, Huancavelica, Apurímac, Cusco, Puno, Arequipa, Moquegua y Tacna.

De acuerdo con el Diagnóstico del Programa Integral de Rehabilitación y Reconstrucción de las Zonas Afectadas hubo en todo el país un total de 1'330,000 personas afectadas, de una población que por ese entonces bordeaba los 19 millones.

Asimismo, en 1983 aparecieron plagas y enfermedades, tal y como habría ocurrido en el pasado con otros meganiños, en los que el mayor impacto se producía sobre la vida y la salud de la población. Se presentó un notable incremento de las enfermedades respiratorias, gastrointestinales y dermatológicas, además de otras como la malaria, que ocasionaron un fuerte aumento de la mortalidad, especialmente infantil.

Para el profesor Rodolfo Rodríguez Arisméndiz, de la Universidad de Piura, "por su magnitud, El Niño de 1982-83 impactó en las economías de varios países, fue un evento climático que llamó la atención de la comunidad científica internacional y sirvió para que los gobiernos desarrollen estrategias para mitigar los efectos adversos de futuros eventos".

Catástrofe de 1997-1998

Quince años después El Niño se reavivó con la misma intensidad en las costas del Pacífico Sur y afectó a Bolivia, Colombia, Ecuador, Venezuela y Perú.

En nuestro país, los departamentos más afectados por las precipitaciones pluviales fueron Piura y La Libertad.

El departamento con más damnificados fue Piura, con 120,000 afectados; seguido de La Libertad con 72,306 damnificados y Lambayeque con 71,756. También los efectos se sintieron en la región sureña de Ica, donde hubo 57,000 personas damnificadas.

Se calcula que en total fueron 23 los departamentos, es decir, siete más en relación con el fenómeno similar presentado en 1982-1983, con lluvias que duraron hasta 10 días en algunas zonas del norte del país. Este año, la historia se está repitiendo.

cifras

17

departamentos fueron afectados por las copiosas lluvias y desbordes de los ríos en 1983.

72,306

damnificados se registraron en la región La Libertad durante el fenómeno El Niño de 1998.

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fue probablemente un niño muy severo el que en tiempos prehispánicos arrasó con la cultura moche

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6/3/2016 Sin embargo, en tiempos de la República, la memoria de los abuelos y datos periodísticos de archivo indican que en 1925 hubo un Fenómeno El Niño que azotó con fuerza la costa norte del Perú. Hubo lluvias torrenciales y desbordes de ríos, mientras en el sur se registraban sequías.

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Estrategias del régimen para mantenerse en el poder

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Estrategias del régimen para mantenerse en el poder

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Así fueron censurados los medios de prensa durante el autogolpe de Fujimori en 1992

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Minutos antes del anuncio presidencial, contingentes de militares ingresaron a los principales medios de TV, radio y periódicos. Solo una radioemisora escapó a la intervención por unas horas, Antena 1, pero tras el ingreso de los militares fue obligada a cortar su transmisión en vivo.

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Captura de la embajada de Japón por el MRTA

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Captura de la embajada de Japón por el MRTA

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Se cumplen 19 años de la liberación de la embajada japonesa en Lima -en concreto la residencia del embajador-, en manos desde hacía cuatro meses del MRTA (Movimiento Revolucionario Túpac Amaru), un grupo terrorista que consiguió mantener contra las cuerdas al Gobierno del presidente-dictador Alberto Fujimori. El rescate, pese a las duras negociaciones entre ambas partes, se llevó a cabo de forma sorpresiva a través de túneles que se horadaron bajo las dependencias diplomáticas.

Tres batallones de soldados irrumpieron en su interior y acabaron con la vida de los 14 terroristas que accedieron al inmueble y consiguieron liberar a 71 de los 72 rehenes retenidos desde diciembre de 1996. Todos hombres y vinculados al Gobierno.

EL PAÍS siguió el transcurso de los hechos a través de sus crónicas y portadas del que fue uno de los actos de mayor envergadura del MRTA - vinculado al M-19 colombiano -.

Fujimori, siendo presidente, disolvió el Congreso en abril de 1992 en lo que se conoce como el fArgumentó que con el sistema político existente, él no podía hacer frente al terrorismo. Sendero Luminoso -de corte maoísta- y, en menor grado, el MRTA controlaban parte del territorio nacional. Tras la reelección de 1995, se definía a sí mismo como el artífice de la paz -tal y como declaró en las entrevistas concedidas a Juan Jesús Aznárez y a Miguel Ángel Bastenier publicadas en EL PAÍS-. El conflicto interno peruano se había cobrado al menos 30.000 víctimas en la década de los 80.

El 17 de diciembre de 1996, 14 guerrilleros del MRTA tomaron como rehenes a varios cientos de personas, entre ellos personal diplomático, oficiales del gobierno y militares de alto rango, en la residencia del embajador de Japón en Perú, Morihisa Aoki. El día no se eligió al azar. El grupo guerrillero, de significación marxista-leninista, eligió aquella fecha al celebrarse en el recinto diplomático el 63 aniversario del nacimiento del emperador japonés Akihito.

Las exigencias incluían la salida de la cárcel de más de 400 personas relacionadas con el MRTA. Además, el grupo terrorista pedía que se le dejara una vía de escape hacia la selva -acompañados por un grupo de rehenes- y una revisión de las reformas neoliberales.

Tras unas horas de incertidumbre, cinco diplomáticos fueron liberados para llevar las imposiciones del grupo terrorista al interlocutor del Gobierno, Domingo Palermo, ministro de Educación. Entre ellos, se encontraban los embajadores de Canadá, Alemania, Francia; el agregado cultural de Francia y el diplomático peruano Armando Leca. No consiguieron alcanzar acuerdo alguno. El reloj empezaba a marcar una cuenta atrás a la que aún le quedaban 125 días.

Pese a las imposiciones del MRTA, en un breve periodo de tiempo la mayor parte de los rehenes fueron evacuados. El 20 de diciembre fueron liberadas otras 38 personas, entre ellas un jesuita español.

Los terroristas, que no tenían intención de acortar el secuestro, liberaron a otras 225 personas en vísperas de Nochebuena hasta quedarse con un número manejable de rehenes, pero tenían claro quiénes serían su moneda de cambio: ministros, generales y parlamentarios, además de un hermano de Fujimori.

El proceso encalló durante las semanas siguientes. Mientras, países como EE UU o Japón tomaron posiciones. El primero aconsejaba al presidente de Perú que no se dejara amedrentar por los terroristas. El segundo, exigía prudencia. El día que se produjo el asalto, el ministerio de Asuntos Exteriores de Tokio aseguró que más de un centenar de japoneses o peruanos de origen nipón estaban en manos del comando.

Casi dos semanas después de la toma de la embajada, los terroristas del MRTA dejaron marchar a una veintena de rehenes. Su portavoz, Néstor Cerpa Cartolini, alias comandante Evaristo, accedió a hablar con el interlocutor del Gobierno, el ministro Palermo. Aquel reiteró la petición de liberación de los más de 400 presos a través de la lectura de un comunicado del grupo armado por parte del entonces embajador de la República Dominicana, José Díez. El Gobierno, conmocionado por una situación de excepción, alteró la vida cotidiana de la población: se decretó el estado de emergencia para las ciudades de Lima y El Callao durante los siguientes 60 días.

El presidente peruano, que había visto cómo su popularidad se reducía drásticamente, dio un golpe de mano al destituir a dos altos mandos del Gobierno secuestrados en la embajada. Uno era el general Máximo Vera, jefe del mando antiterrorista y el otro Guillermo Bobbio, director de la Seguridad del Estado. Por otra parte, la oposición le criticó abiertamente por considerar que concentraba demasiado poder en su persona.

Pese a las reiteradas presiones internacionales, Fujimori no dio su brazo a torcer ante las pretensiones de excarcelamiento demandadas por el MRTA. Su mensaje fue inequívoco: "Una especie de indulto lo hemos dado a 5.000 personas, 4.000 de Sendero Luminoso y 1.000 del MRTA. Y no vamos a abrir el indulto. Al contrario, vamos a cerrar estas puertas con doble o triple candado ".

Uno de los factores que impulsó al cabecilla del MRTA -tras la detención de Víctor Polay Campos-, a invadir la embajada fue conseguir que concedieran un indulto a su mujer, encarcelada a cadena perpetua. Este indulto no llegaría nunca. EL PAÍS y La Vanguardia fueron los primeros medios en entrevistar al líder guerrillero. Evaristo advirtió de que una intervención del Ejército sería trágico para todos los retenidos.

En este clima de reproches entre el Gobierno y los asaltantes, se llegaría a un punto sin retorno el 22 de abril. La operación Chavín de Huantar -como se bautizó a la toma de la embajada por parte de 140 militares- se desarrolló en menos de media hora. Fujimori dirigió personalmente el rescate. Los 14 rebeldes emerretistas murieron y fueron enterrados a toda prisa y sin velatorios. El golpe y las posteriores acciones judiciales supusieron el fin del grupo armado. Sólo hubo una víctima entre los 72 rehenes y murieron dos militares.

De este modo, Fujimori consiguió acallar las críticas de la comunidad internacional y, sobre todo, recabar apoyos entre la población. El largo asedio había durado 126 días. "Un país no puede someterse al chantaje del terrorismo", aseguró en una rueda de prensa posterior a la liberación de los rehenes.

Días después, se conocieron detalles más precisos de cómo se desarrollo la operación. La mayor parte de los capturados estaban avisados de cuándo se iba a producir la entrada en la residencia del embajador japonés. El acceso de las fuerzas armadas peruanas se llevó a cabo por cuatro túneles de 1,5 metros de altura horadados bajo tierra. Un equipo de mineros se puso manos a la obra ex profeso. Alberto Fujimori se dejaría fotografiar en uno de ellos una vez terminado el conflicto.

Tras la liberación, hubo una investigación para esclarecer algunas irregularidades de la misma. Tras una larga odisea judicial, familiares de varios guerrilleros llevaron el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La sentencia validó la acción de rescate, pero consideró que al menos uno de los rebeldes había sido ejecutado extrajudicialmente, una vez ya se había rendido y no estaba tomando parte de las hostilidades.

El presidente actual Ollanta Humala fue muy taxativo al asegurar que no pagaría "ni un sol" a los familiares de los terroristas por mucho que lo dijera la Corte.

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126 días asalto a la embajada nipona en Lima - 40 Aniversario

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Se cumplen 19 años de la liberación de la embajada japonesa en Lima -en concreto la residencia del embajador-, en manos desde hacía cuatro meses del MRTA (Movimiento Revolucionario Túpac Amaru), un grupo terrorista que consiguió mantener contra las cuerdas al Gobierno del presidente-dictador Alberto Fujimori.

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Estrategias del régimen para mantenerse en el poder

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Estrategias del régimen para mantenerse en el poder

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Buenos Aires El diario El Comercio de Lima publicó hace dos semanas un documentado trabajo de investigación periodística en el que denunciaba la existencia de una "fábrica" de falsificación de firmas para lograr la inscripción ante el Jurado Nacional de Elecciones de uno de los grupos que integran la alianza oficialista Perú 2000, que postula la candidatura del actual presidente, Alberto Fujimori. Necesitaba 600.000 firmas, y la falsificación alcanzó el millón, según el diario. La fábrica funcionó entre octubre y noviembre de 1999 y trabajó con fotocopias de los registros de votación de las elecciones municipales de 1998, de las que obtenían las firmas que luego eran falsificadas.

La reelección contra viento y marea se ha convertido en el caballo de batalla de un número creciente de líderes políticos latinoamericanos. La obtuvo Fernando Henrique Cardoso cuando enmendó la Constitución de Brasil y se convirtió en el primer presidente de su país que quedó habilitado para un segundo mandato. Lo intentó hasta el último momento Carlos Menem, que finalmente tuvo que tirar la toalla ante abrumadores impedimentos legales. Y está a punto de alcanzarla Alberto Fujimori en Perú, quien, gracias a una interpretación de la Constitución de dudosa legalidad, se presenta en los comicios del próximo 9 de abril para un tercer mandato consecutivo.La Carta Magna peruana es tajante al permitir dos periodos presidenciales sin interrupción, pero el Gobierno de Fujimori hizo aprobar en 1996 una ley de interpretación de la Constitución según la cual hay que empezar la cuenta después del primer mandato. Los jueces que objetaron la ley fueron convenientemente destituidos por el presidente.

Cuando creía que el camino hacia la re-reelección estaba libre, Fujimori ha tropezado con obstáculos inesperados en la recta final de la campaña de un proceso electoral que el Departamento de Estado sigue con gran desconfianza y que un legislador estadounidense ha llegado a calificar de golpe de Estado a cámara lenta. La última encuesta atribuye a Fujimori el 39% de la intención de voto, seguido del académico y líder de Perú Posible, Alejandro Toledo (25%); Alberto Andrade, alcalde de Lima (10%), y Luis Castañeda, antiguo colaborador de Fujimori (6%).

La denuncia de El Comercio relacionaba con esta operación a Óscar Medelius, presidente de la Comisión de Justicia del Congreso, miembro del partido en el Gobierno, abogado y estrechamente vinculado al jefe del servicio de inteligencia y asesor del presidente de la República, Vladimiro Montesinos. También aparecía el nombre de Absalón Vázquez, ex ministro de Agricultura y número uno de la lista que postula a Fujimori para el Congreso. Se trata de un dirigente con gran predicamento entre los sectores campesinos, de gran importancia a la hora de cosechar votos.

Testigos ocultos

El Comercio aseguró que había testigos que podían certificar la falsificación de firmas, pero no los identificó. Sí se supo que prestaron declaración ante el Defensor del Pueblo, que remitió la información a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), que a su vez la entregó a la Fiscalía de la Nación, estrechamente controlada por los servicios de inteligencia. Numerosas maniobras políticas en las que ha estado comprometido el Gobierno han sido realizadas a través de la fiscalía. Blanca Nélida Colan, fiscal de la Nación, defendió públicamente a Montesinos.

El principal testigo de la falsificación resultó ser Carlos Rodríguez Iglesias, un obrero de 23 años. La prensa oficialista desató una feroz campaña en su contra, calificándolo de hampón, asesino y homosexual. Para evitar males mayores, Rodríguez y su hermana Marita abandonaron Perú y viajaron a Costa Rica. Durante 10 días ninguno de los acusados hizo declaración alguna. El Gobierno estaba paralizado mientras los medios de comunicación afines al poder seguían con sus ataques a El Comercio y los testigos.

Fujimori se detuvo en las encuestas mientras subía el porcentaje del principal candidato opositor, Alejandro Toledo. Era un motivo suficiente para que el presidente saliera a hablar. Negó que el Gobierno estuviera detrás de cualquier campaña contra la libertad de prensa.

El Comercio puso a prueba la voluntad democrática del presidente y publicó al día siguiente la segunda parte de su investigación, en la que identificó a la segunda testigo de la falsificación de firmas, Erika Martínez, estudiante de Derecho. Declaró abiertamente que el jefe de la oficina electoral de Arequipa (segunda ciudad de Perú), Rubén Calderón, era el coordinador de la falsificación. El miércoles pasado los dos testigos aparecieron públicamente en un acto celebrado en Lima que contó con el respaldo de la Conferencia Episcopal, el Colegio de Abogados, el Centro Carter, la Comisión Andina de Juristas, la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, entre otras organizaciones. Todos los participantes dieron su apoyo a los testigos, exigieron al Gobierno garantías para sus vidas, una efectiva investigación de la denuncia y una sanción ejemplar para los responsables.

La respuesta no se hizo esperar. Fujimori dijo solemnemente que nadie tenía que temer por sus vidas, Rubén Calderón fue destituido y el Frente Independiente Perú al 2000, la agrupación que falsificó las firmas y que aportaba un tercio de los candidatos de la alianza de Fujimori, anunció la retirada de las elecciones. Dos importantes figuras del oficialismo, Daniel Chuan, secretario de la agrupación, y Óscar Medelius, presentaron su dimisión irrevocable. Un serio revés para los planes del presidente.

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Fujimori, acusado de falsificar firmas para promover su reelección

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Buenos Aires El diario El Comercio de Lima publicó hace dos semanas un documentado trabajo de investigación periodística en el que denunciaba la existencia de una "fábrica" de falsificación de firmas para lograr la inscripción ante el Jurado Nacional de Elecciones de uno de los grupos que integran la alianza oficialista Perú 2000, que postula la candidatura del actual presidente, Alberto Fujimori.

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Estableció la Constitución de 1993 que entre sus principales contribuciones estaba el apoyo al sector económico por otra parte Fujimori tomo control de las Fuerzas Armadas para así poder perpetrar en el poder y formar un régimen autoritario que culmino con los "Vladivideos" que eran pruebas irrefutables de la corrupción que se establecido en su gobierno

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-Solis Hernandez Jose Vicente (20202156)
-Quispe Mitacc Gardenia Euxebia Araceli(20202204)
-Rey Trigoso Jacobo Alberto (20201154)

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Lima

Alberto Fujimori volverá a prisión esta tarde luego de estar más de 9 meses en libertad debido a la anulación el indulto humanitario otorgado por el ex presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK). Como se recuerda, Fujimori fue condenado a 25 años por las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta. A continuación los hitos de su vida política:

1. La victoria frente a MVLL
Un mes antes de la primera vuelta, Alberto Fujimori solamente tenía 2% de intención de voto. Sin embargo, logró pasar al balotaje con el favorito de las elecciones del 90': el escritor Mario Vargas Llosa, candidato del ya desaparecido Frente Democrático (Fredemo). Días antes de la definición ambos postulantes contrastaron sus ideas en un acalorado debate, que Fujimori cerró con una imagen que hasta hoy se recuerda: mostró la portada del diario "Ojo", que daba como ganador a Vargas Llosa.

El candidato de Cambio 90 acusó guerra sucia. Un golpe del que el novelista no pudo reponerse. Unos días después, Fujimori logró el 62.4% de los votos frente a los 37.6% de los de Vargas Llosa.

2. El autogolpe del 5 de abril
Con menos de dos años en el poder, Fujimori anunció, en un mensaje a la Nación, su decisión de disolver el Congreso de la República, donde la mayoría estaba en manos de la oposición, y la intervención y reorganización del Poder Judicial, el Ministerio Público y el Tribunal de Garantías Constitucionales (predecesor del Tribunal Constitucional).

Su argumento fue que el Perú requería fortalecer la lucha contra el terrorismo dándole protagonismo a las Fuerzas Armadas y respaldándolas con legislación antisubversiva, así como erradicar la corrupción y reformar las instituciones. Mientras el discurso era transmitido, las Fuerzas Armadas salieron a las calles para evitar protestas.

3. La primera reelección
Alberto Fujimori ganó su segunda elección presidencial en 1995. La caída del cabecilla terrorista Abimael Guzmán y el shock que estabilizó la economía, y que inició luego del autogolpe, le permitieron imponerse al diplomático Javier Pérez de Cuellar, ex secretario general de las Naciones Unidas, en primera vuelta con más del 50% de los votos.

4. La liberación de los rehenes
Durante su segundo mandato, Fujimori enfrentó una gran crisis a raíz de la toma por parte del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) de la casa del embajador japonés Morihisa Aoki. El secuestro duró poco más de cuatro meses. El 22 de abril de 1997, las Fuerza Armadas realizaron la operación Chavín de Huántar.

Lograron liberar a 71 de los 72 rehenes que estaban en manos de 14 terroristas del MRTA.

La operación militar fue considerada un éxito y uno de los más grandes logros del gobierno fujimorista. Sin embargo, en los últimos años testimonios de diversos rehenes motivaron la investigación de una posible ejecución extrajudicial del emerretista 'Tito' por parte de agentes del SIN.

5. La rereelección
Luego de que el Congreso, de mayoría naranja, allanará su camino para su segunda reelección con la denominada ley de interpretación auténtica, Alberto Fujimori postuló a los comicios del 2000. El ex jefe de Estado se impuso a Alejandro Toledo (Perú Posible) en una segunda vuelta llena de denuncias de fraude.

6. La renuncia desde Tokio
Alrededor de las 5:00 a.m. del 19 de noviembre del 2000, Federico Salas Guevara recibió una llamada telefónica desde Japón. Al otro lado de la línea estaba Alberto Fujimori, quien comunicaba a su primer ministro su intención de renunciar a la presidencia.

Salas Guevara recuerda que no intentó disuadirlo, pues la decisión era definitiva. Alberto Fujimori había salido del país para asistir al foro APEC en Brunéi, un país del sudeste asiático. Luego de ello debía dirigirse a Panamá para otra cumbre, pero decidió quedarse en Tokio.

La dimisión de Fujimori se produjo dos meses después de la revelación del primer 'vladivideo', donde se ve al ex asesor Vladimiro Montesinos entregarle US$15 mil a Alberto Kouri, a fin de que este pase a las filas del fujimorismo desde la oposición.

La renuncia del ex mandatario fue rechazada por el Parlamento y lo vacaron por "permanente incapacidad moral".

7. Cayó en Santiago de Chile
El ex presidente Alberto Fujimori llegó a Santiago de Chile procedente de Tokio el 6 de noviembre del 2005 a bordo de un vuelo privado. Al día siguiente fue detenido por dictamen de la Corte Suprema chilena, tras ser requerido por la justicia peruana.

El proceso de extradición al Perú se inició el 6 de enero de 2006. Y tras su detención, a partir del 7 de noviembre de 2005 y hasta el 18 de mayo de 2006, el ex mandatario estuvo detenido en la Escuela de Gendarmería de Chile. Tras ello la justicia chilena le otorgó arresto domiciliario a Fujimori.

8. El último samurái
A la espera del fallo sobre la extradición, Fujimori decidió aceptar postular como candidato al Senado del Japón, por el ya desaparecido Nuevo Partido del Pueblo (o Kokumin Shinto).

"Quiero poner a trabajar mi experiencia de 10 años como presidente para Japón y para el mundo", dijo a través de este video. En otro mensaje enviado, el ex presidente manifestó que su decisión de participar en la política japonesa tenía que ver "directamente con su futuro" y que la tomó bajo el concepto de "Perú y Japón, latiendo en un solo corazón".

Finalmente, el 29 de julio del 2007, un día después de su cumpleaños, Fujimori sufrió una estrepitosa derrota y solo obtuvo 51.279 votos, frente a los 117 mil votos que logró Shozaburo Jimi, quien ganó uno de los dos escaños que obtuvo el Nuevo Partido del Pueblo.

9. La extradición al Perú y su condena a 25 años
El 21 de setiembre del 2007 se dio a conocer el fallo -de 260 páginas- de la Segunda Sala Penal de la Corte Suprema de Chile que aprobó la extradición de Fujimori por siete casos, entre ellos por las matanzas de La Cantuta y Barrios y los secuestros del empresario Samuel Dyer y el periodista Gustavo Gorriti.

Posteriormente, ya en el Perú y tras un juicio televisado Alberto Fujimori fue condenado el 7 de abril del 2009 a 25 años de cárcel por la autoría mediata de los asesinatos perpetrados por el Grupo Colina en La Cantuta y en Barrios Altos. Esta fue la segunda sentencia que recibió, ya que antes había sido hallado culpable por el delito de usurpación de funciones por el allanamiento a la casa de Trinidad Becerra, esposa de Vladimiro Montesinos.

Fujimori recibió otras dos sentencias: una por la transferencia de 15 millones de dólares a Montesinos y la otra por los pagos ilegales a los congresistas tránsfugas.

Sobre el financiamiento de los 'diarios chicha' con fondos de las Fuerzas Armadas, fue absuelto en segunda instancia.

10. El indulto humanitario
El 24 de diciembre del 2017, en vísperas de la Noche Buena Alberto Fujimori recuperó su libertad después de 12 años, cuando fue capturado en Chile. El ex jefe de Estado, sentenciado por las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, recibió el indulto humanitario de parte del presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK).

Esto ocurrió dos días después de que este no fuera vacado por el Congreso de la República gracias a los votos de nueve legisladores de Fuerza Popular, entre ellos el hoy suspendido Kenji Fujimori.

Bonus Track: el indulto negado
El 7 de junio, el entonces presidente Ollanta Humala anunció, en un mensaje a la Nación, su decisión de rechazar el pedido de indulto humanitario a favor del ex mandatario Alberto Fujimori. Esta solicitud fue presentada por los cuatro hijos del ex jefe de Estado, Keiko, Hiro, Sachie y Kenji Fujimori Higuchi.

"Es mi decisión y cuando otro sea presidente tomará sus decisiones [...] Los invocó a no politizar el tema. Yo sé el sufrimiento de una familia cuando tiene a uno de sus integrantes presos", enfatizó Humala en esa oportunidad.

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Alberto Fujimori: los diez hitos de la vida política del ex presidente

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Lima Alberto Fujimori volverá a prisión esta tarde luego de estar más de 9 meses en libertad debido a la anulación el indulto humanitario otorgado por el ex presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK). Como se recuerda, Fujimori fue condenado a 25 años por las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta.

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Uno de los puntos mas favorables del gobierno de Fujimori fue que reinserto el Perú a los principales instituciones económicas del mundo asimismo logro estabilizar la economía monetaria que venia en crisis debido a la inflación finalmente las privatizaciones que se realizaron contribuyeron al desarrollo económico que el Perú afrontaría años posteriores como el "boom de los commodities"

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Un día como hoy hace 25 años terminó el conflicto armado más reciente entre dos países latinoamericanos. Los soldados del Perú se enfrentaron a los efectivos del Ejército de Ecuador cerca del río Cenepa. Sputnik conversó con los excombatientes de ambas partes para relatar sus experiencias.

El conflicto por la zona limítrofe entre el Perú y Ecuador nace de las disputas territoriales entre el Perú y la Gran Colombia -de la que formaba parte el Ecuador actual- por el acceso a la cuenca del río Amazonas. Precisamente a esta cuenca pertenece el río Cenepa. Las discrepancias entre Quito y Lima desembocaron en una guerra entre 1941 y 1942. En enero de 1981 tuvo lugar otro conflicto conocido como la guerra de Paquisha, que también terminó con la victoria del Perú.

En la década de 1990 las disputas resurgieron con renovado vigor. La parte ecuatoriana estableció su control sobre el área del río Cenepa en 1994. Perú insistió en que este territorio le pertenecía, por lo cual ambos países movilizaron y mandaron sus tropas a la frontera. Tras una serie de incidentes se inició la guerra del Cenepa. Se cobró la vida de casi un centenar de personas. El conflicto armado solo transcurrió en dicha zona y no se extendió a otras partes del límite común.

La perspectiva peruana

El exministro de Defensa del Perú Roberto Chiabra León en 1995 fue el director de la Escuela de la Infantería del Ejército peruano. Cuando el jefe del Comando Conjunto peruano decidió impulsar las operaciones en el Cenepa, a Chiabra le encomendaron viajar a la zona con mayores fuerzas especiales y con el Frente Huallaga.

El Frente Huallaga tenía experiencia de combate en la selva. Había combatido contra el Sendero Luminoso y MRTA en condiciones parecidas. En el marco de su misión Chiabra dirigió las operaciones y definió la situación, explicó el propio exmilitar.

Según relató el exministro, las operaciones en la selva fueron un gran obstáculo, razón por la cual Chiabra solicitó que fuese el Frente Huallaga quien hiciera la incursión en la zona. La experiencia del equipo, explicó, fue una ventaja para las fuerzas peruanas. La dificultad principal fue el hecho de que solo se pudiese acceder a la zona por el aire.

Otro obstáculo para los peruanos fue el uso de minas antipersonas por parte del Ejército ecuatoriano. Cuando se hace un campo minado, se formula un croquis donde les señala a las Fuerzas de Infantería por dónde deben circular y por dónde no, explicó.

"En este caso, imagínense unas trochas en selva donde no sembraron, sino arrojaron unas minas antipersonas que eran difíciles de detectar por la misma vegetación. Al inicio no sabíamos de este cobarde recurso que es emplear las minas antipersonas. Nuestras patrullas pisaban las minas. Esto fue un obstáculo porque tuvimos que abrir trochas nuevas. No podíamos circular por las trochas que estaban abiertas", dijo Chiabra.

Otra desventaja radicaba en que los ecuatorianos dominaban dos alturas donde tenían lanzadores múltiples, con los que atacaron las posiciones peruanas. Por disposición política los peruanos no pudieron atacar.

Para el exministro el momento más memorable de la guerra fue el 22 de febrero de 1995. Ese día los peruanos cumplieron con "una misión de honor". Formaron una patrulla con armas RPG y lanzaron un ataque por el frente y bordeando por los flancos. Ese día en una hora causaron 14 muertos y 20 heridos, recuerda el exministro. Con ese resultado los peruanos lograron la victoria por tierra.

© Foto : Roberto Chiabra León

Después de la guerra, Chiabra fue comandante general del Ejército (2003) y luego se convirtió en el Ministro de Defensa del Perú (2003-2005). Chiabra dijo que no había faltado a ninguna reunión sobre el Día del Ejército de Ecuador convocada por el agregado militar del Ejército ecuatoriano en Perú y a ninguna de las que hizo el Embajador ecuatoriano por el Día Nacional de Ecuador.

"Mi presencia en estos eventos es la demostración del cambio que ha habido en las relaciones entre dos países", enfatizó el exministro.

En Perú, explicó Chiabra, la sociedad agradece la labor de los soldados en el servicio militar porque, sostiene, con el fin de la guerra terminó un siglo de conflicto con Ecuador. "Antes se producían incidentes en la frontera, pero a partir del conflicto de 1995 esto ha cambiado notablemente", puso de relieve.

Actualmente se puede observar que los centinelas peruanos y ecuatorianos circulan sin armas y que existe un interés común en luchar contra la minería ilegal. La situación, insiste, ha cambiado mucho desde 1995. Pone como ejemplo que hoy haya oficiales ecuatorianos realizando cursos en la Fuerza Aérea peruana.

En la actualidad los veteranos "están contentos por el espíritu de cuerpo que nosotros todos los años les demostramos", concluyó. Sin embargo, manifestó que el Estado muestra ingratitud e indiferencia hacia ellos.

La perspectiva ecuatoriana

Pablo Terán es un militar ecuatoriano experimentado. Participó en la guerra de Paquisha en 1981 formando parte de la Brigada de Selva Pastaza. Según confiesa el propio militar, Ecuador perdió esa guerra porque los soldados ecuatorianos estaban mal preparados para la confrontación armada.

Fue entonces cuando algunos militares en Quito se dieron cuenta de que iba a haber otro conflicto. Así que empezaron "a preparar a la gente" para otro enfrentamiento con Perú, explicó Terán. La razón fue el hecho de que una franja de 78 kilómetros cerca de la frontera fue reclamada por las dos partes.

Para 1995, cuando comenzó la guerra del Cenepa, el militar ecuatoriano ya se había retirado de las filas del Ejército ecuatoriano y le llamaron "para luchar por la patria". Él acató la orden. Fue instructor de las Fuerzas Especiales y le tocó ir al mando de 110 aspirantes a las nacientes del río Cenepa. Allí los efectivos permanecieron 76 días, hasta que recibieron la orden de replegarse y abandonar el territorio.

En esos 76 días siempre existió esa angustia de estar en la línea de combate, dijo Terán. Y en aquel momento no sabía quién había perdido y quién había ganado. Según el entrevistado, los soldados se encontraban en una selva inhóspita y abandonados.

"En la línea de combate se está jugando la vida. Las consecuencias nerviosas pueden ser malas. Pero a mí me enorgullece haber defendido mi patria. Abandonamos nuestras bases solo porque nos dieron la orden superior", explicó.

Terán señaló que la situación en la que se encuentran los veteranos ecuatorianos hoy es "lamentable". En Ecuador los veteranos de guerra y los excombatientes, han sido "olvidados y discriminados, cuando por el contrario deben ser respetados". El entrevistado lo sabe bien porque él sirve actualmente como vicepresidente de la Confederación Latinoamericana de veteranos de guerra.

"Debemos ser queridos por el pueblo por la hazaña del Cenepa", dijo. El entrevistado admite que se siente triste porque no encuentra la admiración que deben tener sus compatriotas por el soldado ecuatoriano.

La guerra del Cenepa sirvió para la paz y para estrechar más la hermandad entre los pueblo de Ecuador y del Perú, pone de relieve. Después de la guerra Terán se puso en contacto con los combatientes peruanos e incluso celebraron una reunión entre los combatientes de las dos partes. Existen diferentes asociaciones y confederaciones de veteranos tanto en el Perú como en Ecuador. Hasta hoy se mantienen las reuniones de paz con los efectivos del Ejército del Perú.

"Para todos los pueblos del mundo que hemos tenido conflictos bélicos ya es hora de estrechar las manos, de abrazarnos. Ecuador y el Perú hemos dado un ejemplo al mundo. Después de décadas de conflicto territorial se alcanzó una verdadera paz. Pueden vivir en paz los países que estaban en conflicto anteriormente", concluyó.

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la guerra del cenepa se dio en la presidencia de

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los militares peruanos en la guerra con ecuador causas de su intervención

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los militares peruanos en la guerra con ecuador cambios que ocurrieron

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heroes peruanos de la guerra con ecuador

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artilleria ecuatoriana en la guerra del cenepa

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La guerra del Cenepa: así fue el conflicto armado más reciente entre dos países de América Latina | Fotos

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Un día como hoy hace 25 años terminó el conflicto armado más reciente entre dos países latinoamericanos. Los soldados del Perú se enfrentaron a los efectivos del Ejército de Ecuador cerca del río Cenepa. Sputnik conversó con los excombatientes de ambas partes para relatar sus experiencias.

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La Constitución de 1993 fue redactada por el Congreso Constituyente Democrático convocado tras la disolución del Congreso en el autogolpe de 1992.
NUEVOS ASPECTOS EN LA CONSTITUCIÓN DE 1993
Referéndum: este mecanismo de referéndum o consulta popular se introduce para la reforma total o parcial de la Constitución.

La reelección presidencial: El mandato presidencial se mantuvo en cinco años, pero se permitió una sola reelección inmediata o consecutiva. Fujimori utilizó este articulo para reelegirse en 1995 y en el 2000 se le permitió otra reelección consecutiva. La norma fue modificada luego de la fuga y renuncia de Fujimori quedando prohibida la reelección.

Consejo Nacional de la Magistratura: El Consejo Nacional de la Magistratura adquiere autonomía como organismo que selecciona y nombra a los magistrados (Jueces y Fiscales), labor que antes recaía en el Presidente de la República sujeto a ratificación del Congreso.

Estabilidad laboral: En este punto, la Constitución del 1993 solo dice que el Estado otorga al trabajador adecuada protección contra el despido arbitrario.

Mayores facultades al Poder Ejecutivo: El Poder Ejecutivo, en especial el Presidente de la República, obtuvo mayores atribuciones. Por ejemplo, los decretos de urgencia se volvían una potestad del presidente.

Una sola cámara: El Poder Legislativo tuvo un cambio radical: se abolió la bicameralidad parlamentaria y se impuso la unicameralidad, es decir una sola cámara, con 120 congresistas. En el 2011 se amplió su número a 130.

Creación de la Defensoría del Pueblo: La Constitución de 1993 estableció la figura de la Defensoría del Pueblo como ente autónomo encargado de defender los derechos del pueblo.

Rol del Estado en la economía. Se establece que la iniciativa privada es libre y se ejerce en una economía social de mercado. El Estado asume solo su rol orientador, más no hace actividad empresarial, sino solo excepcionalmente. La Constitución de 1979 consagraba el ejercicio de la actividad empresarial por parte del Estado.
Así fue el origen de la redacción de la Constitución de 1993
La Constitución de 1993 fue redactada por el Congreso Constituyente Democrático convocado tras la disolución del Congreso en el autogolpe de 1992.

Como se sabe, un día como hoy, 5 de abril, el ex presidente Alberto Fujimori dio un mensaje a la nación informando la disolución del Congreso y la intervención del Poder Judicial, el Ministerio Público, la Contraloría, el Tribunal de Garantías Constitucionales y los gobiernos regionales. De acuerdo a Fujimori, esta medida era necesaria para el establecimiento de un gobierno de emergencia y reconstrucción nacional.

El quiebre del orden constitucional llamado 'autogolpe' fue criticado por la comunidad internacional. Por la presión de los organismos internacionales, Alberto Fujimori convocó a un Congreso Constituyente Democrático para garantizar el equilibrio de poderes.
Congreso Constituyente Democrático
El 17 de junio de 1992, Fujimori convocó al Congreso Constituyente Democrático (CCD). La oposición se quebró, unos aceptaron acudir como el PPC, mientras que otros como el Apra rechazaron esta alternativa.

El fujimorismo estuvo representado por la alianza entre Cambio 90, partido por el cual Fujimori llegó al poder, y el recién fundado partido Nueva Mayoría.

En las elecciones del 22 de noviembre de 1992, la alianza oficialista triunfó al obtener 44 escaños de los 80 representantes al Congreso Constituyente Democrático.

El Congreso Constituyente fue presidido por Jaime Yoshiyama, mientras que la Comisión de Constitución fue conducida por los juristas Carlos Torres y Torres Lara, como Presidente y Enrique Chirinos Soto como Vice Presidente.

Luego de ocho meses, la CCD aprobó el nuevo texto constitucional que fue ratificado en un referéndum.

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¿Qué cambios generó la Constitución Política de 1993?

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La Constitución de 1993 fue redactada por el Congreso Constituyente Democrático convocado tras la disolución del Congreso en el autogolpe de 1992. NUEVOS ASPECTOS EN LA CONSTITUCIÓN DE 1993 Referéndum: este mecanismo de referéndum o consulta popular se introduce para la reforma total o parcial de la Constitución.