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Este ha sido un tema que ha tomado gran importancia en los últimos años, dado que el concepto de identidad ha abierto su espectro a un panorama mucho más amplio acerca del género y la diversidad sexual, siendo desde el contexto educativo un problema que atañe a todos los niveles socioeconómicos, poniendo al derecho a ser diferentes en circunstancias que se ven estigmatizadas como inapropiadas o mal sanas.
En cuanto al aspecto social, se ha intentado dar un espacio a los derechos y reconocimiento de las capacidades individuales, que contribuyen desde cada uno de los ámbitos de desarrollo laboral y profesional a todas las personas que se consideran dentro de una identidad de género diferente a los estereotipos sexuales valorados en una sociedad.

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La inclusión ha sido parte fundamental en el reconocimiento del gran valor que representa para el estado el fortalecimiento y bienestar de las personas que padecen algún tipo de discapacidad, ya que, desde este contexto, si se les brindan las herramientas necesarias para su desempeño y desarrollo constituyen un aporte significativo tanto en contexto social como económico, dado que se convierten en individuos productivos.
En Colombia existe la política pública de discapacidad e inclusión social, que busca garantizar el goce pleno de los derechos y el cumplimiento de los deberes de las personas con discapacidad, sus familias y cuidadores para el periodo 2013 – 2022. Dichos derechos deben ser garantizados partiendo de la comprensión de que  cada territorio tiene unas características físicas, económicas, culturales y políticas que le son propias y que configuran su particularidad, razón por la cual las acciones de política pública deben adaptarse a dichas particularidades, siempre teniendo presente que el vínculo nación – territorio es el que permite que toda la sociedad colombiana, desde su diversidad, transite por la misma vía para el logro de la inclusión plena de las personas con discapacidad.

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Se hace necesario consolidar por medio de estás políticas la verdadera razón de ser para la conservación De los pueblos indígenas, y se vela por reconocer toda una estructura muy bien enmarcada y sostenida. Los resguardos indígenas constituyen grandes áreas continuas en todo el oriente amazónico; cubren extensos territorios de la Orinoquia; ocupan la serranía del Baudó al occidente del país y norte del Chocó, y comprenden la casi totalidad de la Sierra Nevada de Santa Marta y la península de La Guajira en la región Caribe. En el sur andino, concretamente en el departamento del Cauca, puede verse el área que ocupan los resguardos indígenas, muchos de ellos originados en la época de la Colonia; esta área tiene como centro el nevado del Huila y se extiende hasta el Macizo Colombiano. Los pueblos indígenas han desarrollado en los últimos cincuenta años encomiables procesos de organización social y han logrado importantes avances en materia legislativa y en la reivindicación de sus derechos territoriales que se traducen en más de 30 millones de hectáreas reconocidas como de propiedad colectiva. No obstante, estos avances, numerosos problemas afectan a estos pueblos, muchos de los cuales son consecuencia histórica de procesos de pérdida de sus territorios y de mecanismos de subordinación económica y cultural impuestos a sus comunidades.
Es propósito de la política de diversidad cultural contribuir a la adopción de un régimen legal de protección de las expresiones y manifestaciones culturales indígenas como propiedad colectiva de los pueblos y a la salvaguardia del saber tradicional. El Ministerio de Cultura concertará con los pueblos indígenas los mecanismos más adecuados para el desarrollo de las normas relacionas con la Ley General de Cultura, que se refieren a estos pueblos, en especial, la Ley 1185 de 2008 y el Decreto 2941 de 2009 que la reglamenta. El Ministerio conformará una mesa de trabajo con este fin.

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Es relevante destacar que más que una cultura, las comunidades afrodescendientes representan una historia y un origen de sometimiento sumado a la exclusión social y la pobreza extrema, que poco a poco han logrado des estigmatizar ganando un lugar en la sociedad y un reconocimiento a sus derechos como iguales en su diversidad, alcanzando cambios significativos dentro del marco constitucional en todos sus contextos de desarrollo social.

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En un país en el que la riqueza de su diversidad es su principal fortaleza, es necesario que las políticas públicas vayan encaminadas al reconocimiento y atención de las comunidades o grupos que hacen parte de esta nutrida variedad cultural. De esta manera la inclusión hace parte relevante de este proceso, ya que se pretende que a partir de dichas diferencias individuales y culturales se fomentes oportunidades para el enriquecimiento de la sociedad.

Según Lahera, tanto la política como las políticas públicas tienen que ver con el poder social. Pero mientras la política es un concepto amplio, relativo al poder en general, las políticas públicas corresponden a soluciones específicas sobre cómo manejar los asuntos públicos o situaciones socialmente problemáticas.
Estas políticas están basadas en unos principios Institucionales que establecen como uno de los fundamentos de la nación su diversidad cultural; así mismo de la obligación del Estado de reconocer, proteger y fomentar la cultura en todas sus manifestaciones y de la garantía constitucional a la libertad de conciencia y de expresión. Por otro lado, la Convención sobre la Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales de la Unesco del año 2005 señala que “la diversidad cultural constituye un patrimonio común de la humanidad que debe valorarse y preservarse en provecho de todos” y que, por lo tanto, su objetivo central es “proteger y promover la diversidad de las expresiones culturales”. Sobre estas bases, la política de diversidad en Colombia valora y propende por el reconocimiento de los distintos grupos poblacionales y por el fortalecimiento de su capacidad de apropiación, gestión cultural y salvaguarda de la diversidad de sus expresiones culturales.
En el contexto de las políticas públicas, siempre va a resultar mucho más representativa la diversidad desde los diferentes grupos sociales existentes que la diversidad individual, ya que esta representa a su vez un valor representativo en la economía y política del País. Dejando muy en entredicho, si realmente se le está dando un verdadero enfoque a estas políticas públicas dando relevancia y velando por la equidad y derechos de cada una de estas comunidades o por el contrario no son más que estrategias de mediación política que solo desvían el verdadero propósito del reconocimiento de la diversidad.