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Video sobre la responsabilidad por omisión

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Video sobre la responsabilidad por omisión

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Derecho Administrativo UNS-Univ. Nacional del Sur 

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Responsabilidad del Estado por Omision 1

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Video ilustrativo sobre la responsabilidad de los servidores públicos

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Video ilustrativo sobre la responsabilidad de los servidores públicos

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Erika Pérez Quiel demandó a un médico pediatra del hospital de Heredia, de apellidos Leiva Hernández, por hacer un diagnóstico equivocado, provocar la muerte del bebé en gestación y causar lesiones ella.

El caso se documenta bajo el expediente 10-005002-0059-PE y se ventila en el Juzgado Penal de Heredia desde el 2011.

Los hechos ocurrieron en 2010 cuando la ofendida se mantenía en estado de embarazo y recibía las citas de control prenatal en el Hospital San Vicente de Paúl en Heredia.

Según detalla la acusación, presentada por la Fiscalía Adjunta de la Ciudad de las Flores, la víctima recurrió a los servicios hospitalarios tras presentar una dolencia que la mantenía preocupada, así que confió en la pericia del galeno quien le diagnosticó un padecimiento equívoco que provocó la muerte del bebé y padecimientos posteriores en la joven que arrastra hasta hoy.

"El acusado incumplió con la exigencia del ejercicio de la profesión al dar un tratamiento inadecuado del cuadro clínico que presentaba la ofendida Pérez Quiel en ese momento, con pleno conocimiento de los síntomas en cuanto al dolor abdominal y la presión arterial, propios de una preeclampsia severa.

Le diagnosticó hiperémesis gravídica (vómitos del embarazo) por presentar epigastralgia asociada con vómitos, dando un tratamiento sintomático al indicar la aplicación de suero y Gravol para detener los vómitos manteniendo a la ofendida Pérez Quiel bajo observación", indica la acusación planteada por los abogados Javier Vargas y Karla Granados.

Tras presentar las complicaciones que le arrebataron a su primogénito, la muchacha tuvo problemas pulmonares tales como síndrome de insuficiencia respiratoria y broncoaspiración, por lo que fue conectada a un respirador artificial dos semanas.

También le diagnosticaron insuficiencia renal aguda y fue necesario su internamiento durante 34 días en la Unidad de Cuidados Intensivos, hasta el 24 de enero del 2011, cuando le dieron de alta.
CRISIS
De acuerdo con la denuncia, producto de las consecuencias de la mala praxis la herediana tuvo una nueva crisis respiratoria y luego de una valoración en el Hospital Calderón Guardia le dijeron que padecía estenosis traqueal. Fue necesaria una cirugía en que le extrajeron de 2 a 3 anastomosis traqueo-traqueal terminal.

Durante la intervención la drenaron y apareció otra complicación derivada, según el expediente judicial, de la mala praxis: neumotórax bilateral.

"Omitiendo el acusado Leiva Hernández plantear o descartar el diagnóstico de una preeclampsia severa, y por lo tanto omitió seguir el procedimiento establecido para esta enfermedad en el que debía internarse la paciente.

Su diagnóstico aumentó las cifras lesionales, omitió dar profilaxis para evitar más convulsiones, sueros y procurar el nacimiento del producto lo más pronto posible", ampliaron los abogados Vargas y Granados.
ACCIÓN
En la acción civil resarcitoria que genera una responsabilidad directa de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), los abogados de la ofendida solicitan una indemnización estimada en ȼ250 millones.

Mientras que el médico Leiva Hernández tendrá que hacer frente a la demanda penal que establecería por primera vez en la historia de la CCSS su responsabilidad directa en la muerte de un menor mientras se encontraba en estado de gestación.

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Diario Extra - CCSS pagaría ¢250 millones por muerte de bebé en gestación

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Erika Pérez Quiel demandó a un médico pediatra del hospital de Heredia, de apellidos Leiva Hernández, por hacer un diagnóstico equivocado, provocar la muerte del bebé en gestación y causar lesiones ella. El caso se documenta bajo el expediente 10-005002-0059-PE y se ventila en el Juzgado Penal de Heredia desde el 2011.

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Cinco familias reclaman una indemnización por daños morales al Ministerio de Educación Pública (MEP) por los abusos sexuales que, en apariencia, perpetró un maestro de música contra siete alumnas del kinder Flora Chacón, en Guadalupe de Goicoechea.

Esa afectación está señalada en una acción civil resarcitoria interpuesta por el abogado Jorge Méndez Zamora en representación de los padres de cinco de las siete estudiantes identificadas por la Fiscalía Adjunta del II Circuito Judicial de San José como víctimas de aparentes agresiones sexuales de parte de un educador de apellidos Gutiérrez Chacón.

A este último, el Ministerio Público le atribuyó 29 tocamientos a las menores de edad, presuntamente ocurridos entre el 1° de febrero y el 7 de agosto de 2013 en el centro educativo.

"Estamos demandando solidariamente al imputado y al Ministerio de Educación Pública (MEP). Básicamente estamos reclamando una responsabilidad solidaria del Estado en vista de que no se tomaron las acciones necesarias para prevenir la comisión de estos delitos.

"El Estado tiene la obligación de seleccionar personas idóneas y supervisarlas. Los hechos fueron cometidos por un funcionario público en instalaciones que le pertenecen a una entidad pública. Por eso consideramos que tiene que responder de forma absoluta por el daño moral que se le ocasionó a las víctimas", manifestó el jurista a AmeliaRueda.com.

Méndez Zamora agregó que la cartera "ha sido totalmente omiso en darles acompañamiento a las víctimas de estos delitos que cometió un educador". Sobre la declaración dada por el abogado, este medio pidió a la oficina de prensa del Ministerio detallar si brindó o no algún tipo de ayuda psicológica o legal a las alumnas; sin embargo, las consultas se mantenían en trámite al momento esta publicación.

Otro de los reclamos indicados por el jurista tienen que ver con la lentitud del proceso judicial, pues la causa penal se abrió desde 2013.

"Nosotros consideramos que esto es una vergüenza para la administración de justicia de Costa Rica, porque no es posible que hechos que afecten a menores de edad en delitos graves, como los abusos sexuales, la administración de justicia tarde ocho años en llevar a juicio un asunto de estos y faltan todavía tres o cuatro años más entre los procesos de apelación o casación de la sentencia.

"Esto viola totalmente el deber o la obligación de protección que la Convención de los Derechos del Niño impone a los estados parte. El Ministerio de Educación Pública, el Poder Judicial e incluso el Patronato Nacional de la Infancia (PANI) han sido bastante omisos en cumplir con el mandato de protección de las víctimas de abusos sexuales", aseveró Méndez Zamora.

Por lo anterior, AmeliaRueda.com solicitó al departamento de comunicaciones de la Procuraduría General de la República (PGR) una declaración general sobre los señalamientos que se le hacen al Estado, pero para la redacción de este artículo no se había recibido una respuesta.

En clases de música

La Fiscalía Adjunta del II Circuito Judicial de San José acusó el 23 de agosto pasado a un maestro de música de apellidos Gutiérrez Chacón por aparentemente cometer abusos sexuales contra siete alumnas del kinder Flora Chacón, al momento del inicio del juicio que se celebra en el Tribunal Penal de esa misma jurisdicción, en Goicoechea.

De acuerdo con la pieza acusatoria, a la que AmeliaRueda.com tuvo acceso, el educador perpetró 29 supuestos tocamientos a estudiantes ocurridos entre el 1º de febrero y el 7 de agosto de 2013 en el centro educativo. Este medio procuró contar con un descargo del defensor del sospechoso, Luis Diego Salazar González, pero este rechazó hacerlo para no adelantar los argumentos que ventilará en el debate.

El documento le achaca al imputado aprovecharse de la minoría de edad de las víctimas -de entre 4 y 6 años al momento de los hechos- así como de su condición de maestro para perpetrar los actos.

La acusación menciona varias presuntas agresiones contra siete ofendidas de las cuales AmeliaRueda.com se reservará sus nombres. La Fiscalía achaca aparentes tocamientos en la vagina de seis estudiantes, así como en los pechos y glúteos de otra.

El órgano decisor a cargo del caso seguido bajo el expediente 13-002136-0175-PE lo conforman los jueces Warren Jugo Madrigal, Miguel Porras Cascante y Marcia Williams Forbes. El juicio arrancó el pasado 23 de agosto con la lectura de la acusación y se escuchó el testimonio de una víctima así como su madre.

Para la mañana de este 25 de agosto se esperaba continuar con la recepción de declaraciones de las ofendidas y sus padres; sin embargo, la audiencia fue suspendida hasta al menos la 1:30 p.m. toda vez que Salazar González reportó tener síntomas del nuevo coronavirus. En vista de lo anterior, se le dispuso presentarse a una clínica para que se sometiera a una revisión.

"A nosotros nos tomó por sorpresa la solicitud del abogado defensor del día de hoy, en el sentido de que según manifiesta se siente con alguna molestia aparente de resfrío, lo cual no manifestó ayer (martes). Después de iniciado el debate se recibieron testimonios bastante incriminatorios para el imputado y hoy iniciando el debate el defensor manifiesta sentir esa molestia", declaró Méndez Zamora a este medio a la salida de la sala de juicio 11 de los tribunales del II Circuito.

El jurista se dijo preocupado de que si Salazar González se practica una prueba para detectar el virus del SARS-CoV-2 en un centro médico público, y eventualmente da positivo, se tenga que anular el debate por la cantidad de días transcurrido sin que este se desarrolle.

Al cierre de esta publicación se estaba a la espera del pronunciamiento del Tribunal Penal sobre la continuidad del juicio.

Lea: Fiscalía acusa a maestro de música de abusos contra siete alumnas de kinder en Guadalupe

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Cinco familias reclaman indemnización al MEP ​por supuestos abusos de educador a alumnas en kinder

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Cinco familias reclaman una indemnización por daños morales al Ministerio de Educación Pública (MEP) por los abusos sexuales que, en apariencia, perpetró un maestro de música contra siete alumnas del kinder Flora Chacón, en Guadalupe de Goicoechea.