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1. Desempleo estructural y precariedad laboral.

2. Desigualdad de acceso al mercado de trabajo.

3. Impactos sociales negativos como pobreza y exclusión

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Los Estados tienen la obligación de adoptar medidas para garantizar el pleno empleo y el acceso al trabajo para todos.

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El derecho al trabajo está protegido por instrumentos internacionales como la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

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Las personas tienen derecho a no ser discriminadas en el acceso al empleo por motivos como raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política, origen social, etc.

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Esto requiere que los Estados adopten leyes y políticas que prohíban y sancionen la discriminación laboral.

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Los Estados deben garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso al empleo, la formación profesional y la promoción en el trabajo.

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Esto implica adoptar medidas para eliminar los obstáculos y las desigualdades que impiden el acceso equitativo al mercado laboral.

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Los Estados deben establecer sistemas de seguridad social que brinden protección y asistencia a las personas desempleadas, como seguros de desempleo, programas de capacitación, etc.

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Esto ayuda a mitigar los efectos negativos del desempleo y facilitar la reinserción laboral.

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Los trabajadores y sus organizaciones deben tener la capacidad de participar en la formulación de políticas laborales y en la negociación de condiciones de trabajo.

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Esto permite abordar colectivamente los problemas del mercado laboral y encontrar soluciones consensuadas.